Graciela Méndez Campos y Otros.
Expediente 601/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciela Méndez Campos y Otros.
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Otros.
- Juvenal Cira Pérez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veinticinco de junio de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Eduardo Quintana Méndez y otros, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".El acuerdo del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobado en sesión celebrada el 4 de Junio de 2021 en el que aprueba "LA REFORMA A LA MALLA CURRICULAR" y/o "Reforma al Plan de Estudios de Bachillerato", con vigencia a partir del ciclo escolar 2021-2022 ." Ahora bien, se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por Eduardo Quintana Méndez y otros, contra actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)"; en esa virtud, procede analizar el libelo constitucional generador del presentes juicio. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el artículo 62, de ese ordenamiento, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, toda vez que la reforma al plan de estudios de bachillerato por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Consejo Universitario, no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad, ya que se trata de una de las manifestaciones de autogobierno que la Constitución otorga a dicha institución, por lo que no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece qué autoridades tienen el carácter de responsables, así como cuándo tendrán tal naturaleza los particulares. De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible reclamar todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. El particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. Las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son: Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho [considerando aquí los particulares] o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Ahora bien, el artículo 3° Constitucional, fracción VII, establece: "Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. [.]". Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó que la autonomía de las universidades públicas confiere a estas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Ello lo sustentó en tres premisas: I. En términos del artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como un derecho institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; II. Dentro de estos principios está el autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano exterior; III. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios. Ahora bien, los artículos 1°, 2°, fracción III, 8°, 9°, 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como 18, 19 y 20, del Estatuto Universitario, señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 1o. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media-superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria". "ARTÍCULO 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para: III. Determinar planes y programas académicos, de investigación científica, de difusión de la cultura y de extensión universitaria; [.]" "ARTÍCULO 8o. La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por: I. El Consejo Universitario; II. El Rector; III. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; IV. El Consejo de Investigación Científica; y V. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades profesionales. VI. La Comisión de Rectoría. [.]" "ARTICULO 9o. El Consejo Universitario es la autoridad máxima del Gobierno de la Universidad, salvo las atribuciones que corresponden a la Comisión de Rectoría, y estará integrado por: I. El Rector; II. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; III. El titular del Consejo de Investigación Científica; IV. Un Consejero Profesor y un Consejero Alumno Propietarios de cada Escuela, Facultad e Institutos; V. Un Representante Propietario por cada uno de los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo de profesores y trabajadores administrativos; VI. Un Representante Propietario por todas las Casas del Estudiante; y VII. Un Representante Propietario de la Sociedad de Exalumnos Nicolaitas con derecho a voz únicamente. Por cada representante propietario habrá un suplente. El Consejo Universitario será presidido por el Rector. El Secretario de la Universidad también lo será del Consejo, teniendo derecho solamente a voz. Los períodos de trabajo, el tipo de sesiones, fechas y horario, los determinará el Estatuto Universitario y el Reglamento Interno del Consejo Universitario". ARTICULO 12. El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones: I. Expedir y modificar el Estatuto Universitario, los reglamentos, normas y disposiciones generales, inherentes a la organización y funcionamiento de la Universidad; II. Conocer y resolver los asuntos que en relación con la interpretación de los ordenamientos a que se refiere la fracción anterior, sean sometidos a su consideración; III. Fijar las políticas que deban regir en materia de planeación universitaria; IV. Aprobar planes, programas de estudios, métodos de enseñanza, así como sistemas de evaluación en el aprovechamiento de los alumnos; (REFORMADA, P.O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986) V. Crear, modificar o suprimir Facultades, Escuelas, Institutos. Unidades Profesionales y demás dependencias Universitarias; debiendo solicitar previamente al Rector y a la Comisión de Presupuesto y Control, informe sobre los recursos económicos disponibles para tal efecto. VI. Designar a las Comisiones del propio Consejo que esta Ley establece; VII. (DEROGADA, P.O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986) VIII. Designar de terna propuesta por el Rector a los directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; en su caso, removerlos en los términos de esta Ley y del Estatuto Universitario; IX. Conocer y fallar sobre los dictámenes de las comisiones; X. Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias; XI. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, previo dictamen de la comisión respectiva; XII. Vigilar la administración del patrimonio universitario; XIII. Autorizar la enajenación de bienes muebles o inmuebles que forman parte del patrimonio universitario, con base en lo dispuesto por esta Ley y en el Estatuto; XIV. Solicitar al Rector informe del ejercicio presupuestal cuando así lo estime necesario; XV. Citar a los funcionarios de la Universidad para que comparezcan a informar de los asuntos encomendados cuando lo estime necesario; XVI. Disponer que funcionarios de la Universidad auxilien a las comisiones en el desempeño de sus funciones; XVII. Conferir distinciones honoríficas conforme al Reglamento correspondiente; XVIII. Aprobar los convenios que el Rector celebre en nombre de la Institución, cuando comprometan el patrimonio de ésta y tenga por objeto la prestación de servicios o de ayuda mutua para el cumplimiento de sus funciones, salvo lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 22 de la presente Ley; XIX. Conocer y resolver asuntos relativos a pensiones, jubilaciones, estímulos y antigüedad del personal académico y administrativo, de acuerdo con el Reglamento y los contratos colectivos correspondientes, así como los que no estén contemplados en dichos ordenamientos; XX. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; y XXI. Conocer y resolver cualquier asunto que no sea de la competencia de otra autoridad universitaria y las demás que le otorgue esta Ley, el Estatuto y los Reglamentos Universitarios." De la interpretación de tales numerales se advierte la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la que se encuentra depositada entre otros órganos en el Consejo Universitario, tal autonomía se encuentra evidenciada entre otros aspectos en el poder de determinar los programas y/o planes de estudios. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable estimar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Universitario de la misma, emiten actos equivalentes a los de autoridad, conviene tener en cuenta que el acto reclamado lo constituye la reforma al plan de estudios de bachillerato. Acto el anterior respecto del cual la universidad tiene autonomía constitucional, en términos del artículo 3° de la propia Constitución Federal, con la que cuenta a fin de lograr sus fines, es decir, corresponde a un acto interno, por lo que resulta evidente que en tal reforma o modificación al plan de estudios de bachillerato, no se actuó como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De ahí que la emisión, modificación o reforma de un plan de estudios de bachillerato por parte de la citada universidad no es susceptible de someterse a control de la constitucionalidad, pues se trata de una de las manifestaciones de autogobierno que la Constitución otorga a dicha institución. Lo anterior quiere decir que los actos susceptibles de control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo -por violación a derechos humanos-, son aquellos que impliquen el ejercicio de un poder político institucionalizado del Estado, es decir, que deriven de la aplicación de normas jurídicas y que se impongan por fuerza legal, bajo amenaza de coacción, ya sea por un ente estatal o por un particular (por delegación estatal según las normas jurídicas), pero siempre que dicha manifestación de poder, derive del ejercicio de facultades propias del Estado establecidas por normas generales. Según el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, la cual implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno para lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que tienen atribuido, fundado en la libertad de enseñanza. La autonomía de la que legalmente pueden ser dotadas las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autogobierno acotada constitucionalmente, cuyo ejercicio está condicionado a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que les permita cumplir con los fines que tienen encomendados, determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 18/2010, que lleva por rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO". Por tanto, el suscrito concluye que las personas que laboran como profesores docentes en una institución de educación superior con autonomía, no se encuentran en una situación de supra a subordinación en relación con el plan de estudios de la asignatura que imparten, ni siquiera bajo el argumento de que se les imponga la aprobación de un curso de actualización, pues precisamente, dentro del ejercicio de su autonomía de esas instituciones se encuentra determinar sus planes y programas de estudio, así como fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido constitucional y legalmente para inmiscuirse en la esfera de competencia ejecutiva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues la elaboración, aprobación, modificación o reforma del plan de estudios de bachillerato constituye un acto que tiene consecuencias únicamente en el interior de la referida institución educativa, que realiza bajo las bases de las disposiciones que la rigen. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y fundado, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Quintana Méndez y otros, contra actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con residencia en esta ciudad y del Consejo Universitario de la misma. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sala en cita aclaró su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil veinte. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó la reforma al plan de estudios de bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° Constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene designando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Ulises López Vargas, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO:O Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA O NO DEL JUICIO DE AMPARO. Del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".El acuerdo del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobado en sesión celebrada el 4 de Junio de 2021 en el que aprueba "LA REFORMA A LA MALLA CURRICULAR" y/o "Reforma al Plan de Estudios de Bachillerato", con vigencia a partir del ciclo escolar 2021-2022 ." Ahora bien, se procede al análisis de la demanda de amparo promovida por Eduardo Quintana Méndez y otros, contra actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, en términos de la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, contenida en la Tesis PC.III.L. J/5 L (10a), localizable en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)"; en esa virtud, procede analizar el libelo constitucional generador del presentes juicio. En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Mientras que, el diverso artículo 61, fracción XXIII, de la ley en cita, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el artículo 62, de ese ordenamiento, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el artículo 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, toda vez que la reforma al plan de estudios de bachillerato por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Consejo Universitario, no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad, ya que se trata de una de las manifestaciones de autogobierno que la Constitución otorga a dicha institución, por lo que no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo trascrito, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción II, del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece qué autoridades tienen el carácter de responsables, así como cuándo tendrán tal naturaleza los particulares. De los artículos transcritos se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, a la luz del nuevo alcance del concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible reclamar todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. El particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. Las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son: Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho [considerando aquí los particulares] o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, registro 161133, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Ahora bien, el artículo 3° Constitucional, fracción VII, establece: "Artículo 3°. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. [.] VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. [.]". Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó que la autonomía de las universidades públicas confiere a estas la facultad de autoformación y autogobierno acotada constitucionalmente para determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Ello lo sustentó en tres premisas: I. En términos del artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía de las universidades públicas se proyecta como un derecho institucional que mediante diversos principios salvaguardan su función de educar, investigar y difundir la cultura; II. Dentro de estos principios está el autogobierno, que las dota de capacidad para tomar decisiones definitivas al interior del cuerpo universitario, con independencia de cualquier órgano exterior; III. Dentro de las competencias que comprenden al principio de autogobierno están aquellas de naturaleza ejecutiva, y dentro de éstas la designación de los funcionarios universitarios. Ahora bien, los artículos 1°, 2°, fracción III, 8°, 9°, 12 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como 18, 19 y 20, del Estatuto Universitario, señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 1o. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios; dedicada a la educación media-superior y superior, en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria". "ARTÍCULO 2o. La Universidad gozará de autonomía, conforme a lo dispuesto en esta Ley, con atribuciones para: III. Determinar planes y programas académicos, de investigación científica, de difusión de la cultura y de extensión universitaria; [.]" "ARTÍCULO 8o. La autonomía de la Universidad se deposita en la comunidad universitaria, constituida por sus autoridades, trabajadores académicos, administrativos, alumnos; y su gobierno estará formado por: I. El Consejo Universitario; II. El Rector; III. Los Consejos Técnicos de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; IV. El Consejo de Investigación Científica; y V. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades profesionales. VI. La Comisión de Rectoría. [.]" "ARTICULO 9o. El Consejo Universitario es la autoridad máxima del Gobierno de la Universidad, salvo las atribuciones que corresponden a la Comisión de Rectoría, y estará integrado por: I. El Rector; II. Los Directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; III. El titular del Consejo de Investigación Científica; IV. Un Consejero Profesor y un Consejero Alumno Propietarios de cada Escuela, Facultad e Institutos; V. Un Representante Propietario por cada uno de los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo de profesores y trabajadores administrativos; VI. Un Representante Propietario por todas las Casas del Estudiante; y VII. Un Representante Propietario de la Sociedad de Exalumnos Nicolaitas con derecho a voz únicamente. Por cada representante propietario habrá un suplente. El Consejo Universitario será presidido por el Rector. El Secretario de la Universidad también lo será del Consejo, teniendo derecho solamente a voz. Los períodos de trabajo, el tipo de sesiones, fechas y horario, los determinará el Estatuto Universitario y el Reglamento Interno del Consejo Universitario". ARTICULO 12. El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones: I. Expedir y modificar el Estatuto Universitario, los reglamentos, normas y disposiciones generales, inherentes a la organización y funcionamiento de la Universidad; II. Conocer y resolver los asuntos que en relación con la interpretación de los ordenamientos a que se refiere la fracción anterior, sean sometidos a su consideración; III. Fijar las políticas que deban regir en materia de planeación universitaria; IV. Aprobar planes, programas de estudios, métodos de enseñanza, así como sistemas de evaluación en el aprovechamiento de los alumnos; (REFORMADA, P.O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986) V. Crear, modificar o suprimir Facultades, Escuelas, Institutos. Unidades Profesionales y demás dependencias Universitarias; debiendo solicitar previamente al Rector y a la Comisión de Presupuesto y Control, informe sobre los recursos económicos disponibles para tal efecto. VI. Designar a las Comisiones del propio Consejo que esta Ley establece; VII. (DEROGADA, P.O. 18 DE SEPTIEMBRE DE 1986) VIII. Designar de terna propuesta por el Rector a los directores de Escuelas, Facultades, Institutos y Unidades Profesionales; en su caso, removerlos en los términos de esta Ley y del Estatuto Universitario; IX. Conocer y fallar sobre los dictámenes de las comisiones; X. Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias; XI. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, previo dictamen de la comisión respectiva; XII. Vigilar la administración del patrimonio universitario; XIII. Autorizar la enajenación de bienes muebles o inmuebles que forman parte del patrimonio universitario, con base en lo dispuesto por esta Ley y en el Estatuto; XIV. Solicitar al Rector informe del ejercicio presupuestal cuando así lo estime necesario; XV. Citar a los funcionarios de la Universidad para que comparezcan a informar de los asuntos encomendados cuando lo estime necesario; XVI. Disponer que funcionarios de la Universidad auxilien a las comisiones en el desempeño de sus funciones; XVII. Conferir distinciones honoríficas conforme al Reglamento correspondiente; XVIII. Aprobar los convenios que el Rector celebre en nombre de la Institución, cuando comprometan el patrimonio de ésta y tenga por objeto la prestación de servicios o de ayuda mutua para el cumplimiento de sus funciones, salvo lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 22 de la presente Ley; XIX. Conocer y resolver asuntos relativos a pensiones, jubilaciones, estímulos y antigüedad del personal académico y administrativo, de acuerdo con el Reglamento y los contratos colectivos correspondientes, así como los que no estén contemplados en dichos ordenamientos; XX. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; y XXI. Conocer y resolver cualquier asunto que no sea de la competencia de otra autoridad universitaria y las demás que le otorgue esta Ley, el Estatuto y los Reglamentos Universitarios." De la interpretación de tales numerales se advierte la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la que se encuentra depositada entre otros órganos en el Consejo Universitario, tal autonomía se encuentra evidenciada entre otros aspectos en el poder de determinar los programas y/o planes de estudios. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable estimar que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Consejo Universitario de la misma, emiten actos equivalentes a los de autoridad, conviene tener en cuenta que el acto reclamado lo constituye la reforma al plan de estudios de bachillerato. Acto el anterior respecto del cual la universidad tiene autonomía constitucional, en términos del artículo 3° de la propia Constitución Federal, con la que cuenta a fin de lograr sus fines, es decir, corresponde a un acto interno, por lo que resulta evidente que en tal reforma o modificación al plan de estudios de bachillerato, no se actuó como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De ahí que la emisión, modificación o reforma de un plan de estudios de bachillerato por parte de la citada universidad no es susceptible de someterse a control de la constitucionalidad, pues se trata de una de las manifestaciones de autogobierno que la Constitución otorga a dicha institución. Lo anterior quiere decir que los actos susceptibles de control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo -por violación a derechos humanos-, son aquellos que impliquen el ejercicio de un poder político institucionalizado del Estado, es decir, que deriven de la aplicación de normas jurídicas y que se impongan por fuerza legal, bajo amenaza de coacción, ya sea por un ente estatal o por un particular (por delegación estatal según las normas jurídicas), pero siempre que dicha manifestación de poder, derive del ejercicio de facultades propias del Estado establecidas por normas generales. Según el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, la cual implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno para lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que tienen atribuido, fundado en la libertad de enseñanza. La autonomía de la que legalmente pueden ser dotadas las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autogobierno acotada constitucionalmente, cuyo ejercicio está condicionado a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que les permita cumplir con los fines que tienen encomendados, determinar sus planes y programas de estudio, y fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 18/2010, que lleva por rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO". Por tanto, el suscrito concluye que las personas que laboran como profesores docentes en una institución de educación superior con autonomía, no se encuentran en una situación de supra a subordinación en relación con el plan de estudios de la asignatura que imparten, ni siquiera bajo el argumento de que se les imponga la aprobación de un curso de actualización, pues precisamente, dentro del ejercicio de su autonomía de esas instituciones se encuentra determinar sus planes y programas de estudio, así como fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido constitucional y legalmente para inmiscuirse en la esfera de competencia ejecutiva de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues la elaboración, aprobación, modificación o reforma del plan de estudios de bachillerato constituye un acto que tiene consecuencias únicamente en el interior de la referida institución educativa, que realiza bajo las bases de las disposiciones que la rigen. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente considerado y fundado, POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Eduardo Quintana Méndez y otros, contra actos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con residencia en esta ciudad y del Consejo Universitario de la misma. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Empero, la misma es inaplicable al presente asunto, porque, en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Sala en cita aclaró su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil veinte. En efecto, en la ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala del Máximo Tribunal precisó que únicamente será aplicable dicho criterio cuando se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, por lo que resultará inoportuno el auto inicial de la demanda de amparo para realizar un pronunciamiento en el que se analice si el acto proviene o no de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, la aplicación de la jurisprudencia no debe realizarse de manera generalizada, pues en los casos que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, el órgano de control constitucional está en aptitud de realizar el análisis respectivo desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, siempre que no se impugne el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. De ahí que, en el caso, resulte inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), pues en el presente asunto se reclamó la reforma al plan de estudios de bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tampoco se inadvierte que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de los promoventes del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° Constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Asimismo, se le tiene designando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Ulises López Vargas, toda vez que de la búsqueda que se realizó en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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