Gregorio Gómez González

Expediente 1645/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1645/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Gregorio Gómez González

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Promoción. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Gregorio Gómez González, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo. Acuerdo. Atento a su contenido, previa razón de desglose que se realice, hágase la devolución de las documentales que solicita, llevando a cabo la toma de razón y firma de recibo que se deje en autos, autorizando para recibirlas a la persona que menciona, quien deberá identificarse a satisfacción de este Juzgado. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Valoración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, ya que se encuentra en la hipótesis prevista en los numerales 12, 14, fracción III, en relación con el 20, fracción IV, del Acuerdo General señalado, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Vista partes. En términos del artículo 20 del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Destrucción expediente. Transcurrido el término de tres años contado a partir de este auto, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Orden de archivo. En términos del numeral 34, del Acuerdo General señalado, la Secretaría encargada de la mesa de trámite, deberá indicar la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: uxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Valoración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de destrucción, ya que se encuentra en la hipótesis prevista en los numerales 12, 14, fracción III, en relación con el 20, fracción IV, del Acuerdo General señalado, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Vista partes. En términos del artículo 20 del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Destrucción expediente. Transcurrido el término de tres años contado a partir de este auto, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Orden de archivo. En términos del numeral 34, del Acuerdo General señalado, la Secretaría encargada de la mesa de trámite, deberá indicar la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por **** ***** ******, contra actos de la Secretaria de Educación del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1645/2023, en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio. Ahora, a efecto de proveer respecto lo que en derecho proceda debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia I.1º.A. J/4, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890). Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el presente asunto, los actos que en esta vía se reclaman, en esencia, consisten en: a) la falta de notificación y nulidad de actuaciones del cuadernillo de cese iniciado por la parte patronal, como base de un acta administrativa, ya que no fue llamado y emplazado juicio. b) el cuadernillo de cese iniciado en contra del quejoso, derivado de un acta administrativa iniciada por la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica Número 45 de Tapilula, Chiapas. c) la falta de notificación puntual, fundada y motivada del acta administrativa instruida en contra del quejoso. En esas condiciones por lo que hace a los actos transcritos en los incisos b) y c) reclamados a las autoridades responsables Secretaria de Educación del Estado, Subsecretario de Educación Federalizada, Director de Educación Secundaria y Superior, Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas, Director de la Escuela Secundaria Técnica Número Cuarenta y Cinco y Supervisor de la Zona que comprende la Escuela Secundaria Técnica Número Cuarenta y Cinco. Causal de improcedencia. Se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de Amparo, en atención a los razonamientos que a continuación se exponen. Conforme a los preceptos legales citados, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad. Entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. De tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativa la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. (Época: Novena Época. Registro: 199459. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: P. XXVII/97. Página: 118.)." Asimismo, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (Época: Novena Época. Registro: 161133. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 164/2011. Página: 1089). Luego, si en el caso la parte quejosa reclama b) el cuadernillo de cese iniciado en contra del quejoso, derivado de un acta administrativa iniciada por la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica Número 45 de Tapilula, Chiapas y c) la falta de notificación puntual, fundada y motivada del acta administrativa instruida en contra del quejoso; es inconcuso que dichos actos no tienen la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que los entes señalados como responsables (Secretaria de Educación del Estado, Subsecretario de Educación Federalizada, Director de Educación Secundaria y Superior, Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas, Director de la Escuela Secundaria Técnica Número Cuarenta y Cinco y Supervisor de la Zona que comprende la Escuela Secundaria Técnica Número Cuarenta y Cinco) no pueden ser considerados con tal carácter, dado que del análisis a la demanda de amparo de cuenta, válidamente se puede deducir que actúan en su calidad de patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio. Es así, dado que el acto por esta vía reclamado tiene una estrecha vinculación con la relación laboral que el quejoso refiere sostuvo con la Escuela Secundaria Técnica Número Cuarenta y Cinco, residente en Tapilula, Chiapas, debido a que se trata de cuestiones laborales que se aqueja el impetrante, por parte de la dependencia como trabajador de la misma, en su carácter de patrón. Lo anterior, aun con independencia del origen del que derivó b) el cuadernillo de cese iniciado en contra del quejoso, derivado de un acta administrativa iniciada por la Dirección de la Escuela Secundaria Técnica Número 45 de Tapilula, Chiapas y c) la falta de notificación puntual, fundada y motivada del acta administrativa instruida en contra del quejoso, y no en un plano de supra-subordinación. Tampoco puede considerarse que los actos reclamados, son actos que hagan procedente el juicio de amparo, pues derivan del contrato laboral, y están íntimamente vinculadas con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. En las relatadas consideraciones, dado que no se advierte que exista autoridad responsable alguna, por el contrario, es claro que nos encontramos ante una relación de trabajo puramente laboral, donde emana la existencia de un patrón y un trabajador, siendo que, el primero de ellos no actúa con el carácter de autoridad en el presente asunto. Esto es, investido con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre éstos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente al impetrante, por el contrario nos encontramos ante actos bilaterales nacidos en virtud del vínculo de trabajo. Apoya lo anterior, es aplicable en lo conducente la siguiente jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. (Época: Décima Época. Registro: 2011298. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Materia(s): Común, Laboral. Tesis: III.4o.T. J/3 (10a.). Página: 1639.)" De ahí que, el impetrante de amparo cuenta con la posibilidad de instar al órgano jurisdiccional a efecto de que aplique los instrumentos legales que prevé la legislación secundaria, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; esto es, logre que las autoridades responsables, cumplan sus determinaciones emitidas. Ahora por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en a) la falta de notificación y nulidad de actuaciones del cuadernillo de cese iniciado por la parte patronal, como base de un acta administrativa, ya que no fue llamado y emplazado juicio, reclamado al Juez Tercero Especializado en Materia Burocrática, residente en esta ciudad; en ese sentido, es evidente que conforme al acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La norma legal en cita refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza propia del amparo, ya que esta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Por lo que, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: i) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal judicial; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, iv) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo que se sigue, que al combatir la parte quejosa a) la falta de notificación y nulidad de actuaciones del cuadernillo de cese iniciado por la parte patronal, como base de un acta administrativa, ya que no fue llamado y emplazado juicio; era necesario que agotara el incidente de nulidad de notificaciones, conforme a lo previsto en los artículos 761, 762, 763, 764 y 765 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado de Chiapas. En ese orden, es claro que contra las notificaciones reclamadas en esta vía, procede un medio de impugnación que debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones, contemplado en los precitados artículos de la legislación laboral antes citada. De ahí que quienes participan en un juicio jurisdiccional tiene la obligación, de vigilar su prosecución, a fin de que cuando consideran que una o varias notificaciones no se realizaron en la forma correcta, estén en aptitud de usar los medios ordinarios de defensa de prevé la ley, como lo es, el incidente de nulidad de notificación. Lo anterior, encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." (Jurisprudencia 2a./J. 65/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 259 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, registro 186512). También, la jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." (Jurisprudencia VI.2o.C. J/259 del Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Sexto Circuito, visible a la página 1654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, registro 175974). Por último, la tesis XVI.1o.T.58 L (10a.), que establece: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE PARA IMPUGNAR TANTO LOS VICIOS DE LA DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, COMO AQUELLOS EN LOS QUE PUDO INCURRIR LA AUTORIDAD LABORAL AL ORDENAR SU PRÁCTICA. El incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, es el medio ordinario de defensa con el que cuentan las partes en un juicio laboral para impugnar una notificación, ya que mediante él, la Junta puede analizar el cumplimiento de las formalidades previstas en la citada legislación respecto de la notificación impugnada, lo que incluye tanto la forma en que se ordenó la práctica de esa comunicación procesal, como la manera en que el actuario desarrolló la diligencia correspondiente, pues los artículos 739 a 751 señalan los términos en que deben practicarse las notificaciones, y las obligaciones a cargo de quienes materialmente realizan las diligencias, así como de las Juntas que las ordenan, en tanto que el diverso numeral 752 precisa que serán nulas las notificaciones que no se practiquen conforme a los preceptos referidos, lo que implica que la materia de estudio en el incidente de nulidad no sólo incluye los vicios de la diligencia de notificación, sino también aquellos en los que pudo incurrir la autoridad laboral al ordenar su práctica." (Emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, Publicada en el SJFG, Junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, registro 2020083). Desechamiento. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 61 fracciones XVIII y XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley de Amparo, en relación con el diverso 113 del ordenamiento jurídico antes invocado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la avenida las casas, número 230, colonia Santa María La Ribera, en esta ciudad. Se tiene por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por así haber sido solicitado por el quejoso. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autorizará el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el expediente se tramitará con supresión de los datos personales que resulten sensibles para el sistema electrónico dispuesto al respecto, salvo oposición que se presente por escrito, en que se haga manifestación indubitable que es deseo de alguna de las partes la publicación de su datos personales. Integración de expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico será únicamente con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda documentación recibida vía Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal (demanda, recursos, promociones) y las generadas en ese mismo medio (acuerdos, notificaciones electrónicas), constarán únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; por tanto, no se realizará la integración al expediente físico de aquellas recibidas vía electrónica, así como de las notificaciones y diversos acuerdos que únicamente han sido agregados al expediente electrónico y firmados de esa misma manera. Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Conforme a lo establecido en la fracción XII, del artículo 3, del citado Acuerdo General, y los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Instrucción a la Secretaría encargada del expediente, Oficial Judicial "A", Oficial de Partes y Actuarios adscritos. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite de este expediente, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en término de lo establecido en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, Oficial Judicial "A" y Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen la digitalización de las constancias y escaneo de las documentales que integren el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas. Notifíquese en términos de ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 5,103 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano