Gonzalo Medina Meza y Otros.

Expediente 147/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
147/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Medina Meza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado actual que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió:  En la orden de reaprehensión de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida contra Carmelino Cruz Ventura, por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, dentro de la causa penal 225/2010. Por sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se negó al quejoso Carmelino Cruz Ventura, la protección constitucional solicitada. Inconforme con el sentido el promovente del amparo, interpuso recurso de revisión y por ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, modificó la sentencia recurrida y sobreseyó y concedió la protección constitucional solicitada. La protección constitucional se concedió para que el juez responsable realizara lo siguiente: i) Deje sin efecto el acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida contra el quejoso Carmelino Cruz Ventura, dentro de la causa penal 225/2010, al no ser competente para emitirla. ii) Envíe el cuaderno de ejecución de sentencia derivado de la causa penal 225/2010 (debidamente integrado) al Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en San Cristóbal de las Casas Chiapas, para que en uso de sus facultades conferidas en la Carta Magna, provea lo conducente para la ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad (modificación y duración) impuestas en la sentencia condenatoria de doce de septiembre de dos mil trece, dictada contra Carmelino Cruz Ventura, en el proceso penal 225/2010. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, el Secretario de Acuerdos del Ramo Civil encargado del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, mediante oficio 577- P/2022 de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada del proveído de esta misma fecha, dictado en la causa penal 225/2010. Documental a la que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo. Ahora bien, la responsable en cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, ordenó cancelar la orden de reaprehensión de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, emitida contra el aquí quejoso Carmelino Cruz Ventura, dentro de la causa penal 225/2010. Asimismo, mediante oficio 576-P/2022 de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, remitió el cuaderno de ejecución de sentencia derivado de la causa penal 225/2010 (debidamente integrado) al Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en San Cristóbal de las Casas Chiapas, para que en uso de sus facultades conferidas en la Carta Magna, provea lo conducente para la ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad (modificación y duración) impuestas en la sentencia condenatoria de doce de septiembre de dos mil trece, dictada contra Carmelino Cruz Ventura, en el proceso penal 225/2010. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y la constancia mencionada en los párrafos que anteceden, se concluye que la responsable atendió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Orden de archivo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Depuración de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se concedió la protección constitucional. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; y los demás documentos que se considere pertinente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, en términos de los párrafos segundo y tercero del citado numeral 18 del Acuerdo Plenario señalado. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en el presente cuaderno incidental, fue negada y concedida la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa. Archivo y depuración. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se concedió las medidas cautelares solicitadas y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Vista a las partes. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se estima que no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia.

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