Gregorio Davila Monroy
Expediente 550/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gregorio Davila Monroy
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte que recibió los autos originales del juicio de amparo del cual deriva este cuaderno de antecedentes e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respetivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual, en relación al requerimiento efectuado en auto de dieciocho de mayo del año en curso, remite copia del oficio 1690012F0100/CGM0441/2023, de dieciséis de junio del año en curso, por el cual, la Coordinación de Gestión de Coordinación Medica de dicha institución, le solicita que proporcione el número de seguridad social del quejoso Gregorio Dávil..., a efecto de remitir las constancias solicitadas por este órgano jurisdiccional. En ese sentido, toda vez que mediante proveído de diez de julio del año en curso, este juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto y ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Administrativo en la Ciudad de México, en turno, al haber declinado la competencia a su favor, sin que a la fecha se tenga conocimiento de si el órgano jurisdiccional al que correspondió dicho asunto, aceptó conocer del mismo, o no. En razón de lo anterior, resérvese acordar lo condúcente respecto del oficio de mérito, hasta en tanto el homólogo federal se pronuncie al respecto. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de julio de dos mil veintitrés. I. PRECISIÓN DE ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que reclama del Instituto Mexicano Del Seguro Social y de la Dirección de Prestaciones Médicas UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, consistentes en: La negativa y/o omisión de: a) Brindarle atención médica y tratamiento urgente a fin de tratar la enfermedad de cáncer de próstata riesgo alto, que le fue diagnosticada -el dieciséis de enero de dos mil catorce-. b) Suministrarle los medicamentos para tratar dicho padecimiento, en concreto denominado Abiraterona, que le fue prescrito por el Instituto responsable el cinco de enero de dos mil veintitrés y que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del Consejo de Salubridad General que debe proporcionar dicho Instituto. II. INCOMPETENCIA. Ahora bien, debe decirse que conforme al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia por razón de territorio recae en los Juzgados de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Así, el legislador contempló en la Ley de Amparo tres reglas diferentes para determinar dicha competencia, como se advierte del numeral 371 de la normatividad de la materia. 1. La primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. La segunda indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención, esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. 3. La tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese tenor, se estima que en el caso que nos ocupa, éste Juzgado de Distrito no es el competente para conocer del mismo -por razón de territorio-, sino uno con jurisdicción en la Ciudad de México, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, en el asunto que nos ocupa -como se precisó anteriormente-, ***, reclama del Instituto Mexicano Del Seguro Social y de la Dirección de Prestaciones Médicas UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, la negativa y/o omisión de brindarle atención médica y tratamiento urgente a fin de tratar la enfermedad de cáncer de próstata riesgo alto, que le fue diagnosticada -el dieciséis de enero de dos mil catorce-; así como de suministrarle los medicamentos para tratar dicho padecimiento, en concreto denominado ***, que le fue prescrito el cinco de enero de dos mil veintitrés y que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del Consejo de Salubridad General que debe proporcionar dicho Instituto. En ese contexto, se estima que el elemento determinante para establecer la competencia del órgano federal que debe conocer de este asunto radica -fundamentalmente- en el lugar en el que los actos reclamados producirán sus efectos o consecuencias jurídicas, es decir, en aquél donde se le debe brindar la atención médica, proporcionarle los tratamientos que requiere acorde a su diagnóstico, así como en donde debe ser suministrado el medicamento que le fue prescrito - ***-. En efecto, si bien es cierto que los actos reclamados constituyen omisiones, en esencia de proporcionar la adecuada atención médica al quejoso, éstas no se tratan de simples omisiones sin efecto alguno, dado que sí producen consecuencias materiales en el estado de salud del gobernado, ya que requiere de medicamentos, estudios y tratamientos, es decir, de la intervención de un especialista para que prescriba y lleve a cabo el procedimiento que estime pertinente. Ahora bien, de los informes rendidos con motivo de la suspensión de plano concedida en autos, así como los informes justificados, se colige lo siguiente: 1. *** fue diagnosticado con cáncer de próstata enf riesgo alto y el tres de marzo de dos mil catorce, fue canalizado por parte del Hospital General Regional número 72, Delegación Regional Estado de México, Oriente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI. 2. La UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, llevó a cabo diversos estudios médicos por conducto de sus especialistas confirmando aquél diagnóstico, por lo que al quejoso se le indicó el tratamiento de radioterapia para tratar el padecimiento de quejoso, lo cual, éste firmó de conformidad en la "carta de consentimiento de información de procedimiento de radioterapia estero táctica o radiocirugía con equipo cyberknife, de once de marzo de dos mil catorce, aceptando realizar los procedimientos necesarios en ese hospital. 3. La citada institución hospitalaria UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI., continuó proporcionando al quejoso diversas consultas médicas y estudios de seguimiento a su padecimiento durante los siguientes años -según se aprecia de las manifestaciones de las responsables, así como de las notas médicas y constancias que en copia certificada allegó dicha autoridad. 4. En septiembre dos mil veintidós -acorde a lo manifestado por la institución hospitalaria responsable- advirtió una falla en la segunda línea de tratamiento, por lo que decidió enviar al paciente -aquí quejoso- a la Unidad de Tercer Nivel correspondiente, para valorar el inicio de tratamiento con nuevas moléculas -***-, con base en la disponibilidad de la Unidad y de acuerdo a las guías de recomendación, por no contar esa Unidad con el fármaco. 5. En consulta de veinte de diciembre de dos mil veintidós, el médico perteneciente a la UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, ordenó SE ENVÍA A CMN LA RAZA PARA EVALUAR INICIO DE ABIRATERONA. CITA EN 4 MESES CON APE. En ese sentido, si el tratamiento del quejoso se ha venido llevando a cabo -desde el año dos mil catorce- en la UMAE (Unidad Médica de Alta Especialidad) Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI, con sede en la Ciudad de México y, los médicos de dicha institución hospitalaria recomendaron el tratamiento a base del medicamento de Abiraterona al quejoso, ordenando su remisión a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General, del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, con residencia en la misma Ciudad, a fin de que ésta continúe con los tratamientos correspondientes a la Unidad de Tercer Nivel, así como para que lleve a cabo el suministro del fármaco recomendado. El suscrito concluye que las consecuencias y efectos de las omisiones reclamadas tienen lugar en la Ciudad de México, que es en donde residen las dos instituciones hospitalarias involucradas, pues son ellas quienes han estado involucradas en los tratamientos del padecimiento que presenta el quejoso -cuya omisión de atender reclama-. No se soslaya que el domicilio en el que -en apariencia- reside el quejoso se encuentra dentro de esta jurisdicción, sin embargo, ello no constituye un elemento para determinar la competencia del Juzgado que debe conocer del asunto dada la naturaleza del acto reclamado, así como sus efectos y consecuencias, pues lo cierto es que la unidad médica que le prestará el servicio clínico y, en su caso, le suministrará el medicamento cuya omisión reclama, se ubica en la Ciudad de México. En esas condiciones, el suscrito estima que prevalece la regla contemplada en el primer párrafo del citado artículo 37, es decir, la que establece que será competente el Juez de Se invoca por identidad en el criterio, la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Coret de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, de Registro digital: 2021191, que dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación de derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Sin que el suscrito inadvierta que dicho criterio refiera que es competente para conocer de un asunto en donde se reclama la falta de atención médica por parte de una persona privada de su libertad¸ el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido; sin embargo, ello atiende a que la persona privada de su libertad no tiene la posibilidad de acudir a las instituciones hospitalarias, sino que se encuentran en resguardo de un centro penitenciario. Asimismo, es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo por los motivos expuestos y, en consecuencia, se ordena el envío de los autos al Juez de Distrito en Materia de Amparo Administrativo en la Ciudad de México, en turno, a fin de que provea lo que corresponda, solicitándole que de no tener inconveniente, informe si acepta o no la competencia planteada, así como remita el acuse de recibo correspondiente. Previo a ello, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. III. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. Por tal motivo, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las diez horas de esta data. Notifíquese personalmente a la quejosa; personalmente a la agente del Ministerio Público de la federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a las partes dos de junio de dos mil veintitrés, con el informe rendido por la autoridad responsable Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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