Gregoria Rangel Olmos
Expediente 1795/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1795/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gregoria Rangel Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se notifica por lista a la quejosa el auto de 07/02/2018Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, con excepción de las que tengan el carácter de confidencial o reservada para dicha parte, expídanse las copias que solicita, previa razón de recibo. Notifíquese.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo número 1795/2017-IV-A; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, turnado en su momento a este juzgado, Gregoria Rogel Olmos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: a) La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 255/2017 (plenario de posesión), promovido por Elizabeth Casillas Guerrero en contra de Juana Manual Zabala y Víctor Santos Rogel, así como todo lo actuado incluyendo la sentencia y la orden de desocupación de una fracción de la parcela número 249 Z1 P4/5 del Ejido Santa María Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, ubicada en Calle Segunda Cerrada de Lago Celeste, Manzana 2, Lote 17, del Ejido de Santa María Chiconautla, también conocida como Colonia la Laguna Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, del cual menciona es de su propiedad. 2. Del Ejecutor Único adscrito al Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México: b) Su ejecución. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de la demanda de amparo en la que especifica que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 4); por lo que, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del veintinueve de noviembre al diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, con descuento de los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de diciembre del año próximo pasado, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Ejecutor (foja 40) y el Juez (foja 41) ambos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con las copias certificadas del expediente 255/2017 relativo al juicio ordinario civil (plenario de posesión), documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al contener sellos y firmas autógrafas. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgador de oficio advierte que en el caso en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De dichos numerales se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que la peticionaria de amparo demuestre su interés jurídico, cuya afectación debe ser de manera personal y directa. Es oportuno precisar que por interés jurídico debe entenderse la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional demandando el cese de esa violación, siendo por tanto ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo, lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Al caso es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 55, séptima época, tomo 72, séptima parte del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Ahora bien, de las copias certificadas del expediente 255/2017 relativo al juicio ordinario civil (plenario de posesión), del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, se advierte que la quejosa Gregoria Rogel Olmos, no fue parte en el citado juicio de origen, por lo que comparece al presente juicio de amparo con el carácter de tercera extraña al procedimiento de origen, pues refiere que no ha sido emplazada al mismo, para defender la posesión que dice tener respecto de una fracción de la parcela número 249 Z1 P4/5 del Ejido Santa María Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, ubicada en Calle Segunda Cerrada de Lago Celeste, Manzana 2, Lote 17, del Ejido de Santa María Chiconautla, también conocida como Colonia la Laguna Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, sin que haya sido oída y vencida en juicio. En ese contexto, la quejosa ofreció como prueba para demostrar el interés jurídico. 1. Original del contrato de cesión de derechos de fecha veintitrés de agosto de dos mil uno, celebrado entre la aquí quejosa y Socorro López Hernández. 2. Copia simple del certificado parcelario número 000000180533, de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis a favor de Socorro López Hernández. 3. El instructivo de notificación dirigido a Víctor Hugo Santos Rogel al que se le anexó copias de los autos de veinticinco de octubre y veintidós de noviembre ambos de dos mil diecisiete, relativas al expediente 255/2017 del juicio Ordinario Civil (Plenario de posesión). Mismas documentales que valoradas en términos de los artículos 129, 133, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, no son idóneas para acreditar el interés jurídico de la peticionaria del amparo. Lo anterior es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que cuando un justiciable acude al juicio de amparo con motivo de defender sus derechos de propiedad o posesión respecto de un bien inmueble, debe acreditar, de manera fehaciente, la afectación a su interés jurídico, para lo cual no basta con que exhiba un contrato privado de cesión de derechos sino que éste debe ser de fecha cierta. Tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. [Novena Época. Registro: 192662. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 46/99. Página: 78] A este respecto, es necesario precisar que un documento adquiere fecha cierta cuando se tiene la certeza de la data en que se llevó a cabo el acto jurídico traslativo de dominio, lo cual puede acontecer, entre otras, a partir de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: 1. Que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. 2. Que hayan sido presentados ante un funcionario en razón de su oficio. 3. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes. 4. En la fecha en que es ratificado por los firmantes ante notario u otro fedatario público, o, 5. Cuando ante un fedatario público se presente un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación. 6. Que haya sido presentado ante alguna otra autoridad jurisdiccional. 7. Algún otro acto de autoridad mediante el cual se haga plenamente evidente la existencia del contrato en determinada fecha. En caso de que no se dé alguna de estas hipótesis, o bien, alguna otra establecida por la jurisprudencia en la que se establezca que determinado acto jurídico da fecha cierta al contrato, el documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si los actos de que se duele el peticionario de amparo, fueron actos anteriores o posteriores a la celebración del contrato. Se expone tal aserto, pues la fuerza convictiva de un título privado que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la celebración cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos, con lo que se evita que se lleven a cabo operaciones desleales, ya que si bien es cierto que dicho acuerdo de voluntades pudiera ser eficaz para obtener el uso y disfrute del inmueble en controversia, también lo es que debe cumplir los requisitos antes precisados, con el objeto de que adquiera eficacia jurídica frente a terceros, lo cual en el caso no ocurrió. En ese contexto, si en la especie la solicitante del amparo exhibe un contrato privado de cesión de derechos, que carece de fecha cierta, tal y como se advierte del propio contrato (fojas 20 y 21), dicho documento privado no acredita la afectación a su interés jurídico. Ello, pues del mismo no se advierte que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, que haya sido presentado ante un funcionario que en razón de su oficio dé certeza de la existencia del mismo, que uno de los firmantes haya fallecido, que haya sido ratificado ante notario público, ni que conste una certificación notarial a partir de la cual adquiera fecha cierta, o bien, que haya sido presentado ante alguna otra autoridad jurisdiccional. Por tanto, se concluye que la quejosa no acreditó de manera fehaciente que tenga algún derecho o interés legítimamente tutelado sobre el bien inmueble materia de la litis constitucional, oponible ante terceros, que deba ser protegido por la Justicia Federal. En ese sentido, la documental señalada no genera mayor valor convictivo en el presente asunto, es decir, no demuestra que efectivamente la quejosa tenga un derecho legítimo de propiedad o posesión sobre el inmueble que refiere y del cual afirma estar sufriendo una inminente afectación o perturbación, pues se trata de un documento que no adquiere la fuerza probatoria suficiente para demostrar su interés jurídico en el presente asunto y que consecuentemente cambie el sentido de esta resolución ordenando que se respete su derecho de posesión o propiedad, pues se insiste, no demostró tener algún derecho fidedigno que tenga que ser reconocido y protegido por la ley, cuando le asistía en ese sentido el gravamen probatorio. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte, que se estima perfectamente aplicable en tal aspecto en el presente asunto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." [Novena Época. Registro: 187777. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 1/2002. Página: 15] De igual manera, con la copia simple del certificado parcelario número 000000180533, de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, que exhibió, no acredita la posesión del inmueble que defiende, sino únicamente demuestra indiciariamente que la parcela 249 Z1 P4/5, se inscribió en el Registro Agrario Nacional a favor de Socorro López Hernández. Finalmente, respecto a la cédula de notificación únicamente se advierte la existencia del juicio de origen 255/2014, promovido por Elizabeth Casillas Guerrero en contra de Juana Manuel Zabala y Víctor Santos Rogel, mas no hace presumir un derecho legítimo de posesión, para ser incorporada a dicho juicio. Sin que tampoco pueda constituir obstáculo para arribar a esta determinación de sobreseer en base a las consideraciones apuntadas, el que se trate de un asunto que deriva de que el inmueble de cuya afectación se duele la peticionaria de amparo se encuentre enclavado o integrando en la fracción de la parcela 249 Z1 P4/5 del Ejido Santa María Chiconautla, pues con la copia del certificado parcelario de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis otorgado a favor de López Hernández Socorro, no se advierte que la ahora quejosa tenga la calidad directa de ejidataria o ser de alguna forma sujeto de derecho agrario, y aún bajo el supuesto de que por el predio en disputa así se pudiera o debiera considerar, tal circunstancia no lo relevaba de acreditar en este juicio constitucional que el derecho de posesión que dice tener sobre el inmueble en alusión, deriva de un documento de 'fecha cierta', ya que en todo caso, tal documento solo podría constituir una prueba indiciaria para los exclusivos efectos de reclamar derechos de prescripción (de reunir los requisitos previstos para ello por la Ley Agraria) ante un tribunal de esa materia, pero no para los efectos de la protección constitucional que en esta instancia pretende; como entre otros criterios lo revela la siguiente tesis: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AGRARIA. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA INCIERTA EXHIBIDOS POR QUIEN RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRARLO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que un documento privado sólo es apto para acreditar el interés o derecho pactado en él frente a terceros, desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes). De lo contrario, se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por sí, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuya hipótesis ese documento no podrá ser oponible a terceros ajenos a él. Así, cuando en el amparo indirecto en materia agraria se reclama la falta de emplazamiento a juicio y el quejoso argumenta que se afectan sus derechos sobre alguna parcela o tierra ejidal y, para justificar ese pretendido interés jurídico, exhibe documentos privados de fecha incierta, éstos resultan insuficientes para acreditar, per se, los derechos alegados, en tanto que con esos documentos no se tiene certeza jurídica de la fecha genuina de su existencia para dilucidar -a partir de esa fecha-, si son o no oponibles a terceros ajenos a los actos ahí contenidos, pues al ser documentos privados de fecha incierta, sólo producen efectos jurídicos entre los mismos suscriptores. No es óbice a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 207/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 575, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO TÍTULO.", porque si bien es cierto que en dicho criterio jurisprudencial se precisa que en materia agraria no se requiere contar con justo título -porque "la ley no exige un 'justo título' para poseer, entendido éste como el que es, o el que fundadamente se cree, bastante para transferir derechos agrarios sobre la parcela o parte de ella, pues aun el poseedor de mala fe, que es el que entra en posesión sin título alguno o el que conoce los vicios de su título, puede adquirir la titularidad de tales derechos por prescripción"-, también lo es que se refiere exclusivamente a la procedencia de la prescripción adquisitiva de tierras parceladas, al precisarse que para su viabilidad es suficiente con demostrar la causa generadora de la posesión, esto es, la calidad con la cual se ejerce, si es originaria o derivada, si es de buena o mala fe y la fecha cierta a partir de la cual se debe computar el plazo legal para la configuración de la prescripción. Por tanto, ese criterio vinculante sólo tiene aplicación cuando en el juicio agrario se plantea la acción de prescripción adquisitiva, pero no para acreditar el interés jurídico en el amparo, en razón de que para ese fin se requiere de la exhibición de algún documento que, con independencia de si tenga o no la calidad de "justo título", sea de fecha cierta para tener certeza de ésta y, a partir de entonces determinar, válidamente, si es o no oponible a terceros ajenos a lo en él pactado, con miras a no afectar, retrasar o desconocer injustificadamente los derechos de éstos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO." [Décima Época. Registro: 2011631. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: II.1o.16 A (10a.). Página: 2803] En esa medida, se concluye que dichos documentos carecen de valor probatorio, para demostrar los extremos que pretende la parte quejosa en el sentido de demostrar que es propietaria del inmueble que por esta vía se reclama, de ahí que no esté acreditado su interés. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley. La declaración de sobreseimiento deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados, y a los que se reclaman en vía de consecuencia, porque su ilegalidad se hace derivar del acto ordenador y no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia volumen 91-96, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 286), que señala: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". SEXTO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a loa novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicable, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Gregoria Rogel Olmos, contra el acto y autoridad indicados en el considerando segundo y por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.
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