Gregorio Barreto Luna
Expediente 496/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gregorio Barreto Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el acuerdo treinta y uno de julio de dos mil diecinueve: "...Visto el estado que guardan los presentes autos se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal.En mérito de lo señalado, bajo la supervisión de la secretaria encargada del trámite, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido..."
- Principal
Mexicali, Baja California, quince de julio de dos mil diecinueve. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito presentado por José Bricio García Medina, quien se ostenta como abogado patrono de Gregorio Barreto Luna, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de nueve de julio del año en curso, manifestando que actúa como abogado autorizado en términos del artículo 33 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Desechamiento. Por lo anterior, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito estima, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, y 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, lo que se analiza en primer término por ser de orden público conforme lo dispone el artículo 62 de este ordenamiento, cuyos preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Como se ve, el juicio de amparo únicamente puede promoverse a instancia de parte agraviada, esto es, por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o sea, en caso de que se afecte su esfera jurídica ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, el tratado internacional, la ley, reglamento o el acto reclamados, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, o por su apoderado. Lo que obliga a que la demanda de amparo sea firmada por el quejoso, por su representante legal o su apoderado. Ahora bien, la legitimación para actuar en nombre de otro, se encuentra establecida en los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo en vigor, que en lo conducente indican: "Artículo 10. [.] En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta.". Como se advierte de los preceptos legales transcritos, en el juicio de amparo, la facultad para actuar en nombre de otro debe acreditarse en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles; también estarán facultados aquéllos que tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, y tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Es decir, que conforme al principio de instancia de parte agraviada, en el juicio de amparo indirecto en materia administrativa, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado. En la especie, no se colma lo anterior, porque la demanda de amparo de que se trata, fue presentada por José Bricio García Medina, quien bajo protesta de decir verdad, manifestó en el escrito de cuenta, que promueve el presente juicio en su calidad de "abogado autorizado en términos del artículo 33 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en el Estado". Sin embargo, el juicio de origen se tramita con la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, conforme a su artículo tercero transitorio, ya que el juicio natural inició con anterioridad a la expedición de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. Por tanto, el numeral 33 de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California prevé, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 33.- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro, deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de presentación de la demanda o de la contestación en su caso. La representación de los particulares, se otorgará en Escritura Pública o Carta Poder, firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante el Notario Público o ante el Secretario General de Acuerdos o, Secretarios de Acuerdos. Los profesionistas autorizados en los juicios contenciosos-administrativos, podrán ser coadyuvantes de la justicia administrativa para efectos de la entrega de oficios de notificación a las autoridades demandadas, en los términos del Reglamento Interior. La representación de las autoridades corresponderá a la Subsecretaría, Dirección, Coordinación o unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, en términos de la normatividad aplicable. Los Ayuntamientos serán representados en juicio por el Síndico, en los términos de la legislación municipal aplicable. Tratándose de autoridades Colegiadas, la representación legal recaerá en la persona que ostente el carácter de Presidente y en su ausencia, en el titular de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica. Las autoridades o los titulares de las citadas áreas jurídicas, estarán facultados para nombrar delegados, quienes estarán facultados para que reciban notificaciones, excepción hecha de los requerimientos, que rindan pruebas, aleguen, hagan promociones en las mismas audiencias e interpongan recursos". De lo anterior se advierte que los profesionistas autorizados en los juicios contencioso-administrativo, únicamente podrán ser coadyuvantes de la justicia administrativa para efectos de la entrega de oficios de notificación a las autoridades demandadas, por tanto, no tienen facultad para promover juicio de amparo indirecto. Luego, si el juicio de amparo, no constituye una instancia del juicio de origen, sino un medio de defensa extraordinario, que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, que restrinjan la soberanía de los estados o que invadan la esfera de la autoridad federal, de manera que el juicio de amparo no se contempla dentro de la obligación a cargo del abogado, de seguir el juicio por todas las instancias mientras no haya cesado en su encargo. Asimismo, la personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso el quejoso se ostentó como abogado patrono de Gregorio Barreto Luna, personalidad que estima suficiente para promover el presente juicio en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, sin embargo, conforme al principio de parte agraviada que se desprende del artículo 6° de la Ley de Amparo, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del abogado contemplado en el artículo 33 de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California; entonces, la demanda promovida por éste, como autorizado de su patrocinada en el juicio de origen debe considerarse improcedente. Consecuentemente, en atención a que la demanda de amparo no fue promovida por la directamente afectada, su representante legal o su defensor, sino por su abogado autorizado en términos del artículo del artículo 33 de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, quien, como se analizó, carece de legitimación para hacerlo, no se cumplió el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 constitucional, 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo; y, al ser ello así, sobre el particular, el juicio de amparo es improcedente, con fundamento además en lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada legislación, por lo que con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Es aplicable, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 2ª./J.90/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, página 1176, con registro 2001581 que es del rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004). El artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, permite que el actor en el juicio contencioso o su representante legal, autorice por escrito a un licenciado en derecho para que a su nombre reciba notificaciones, quien podrá elaborar promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley de Amparo señala que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Ahora, de esta última disposición no deriva que el autorizado para oír notificaciones tenga atribuciones para promover juicio de amparo directo en representación de su autorizante, ya que conforme a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; todo lo cual significa que únicamente el directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional puede demandar la protección de la Justicia Federal, principio que la legislación reglamentaria de dicho precepto constitucional señala al disponer en su artículo 4o., que el juicio de amparo sólo podrá seguirlo el agraviado, su representante legal o su defensor, personas estas últimas que en todo caso podrían ser reconocidas en términos del citado artículo 13 para efectos de la promoción del juicio de amparo directo, pero no los autorizados para oír notificaciones, cuya participación se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria." Máxime, que en proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve, se requirió al promovente, para efecto de que acreditara la personalidad con la que se ostentaba, esto es, en calidad de apoderado de Gregorio Barreto Luna, y que lo acreditara con el documento idóneo, sin embargo, el promovente en el escrito de cuenta manifestó ser únicamente abogado autorizado, lo que acredito con copia certificada del proveído de veintiuno de mayo de dos mil doce, en el que se advierte que únicamente tiene el carácter de abogado autorizado, mas no así de apoderado de Gregorio Barreto Luna. Sin que pase desapercibida la tesis que cita el promovente en el escrito inicial, de rubro: "ABOGADO PATRONO. SU DESIGNACIÓN EN EL JUICIO NATURAL LO LEGITIMA PARA ACUDIR AL DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO)", sin embargo la misma no resulta aplicable, ni es obligatoria para este Juzgador, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, al ser una tesis aislada y de un circuito diverso.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por ....., quien se ostenta como abogado patrono de ....., mediante el cual intenta desahogar la prevención efectuada en auto de veinticuatro de junio del año en curso, exhibiendo para tal efecto copia certificada del proveído de veintiuno de mayo de dos mil doce, dictado en el expediente 1246/2011 SS, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual se le reconoció el carácter de autorizado en términos del artículo 33 de la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Sin embargo, de la copia certificada del proveído de veintiuno de mayo de dos mil doce, no se advierte fehacientemente en cuál de las hipótesis que prevé el citado artículo 33, se autorizó a ......, esto es, si como representante o apoderado legal del quejoso, o bien, únicamente como abogado autorizado. Por tanto, el promovente ......, deberá indicar si tiene el carácter de representante o apoderado legal del quejoso, o bien, únicamente el de abogado autorizado. En caso de tener el carácter de representante o apoderado legal del quejoso, deberá acreditarlo con la documental idónea a través de la cual el quejoso Gregorio Barreto Luna le otorgó dicho carácter. Ahora, hágase del conocimiento del promovente, que continúa corriendo el término concedido en auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en virtud de que el proveído uno de julio del año en curso, en el que se acordó el escrito por el que intentó cumplir la prevención mencionada, mismo en el que se le informó que le restaban tres días, se le notificó el dos de los corrientes surtiendo efectos el tres de julio del año en curso, presentando el escrito de cuenta el cinco del mismo mes y año, por lo que cuenta con dos días más más a efecto de dar cumplimiento con lo anterior, los cual empezará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por ...., quien se ostenta como abogado patrono de ....., mediante el cual pretende cumplir la prevención realizada en auto de veinticuatro de junio del año en curso, señalando que solicitó copias certificadas en las cuales se le reconoció el carácter con que se ostenta ante la autoridad responsable, sin embargo a la fecha no le han sido expedidas; anexando original del acuse del escrito referido y al efecto solicita que se le tenga por subsanada la prevención decretada y se admita la demanda y en el auto admisorio se requiera a las responsables, que en sus informes previos y justificados, manifiesten sí se encuentra debidamente autorizado dentro de los autos del juicio natural, en los términos en que comparece al presente juicio. En mérito de lo anterior, dígasele al promovente que respecto lo solicitado no ha lugar a acordar de conformidad, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, que dispone que quien comparezca en el juicio en nombre del quejoso o del tercero interesado deberá de acreditar con las constancias respectivas tener por reconocida su representación ante la autoridad responsable. En ese sentido, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de admitirse un reconocimiento cautelar de la personalidad sujeto a comprobación una vez que se rinda el informe justificado, daría lugar a la posibilidad de que, en caso de que dicho presupuesto procesal no se reconociera por la autoridad responsable, se tramitaría un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para hacerlo, lo que implicaría una labor estéril por parte de este órgano en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso. De ahí que sea carga del promovente probar la representación con que se ostenta con las constancias respectivas previamente a la admisión de la demanda. En virtud de lo anterior, no ha lugar a tener por cumplida la prevención realizada, al no satisfacer plenamente lo prevenido en auto de veinticuatro de junio del año en curso. Haciendo de su conocimiento que continúa corriendo el término concedido, en auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que fue notificado al promovente en veinticinco de junio de dos mil diecinueve, surtiendo sus efectos el veintiséis siguiente; por lo que el término de otorgado transcurre del veintisiete de junio al tres de julio del año en curso; sin embargo, en veintiocho de junio del año que transcurre, presentó ocurso interrumpiendo el plazo, por lo que cuenta con tres días más a efecto de dar cumplimiento con lo anterior, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto.
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