Graciela Vanegas Castillo
Expediente 662/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Graciela Vanegas Castillo
- Graciela Vanegas Castillo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha dos de enero de dos mil diecinueve..."Vista la certificación que antecede, en la que consta que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer el recurso de inconformidad en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el presente juicio."
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en la que, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa G**; en tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, ... En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computados contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo..
- Principal
Vistos; para resolver los autos del presente juicio de amparo número 662/2018-6. R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, ... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Segundo. Trámite. Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por admitida la demanda de garantías, la que se registró en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 662/2018-6, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde, se emplazó al tercero interesado Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California; y se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en la ciudad de Mexicali, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos de omisión por parte de una autoridad que tiene su domicilio en el lugar en donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de garantías de mérito, se colige, que la promovente de la acción constitucional, reclama la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a formular dictamen y pronunciarse del laudo, en el expediente 1941/11-2C, de su índice. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, al rendir su informe justificado, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales consiguientes. Aunado lo anterior, ya que así se desprende de la constancia en copia certificada que fue enviada por dicha autoridad responsable, derivada del expediente laboral 1941/11-2C, que remitió en apoyo a su informe justificado, del cual se aprecia que por auto de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho se decretó el cierre de la instrucción en el juicio laboral de que se trata [foja 25], sin que se advierta actuación posterior de la citada autoridad; misma documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Cuarto. Causales de improcedencia. En la especie, analizadas que son las constancias de autos, este órgano de control constitucional no advierte causal de improcedencia que se actualice, por lo que, resulta procedente ingresar al estudio del fondo del asunto. Quinto. Calificación de los conceptos de violación. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa. Para justificar la anterior afirmación, debe precisarse que la quejosa alega que la autoridad responsable violentó en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 837, 838, 839, 840, 841, 842 y 885, de la Ley Federal del Trabajo, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, pues hasta el momento de la presentación de su demanda de garantías, no había cumplido con su obligación de emitir el laudo respectivo dentro del expediente laboral 1941/11-2C. Del análisis efectuado a la copia certificada de las constancias relativas al expediente laboral en cita, remitida por la responsable, previamente valorada, se advierte que ésta no ha formulado el dictamen correspondiente, y por ende no se ha fijado fecha y hora para la discusión y votación del mismo, como resultado de la inexistencia de aquel, incumpliendo las obligaciones que le imponen los artículos citados en el párrafo que antecede y por ende, vulnera el contenido del artículo 17 de constitucional. En efecto, el artículo 17 constitucional, a la letra establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Así tenemos, que del precepto trascrito con anterioridad se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en forma rápida y expedita, por tribunales previamente establecidos, mismos que tienen la obligación inherente de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la ley que en su caso se deba aplicar. Por su parte, de la interpretación sistemática de los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que una vez que transcurra el término para alegar, se declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes se formulará un dictamen que deberá reunir los requisitos citados en líneas precedentes, tales como, un extracto de la demanda y su contestación, así como los hechos controvertidos y de los aceptados por las partes y finalmente deberá contener una relación de las probanzas rendidas, la apreciación de las mismas, para finalmente, dictarse el laudo respectivo. Por su parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del juicio laboral de origen, se proveyó en relación con las pruebas en el juicio, y en su parte final señaló lo siguiente: ".con fundamento en lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, se declara CERRADA LA INSTRUCCIÓN en el presente expediente, turnándose el mismo para la elaboración del Dictamen correspondiente." De lo expuesto, se desprende que mediante el proveído de fecha señalada, la responsable declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral del que emana el acto reclamado, sin que aparezca posterior actuación en cuanto al dictado del laudo. En consecuencia, conforme al artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, se debió haber formulado el dictamen correspondiente dentro de los diez días siguientes, sin que esto hubiese acontecido, contraviniendo con dicho actuar los tiempos y términos, estipulados por el numeral en cita, proceder con el que viola la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 Constitucional, ya que dicho precepto está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial, por lo que al no haber formulado el dictamen de laudo dentro del término de diez días, una vez cerrada la instrucción de forma oficiosa, y por ende, no haber fijado la audiencia de discusión y votación del mismo, en los términos que marcan los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890, de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad responsable viola la garantía constitucional anteriormente descrita. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia III.3o.C. J/12, de la Novena Época, correspondiente al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, visible en la página 740, que es del tenor literal siguiente: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.- Si han pasado más de cinco meses desde que el Juez responsable dictó el auto por el que ordenó traer los autos a la vista para pronunciar la interlocutoria respectiva en un incidente de costas, es obvio que, aparte de que han transcurrido con exceso los tres días que al efecto concede el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, se infringe la citada garantía de seguridad jurídica referente a que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que importe el hecho de que con posterioridad al dictado del acuerdo indicado el Juez haya advertido que no se había dado vista con los autos al Ministerio Público por el fallecimiento de la contraria del quejoso, ni que hubiera decretado la práctica de una pericial como diligencia para mejor proveer, porque dados los meses transcurridos, de todas suertes es obvio que se ha violado flagrantemente la mencionada garantía constitucional. Consiguientemente, debe otorgarse la protección constitucional para que la responsable agilice el desahogo de la pericial y ordene se verifique inmediatamente la vista indicada, pues de no proceder de esa manera sería muy sencillo que las autoridades infringieran la garantía de que se trata, dado que siempre aducirían su imposibilidad por causas que ellas mismas originaran." En consecuencia, es evidente que ante tal omisión por parte de la autoridad responsable, resulta fundado el concepto de violación expresado por Graciela Vanegas Castillo, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable, proceda de inmediato en los términos que prevé el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, y con plenitud de jurisdicción emita el laudo que legalmente corresponda dentro del expediente laboral 1941/11-2C. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ...., contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, por los actos y para los efectos precisados en el contenido del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Con vista a las partes, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, por medio del cual rinde su respectivo informe justificado, y remite la constancia en la que lo apoya, lo anterior con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, de la cual se hará relación en la audiencia constitucional respectiva.
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