Gregorio Alberto Ruiz Pérez

Expediente 1025/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1025/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Gregorio Alberto Ruiz Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1025/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Gregorio Alberto Ruiz Pérez, por conducto de su apoderado legal Julio César Morales Carrasco, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, juicio en línea, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y fue turnada a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión de demanda. En proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó la demanda con el número de juicio de amparo 1025/2022; y previo cumplimiento a la prevención de esa fecha, en auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que Gregorio Alberto Ruiz Pérez, reclama los siguientes actos: Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado: La omisión de proveer su solicitud de veintitrés de junio de dos mil veintidós, de que se ordene la ejecución forzosa del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 890/2020 (4). La omisión de hacer cumplir el referido laudo. Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca: El cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 890/2020 (4). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, convienen en que en el expediente laboral 890/2020 (4) de origen, no se ha dado cumplimiento al laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; expusieron que derivado del estado procesal en que actualmente se encuentra ese juicio laboral, no es dable por el momento ordenar la ejecución del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, al haber promovido la demandada amparo directo contra ese laudo. Lo que acreditan con las constancias deducidas del juicio laboral de origen, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Siendo por tanto el acto reclamado en este juicio constitucional una omisión jurídica, entendida como un estado pasivo por parte de la autoridad, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad legal que la habilita, obliga o le da competencia. Sobre esta figura jurídica la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1aXXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, y que en estos casos, el deber de la autoridad es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas, fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. En ese tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. De tal forma, que este Juzgado Federal, ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niega bajo la justificación de que legamente no estaba obligada a actuar en la manera en que lo exige el gobernado; debe analizar precisamente ese aspecto de existencia. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.99/2018, visible en página 926, Libro 59, octubre 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En tal sentido, este Juzgado Federal analiza la existencia de la omisión en ordenar el cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 890/2020 (4) de origen, que se atribuye a la Junta responsable, así como la omisión de cumplimentarlo reclamado a la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; a la luz de la obligación legal de las autoridades responsables de proceder a realizar tal actuación. Es aplicable la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 53, Tomo VII, junio 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." De conformidad con el artículo 939 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la ejecución de los laudos, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ésta sea pronta y expedita. Sin embargo, en el caso concreto, de las constancias deducidas del juicio laboral de origen, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se demuestra lo siguiente: La autoridad demandada, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, promovió demanda de amparo directo contra el laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y solicitó la suspensión del mismo. La Junta laboral del conocimiento ordenó en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, rendir informe justificado en ese juicio de amparo directo. El cual fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, el quince de agosto de dos mil veintidós. En auto de veintidós de agosto del año en curso, la Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, admitió la demanda de amparo directo, radicándolo con el número 402/2022 de su índice. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad laboral responsable proveyó que derivado de que la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por escrito de seis de abril de dos mil veintidós, promovió amparo directo, contra el laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, y solicitó la suspensión de esa resolución; concediéndose la medida cautelar para el efecto de que no se ejecutara el laudo y se mantuvieran las cosas en el estado en que se encuentran en el juicio laboral natural; el citado laudo aún no queda firme; por lo que no está en aptitud legal de acordar se proceda a la ejecución del laudo, hasta en tanto el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva el amparo directo. Lo anterior, evidencia que en este asunto, en el juicio laboral 890/2020 (4), no existe verdad legal o cosa juzgada, al no haber adquirido firmeza el laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por estar subjúdice a lo resuelto en el juicio de amparo directo 402/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, en el que se reclamó la legalidad de ese laudo, en el que se otorgó la suspensión respecto del procedimiento de ejecución para que no se lleve a cabo. Pues es de explorado derecho que el procedimiento jurisdiccional no puede suspenderse, por ser de orden público, en tratándose de la fase procesal previa al dictado del fallo que decide el juicio ante la potestad común, porque la sociedad está interesada en que no se entorpezca la investigación de la verdad legal en aras de salvaguardar el estado de derecho; así también, respecto a la etapa de ejecución de laudo, cuando ya existe verdad legal o cosa juzgada. Siendo que en el caso en estudio, aún no existe cosa juzgada. Por tanto, las autoridades responsables, en el caso concreto, no están obligadas en esta etapa del procedimiento laboral, la Junta responsable, a ordenar el cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 890/2020 (4) de origen; y tampoco la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a cumplir con la ejecución del laudo; por no existir la omisión jurídica que reclama el quejoso. En consecuencia, al no existir el supuesto que condiciona la existencia de la omisión reclamada, esto es, un deber de hacer incumplido; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, respecto de los aludidos actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Respecto del acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en: Omisión de proveer la solicitud de veintitrés de junio de dos mil veintidós, de ordenar la ejecución forzosa del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 890/2020 (4). La autoridad responsable informó que en el juicio de origen, en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, proveyó lo solicitado por Gregorio Alberto Ruiz Pérez, en escrito de veintitrés de junio de dos mil veintidós, y presentado en esa Junta laboral el veinticuatro de ese mes y año. Luego, si la demanda de amparo se presentó el cinco de septiembre de dos mil veintidós; se entiende que la omisión reclamada a esa fecha, existía. Por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causa de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. De las constancias deducidas del juicio laboral de origen, a las que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; se demuestra que en auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad laboral responsable proveyó respecto a la solicitud del quejoso, de veintitrés de junio de dos mil veintidós, relativo a que se ordenara despachar ejecución del laudo emitido en ese expediente. En dicho auto la Presidenta Ejecutora responsable proveyó que derivado de que la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por escrito de seis de abril de dos mil veintidós, promovió amparo directo, contra el laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, y solicitó la suspensión de esa resolución; concediéndose la medida cautelar para el efecto de que no se ejecute el laudo y se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran en el juicio laboral natural; el citado laudo aún no queda firme; por lo que refirió que solicitaría la ejecución del laudo, hasta en tanto el Tribunal Colegiado de Circuito resolviera el amparo directo. De lo anterior se deduce que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -cinco de septiembre de dos mil veintidós-, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el juicio laboral 890/2020 (4) de su índice, dio contestación de manera congruente a lo solicitado por Gregorio Alberto Ruiz Pérez, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós. De ahí que, conduce a establecer, cesaron los efectos del referido acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 38, Tomo IX, Junio 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del aludido acto reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 76, 77, 78, 155, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1025/2022 promovido por Gregorio Alberto Ruiz Pérez; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se encuentra transcurriendo el término concedido a las partes en proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, en el que se les dio vista con el informe justificado rendido por el apoderado legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O.), por tanto, a fin de dar cumplimiento con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintidós. Adjúntese el oficio electrónico de la representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O.), mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la responsable la que anexa, misma que se desahoga en razón de su naturaleza. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, se le tienen por ofrecidas, y en razón de que no ameritan un desahogo posterior dada su propia naturaleza, se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar al cotejo y devolución de los documentos escaneados que exhibe para acreditar su personalidad, toda vez que la promoción fue presentada electrónicamente. NOTIFÍQUESE.

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