Gregorio Alberto Ruiz Pérez
Expediente 204/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gregorio Alberto Ruiz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia que sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 204/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Gregorio Al********************por conducto de su apoderado legal Julio César Morales Carrasco, mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, juicio en línea, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y turnada a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, y que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró en el libro de gobierno con el número de juicio 204/2023; y en proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés (fojas 17 - 21), este órgano jurisdiccional determinó admitir la demanda de amparo, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuye a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de proveer el escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el que la parte actora solicitó la ejecución forzosa del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 890/2020 (4). La omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el referido laudo. Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca: La falta de cumplimiento del aludido laudo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La apoderada y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (fojas 28 - 30), consistente en la falta de cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 890/2020 (4). En el caso en concreto, como lo refiere la autoridad responsable, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Es importante indicar, que la existencia de los actos reclamados debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio constitucional. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Octava Época, consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, con número de registro digital 206346, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, si la existencia del acto reclamado debe analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, es decir, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se infiere que el acto reclamado al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, consistente en la falta de cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 890/2020 (4), del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, es inexistente. En efecto, de las copias certificadas del juicio laboral 890/2020 (4), a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Amparo por disposición de su artículo 2°, se advierte que: 1. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, condenó al demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), al pago de la prima de antigüedad (fojas 56 - 58). 2. Inconforme con el referido laudo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su apoderada legal Yolanda Gloria Amaya Ángeles, promovió juicio de amparo directo, que fue resuelto el nueve de noviembre de dos mil veintidós, por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, quienes al dictar la resolución en el amparo directo 402/2022, negaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión al referido instituto (fojas 62 - 88). 3. En proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós (foja 89), la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por recibida dicha ejecutoria y ordenaron hacer del conocimiento de las partes que nuevamente se radicó ante esa Junta los autos del juicio laboral 890/2020(4). 4. Mediante acuerdo veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, requirió a la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de su representante legal, para que en el término de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $67,904.33 (sesenta y siete mil novecientos cuatro pesos 33/100 M.N.), correspondiente a la condena decretada en el laudo, o en su caso, previas a las adecuaciones presupuestarias, presentara ante la autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago; además, lo apercibió que en caso de no cumplir con lo requerido se haría acreedor a la imposición de una multa. De donde se sigue, la falta de cumplimiento del laudo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el juicio laboral 890/2020(4), no existe, pues al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de febrero de dos mil veintitrés), la Presidenta Ejecutora no había realizado algún requerimiento al instituto demandado, relacionado con el cumplimiento del laudo, ya que ello aconteció hasta el veintisiete de marzo del año que transcurre. De aceptar lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio de garantías; de ahí, que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, toda vez que la parte quejosa no demostró en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, por lo que hace al acto reclamado que se precisó en el primer párrafo de este considerando, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados (foja 43), consistentes en la omisión de proveer su escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en que solicitó la ejecución forzosa del laudo dictado en el expediente laboral 890/2020 (4), así como la omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el referido laudo. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 890/2020 (4), a las que se les concedió valor probatorio en el considerando que antecede, de donde se advierte que en la fecha de la presentación de la demanda no se había dado respuesta a la petición formulada por el actor, mediante ocurso de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en que solicitó la ejecución forzosa del laudo; además, tampoco se habían dictado las medidas necesarias encaminadas a cumplir el laudo; de ahí la existencia de los actos que se le atribuyen. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal considera que en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer su escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en que solicitó la ejecución forzosa del laudo dictado en el expediente laboral 890/2020 (4), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias deducidas del juicio laboral de origen 890/2020 (4), se advierte que en auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés (foja 93), la autoridad laboral responsable proveyó la solicitud del quejoso, de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, presentado el dieciocho siguiente, en que solicitó se despachara ejecución del laudo emitido en ese expediente. En dicho auto, la Presidenta Ejecutora requirió a la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de su representante legal, para que en el término de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $67,904.33 (sesenta y siete mil novecientos cuatro pesos 33/100 M.N.), correspondiente a la condena decretada en el laudo, o en su caso, previas a las adecuaciones presupuestarias, presentar ante la autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago, además de apercibirla con la imposición de una multa. El referido acuerdo fue notificado a la parte actora el treinta de marzo del año en curso (foja 94 vuelta). De lo anterior se deduce que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veintisiete de febrero de dos mil veintitrés -, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el juicio laboral 890/2020 (4) de su índice, mediante proveído de veintisiete de marzo del año que transcurre, dio contestación de manera congruente a lo solicitado por Gregorio Al********************por conducto de su apoderado legal, por escrito de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, presentado el dieciocho siguiente. También se actualiza la referida causa de improcedencia, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral 890/2020 (4), por lo siguiente. De las copias certificadas obtenidas del citado juicio laboral, se tiene que: 1. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, condenó al demandado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (I.E.E.P.O), al pago de la prima de antigüedad (fojas 56 - 58). 2. Inconforme con el referido laudo, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por conducto de su apoderada legal Yolanda Gloria Amaya Ángeles, promovió juicio de amparo directo, y mediante resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el amparo directo 402/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al referido instituto (fojas 62 - 88). 3. Mediante ocurso presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, Gregorio Al********************por conducto de su apoderado, solicitó al Presidente de la junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se ordenara despachar la ejecución del laudo (foja 92). 4. En respuesta a dicha petición, la Presidenta Ejecutora de la Junta responsable, emitió el proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en que hizo del conocimiento al actor la imposibilidad material para dictar auto de ejecución, dado que los bienes muebles e inmuebles de la parte demandada en el expediente laboral, son propiedad del Estado y por lo tanto inembargables; que por ello no se emplearía vía de apremio, ni se dictaría auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno o su Hacienda. En dicho auto, a efecto de tener por cumplido el laudo dictado en el juicio laboral, realizó lo siguiente: * Requirió a la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de su representante legal, para que dentro del término de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $67,904.33 (sesenta y siete mil novecientos cuatro pesos 33/100 M.N.), que debería cubrir al actor, que comprende la condena decretada en el laudo. * O en su caso, previas las adecuaciones presupuestarias, le requirió presentara ante esa autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago, sin perjuicio de que el resto de la obligación debería pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. * Apercibió a la parte demandada que de no cumplir con lo requerido, se haría acreedor a la imposición del medio de apremio consistente en la imposición de una multa equivalente a $1,037.40 (un mil treinta y siete pesos 40/100 M.N.). * Ordenó girar oficio a las Secretarías de Finanzas, Administración, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, así como al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien preside la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, máxima autoridad de dicho instituto, a fin de comunicarles la condena decretada en contra del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. * Ordenó girar oficio a la Jefatura de Gabinete, como dependencia a la cual se encuentra sectorizada la demandada perdidosa, para que dentro del ámbito de sus atribuciones tomara las medidas necesarias para el cumplimiento de lo condenado en el juicio laboral. De ahí que, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se emitió auto en que se adoptaron las medidas necesarias con la finalidad que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cumpla con la totalidad de las prestaciones que fueron materia de análisis en el procedimiento laboral de origen. Lo anterior demuestra, que si bien la autoridad responsable ocasionó la paralización del expediente laboral de origen (al omitir dictar la determinación correspondiente al escrito que presentó el ahora quejoso, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós), dicha omisión cesó con la emisión del referido auto de veintisiete de marzo del año en curso (fecha posterior a la presentación de demanda, que ocurrió el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés). En tales condiciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, debido a la omisión de la autoridad responsable, en dictar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento del laudo emitido el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dejó de existir la situación que dio motivo a la interposición del presente juicio, reponiéndose al quejoso el derecho fundamental que consideró vulnerado. Máxime, que resulta indispensable, que el actor solicite al presidente ejecutor que continúe la ejecución del laudo, puesto que la ley laboral no contiene precepto alguno que establezca la obligación de las Juntas de impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución del laudo, ni de requerir al trabajador para que promueva a fin de hacer valer su derecho adquirido e interrumpir el término de su prescripción. Lo expuesto, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el trámite del citado juicio, que establece, lo siguiente: "Artículo 771.- El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Dicho precepto expresamente establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; lo que pone de manifiesto que la autoridad laboral sólo tiene la obligación de impulsar el procedimiento cuando se encuentre en trámite para que no opere la caducidad, no así respecto a la ejecución del laudo, pues respecto de ella es susceptible de operar la prescripción en perjuicio del trabajador. Así es, ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone tal circunstancia, sino por el contrario, el artículo 519, fracción III, prevé el término prescriptivo, y al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 2a./J. 9/2000, Novena Época, publicada en la página 130 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, con número de registro digital 192369, de rubro y texto: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular." De ahí que al actualizarse la citada causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 204/2023, promovido por Gregorio Al********************en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en auto de veintinueve de marzo pasado, mediante el cual se da vista con el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la Ciudad de, Oaxaca; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Remite constancias. Por otra parte, agréguese el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la Ciudad de, Oaxaca, visto su contenido, en cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, se le tiene anexando como prueba documental las copias certificadas posteriores al dictado del laudo, deducidas del expediente laboral ******************** de su índice; las que serán tomadas en consideración al resolver este asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la Ciudad de, Oaxaca visto su contenido, téngasele rindiendo informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental, la que anexa al oficio que se atiende, misma que se desahogan en razón de su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. Forma de contacto. De igual forma, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico, únicamente para contacto con el presente órgano jurisdiccional en casos necesarios. Solicitud de constancias. Por otra parte, con la finalidad de dictar una resolución apegada a derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la Ciudad de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita copia certificada de todas las actuaciones que conforman el expediente laboral 890/2020(4) de su índice, posteriores al dictado del laudo. Apercibido que de no hacerlo así en el lapso indicado, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA),) vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Se agrega escrito de autorizado del quejoso. Finalmente, glósese el escrito firmado electrónicamente por Julio César Morales Carrasco, apoderado legal del quejoso; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que en caso de proceder, serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
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