Gregorio Abeja Linares
Expediente 44/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gregorio Abeja Linares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 27576/2022 que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, atento a su contenido, dígase a la oficiante, que por auto de uno de abril de dos mil veintidós, cómo fue solicitado, se ordenó acusarle recibo del oficio 1656/2022 relativo al juicio de amparo 91/2022-I, promovido por Gonzalo Ortiz González, en favor de Gregorio Abeja Linares, y al efecto se giró el diverso 5790; en consecuencia, remítase copia simple del oficio de referencia a la autoridad oficiante a fin que quede enterada de su contenido así como de la pieza postal de correos de México, que acredita su recepción; lo anterior para los efectos legales conducentes.. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, primero de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán con sede en Morelia; atento a su contenido, dígase a la oficiante que en auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 1656/2022 al que se adjuntó el cuaderno de incompetencia 89/2022-II promovido por Gonzalo Ortiz González, en favor de Gregorio Abeja Linares, por lo que en dicho auto se ordenó acusarle recibo y al efecto se giró el diverso 1358; en consecuencia, remítase copia simple del oficio de referencia a la autoridad oficiante a fin que quede enterada de su contenido; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio OCC/C11/JDM/18/2022, que remite el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B, de Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento que la compensación del presente asunto se efectuará de manera automática por el sistema de cómputo, dándose de alta en la carga de trabajo de este juzgado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE ESTA DATA, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA, PROVEÍDO QUE DICE RECEPCIÓN DEL OFICIO DE INCOMPETENCIA. Se da cuenta con el oficio 1656/2022, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por el que se declara incompetente para conocer la demanda promovida por Gonzalo Ortiz González, quien se ostenta defensor de Gregorio Abeja Linares. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, del contenido del auto de veintitrés de enero de dos mil veintidós, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, dentro del juicio de amparo indirecto 91/2022-I, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Gonzalo Ortiz González, quien se ostenta defensor de Gregorio Abeja Linares, lo anterior, en virtud a que los actos que se reclaman en la demanda de amparo que origino dicho juicio tiene ejecución o se están ejecutando en la jurisdicción de este Tribunal, lo anterior de conformidad con los dispuesto por el artículo 37 de la Ley de amparo, fórmese el expediente correspondiente bajo el consecutivo 44/2022. Lo anterior hágase del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad mediante oficio que al efecto se gire, a fin de respetar el equilibro que debe prevalecer en la distribución aleatoria de las cargas de trabajos a los Juzgado de Distrito con sede en esta localidad, realice la regulación de ingresos y la distribución equitativa de los asuntos. Así, de la demanda de amparo de cuenta se desprende que la parte quejosa entre otras cuestiones señala como acto reclamado lo siguiente: Orden de traslado de un centro penitenciario a un diverso en el país. Con relación a lo reclamado y concerniente a ataque a la libertad, los hace derivar del citado traslado. Por lo anteriormente indicado, estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, SE AVOCA AL CONOCIMIENTO del escrito inicial de demanda promovida por Gonzalo Ortiz González, quien se ostenta defensor del quejoso Gregorio Abeja Linares, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México y otras. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el numeral 113 de la legislación antes mencionada, procede desechar la presente demanda de garantías. Es así, en virtud a que el artículo 61, de la Ley de Amparo, en su fracción X, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]." En efecto, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio constitucional cuando exista en trámite un diverso juicio de amparo en el que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por la parte quejosa, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, puesto que su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia constitucional. Ahora bien, como se aprecia en la certificación de cuenta, Gonzalo Ortiz González, en representación del quejoso, y se ostenta defensor del quejoso Gregorio Abeja Linares, promovió el juicio de amparo 41/2021 ante este órgano jurisdiccional, en donde señaló como actos reclamados: La inconstitucionalidad del acto de autoridad de traslado involuntario del suscrito señor Gregorio Abeja Linares, a otro Centro Federal de Readaptación Social en el país (México). Cabe precisar que con respecto a las autoridades responsables, si bien en el juicio 41/2022, señalo como responsables las siguientes: DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 2 "OCCIDENTE" COORDINADOR DE CENTRO FEDERALES. Y en el presente asunto señalo a: COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COORDINADOR GENERAL DE CENTRO FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. TITULAR DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO. DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 17 "CPS MICHOACÁN", en Buenavista Tomatlan, Michoacán. SUBDIRECTOR Y/O JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA JURÍDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 17 "CPS MICHOACÁN. SUBDIRECTOR Y/O JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 17 "CPS MICHOACÁN. SUBDIRECTOR Y/O JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y GUARDA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 17 "CPS MICHOACÁN. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO 1 "ALTIPLANO", EN EL ESTADO DE MÉXICO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 3 "NORESTE EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO 4, "NOROESTE", EN TEPIC, NAYARIT. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, número 5 "ORIENTE", EN EL ESTADO DE VERACRUZ. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, número 6, "SURESTE", EN EL ESTADO DE TABASCO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE RADAPTACIÓN SOCIAL, NÚMERO 7 "NORNOROESTE EN EL ESTADO DE DURANDO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, número 8 "NORPONIENTE", EN EL ESTADO DE SINALOA. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 9 "NORTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 10 "NORNORESTE", EN EL ESTADO DE COHUILA. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 11 "CPS SONORA", EN EL ESTADO DE SONORA. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 12, "CPS GUANAJUATO", EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 13, "CPS OAXACA",EN EL ESTADO DE OAXACA. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 14 "CPS DURANGO", EN EL ESTADO DE DURANGO. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL, Número 15 "CPS CHIAPAS", EN EL ESTADO DE CHIAPAS. Así las cosas, de ambas demandas de amparo se advierte que la parte quejosa impugna los mismos actos, en contra de las mismas autoridades responsables; no obstante dicha precisión, también lo es que en la demanda de amparo que se actúa la parte quejosa pretende señalar diversas responsables a quienes atribuye el acto reclamado, sin embargo también lo es que las autoridades que señala como responsables en el diverso juicio 41/2022, también se encuentran inmersas en las relativas a la demanda que origina este juicio de amparo 44/2022, y en todo caso lo procedente era la ampliación del escrito de demanda, de lo que se tiene que la quejosa en cuestión, acude a esta instancia contra los referidos actos materia del diverso juicio de amparo de referencia, el cual se encuentra en trámite, al existir auto de desechamiento que no ha sido declarado firme; de ahí que resulta improcedente el presente juicio constitucional. Sin que obste para llegar a la anterior determinación el hecho de que en la demanda de amparo que se analiza también se señala como acto reclamado "el ataque a la libertad personal fuera de procedimiento y cualquier otra pena" practicada por la responsable, toda vez que éste lo hace valer como temor la orden de traslado que reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la Jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, Tomo VI, Común, Quinta Época, Apéndice 2000, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.- Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De igual forma, es aplicable a lo antes expuesto, por analogía jurídica sustancial, la tesis VI.2o.121 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 655, tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." En virtud de lo anteriormente expuesto, y por constituir un hecho notorio que no debe pasar inadvertido, recábese copia certificada de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo 41/2022 del índice de este Juzgado, y demás constancias que lo integran, a efecto de que sean agregadas a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 103/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del texto siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causa de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Notificación y autorizados. Sin que haya lugar a tenerlo señalado el correo electrónico licgonzaloortiz@hotmail.com, como medio de notificación personal, por no estar contemplado en la ley de Amparo; sin embargo, dígasele que se tendrán únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que este medio de comunicación es únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, autoriza a GONZALO ORTIZ GONZALEZ, LEONARDO RAYMUNDO QUEVEDO DOMÍNGUEZ y RAÚL CONTRERAS GUIDO, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 5714484, 1504223 y 2525443, que acreditan a los citados autorizados como licenciados en derecho. Por tanto, tomando en consideración que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los numerales 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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