Graciela Madrigal Arroyo

Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
36/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Graciela Madrigal Arroyo
  • Graciela Madrigal Arroyo y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que por auto de veintiuno de enero del año en curso, se desechó de plano la demanda que dio origen a este asunto, y se ordenó notificar personalmente (por lista) a la parte quejosa, sin que en autos obre constancia de dicha notificación. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que a la brevedad notifiquen el referido auto a la parte quejosa por medio de lista.EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA GRACIELA MADRIGAL ARROYO , MIGUEL MADRIGAL ARROYO, DANIEL MADRIGAL ARROYO, JAIME MADRIGAL ARROYO, RAMÓN MADRIGAL ARROYO Y CARLOS MADRIGAL ARROYO, Acuerdo que a la letra dice: Vista la demanda presentada por Graciela, Miguel, Daniel, Jaime, Ramón y Carlos, todos de apellidos Madrigal Arroyo, por su propio derecho, contra actos que atribuye a la Magistrada de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia y otras autoridades; se manda formar expediente, y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 36/2022. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 1571/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sobre acción reivindicatoria, promovido por Silvia Bañales Vaca, en contra de Miguel Madrigal Arroyo, así como la falta de emplazamiento a dicho juicio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En efecto, conforme al artículo en mención para el desechamiento de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Asentado lo anterior, del análisis íntegro de la totalidad de constancias que integran la demanda de amparo, se debe precisar que, como la demanda se presentó por medios electrónicos, esto es, por línea en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la cual no cuenta con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación "FIREL" o con la "e.firma" (antes FIEL), del promovente; por ende, tomando en consideración que los actos reclamados son: Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 1571/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sobre acción reivindicatoria, promovido por Silvia Bañales Vaca, en contra de Miguel Madrigal Arroyo, así como la falta de emplazamiento a dicho juicio. Se procede a analizar si estos actos se encuentran en el supuesto de excepción, a que refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo y cumplen con la normativa señalada por los acuerdos generales 12/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, toda vez que son los que actualmente rigen y establecen la normativa para acceder a los servicios en línea mediante la Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación "FIREL", en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 14, 16, 17 y 45 del referido Acuerdo General 12/2020 y artículos 28 y 29 del diverso 21/2020, que disponen en lo que interesa: "Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente" (sic). Artículo 28. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. Aunque el levantamiento de plazos trae aparejada la posibilidad recibir promociones presentadas físicamente y la de desahogar diligencias y actuaciones con presencia física de las partes, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de las personas antes mencionadas, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Así, quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. De los anteriores numerales se desprende, que en específico la demanda de amparo presentada en forma electrónica -juicio en línea-, deberá cumplir con el requisito de tener la firma electrónica (FIREL), la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, salvo en el caso de excepción a que se refiere el citado artículo 109 de la Ley de Amparo y el diverso 10 párrafo segundo del mencionado Acuerdo General 12/2020, esto es, contra actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Materia, supuesto en el cual no se requerirá de firma electrónica. De lo anterior, cabe señalar que mediante el Acuerdo General 12/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la normativa para acceder a los servicios en línea mediante la Firma Electrónica Certificada por el Poder Judicial de la Federación "FIREL", en términos de lo dispuesto por los artículos 10, 14, 16, 17 y 45; y, en los artículos 28 y 29 del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, estableció como eje rector la tramitación de los juicios en línea y los requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea, que el Consejo de la Judicatura federal puso a disposición de los usuarios a partir del tres de agosto de dos mil veinte. En esa tesitura, en el presente caso la demanda de amparo se presentó en forma electrónica (juicio en línea); sin embargo, la misma carece de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación "FIREL" o con la "e.firma" (antes FIEL), de los promoventes, requisito necesario que establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, 16 del citado Acuerdo General 12/2020 y 29 del diverso Acuerdo General 21/2020. En consecuencia, resulta improcedente la demanda de amparo de que se trata; sin que, en la especie se encuentre en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109 de la Ley de la Materia y el diverso 10 párrafo segundo del mencionado Acuerdo General 12/2020, ya que en el presente caso, la parte quejosa reclama actos relacionados con su situación patrimonial; de ahí que no se trata de aquellos actos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de amparo, ni tampoco se equiparan a los que se refiere el citado Acuerdo General 12/2020, en su artículo 10 segundo párrafo. Ahora bien, la parte quejosa no acreditó encontrarse facultado para hacer uso de los recursos que el Portal de Servicios en Línea, del Consejo de la Judicatura ofrece, es decir no se encontró el anexo correspondiente a la criptoevidencia que se genera con cada solicitud formulada por los medios electrónicos. Por tanto, con fundamento en los artículos 3, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA POR VÍA ELECTRÓNICA, pues el hecho de que carezca de la firma electrónica FIREL, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria.

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