Grecia Karina Torres Graniel

Expediente 158/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
158/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Grecia Karina Torres Graniel

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el veinticinco de febrero del presente año, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Grecia Karina Torres Graniel, transcurrió del cuatro al diez de marzo del año que transcurre, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito aclaratorio de demanda suscrito por la quejosa Grecia Karina Torres Graniel, del que se advierte que en cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de once de febrero de dos mil veintidós, manifiesta lo siguiente: Que tuvo conocimiento del acto reclamado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En la especie, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de ahí que resulte oportuno traer a contexto su contenido y que en la parte que interesa establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro del término establecido por el ordinal 17, del cuerpo normativo. Al efecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17 del cuerpo normativo en cita, para la interposición del juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Ahora sentado lo anterior, del análisis realizado a la demanda de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia, se procede a precisar el acto reclamado por la impetrante: El acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se señala fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral 1377/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Así, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta en el escrito contestación a la prevención que se le formuló en el proveído inicial del presente juicio, que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se ostentó sabedora del acto reclamado, toda vez que en esa data, compareció su apoderada legal y en esa misma fecha se emitió el acuerdo el cual considera le causa perjuicio. En consecuencia, según las reglas descritas en el párrafo que antecede, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda de amparo, se computa a partir del día siguiente hábil en que se ostentó sabedora del acto reclamado, por lo que transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por ser inhábiles acorde a lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo, como se ve a continuación: MES DE NOVIEMBRE Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Se ostentó sabedora del acto reclamado MES DE DICIEMBRE Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes sábado 1 Empieza a correr el término para la promoción del juicio de amparo (día hábil siguiente) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Fenece término para promover amparo indirecto. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De lo antes expuesto, se infiere que el escrito de demanda que se provee, fue presentado de forma extemporánea, toda vez que la fecha de recibido por la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en esta ciudad, es de nueve de febrero de dos mil veintidós y, como ya quedó precisado, el término que tenía la parte quejosa para promover su demanda transcurrió del uno al veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, al haber sido consentido tácitamente. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los numerales 112 y 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, novena época, Tomo XXXI, Enero 2010, materia común, con número de registro 165582, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De igual forma, lo es la jurisprudencia sustentada por el Más Alto Tribunal del País, número 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.- El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivo el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocar seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil doce, emitido en el expediente laboral 224/2007 de su índice, del cual se desprende que: a) Requirió a la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, para que dentro del término de diez días hábiles, de conformidad con lo ordenado en el laudo de cinco de junio de dos mil quince, exhiba la documental idónea que acredite el salario diario que le corresponde al aquí quejoso Alberto Antonio Zamudio Compañ es de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), el cual resulta el salario mensual integrado por la suma de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) y precise las funciones a desempeñar en la plaza ofertada de Analista Especializado "C", con clave E-22-07, ello a fin de que el actor los conozca y esté en aptitud de pronunciarse si acepta o no la plaza propuesta. b) Tuvo por recibido el escrito del quejoso Alberto Antonio Zamudio Compañ, de fecha de creación y recepción el diecinueve de enero del año actual, y al respecto le informó que en relación a sus manifestaciones estas ya fueron acordadas. c) Por último, en el oficio de cuenta informa que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de enero de la presente anualidad, mediante el cual se le requirió la devolución de los anexos que se le envió mediante oficio 23427/2021, recibido por esa autoridad el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, consistentes en cuatro juegos de copias certificadas del presente juicio de amparo; al respecto informa el impedimento que tiene para dar cumplimiento a lo requerido en virtud de que las mismas fueron depuradas por los motivos que expone. De lo anterior, se toma conocimiento, sin que en el caso se haga mayor pronunciamiento en virtud de que en proveído de nueve del mes y año en curso se ordenó la expedición de las mismas, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación que se le haga del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Tabasco, respecto del proveído de treinta y uno de enero de dos mil doce, emitido en el expediente laboral 224/2007 de su índice; a fin de que ésta esté en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento que se le hizo en el citado acuerdo. Con el apercibimiento a la autoridad responsable que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), Décima Época, con número de registro 2007911, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese.

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