Grecia Karina Torres Graniel

Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
825/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
04/11/2021

Partes del expediente

  • Grecia Karina Torres Graniel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ********************hubiera recurrido la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 825/2021-9, promovido por Grecia Karina Torres Graniel, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, en la misma fecha y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiséis siguiente, Grecia Karina Torres Graniel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O La omisión de notificar y emplazar personalmente a los demandados, de la hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones. Mismo acto que debe llevarse a cabo cuando menos 10 días de anticipación a la celebración de la dicha audiencia, esto por parte de la H. Junta Especial Número 15 y 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz y del Actuario adscrito a ella." A U T O R I D A DES R E S P O N S A B L ES Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz. Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 825/2021-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de emplazar a la parte demandada, en el juicio laboral 1377/2020. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO DIECISÉIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COATZACOALCOS, VERACRUZ Y ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN. Las aludidas autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado. Ahora, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se considera inexistente el acto reclamado. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en la página 1714, , Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos atribuidos a las citadas autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, JUNTA ESPECIAL NÚMERO QUINCE DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE COATZACOALCOS, VERACRUZ Y ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN. La Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman; sin embargo, de las documentales que adjuntó al mismo, consistentes en copia certificada de los acuerdos de veintiséis de agosto de dos mil veinte y dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, emitidos en el expediente laboral 1377/2020 de su índice, así como del oficio 452/2021-M6, con el que remite exhorto a la Junta Especial Número 15 y 16 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz, mismas que obran agregada en autos, se advierte su existencia. Igual situación, por lo que hace a las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz y Actuaria de su adscripción quienes negaron la existencia del acto que se les reclama; no obstante, de la copia certificada de la constancia de emplazamiento de trece de septiembre de dos mil veintiuno, practicada a la parte demandada Nafdel Petroleum Solution Int, sociedad anónima de capital variable, se advierte la existencia del mismo. Constancias a las que se les concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables al encontrarse corroborados con las documentales precitadas. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, Veracruz y Actuaria de su adscripción, al rendir sus informes justificados, consistentes en copia certificada de las constancias de notificación y emplazamiento practicadas a la parte demandada en el juicio laboral de origen, se advierte que la actuaria adscrita a la junta responsable emplazó a juicio a Nafdel Petroleum Solution Int, sociedad anónima de capital variable, por conducto de Carlos Enríquez el trece de septiembre de dos mil veintiuno. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta omisiva de las autoridades responsables pues no había emplazado a juicio a la parte demandada; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Grecia Karina Torres Graniel, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguense a los autos los oficios de cuenta remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Quince de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, y Actuaria de su adscripción, autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales rinden su informe justificado, adjuntando cada una de las autoridades a que se alude, un legajo de copias certificadas relativas al cuadernillo de exhorto 274/2021-VI, deducido del expediente laboral 1377/2020, del índice de la junta responsable residente en esta ciudad, constantes de (4) cuatro fojas; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades antes citadas, las constancias que anexaron a su informe que se provee, de las que se harán relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se reservó acordar en relación a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistentes en la instrumental de actuaciones inherentes a las constancias que integran el expediente laboral 1377/2020 y el informe justificado que rindieran las autoridades responsables, y, en virtud de lo acordado previamente, dichas probanzas se tienen por admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguense a los autos los oficios de cuenta remitidos por la Presidente de la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos, y Actuario de su adscripción, autoridades señaladas como responsables, mediante los cuales rinden su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. No es óbice para acordar el contenido de las promociones de cuenta que las autoridades responsables lo hayan dirigido a un diverso expediente de amparo, pues debe tenerse únicamente como un error formal, ya que atendiendo a los demás datos que contienen los oficios que se proveen, se advierte que corresponden al presente expediente. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia1a./J. 3/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y cuatro, Tomo XIX, Materias Civil-Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil cuatro de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." Notifíquese.

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