Graciela Mendoza Higareda
Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Segundo de Primera Instancia En Materia Civil, Con Residencia En Apatzingán, Michoacán de Ocampo
- Graciela Mendoza Higareda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: ACUSE DE RECIBO Visto lo de cuenta, téngase a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, acusando recibo de los oficios ******************** y ********************, por lo cuales se le comunicó el auto de tres de enero de dos mil veintidós y devueltas las constancias que remitió como justificante de su informe. Finalmente, como está ordenado en autos, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al archivo definitivo, para su depósito y custodia. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee las determinaciones siguientes: CAUSA EJECUTORIA Visto lo de cuenta, y toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, que decretó el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En los autos del cuaderno incidental se aprecia que, por una parte se negó y por otra, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el cuadernillo original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, dado que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, como justificante de su informe justificado, se ordena su devolución; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado en esa misma data a este Juzgado Sexto de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES. En cuanto ordenadora: El ciudadano Juez Segundo Civil de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, con domicilio bien conocido en la Avenida Constitución de 1814 Norte número 104 de la Colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán. En cuanto autoridades ejecutoras: El ciudadano Ministro Ejecutor "Actuario" del Juzgado segundo Civil de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, con bien conocido en la Avenida Constitución de 1814 Norte número 104 de la Colonia Lázaro Cárdenas de Apatzingán, Michoacán. El ciudadano Delegado de "CORETT" Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra ahora llamada "INSUS" Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con domicilio bien conocido en la Avenida Camelinas número 846 del Fraccionamiento La Loma de la ciudad de Morelia, Michoacán. ACTO RECLAMADO. La supuesta traba u orden de embargo que decretó el Ciudadano Juez Segundo de lo Civil de la Ciudad de Apatzingán, Michoacán, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Familiar número ********************, sobre pago de Pensión Alimenticia que promovió la señora ********************, en cuanto representante legal del menor de edad ********************, en contra de mi hijo ********************, al igual del Ciudadano Delegado de "CORETT" se le reclama la negación para realizar el trámite para obtener mis escrituras del terreno ejidal que tengo en posesión desde hace más de 30 años". La quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se radicó con el número ********************, se solicitaron los informes justificados, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. SEPARACIÓN DE JUICIOS. En proveído de diez de noviembre del año en curso, se ordenó la separación de juicios, respecto del acto reclamado al representante Temporal de Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia (CORETT), consistente en la negativa de realizar el trámite conducente para la obtención de escrituras, concerniente al bien inmueble ubicado en: calle Tlatelolco, colonia Benito Juárez, en Nueva Italia, Michoacán de Ocampo, al encontrarse desvinculados entre sí, respecto del diverso acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, que hizo valer como la orden de embargo de seis de junio de dos mil trece, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos provisionales número ******************** y su ejecución, por lo que se determinó que en el presente juicio, se resolvería únicamente el acto reclamado a las dos últimas autoridades mencionadas. Se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo en esta misma data, según el acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán. La orden de embargo de seis de junio de dos mil trece, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre pago de alimentos provisionales ********************. Actuario adscrito a dicho Juzgado. La ejecución de los mencionados actos Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, y Actuario de su adscripción, pues así lo reconocieron al momento de rendir su respectivo informe de ley. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto combatido al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las constancias que la Juez responsable, adjunto a su informe de ley, consistente en copia certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria número ********************, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". De oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, al evidenciarse que han cesado los efectos del acto reclamado. Para acreditar la postura anterior, es necesario hacer las siguientes precisiones. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. Tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan, cuando contra el mismo se interpuso un recurso, al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso, podrá ser materia de análisis. Cobra puntal aplicación, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO".De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En la especie, se estima actualizada la primera hipótesis en mención; es decir, la cesación de efectos por revocación. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se evidencia que: Por escrito presentado el once de junio de dos mil doce, ********************, solicitó en la vía de jurisdicción voluntaria la fijación de una pensión alimenticia para ella y para los menores de iniciales ******************** y ********************, a cargo ********************, las que correspondieron conocer a Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán. Diligencias que fueron admitidas a trámite el trece de junio de dos mil doce y seguidas por sus cauces legales, en resolución de veintisiete de febrero de dos mil trece, decretó la procedencia de las diligencias tramitadas y en consecuencia, fijó como pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores, la suma equivalente a sesenta días de salario mínimo general vigente en esta entidad, de manera mensual y en forma anticipada, a partir del ocho de junio de dos mil dice, fecha en la que se hizo la solicitud de alimentos. En proveído de ocho de mayo de dos mil trece, ante el incumplimiento del deudor alimentario de dar cumplimiento a la sentencia de trece de junio de dos mil doce, la autoridad responsable ordenó al Actuario de su adscripción, se constituyera en legal y debida forma en el domicilio del obligado alimentista ********************, y le requiriera de manera personal y directa del pronto y efectivo pago de la suma fijada para alimentos provisionales y que en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes y bastantes para garantizar los alimentos requeridos. En diligencia de seis de junio de dos mil trece, el actuario adscrito al juzgado de origen, se constituyó en el domicilio del deudor y llevó a cabo la diligencia de requerimiento del pago de alimentos y ante la negativa del deudor alimentista de pagar, embargó los derechos de un ********************, Michoacán de Ocampo. En acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecisiete, el Juez de Instancia, tuvo por recibido el oficio número ******************** de veinte de septiembre de ese año, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, a través del cual, le remitió copia certificadas de las sentencias de primera y segunda instancia, dictadas en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario familiar, sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió ********************, contra ********************, de las que se desprendía que en dicho juicio se había decretado los alimentos definitivos a favor de la promovente de las diligencias y de su menor hijo. Ante tal circunstancia en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable, decretó el sobreseimiento de las diligencias que fijaron alimentos provisionales número ******************** y ordenó se levantara el embargo trabado en diligencia de seis de junio de dos mil trece, respecto de los derechos que pudieran corresponde al deudor alimentista del inmueble indicado, consistente en un ********************, Michoacán de Ocampo, ordenando el archivo definitivo de dichas diligencias. De la reseña anterior, se evidencia que el acto reclamado, consistente en la orden de embargo decretado en las diligencias de jurisdicción familiar número ********************, fue dejado sin efectos, con motivo del sobreseimiento en dichas diligencias y la orden de levantar el embargo trabado el seis de junio de dos mil trece, respecto de los derecho que le corresponden al deudor del ********************, Michoacán de Ocampo, con lo que cesaron los efectos de dichos actos. Es así, ya que con tal determinación la autoridad responsable, destruyó el acto que dio motivo al amparo y restituyó a la quejosa en el goce de la garantía que estimaba violada, pues al haber dejado sin efectos el embargo trabado en las diligencias de jurisdicción de origen, que constituía el acto reclamado, los efectos de éste desaparecieron totalmente, por lo que al ya no surtir sus efectos, sería ocioso examinar su constitucionalidad, pues no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, al existir imposibilidad material para ello. Es aplicable, aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con número de registro digital 193758, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la citada ley. El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos reclamados al Actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia, de conformidad a la jurisprudencia número VI.2o. J/7, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación por las razones que informa el criterio, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, respecto del acto reclamado al Juez Segundo en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, en los términos precisados en el cuarto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, téngase al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que realizó la compensación de las cargas de trabajo; de lo anterior, se toma conocimiento. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza.
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