Gracia Silva Estrela
Expediente 752/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo
- JULIO CESAR SILVA ESTRELLA y Otros.
- GRACIA SILVA ESTRELA y Otros.
- Maria Elena Estrella Estrada
- Gracia Silva Estrela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En veinte de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA:********************Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio transcurrió del veintiocho de marzo al trece de abril del dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada mediante lista de acuerdos el veinticuatro de marzo del año en curso, descontando los días inhábiles.********************Que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente.********************Lo anterior se asienta para efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.********************Con la certificación anterior y con el estado procesal que guarda los autos en el presente juicio de amparo, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de abril de dos mil veintitrés.********************1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************2. ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN********************2.2. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, por lo que una vez que transcurra el plazo de ley, procédase a su depuración y remítase la constancia respectiva a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase.********************3.2 CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes.********************4. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase la copia certificada del total de las actuaciones que integran las diligencias de jurisdicción voluntaria civil de número 688/2022, sobre rectificación de medidas, linderos y superficie, que anexó como complemento a su informe justificado el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Solicítese acuse recibo.********************5. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, como lo solicitó la parte quejosa en escrito presentado el veintidós de marzo del año en curso, registrado bajo folio 3781; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, devuélvasele el documento que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en la copia certificada de la escritura pública número ********************, previo recibo de estilo que se deje en autos.********************Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
En veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito recibido físicamente en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, registrado bajo el folio 3781. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. Intégrese a los autos el ocurso signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de la copia certificada que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en la escritura pública número 15093; en su atención, dígasele que una vez que cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el sumario en que se actúa el pasado quince de marzo, se acordará lo que en derecho corresponda. Una vez acontezca lo anterior, se ordena a la Secretaria encargada del asunto dar nueva cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 752/2022, promovido por Julio César Silva Estrella y otras, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este Juzgado Sexto de Distrito, Julio César Silva Estrella, Gracia Silva Estrella y María Elena Estrella Estrada, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridades que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. - EN CUANTO ORDENADORA: El C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán (.). EN CUANTO EJECUTORA: 1.-El C. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán (.). 1V-ACTO RECLAMADO: a). - De la autoridad señalada como responsable ordenadora el C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, reclamamos la nulidad de todo lo actuado dentro las diligencias de Jurisdicción voluntarias (textual) sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022, promovidas por las señora MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ por la razón de que los suscritos quejosos nunca fuimos notificados como colindantes con motivo del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022, ya que somos colindantes por el vientos sur respecto del predio del cual están promoviendo diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas y colindancias las señora MARÁA SOLEDAD MURILLO GUERRA (textual) y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. b).- De la autoridad señalada como responsable ejecutora el C. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, reclamo el no habernos notificados como colindantes por el viento sur de las diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022, promovida por las CC MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ya que por ese viento colindamos con el predio de las personas antes mencionadas, ello en razón de que nunca fuimos notificados del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022". La parte quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló como terceras interesadas a María Soledad Murillo Guerra y Altagracia del Rosario Sánchez Sánchez ; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de la misma fecha de presentación de demanda, se admitió a trámite, se radicó con el número 752/2022, se solicitaron los informes justificados, se mandó emplazar a la parte tercera interesada, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud a que en el caso se reclama por quien se ostenta tercero extraño, actos de un tribunal judicial con ejecución en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo, analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. El análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto, permite advertir que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción. ? Todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022 , promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sobre rectificación de medidas y colindancias, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. ? La falta de notificación a las diligencias de jurisdicción voluntaria indicadas. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, pues así lo informaron al rendir su informe justificado. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de las constancias que el juez responsable exhibió, relativas a las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022, promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sobre rectificación de medidas y colindancias; documental con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, la tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario narrar los antecedentes más destacados del acto impugnado, los cuales se advierten de las constancias que integran las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022, promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ , del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, que se hacen consistir en lo siguiente. 1. Que el once de julio de dos mil veintidós, Altagracia del Rosario Sánchez Sánchez y María Soledad Murillo Guerra promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, linderos y superficie del predio rústico denominado "Capanguitiro", ubicado en el municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, mismo que por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. 2. Por auto de quince de julio de dos mil veintidós, se radicaron las diligencias, registradas bajo el número 688/202; y se previno a los promoventes a efecto de que señalaran el nombre del colindante por el viento sur, asimismo exhibiera copias de traslado. 3. Cumplida la prevención, el nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitieron a trámite las diligencias, se ordenó dar la intervención legal competente al agente del Ministerio Público adscrito y notificar personalmente a los colindantes, al oriente y al poniente H. Ayuntamiento de Tancítaro, Michoacán, al norte Jesús Álvarez Raciel, al sur Alejandro Zamora. 4. Seguido el trámite por sus cauces legales, la actora compareció a aclarar el nombre de los colindantes, por el viento norte Javier Méndez, por el sur Alejandro Zamora Equihua. 5. Practicadas las notificaciones a los colindantes, se señalaron las doce horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a efecto de llevar a cabo prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de dos testigos, la que tuvo verificativo en la fecha indicada. 6. Por escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la actora solicitó que se pusieran los autos a la vista para escuchar la resolución del juicio, lo que se acordó de manera favorable el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 7. Por acuerdo de veintiséis de octubre del año próximo anterior, el juez requirió a los actores a efecto de que señalaran con precisión las medidas y colindancias que realmente tiene el predio materia de las diligencias en sus distintos puntos cardinales y acompañara el plan correspondiente. 8. Desahogado el requerimiento, por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se pusieron de nueva cuenta los autos a la vista del Juez para pronunciar la resolución final que en derecho corresponde; sin que a la fecha obre constancia de dicha resolución. La anterior reseña, demuestra con claridad que, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022, promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, , sobre rectificación de medidas y colindancias del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, no se ha dictado resolución final que determine la rectificación de medidas, colindancias y superficie promovidas, solicitada por la parte actora, pues el ocho de diciembre se pusieron los autos a la vista del juez y a la fecha se encuentra pendiente dictar la resolución correspondiente. QUINTO. IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;.". La fracción XXIII del numeral citado en primer término, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; por su parte, la fracción VI del precepto 107 del citado ordenamiento legal, específica que el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas al mismo. En este sentido, persona extraña a juicio, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, de igual manera, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Criterio que resulta aplicable al caso, pues aun cuando interpreta el artículo 114, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, las razones que informa se estiman vigentes por cuanto que en la nueva legislación, en el artículo 107, fracción VI, también se prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Ahora, el tercero extraño por equiparación, es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Sin embargo, cuando ese demandado tuvo conocimiento del juicio antes de que se dictara la sentencia definitiva, pierde el carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando la quejosa se ostente como "tercera extraña por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación, las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Cobra aplicación al respecto, la tesis VII.3o.P.T.32 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 3341, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio". Así también lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" . De los criterios citados, se advierte que en los casos en que la parte quejosa se ostente como tercera extraña a juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento previamente de su existencia, antes del dictado de la sentencia, no tiene el carácter que ostentó, lo que evidencia que pudo acudir a esa vía a defender sus derechos e incluso, promover los medios de defensa ordinarios o extraordinarios que considerara pertinentes. En esta instancia constitucional, como se precisó, la parte quejosa reclama la falta de llamamiento al expediente 688/2022, que sobre diligencias de jurisdicción voluntaria promovieron MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sobre rectificación de medidas y colindancias; y, en consecuencia, todas las actuaciones realizadas con posterioridad. Por lo que, contrariamente a lo expresado por la parte quejosa, no tiene la calidad de persona tercera extraña al juicio de origen, en virtud de que de las constancias de autos previamente valoradas, se advierte que en el procedimiento natural aún no se emite resolución final que rectifique las medidas, linderos y superficie, pues la última actuación del expediente lo es la citación a sentencia Entonces, si de las constancias de autos se advierte que la quejosa, quien se ostenta tercera extraña, conoce la existencia del expediente en el que pretende sea llamada como colindante a fin de hacer valer sus derechos, con anterioridad a que se dicte la sentencia en que se rectifiquen las medidas, linderos y superficie, a pesar de que alegue no haber sido oída ni vencida, ya no puede ser considerada como persona extraña, pues el conocimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria le da la posibilidad de acudir al mismo, es decir, comparecer a justificar su calidad de colindante y posteriormente a deducir sus derechos por considerar que se le afecta su propiedad. Sin que obste que el asunto de origen esté en estado de dictar sentencia, toda vez que los autos no guardan estado para dictar sentencia cuando no se ha cumplido con alguna formalidad del emplazamiento, como puede ser la falta de notificación del colindante, atributo que está en condiciones de demostrar en aquél procedimiento de jurisdicción. Al caso, orienta el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Tomo IX, Marzo de 1992, página 302, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA. CUANDO NO GUARDAN ESTADO LOS AUTOS PARA DICTARLA. Los autos no guardan estado para dictar sentencia cuando no se ha cumplido con alguna formalidad del procedimiento, o bien si se encuentra pendiente de resolver algún recurso o incidente que pueda influir en el fallo respectivo, de manera que no pueda emitirse éste sin antes tramitar y resolver aquél, puesto que de eso depende el sentido de la resolución definitiva". De ahí que, si la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento de jurisdicción voluntaria donde puede intervenir, es inconcuso que se encuentra en aptitud de hacerlo sin mayor obstáculo e, incluso, de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que estime procedente en contra del acto reclamado (falta de notificación); lo que actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio. Afirmar lo contrario, significaría permitir, tolerar y procurar el abuso y deslealtad procesal de las partes, dejando a su ánimo, intereses y conveniencia el momento que para ellos sea oportuno o propicio para acudir a defender sus derechos; no obstante, que tengan conocimiento pleno del asunto, lo que generaría un perjuicio para el sistema de administración de justicia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta resolución, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la propia ley. Por lo tanto, con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por la impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio César Silva Estrella, Gracia Silva Estrella y María Elena Estrella Estrada , contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el considerando quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
R.VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 752/2022, promovido por Julio César Silva Estrella y otras, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado en la misma fecha a este Juzgado Sexto de Distrito, Julio César Silva Estrella, Gracia Silva Estrella y María Elena Estrella Estrada, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la autoridades que enseguida se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. - EN CUANTO ORDENADORA: El C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán (.). EN CUANTO EJECUTORA: 1.-El C. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán (.). 1V-ACTO RECLAMADO: a). - De la autoridad señalada como responsable ordenadora el C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, reclamamos la nulidad de todo lo actuado dentro las diligencias de Jurisdicción voluntarias (textual) sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022, promovidas por las señora MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ por la razón de que los suscritos quejosos nunca fuimos notificados como colindantes con motivo del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022, ya que somos colindantes por el vientos sur respecto del predio del cual están promoviendo diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas y colindancias las señora MARÁA SOLEDAD MURILLO GUERRA (textual) y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. b).- De la autoridad señalada como responsable ejecutora el C. Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, reclamo el no habernos notificados como colindantes por el viento sur de las diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022, promovida por las CC MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ya que por ese viento colindamos con el predio de las personas antes mencionadas, ello en razón de que nunca fuimos notificados del trámite de las diligencias de jurisdicción voluntarias sobre rectificación de medidas, colindancias y superficie número 688/2022". La parte quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló como terceras interesadas a María Soledad Murillo Guerra y Altagracia del Rosario Sánchez Sánchez ; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por acuerdo de la misma fecha de presentación de demanda, se admitió a trámite, se radicó con el número 752/2022, se solicitaron los informes justificados, se mandó emplazar a la parte tercera interesada, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud a que en el caso se reclama por quien se ostenta tercero extraño, actos de un tribunal judicial con ejecución en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo, analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. El análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto, permite advertir que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción. ? Todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022 , promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sobre rectificación de medidas y colindancias, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. ? La falta de notificación a las diligencias de jurisdicción voluntaria indicadas. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo y Actuario de su adscripción, pues así lo informaron al rendir su informe justificado. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la copia certificada de las constancias que el juez responsable exhibió, relativas a las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022, promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sobre rectificación de medidas y colindancias; documental con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Es aplicable, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, la tesis I.1o.A.E.6 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario narrar los antecedentes más destacados del acto impugnado, los cuales se advierten de las constancias que integran las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022, promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ , del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, que se hacen consistir en lo siguiente. 1. Que el once de julio de dos mil veintidós, Altagracia del Rosario Sánchez Sánchez y María Soledad Murillo Guerra promovieron diligencias de jurisdicción voluntaria sobre rectificación de medidas, linderos y superficie del predio rústico denominado "Capanguitiro", ubicado en el municipio de Tancítaro, Michoacán de Ocampo, mismo que por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo. 2. Por auto de quince de julio de dos mil veintidós, se radicaron las diligencias, registradas bajo el número 688/202; y se previno a los promoventes a efecto de que señalaran el nombre del colindante por el viento sur, asimismo exhibiera copias de traslado. 3. Cumplida la prevención, el nueve de agosto de dos mil veintidós, se admitieron a trámite las diligencias, se ordenó dar la intervención legal competente al agente del Ministerio Público adscrito y notificar personalmente a los colindantes, al oriente y al poniente H. Ayuntamiento de Tancítaro, Michoacán, al norte Jesús Álvarez Raciel, al sur Alejandro Zamora. 4. Seguido el trámite por sus cauces legales, la actora compareció a aclarar el nombre de los colindantes, por el viento norte Javier Méndez, por el sur Alejandro Zamora Equihua. 5. Practicadas las notificaciones a los colindantes, se señalaron las doce horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a efecto de llevar a cabo prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de dos testigos, la que tuvo verificativo en la fecha indicada. 6. Por escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la actora solicitó que se pusieran los autos a la vista para escuchar la resolución del juicio, lo que se acordó de manera favorable el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 7. Por acuerdo de veintiséis de octubre del año próximo anterior, el juez requirió a los actores a efecto de que señalaran con precisión las medidas y colindancias que realmente tiene el predio materia de las diligencias en sus distintos puntos cardinales y acompañara el plan correspondiente. 8. Desahogado el requerimiento, por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se pusieron de nueva cuenta los autos a la vista del Juez para pronunciar la resolución final que en derecho corresponde; sin que a la fecha obre constancia de dicha resolución. La anterior reseña, demuestra con claridad que, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 688/2022, promovidas por MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, , sobre rectificación de medidas y colindancias del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo, no se ha dictado resolución final que determine la rectificación de medidas, colindancias y superficie promovidas, solicitada por la parte actora, pues el ocho de diciembre se pusieron los autos a la vista del juez y a la fecha se encuentra pendiente dictar la resolución correspondiente. QUINTO. IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". De oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;.". La fracción XXIII del numeral citado en primer término, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; por su parte, la fracción VI del precepto 107 del citado ordenamiento legal, específica que el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas al mismo. En este sentido, persona extraña a juicio, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, de igual manera, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Criterio que resulta aplicable al caso, pues aun cuando interpreta el artículo 114, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, las razones que informa se estiman vigentes por cuanto que en la nueva legislación, en el artículo 107, fracción VI, también se prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Ahora, el tercero extraño por equiparación, es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley. Sin embargo, cuando ese demandado tuvo conocimiento del juicio antes de que se dictara la sentencia definitiva, pierde el carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, la particularidad para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, parte de que la falta de emplazamiento a él o la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio", por tanto, aun cuando la quejosa se ostente como "tercera extraña por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación, las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter. Cobra aplicación al respecto, la tesis VII.3o.P.T.32 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 3341, tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio". Así también lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), de rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" . De los criterios citados, se advierte que en los casos en que la parte quejosa se ostente como tercera extraña a juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento previamente de su existencia, antes del dictado de la sentencia, no tiene el carácter que ostentó, lo que evidencia que pudo acudir a esa vía a defender sus derechos e incluso, promover los medios de defensa ordinarios o extraordinarios que considerara pertinentes. En esta instancia constitucional, como se precisó, la parte quejosa reclama la falta de llamamiento al expediente 688/2022, que sobre diligencias de jurisdicción voluntaria promovieron MARÍA SOLEDAD MURILLO GUERRA y ALTAGRACIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sobre rectificación de medidas y colindancias; y, en consecuencia, todas las actuaciones realizadas con posterioridad. Por lo que, contrariamente a lo expresado por la parte quejosa, no tiene la calidad de persona tercera extraña al juicio de origen, en virtud de que de las constancias de autos previamente valoradas, se advierte que en el procedimiento natural aún no se emite resolución final que rectifique las medidas, linderos y superficie, pues la última actuación del expediente lo es la citación a sentencia Entonces, si de las constancias de autos se advierte que la quejosa, quien se ostenta tercera extraña, conoce la existencia del expediente en el que pretende sea llamada como colindante a fin de hacer valer sus derechos, con anterioridad a que se dicte la sentencia en que se rectifiquen las medidas, linderos y superficie, a pesar de que alegue no haber sido oída ni vencida, ya no puede ser considerada como persona extraña, pues el conocimiento de las diligencias de jurisdicción voluntaria le da la posibilidad de acudir al mismo, es decir, comparecer a justificar su calidad de colindante y posteriormente a deducir sus derechos por considerar que se le afecta su propiedad. Sin que obste que el asunto de origen esté en estado de dictar sentencia, toda vez que los autos no guardan estado para dictar sentencia cuando no se ha cumplido con alguna formalidad del emplazamiento, como puede ser la falta de notificación del colindante, atributo que está en condiciones de demostrar en aquél procedimiento de jurisdicción. Al caso, orienta el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Tomo IX, Marzo de 1992, página 302, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA. CUANDO NO GUARDAN ESTADO LOS AUTOS PARA DICTARLA. Los autos no guardan estado para dictar sentencia cuando no se ha cumplido con alguna formalidad del procedimiento, o bien si se encuentra pendiente de resolver algún recurso o incidente que pueda influir en el fallo respectivo, de manera que no pueda emitirse éste sin antes tramitar y resolver aquél, puesto que de eso depende el sentido de la resolución definitiva". De ahí que, si la parte quejosa tuvo conocimiento del procedimiento de jurisdicción voluntaria donde puede intervenir, es inconcuso que se encuentra en aptitud de hacerlo sin mayor obstáculo e, incluso, de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que estime procedente en contra del acto reclamado (falta de notificación); lo que actualiza la hipótesis de improcedencia en estudio. Afirmar lo contrario, significaría permitir, tolerar y procurar el abuso y deslealtad procesal de las partes, dejando a su ánimo, intereses y conveniencia el momento que para ellos sea oportuno o propicio para acudir a defender sus derechos; no obstante, que tengan conocimiento pleno del asunto, lo que generaría un perjuicio para el sistema de administración de justicia. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta resolución, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la propia ley. Por lo tanto, con motivo del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por la impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio César Silva Estrella, Gracia Silva Estrella y María Elena Estrella Estrada , contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el considerando quinto, de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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