Graciela Márquez Aragonez

Expediente 362/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
362/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Graciela Márquez Aragonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y lo certificado en la cuenta, se advierte, entre otras cosas, que al día de hoy han fenecido los plazos decretados mediante la circular CAP/3/2020, en la que se precisó que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, adoptarían el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19, cuyo periodo comprendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo; en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establecen los numerales 21, inciso a) del citado Acuerdo General, al haberse sobreseído este juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Visto para resolver el juicio de amparo 362/2020-VI, promovido por *******, apoderado de ******* o *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado al día siguiente, *******, apoderado de ******* o *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, con el informe justificado, rendido por la autoridad responsable, y específicamente con el oficio ******* de uno de septiembre de dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa, por el termino de quince días, computados legalmente, a fin de que, en su caso, ampliara la demanda de amparo, en contra de la respuesta emitida por el Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Chihuahua. Sin que la parte quejosa se pronunciara al respecto, en el término concedido para tal efecto. Por tanto, a través del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Igualmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclama al Delegado de la Fiscalía General de la Republica del Estado de Chihuahua, lo siguiente: La omisión a dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Por ende, se tiene a tal acto como el reclamado en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Delegado de la Fiscalía General de la Republica del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, al rendir informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado, argumentando que dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa; adjuntando para tal efecto, el oficio *******, de uno de septiembre de dos mil veinte, y constancia de notificación. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, como se precisó en líneas precedentes, fue el veintisiete de agosto de dos mil veinte, cuando *******, apoderado de ******* o *******, acudió a esta instancia, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad. Por tanto, con lo anterior, se desvirtúa la negativa expuesta por la responsable, toda vez que, al momento de la promoción del presente juicio de amparo, la responsable aun no emitía la contestación que refiere; y se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por la quejosa, a la autoridad en cita. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho . De la interpretación de los preceptos normativos trascritos con antelación, realizada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arribó a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamado la omisión a dar respuesta a la petición formulada por ******* y *******, como apoderados de ******* o *******, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte, a través del cual solicitaron al Delegado de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se les hiciera de su conocimiento si en los registros, base de datos o expedientes físicos de esa institución, se encontraba registrada, iniciada y tramitada alguna denuncia o querella relativa a la posible desaparición de *******. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Delegado de la Fiscalía General de la Republica del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, se advierte que mediante el oficio *******, de uno de septiembre de dos mil veinte, hizo del conocimiento de ******* y *******, como apoderados de ******* o *******, que en esa unidad administrativa no se localizó información relacionada con su petición; determinación que fue notificada a *******, el quince de septiembre de dos mil veinte, por el Agente del Ministerio Publico de la Federación, acompañado de dos testigos de asistencia. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Bajo esas premisas, en virtud de que el Delegado de la Fiscalía General de la Republica del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, mediante el oficio *******, de uno de septiembre de dos mil veinte, hizo del conocimiento de ******* y *******, como apoderados de ******* o *******, que en esa unidad administrativa no se localizó información relacionada con su petición; es inconcuso que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar a la responsable a dar respuesta a la petición formulada por la quejosa y notificarle personalmente dicha determinación; lo que como se precisó, finalmente ocurrió debido a la actuación propia de la responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXIX, Enero de 2009, página: 605, cuyo tenor literal indica lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Sexto. Notificación de la sentencia. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolverse los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; razón por la cual la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ******* o *******, contra la autoridad responsable y acto reclamado precisados en los considerandos tercero y quinto, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución en términos del considerando sexto. Notifíquese por lista electrónica.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la quejosa ******* o *******, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto, citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a las partes; haciéndolo personalmente al correo electrónico *******. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Sin embargo, el veintiuno de octubre del presente año, se recibió vía correo electrónico oficial el oficio SEADS/654/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que, se acordó la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el numeral 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria de la adscripción. Doy fe.

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