Graciela González Mercado
Expediente 175/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Graciela González Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de quince de junio de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó el amparo, promovido por *******. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo *******, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, turnado a este Juzgado por razones de competencia el mismo día, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y acto reclamado que se precisan: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.... INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DISTRITO BRAVOS. IV.- ACTO RECLAMADO.- la ilegal, improcedente y arbitraria ADJUDICACIÓN Y VENTA del bien inmueble localizado en ******* de esta ciudad ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- a)- MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADODE CHIHUAHUA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TESORERO MUNICIPAL, se reclama la ilegal e inconstitucional orden de ADJUDICACIÓN EN REBELDIA, ordenada por este OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DISTRITO BRAVOS b) DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, se reclama la ilegal, inconstitucional e inminente cumplimiento a lo orden dada por EL TESORERO MUNICIPAL a la oficina central del REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DISTRITO BRAVOS girando instrucciones a la diversa responsable para que llevara a cabo la inscripción y adjudicación de mi vivienda. c) DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DISTRITO BRAVOS, la inscripción de adjudicación del bien inmueble finca urbana localizada en calle ******* inscrito bajo el número *******, folio ******* del libro ******* de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad para este Distrito Bravos, Chih. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo1, 4 párrafo sexto, 14, 16, 123 fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, y se previno a la parte quejosa, por lo que, por auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la prevención y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la moral Tercero Interesado y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. RESULTANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo toda vez que se reclama la adjudicación de un inmueble en esta ciudad, ordenada en un procedimiento administrativo seguido por una autoridad residente en este lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción y donde el quejoso tiene su domicilio. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: Del Municipio de Juárez, atreves de la dirección de ingresos: la adjudicación y venta del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, ordenado en el procedimiento administrativo de ejecución *******; y, la omisión de llamarla a juicio. Del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: adjudicación y venta del bien inmueble de su propiedad. Del Registro Público de la Propiedad y del Comercio distrito Bravos: la cancelación de la inscripción de su propiedad y la inscripción de adjudicación derivada del procedimiento administrativo con número de registro *******, folio *******, libro *******, de la sección *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registrada bajo el número 181810, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director de Ingresos, la Registradora del registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos y el Apoderado del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, manifestaron que son ciertos los actos de que se duele la quejosa. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, el Director de ingresos del Municipio de Juárez, manifestó que es parcialmente cierto el acto reclamado, toda vez que aduce que todo el procedimiento administrativo de ejecución instaurado en contra de la quejosa fue realizado conforme a la ley, además se considera cierto, en virtud de que lo que alega tiene que ver con la legalidad de su actuar. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se hacen valer. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito determina que respecto de los actos reclamados al Municipio de Juárez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que en su orden y en la parte que interesa, disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Conforme a lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo dispone la ley de la materia o la Constitución Federal; por su parte, el arábigo 1º, fracción I, refiere que el juicio de amparo procede por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el entendido que, las normas generales o actos de autoridad son aquellas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. Es necesario tener claro que en términos del imperativo 5º, fracción II, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso a estudio, la quejosa reclamó la adjudicación y venta del bien inmueble de su propiedad, además de la omisión por parte de la autoridad de ser llamada a juicio. Así, el acto de ejecución no lo atacó por vicios propios, sino que lo hizo depender de la omisión de ser llamada legalmente al Procedimiento Administrativo de Ejecución, del que derivó la adjudicación y venta del bien inmueble de su propiedad. Este juzgado federal advirtió respecto del acto de llamamiento a juicio, la participación de diversa autoridad, por lo que, en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la parte quejosa a fin de que con las copias de su escrito aclaratorio suficientes para correr traslado a las partes, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos dependientes de la Tesorería Municipal, con residencia en esta ciudad, pues fue quien realizó dentro del procedimiento administrativo de ejecución, la diligencia a efecto de notificar la liquidación de diez de abril de dos trece, a nombre de la quejosa, por concepto de pago del impuesto predial, procedimiento en cuya tramitación se adjudicó el inmueble afecto al presente juicio de amparo. En auto de trece de junio de dos mil diecisiete, una vez que transcurrió el término de quince días otorgado al quejoso y dado que no dio cumplió con la prevención realizada, se indicó que el asunto se analizaría en los términos planteados por la demanda. Por lo que, al no haberse llamado a juicio a la autoridad que realizó la diligencia para el efecto de notificar el procedimiento instaurado en su contra, debe sobreseerse en el juicio ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto emitido por una autoridad que ha quedado inaudita. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia VI. 3o. J/44 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 74, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, página 67, con registro 213345, Octava Época, de rubro y texto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. En otras palabras, si de actuaciones queda acreditada la existencia del acto reclamado consistente en la adjudicación y venta del bien inmueble, así como la inscripción marginal hecha en el Registro Público de la Propiedad sobre el inmueble de su propiedad, pero la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable a la autoridad que encargada de realizar la notificación, que es el acto por el que se duele, debido a que según su dicho no fue llamada legalmente a juicio, y no se atacó la ejecución por vicios propios, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, ante la imposibilidad legal de examinar la constitucionalidad de dicho acto, por no haberse emplazado legalmente a la autoridad que lo emitió, lo que equivaldría a no haberla escuchado en juicio, al haber incumplido el quejoso con lo previsto por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 194684, que es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ESTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En efecto, al quedar patentizado en autos que la parte quejosa omitió señalar como responsable a la autoridad a la que correspondía la realización u omisión del acto reclamado en estudio, a pesar que de autos se advierte que existen datos que la identifican plenamente, con los cuales se le dio vista, y más aún, fue requerido personalmente para ese efecto, sin que haya cumplido la prevención, tal acontecer acreditó la causa de improcedencia invocada. Ahora en relación a los diversos actos reclamados, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Registro Público de la Propiedad, consistentes en la adjudicación y venta del inmueble, así como la cancelación de inscripción a su propiedad y la inscripción del inmueble a favor de terceros, el suscrito infiere que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del citado numeral 61, señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Asimismo, el artículo 108, fracción VI, de la ley de la materia establece: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación. Ahora, en el presente caso, se debe tomar en cuenta que el quejoso reclama un asunto en materia civil, esto es de estricto derecho, en el que sustancialmente expuso como conceptos de violación: PRIMERO.- En una resolución considerada por el Poder Judicial de la Federación, como relevante la Juez ******* determino que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (infonavit) no tiene ninguna facultad para ceder los cobros de sus créditos a empresas o despachos ´privados y tiene la obligación de reestructurar los adeudos de los derechohabientes, porque lo contrario implicaría que el estado no cumpliera su obligación constitucional de prever y crear los mecanismos necesarios para que los gobernados puedan acceder al derecho fundamental de vivienda digna y decorosa. Por tanto, no puede realizar ese tipo de cesiones. Esto en observancia del principio de legalidad consistente en que las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite. Al resolver dicho recurso legal, la juez considero que el Estado puede privatizar servicios públicos (alumbrado público, basura, etcétera) para hacer eficiente su presentación pero no los derechos fundamentales como lo de vivienda digna y decorosa. De acuerdo con la decisión judicial, la cesión onerosa de créditos (para vivienda) otorgados por el instituto y los derechos que los mismo deriven en favor de terceros contravienen el derecho fundamental de vivienda digna y decorosa contemplado en los artículo cuatro, párrafo sexto, y 123 apartado A, fracción 12, de la Constitución Federal, así como el Estado Social y democrático, y por tanto el organismo no esta legalmente facultado para ceder los créditos para vivienda que otorga, porque su función social se cumple hasta en tanto se extinga en su totalidad los derechos y obligaciones que de dichos créditos deriven (el pago, su cobranza, la restructuración en caso de falta de pago. Agrega: Los trabajadores que reciban del INFONAVIT un crédito para vivienda tienen el derecho a que el instituto sea el que les cobre. Incluso, que ante la falta de pago reestructure el préstamo para hacer posible el cumplimiento de pago, de conformidad con lo previsto en la ley del instituto (artículo 41). SEGUNDO.- VIOLACION DIRECTA A LAS GARANTÍAS CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. Señala el artículo 14 de la Constitución Federal que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por su parte, el artículo 16 del referido ordenaimiento supremo de la Nación, establece que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papales o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de Autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En efecto las autoridades responsables trastocan los derechos humanos del suscrito, esto, en virtud de que las actuaciones en las que incurren las responsables generan una violación palpable en su propia esencia , en moralidad y en los derechos económicos, sociales y culturales que se me deben de respetar, incluso, afectan abruptamente los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, respeto, moralidad, integridad y honradez, pues como gobernado que soy y por el solo hecho de existir en la vida jurídica bajo el respeto ineludible a los derechos humanos, se me deben de respetar los mismo en forma inmediata atendiendo a nuestras legislaciones ya invocadas, esto es así, pues es de explorado derecho que una de las figuras más elemental y susceptible de afectación es la familia que como elemento natural y fundamental de la sociedad a la que pertenece tiene derecho a la protección del Estado a quien por ley le corresponde la protección a todos los que la componen, por lo anterior es obvio que todas las autoridades deben cumplir con los ordenamientos legales e instrumentos internacionales ya invocados que establecen dichas garantías, entre las que se encuentra en el Pacto internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales, amén de los diversos ya invocados, ahora bien, en lo referente a las dos disposiciones constitucionales que se señalan con anterioridad, es obvio que se me privo del derecho invocado y en forma arbitraria se pretende desalojarnos de nuestra propiedad. TERCERO.- VIOLACION DIRECTA A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, AL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LOS CUALES MEXICO ES PARTE DE ELLOS. Se dice lo anterior ya que además de la violación a los artículos señaladas en el primer concepto de violación, existe violación directa a los artículo 2, 8, 16 numeral 3, 17 numeral 2, 22, 25 numeral 1, todos estos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así mismo en los artículos 10 numeral 1, 11 numeral 1, 3 inciso a) y b), 23 numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, Instrumentos internacionales que en su momento fueron signados y se adhirieron a ellos el Gobierno Mexicano y por ende al aceptar formar parte de los mismo, debe acatar y darles cabal cumplimiento a las normas que en ellos se establecen, siendo prudente destacar que en ellos se establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esos Instrumentos Internacionales, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición y que además toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley, y que en caso de que existieran actos violatorios en contra de los derechos humanos, se tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare, y sobre todo y los más elemental dichas disposiciones en forma clara y contundente reconocen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, y que desde luego lo que en la esencia me agravia es que de dichas garantías es que en forma clara y precisa establece que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Así mismo hacen referencia a que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda. [.] Con la transcripción anterior, se evidencia que pese a que la agraviada vierte conceptos de violación, sólo lo hace contra de la privación de la propiedad de su vivienda y no respecto del resto de las actuaciones que conforman el juicio de origen, debido a que hace referencia que no fue llamada a juicio, y en sus conceptos de violación solo refiere a la desposesión del inmueble, de manera que este juzgador se encuentra imposibilitado para realizar el examen de los referidos actos. Ello, se corrobora con la jurisprudencia 28/93 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 72, diciembre de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, visible en la página 38, con registro 206659, que reza: CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo. También es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/341, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, que se localiza en la página 54, con registro 209638, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, se dejan de cumplir por el quejoso con uno de los requisitos exigidos por el artículo 166 de la ley reglamentaria, y el Tribunal Colegiado no puede examinar la sentencia reclamada. Por lo tanto, surge la improcedencia del juicio constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 166, fracción VI, del mismo ordenamiento legal, por lo que con fundamento en el diverso artículo 74, fracción III, de la misma ley, debe sobreseerse el juicio de garantías. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicha ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII,1, 5 fracción II, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por *******, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se infiere que la quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto de que si era su deseo señalar como autoridad responsable al Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de mayo del año actual y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda; de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese, para que conste como corresponda el escrito signado por el Apoderado del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por medio del cual ofrece pruebas documentales, instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, asimismo formula diversas manifestaciones en vía de alegatos que a su representación corresponden, a fin de que sean tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto, lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que respecta a las documentales se tienen por admitidas y desahogadas toda vez que obran en el presente expediente, por así permitirlo su especial naturaleza; la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, se tienen por admitidas y desahogadas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma este juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo, lo anterior, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Luego, visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que del informe justificado rendido por el Director de Ingresos del Municipio de Juárez, se advierte la participación del Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos dependiente de la Tesorería Municipal, el cual no fue señalado como autoridad responsable en el escrito de demanda, y que se trata de aquel que realizó la constancia de liquidación de crédito fiscal de quince de abril de dos mil trece en el procedimiento administrativo de ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, de la Ley de Amparo, con el contenido de dicha documental y sus anexos, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto al Ministro Ejecutor adscrito a la Dirección de Ingresos dependiente de la Tesorería Municipal, residente en esta ciudad, en cuyo caso deberá exhibir las copias necesarias de su escrito de ampliación de demanda, a fin de estar en posibilidad de correr traslado con las mismas a las partes, debiendo ajustarse a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibida que de no cumplir con lo que este auto ordena, se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de los actos y autoridades que hasta ahora fueron señaladas en autos como responsables. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 93, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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