Graciela Margarita Chávez Rosales
Expediente 234/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Graciela Margarita Chávez Rosales
- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
PRAL.234/2022.MESA-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de marzo de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables, 2) terceros interesados y 3) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.234/2022.MESA-3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 234/2022, como se ordenó en acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Graciela Margarita Chávez Rosales, por propio derecho y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Además, se hace constar que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que las partes ofrecieron como pruebas: La parte quejosa: Copia simple de la credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral. Imagen satelital. Las autoridades responsables: Presidente constitucional del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: Copia certificada del acta de sesión solemne de instalación y protesta de ley al Cabildo del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Credencial con folio 1452, expedida a su favor por la Secretaría General de Gobierno. Director Jurídico y representante legal de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), remitió copia certificada del: Oficio SGPA/DGIRA/DG/04492 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, relativo a la exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, expedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para llevar a cabo la Modernización del Proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca", ubicado en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas, en el Estado de Oaxaca. Oficio SGPA/DGIRA/DG/03744 de veintisiete de agosto de dos mil veinte, relativo a la exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental, expedida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para llevar a cabo el proyecto denominado "Proyecto de Ampliación de Puente Río Salado", ubicado en el Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Oficio sin número de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el comisionado Municipal de San Antonio de la Cal, Oaxaca, por el cual autoriza a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), el derribo de arbolado en el tramo donde se desarrollarán los trabajos del proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca" Oficio DDE/DDS/57/2021 de nueve de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Ecología del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en el que se autoriza a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), el manejo de diversos ejemplares de arbolado relacionado con la ejecución del proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca". Oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez, en el que se manifiesta a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) que, una vez realizado el análisis e inspección por parte del personal de esa área municipal, resuelven a favor de dicha secretaría la poda y derribo de árboles y arbustos, para efectos de la ejecución del proyecto denominado "Ampliación y Modernización de la Carretera No.175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del Km. 1+000 al Km. 6+300, Ent. Aeropuerto, Estado de Oaxaca". Oficio 6.19.305.0500/21 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno suscrito por el director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021 de diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Encargado del Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Oaxaca: Expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.5/0037-21. Expediente administrativo PFPA/26.7/2C.28.2/00094-21, folio 29101. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez: Oficio DDUOPMA/SMA/RCRN/238/2021, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de Oaxaca de Juárez. Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del gobernador: Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios (Tarjeta de autorización) de uno de junio de dos mil veintiuno. - La parte tercera interesada "ICA Constructora, sociedad anónima de capital variable" e "ICA Constructora de Infraestructura, sociedad anónima de capital variable": Instrumento 109221, libro 2129 y el instrumento notarial 109223, libro 2129; ambos del índice de los notarios 140 y 236 de la Ciudad de México. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas documentales, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto este periodo, se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y se procede a emitir la sentencia siguiente. Visto para resolver el juicio de amparo 234/2022, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, el mismo día, Graciela Margarita Chávez Rosales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno el Juzgado Decimoprimero de Distrito registró la demanda de amparo con el expediente 958/2021, la admitió a trámite, dio intervención al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el juzgado federal dio vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad señalada como "director o Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal"; al no desahogar la quejosa la citada vista, en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno la tuvo como inexistente. En auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por apersonado a la parte tercera interesada: a) "ICA CONSTRUCTORA", sociedad anónima de capital variable y b) "ICA CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA", sociedad anónima de capital variable. En auto de nueve de febrero de este año el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado determinó carecer de competencia para conocer de este asunto, por lo que remitió los autos a este juzgado. En acuerdo de veinticinco de febrero de este año este órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada; por ello, registró el asunto con el expediente 234/2022; convalidó las actuaciones emitidas y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden, autorización, permiso o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos, que se encuentran en la avenida Símbolos Patrios, avenida Universidad y carretera federal 175, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada 1) "ampliación y modernización de la carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con avenida Universidad km 2+320 y de la 2) construcción de puente sobre "río salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado solicitado, las autoridades responsables lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE, ENERGÍAS Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN OAXACA, A TRAVÉS DEL JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA DE DICHA SECRETARÍA, RESIDENTE EN TLALIXTAC DE CABRERA. NIEGA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE DICHO MUNICIPIO. NIEGA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA SUBDELEGADA DE PLANEACIÓN Y FOMENTO SECTORIAL DE DICHA DELEGACIÓN, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE OAXACA. NIEGA Del cuadro anterior se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les atribuyen; al respecto, el jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, agregó que aquéllos no son asuntos de la competencia de esa Secretaría en los términos señalados por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dichas negativas. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, tomo VI, registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades que enseguida se citan, al rendir el informe justificado, lo hicieron de la forma siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁMITE Y SUBSTANCIACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO, RESIDENTE EN TLALIXTAC DE CABRERA. NIEGA. SE DESVIRTÚA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. ACEPTA PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. NIEGA. SE DESVIRTÚA DIRECTOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SINFRA). NIEGA. SE DESVIRTÚA ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE OAXACA. NIEGA. SE DESVIRTÚA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. ACEPTÓ DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. ACEPTÓ Del cuadro anterior se advierte que algunas de las referidas autoridades responsables, por una parte, aceptaron y, por otra, negaron la existencia de los actos que se le atribuyen. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las manifestaciones realizadas en los informes justificados, ya que convinieron en la existencia de un proyecto de obra denominado "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que conforman este juicio se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acredita el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." (Transcripción) Destacados los anteriores normativos, se puntualiza, primeramente, que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El normativo constitucional aludido establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." (Transcripción) Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De este modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Importante es dejar en claro que en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: "(.) Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta" (.). (Transcripción y el énfasis es propio) Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria, que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. En el caso, se estima que la parte quejosa no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, la quejosa señaló como actos reclamados la orden, autorización, permiso o exención otorgado para el derribo, trasplante, poda o tala de los árboles y arbustos; así como la ejecución de tales actos, corte de árboles, que se encuentran en la Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, derivado de la construcción de la obra denominada 1) "ampliación y modernización de la carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320" y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca. Asimismo, refirió que con motivo de esa obra, se empezó con la poda de veintitrés especies de árboles de aproximadamente ocho metros de altura y un tronco de noventa centímetros de diámetros, que no se ha podido concluir debido a la protesta de vecinos de la zona, pero que es del conocimiento público que se autorizó la tala de seiscientos treinta y tres árboles y arbustos de diferentes dimensiones para el desarrollo de la obra de infraestructura carretera, sin que se cuente con la manifestación de impacto ambiental autorizada por la autoridad competente en la materia. E indicó que es habitante del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y que el área que es afectada por la obra antes mencionada se encuentra a tres kilómetros de distancia de su domicilio, lo cual, refiere, es una distancia muy cercana. Para acreditar su aseveración, la quejosa exhibió copia simple de: A) Una impresión de imagen satelital en la que aparece en el recuadro superior derecho la palabra "distancia" y la leyenda 3km (tres kilómetros), medición a través del cual refiere una vulneración a un medio ambiente sano y derecho a la salud. B) Una credencial de elector expedida a su nombre, en el que aparece como su domicilio el ubicado en calle La Azucena, 104, Fraccionamiento Lomas de la Azucena, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sin embargo, de la justipreciación de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, por tratarse de una copia y una impresión, sin existir la certificación de la autoridad respectiva; por ello, son ineficaces para demostrar que la quejosa es vecina del lugar donde se realiza la obra de infraestructura de carretera denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca, o que transite por Avenida Símbolos Patrios, Avenida Universidad y carretera federal 175, en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonio de la Cal en el Estado de Oaxaca, en el que se lleva a cabo la construcción de las obras ya referidas; en consecuencia, es insuficiente para establecer que es beneficiaria ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión de la quejosa, pues su sola manifestación se estima insuficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar este juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Graciela Margarita Chávez Rosales, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Ponciano Velasco VelascoSoledad Méndez Cortes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 234/2022 Acuerdo: inc 234/2022 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 1. Recepción de cuadernos incidentales. Agréguese la copia certificada del oficio firmado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que anexa el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 958/2021, promovido por ***, contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades. 2. Validez de actuaciones. Tomando en consideración que mediante acuerdo de esta fecha dictado en el juicio de amparo 234/2022 del que deriva este incidente, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por la quejosa por Graciela Margarita Chávez Rosales; se tienen por válidas todas las actuaciones practicadas en el incidente de suspensión 958/2021, del índice de la autoridad declinante. 3. Adecuación de carátulas. Se ordena adecuar las carátulas de los cuadernos incidentales, mismas que se identificarán con el expediente 234/2022 de este Juzgado. 4. Archivo del expediente. Por otra parte, toda vez que en interlocutoria dictada el once de octubre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión de los actos reclamados a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, 20, 21 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 4.1. Destino del original del expediente (destruible). Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, el original de este expediente será DESTRUIBLE, una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. 4.2 Destino del duplicado (destruible). Respecto a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión, dése cumplimiento al considerando cuarto de la interlocutoria dictada. 4.3. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4.4. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 5. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala por así haberlo solicitado la parte quejosa. 6. Autorización de correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, el correo electrónico y número telefónico proporcionados en la demanda de amparo, no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dicho medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación especial con la parte quejosa y, en su caso, sirva como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 7. Autorización para la consulta electrónica. 7.1. Parte quejosa. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de usuario "gracielachavezros", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 7.2. Requerimiento a la parte quejosa. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, precise si desea autorizar ese usuario para que, en lo subsecuente, por ese medio, le sean notificadas las resoluciones que se emitan en este asunto; en el entendido que de no hacer manifestación alguna en ese plazo, se entenderá su conformidad para que a través de ese usuario se realicen las notificaciones que se emitan en este juicio de amparo. 7.3. Juicio en línea "SEMARNAT" (notificaciones electrónicas y consulta de expediente) Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la encargada del despacho de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Oaxaca para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el usuario "SEMARNATOAXACA", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tal como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan en este juicio de amparo mediante la vía electrónica, a través del usuario proporcionado, pues pese a que también señala un domicilio físico para tal efecto, el señalamiento especial que se hace para la práctica de notificaciones electrónicas mediante el usuario designado, sustituye a las diversas (personales, por oficio, por lista); así, solo se notificarán en el domicilio proporcionado en el informe justificado para el caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, que impida el envío electrónico de la notificación respectiva. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA Número de expediente: 234/2022 Acuerdo: pral 234/2022 mesa 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Con el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, remitido a través de la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; al que acompaña el juicio de amparo 958/2021, promovido por **+ , contra actos del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 234/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Competencia legal. Del oficio de cuenta se advierte que la autoridad declinante, mediante proveído de nueve de febrero de este año, dictado en el juicio de amparo 958/2021, determinó carecer de competencia para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo promovida por Graciela Margarita Chávez Rosales, por razón de turno. Ante ello, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, por las razones que se expone y que este órgano jurisdiccional comparte, se acepta la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; lo anterior, comuníquese a la autoridad declinante y acúsese recibo. 4. Se solicita vinculación electrónica. Asimismo, se solicita atentamente al titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, tenga a bien instruir a quien corresponda haga disponible de manera permanente el expediente electrónico del juicio de amparo 958/2021; lo anterior, a fin de que las partes puedan consultar el mismo, dado la competencia aceptada. 5. Compensación. Envíese oficio vía correo electrónico, a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que proceda a) al registro de este asunto como nuevo, ante la aceptación de la competencia declinada por el juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; asimismo, b) realice la compensación del mismo, ya que este Juzgado Décimo de Distrito aceptó la misma; por ello, solicítese la boleta correspondiente. 6. Se convalidan actuaciones. Comuníquese personalmente esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan todas las actuaciones practicadas por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio. 7. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Por otra parte, se exhorta a las partes para que, preferentemente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. 8. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 9. Incidente de suspensión. Por lo que se refiere al original y duplicado del incidente de suspensión que remitió el juez declinante, dedúzcase copia certificada del oficio de cuenta y acuérdese lo conducente por separado. 10. Informe justificado. Sin que haya lugar a solicitar a las responsables el informe justificado respectivo, en razón de que los mismos ya obran en autos. 11. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales que acompañaron la parte quejosa y las autoridades responsables a la demanda de amparo y a los informes justificados, respectivamente. Con los mismos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. 12. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con cincuenta y tres minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. En la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el juez y el (la) secretario (a) en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. 13. Vista al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a) a este Juzgado. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al(a) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito(a) la intervención que legalmente le corresponde. 14. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Sin que haya lugar a proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado, toda vez que ya se apersonó a este juicio de amparo. 15. Notificación al (la) fiscal adscrito (a), autoridades responsables, autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y diversas autoridades. Por similitud jurídica, con fundamento en el artículo 23, fracción III, del citado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que, preferentemente, las notificaciones que deban practicarse a a) la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, b) autoridades responsables, c) autoridades que tengan el carácter de terceros interesados y d) autoridades que sin tener este último carácter deban tener intervención en este juicio de amparo, se realicen, a través de la vía correo electrónico, para lo cual, el (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado deberá cerciorarse de las direcciones de correo electrónico de los destinatarios, para posteriormente elaborar la razón en la que conste nombre y cargo de la persona que reciba las comunicaciones oficiales que se envíen. En el entendido que se faculta al actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que verifique en el portal de servicios en línea si las autoridades responsables tiene celebrado convenio de interconexión, pues, de ser así, podrá realizar la notificación por ese medio. Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de dar continuidad a este juicio de amparo exclusivamente de forma electrónica, con la finalidad de proteger la salud física de las partes procesales y del personal adscrito a este órgano jurisdiccional debido al peligro de contagio y propagación del virus covid-19. 16. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala por así haberlo solicitado la parte quejosa. 17. Autorización de correo electrónico y número telefónico. Por otro lado, el correo electrónico y número telefónico proporcionados en la demanda de amparo, no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dicho medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación especial con la parte quejosa y, en su caso, sirva como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 18. Autorización para la consulta electrónica. 18.1. Parte quejosa. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de usuario "gracielachavezros", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. 18.2. Requerimiento a la parte quejosa. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, precise si desea autorizar ese usuario para que, en lo subsecuente, por ese medio, le sean notificadas las resoluciones que se emitan en este juicio de amparo; en el entendido que de no hacer manifestación alguna en ese plazo, se entenderá su conformidad para que a través de ese usuario se realicen las notificaciones que se emitan en este juicio de amparo. 18.3. Juicio en línea "SEMARNAT" (notificaciones electrónicas y consulta de expediente) Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la encargada del despacho de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Oaxaca para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el usuario "SEMARNATOAXACA", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, tal como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan en este juicio de amparo mediante la vía electrónica, a través del usuario proporcionado, pues pese a que también señala un domicilio físico para tal efecto, el señalamiento especial que se hace para la práctica de notificaciones electrónicas mediante el usuario designado, sustituye a las diversas (personales, por oficio, por lista); así, solo se notificarán en el domicilio proporcionado en el informe justificado para el caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, que impida el envío electrónico de la notificación respectiva. 19. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 20. Notificación a las autoridades que tengan el carácter de responsables y terceros interesados. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J.176/2012 (10a), de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la(s) autoridad(es) que tenga(n) el carácter de responsables y terceros interesados que en este juicio sólo le será(n) notificada(s) mediante oficio, las determinaciones que, por su importancia, deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha(s) autoridad(es) o por sus respectivos delegados o autorizados. De ahí que en este expediente los autos de mero trámite, como, por ejemplo, diferimientos, entre otros, se notificarán por lista de acuerdos, sin necesidad de girar los oficios correspondientes. 21. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 22. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 23. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 24. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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