Graciela Hernández Vásquez

Expediente 1215/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1215/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Graciela Hernández Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 1215/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintidós. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa ********** interpusiera recurso de queja contra la resolución de veinte de octubre de este año, por la cual se desechó su demanda de amparo; no obstante su notificación el veintisiete del mismo mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 4. Archivo. Así, considerando que en resolución de veinte de octubre de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del Acuerdo General en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 1215/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Informa vinculación de expediente. Agréguese el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, mediante el cual informa que hizo disponible permanentemente el expediente electrónico del juicio de amparo 1201/2022, de su índice; por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para las gestiones correspondientes a la vinculación con el expediente electrónico de este juicio de amparo 1215/2022, en razón del conocimiento por turno aceptado por este órgano, para continuar conociendo del juicio de amparo referido en primer término. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1215/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Con el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, al que anexa 1) el original del juicio de amparo 1201/2022 de su índice y 2) seis copias de la demanda de amparo promovida por Graciela Hernández Vásquez, por propio derecho, contra actos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1215/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Integración de notificaciones al expediente electrónico. De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Se acepta conocimiento por turno. Del oficio de cuenta se advierte que el juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitió directamente a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 1201/2022 promovido por Graciela Hernández Vásquez, en razón de que considera que el juicio de amparo 1155/2022 de este Juzgado actualiza el conocimiento previo del expediente laboral 117/2018 (4) bis, del índice de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, del cual, indirectamente, derivan los actos que en esta vía constitucional se reclaman. De ahí que, afirma, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 45 y 46, fracciones II y XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno. Así, por las razones que se exponen en el oficio de cuenta y que este órgano jurisdiccional sustancialmente comparte, se acepta el conocimiento por razón de turno planteado, y este Juzgado se avoca al trámite de la demanda promovida por Graciela Hernández Vásquez. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad federal, acusando el recibo correspondiente. 4.1. Solicitud de expediente electrónico. Se solicita al juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca que, de no tener inconveniente alguno, tenga a bien instruir a quien corresponda que haga disponible de manera permanente el expediente electrónico del juicio de amparo 1201/2022, de su índice, a fin de estar en condiciones de proceder a la vinculación con el expediente electrónico de este juicio 1215/2022, y así el expediente impreso coincida en su totalidad con el expediente electrónico; con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo. 5. Compensación. Mediante oficio que se remita vía correo electrónico a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, comuníquesele esta determinación para que proceda a la compensación del reparto de asuntos, remitiendo a este Juzgado la boleta de turno correspondiente. 6. Acto reclamado, autoridades responsables y antecedentes. Ahora, para emitir la determinación respectiva en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, es menester apuntar que Graciela Hernández Vásquez, por propio derecho, señala como autoridades responsables a las siguientes: a) Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (en lo subsecuente, para efectos prácticos, se le denominará únicamente como IEEPO) -autoridad ordenadora-. b) Oficial mayor del IEEPO -autoridad ejecutora-. c) Director financiero del IEEPO -autoridad ejecutora -. d) Director de servicios jurídicos del IEEPO -autoridad ejecutora -. En tanto que, como actos reclamados, textualmente indica: Además, destacan los siguientes antecedentes de los actos reclamados, que la parte quejosa narra en la demanda de amparo: I. Graciela Hernández Vásquez demandó diversas prestaciones al IEEPO, ante la Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, radicándose el expediente laboral 117/2018 (4) Bis. II. Seguido el juicio en su trámite, el treinta de enero de dos mil diecinueve la Junta dictó laudo, en el que condenó al IEEPO, al pago de la prima de antigüedad por la cantidad de $48,454.61 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 M.N). III. Una vez firme el laudo, se requirió al IEEPO que diera cumplimiento a la condena, esto es, que realizara el pago inmediato a la parte actora. IV. El IEEPO emitió a) el oficio IEEPO/DSJ/JL/618/2022 de veinte de mayo de este año, dirigido al Oficial Mayor, y b) el memorándum IEEPO/DSJ/JL/2154/2022 de veintitrés de mayo de este año, dirigido a la Dirección Financiera del mismo Instituto; para la autorización del cumplimiento de la condena impuesta en el laudo. Pero la quejosa afirma que, a la fecha, no se ha informado a la Junta de Arbitraje la respuesta dada a ambos documentos. V. El veinticuatro de mayo de este año el director financiero del IEEPO generó el oficio DF/2290/2022, por medio del cual solicitó al encargado de la Dirección de Servicios Jurídicos del IEEPO que girara las instrucciones pertinentes para el requerimiento de pago de la condena. Bajo esas condiciones, en esencia, en este juicio de amparo el quejoso reclama que el IEEPO, a través de sus distintas áreas (Oficialía mayor, Dirección Financiera y Dirección de Servicios Jurídicos), ha omitido dar respuesta a los oficios IEEPO/DSJ/JL/618/2022, DF/2290/2022 y memorándum IEEPO/DSJ/JL/2154/2022. Reclamo que, como se aprecia de lo narrado, implica la omisión de gestiones para cumplir la condena del laudo; y se atribuye a la parte demandada en el expediente laboral 117/2018 (4) Bis. En relación con lo anterior, destaca que en el juicio de amparo 1155/2022, de este Juzgado, la misma quejosa señaló como autoridad responsable al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, a quien le reclamó, sustancialmente, la omisión en el cumplimiento del laudo al que fue condenada dicha autoridad responsable, para exhibir ante el presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca la cantidad de $48,454.61 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), por concepto de pago de prima de antigüedad, dictada en el laudo de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 117/2018 (4) BIS. Demanda de amparo que se desechó en resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós y quedó firme en esta fecha; lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 7. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. .... Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:-- - . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. . La causal de improcedencia prevista en el numeral citado en primer término no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen -el primero- que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes, omisiones o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y -el segundo- que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1098, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Destacado lo anterior, se afirma que en este juicio se actualiza la invocada causal de improcedencia porque, independientemente de la forma o términos empleados en la demanda para fijar el acto reclamado, de la lectura íntegra de la demanda se corrobora que la quejosa pretende reclamar del IEEPO (a través de distintas áreas) la omisión de efectuar o concluir gestiones para el cumplimiento del laudo al que fue condenada dicha autoridad responsable por la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el laudo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 117/2018 (4) BIS (para exhibir la cantidad de $48,454.61 por concepto de pago de prima de antigüedad). De modo que, como ese acto se le atribuye en razón del carácter de autoridad demandada en el procedimiento laboral, no puede tener el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, pues actúa en un plano de coordinación respecto a la parte quejosa, ya que su interacción se da dentro de una relación laboral. Ello, porque no debe pasar desapercibido que la emisión de los oficios IEEPO/DSJ/JL/618/2022, DF/2290/2022 y memorándum IEEPO/DSJ/JL/2154/2022, se emitieron en atención al requerimiento de cumplimiento del laudo que dictó la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el expediente laboral 117/2018 (4) Bis. Por ello, en este juicio no se reclama la violación a un derecho de petición, contemplado en el artículo 8° constitucional, porque los oficios cuya falta de respuesta se reclama se dictaron por la propia autoridad demandada como parte de gestiones para cumplir el laudo a que fue condenado el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Sin que en la demanda de amparo se señale como autoridad responsable a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la cual es la responsable de vigilar y de emitir los pronunciamientos idóneos y necesarios para que los laudos se cumplan en su totalidad; lo que, en su caso, daría pauta a que se pudiera analizar si los actos realizados por la Junta han sido los eficaces para que el IEEPO cumpla con el laudo a que fue condenado. Entonces, se estima que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (como Institución demandada y a través de las áreas que intervienen en las gestiones de cumplimiento) no tiene el carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, pues, se insiste, actúa en un plano de coordinación respecto a la parte quejosa, derivado de una relación laboral en la que se dictó laudo en su contra, en virtud de que dentro del procedimiento laboral (en el caso, en la etapa de ejecución) las partes están sujetas a ciertas reglas procesales que los ubican en un plano de igualdad. Sin que con la resolución que antecede se desatienda la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, que invoca la parte quejosa en su demanda de amparo, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Ello, debido a que ese criterio fue interpretado armónicamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), en la que determinó que las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Jurisprudencia que se invoca en apoyo a esta resolución, y que tiene los siguientes datos de localización y rubro: Registro digital: 2016588 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478 "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1° y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, DE PLANO, PROCEDE DESECHAR POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Graciela Hernández Vásquez. 9. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente durante su periodo de vigencia. 10. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Heraclio Hernández Vásquez y Fernando Becerra Martínez, por haber encontrado registrada su cédula, como se hizo constar en la certificación de cuenta 11. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma en cuenta que la parte quejosa proporciona un número de teléfono y dos direcciones de correo electrónico como medios para entablar comunicación no procesal, únicamente como un canal de comunicación para establecer contacto en los casos en que se estime necesario o pertinente para el éxito de diligencias y la seguridad de quienes intervengan en la misma, pero no para practicar notificaciones. 12. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 13. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 14. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL.1215/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Con el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, al que anexa 1) el original del juicio de amparo 1201/2022 de su índice y 2) seis copias de la demanda de amparo promovida por Graciela Hernández Vásquez, por propio derecho, contra actos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 1215/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Integración de notificaciones al expediente electrónico. De igual manera, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción que las notificaciones que se generen en este expediente, inmediatamente a su realización, las integre de manera correcta al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la finalidad de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 4. Se acepta conocimiento por turno. Del oficio de cuenta se advierte que el juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, remitió directamente a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 1201/2022 promovido por Graciela Hernández Vásquez, en razón de que considera que el juicio de amparo 1155/2022 de este Juzgado actualiza el conocimiento previo del expediente laboral 117/2018 (4) bis, del índice de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, del cual, indirectamente, derivan los actos que en esta vía constitucional se reclaman. De ahí que, afirma, se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 45 y 46, fracciones II y XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno. Así, por las razones que se exponen en el oficio de cuenta y que este órgano jurisdiccional sustancialmente comparte, se acepta el conocimiento por razón de turno planteado, y este Juzgado se avoca al trámite de la demanda promovida por Graciela Hernández Vásquez. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad federal, acusando el recibo correspondiente. 4.1. Solicitud de expediente electrónico. Se solicita al juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca que, de no tener inconveniente alguno, tenga a bien instruir a quien corresponda que haga disponible de manera permanente el expediente electrónico del juicio de amparo 1201/2022, de su índice, a fin de estar en condiciones de proceder a la vinculación con el expediente electrónico de este juicio 1215/2022, y así el expediente impreso coincida en su totalidad con el expediente electrónico; con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo. 5. Compensación. Mediante oficio que se remita vía correo electrónico a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, comuníquesele esta determinación para que proceda a la compensación del reparto de asuntos, remitiendo a este Juzgado la boleta de turno correspondiente. 6. Acto reclamado, autoridades responsables y antecedentes. Ahora, para emitir la determinación respectiva en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, es menester apuntar que Graciela Hernández Vásquez, por propio derecho, señala como autoridades responsables a las siguientes: a) Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (en lo subsecuente, para efectos prácticos, se le denominará únicamente como IEEPO) -autoridad ordenadora-. b) Oficial mayor del IEEPO -autoridad ejecutora-. c) Director financiero del IEEPO -autoridad ejecutora -. d) Director de servicios jurídicos del IEEPO -autoridad ejecutora -. En tanto que, como actos reclamados, textualmente indica: Además, destacan los siguientes antecedentes de los actos reclamados, que la parte quejosa narra en la demanda de amparo: I. Graciela Hernández Vásquez demandó diversas prestaciones al IEEPO, ante la Junta Especial número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, radicándose el expediente laboral 117/2018 (4) Bis. II. Seguido el juicio en su trámite, el treinta de enero de dos mil diecinueve la Junta dictó laudo, en el que condenó al IEEPO, al pago de la prima de antigüedad por la cantidad de $48,454.61 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 M.N). III. Una vez firme el laudo, se requirió al IEEPO que diera cumplimiento a la condena, esto es, que realizara el pago inmediato a la parte actora. IV. El IEEPO emitió a) el oficio IEEPO/DSJ/JL/618/2022 de veinte de mayo de este año, dirigido al Oficial Mayor, y b) el memorándum IEEPO/DSJ/JL/2154/2022 de veintitrés de mayo de este año, dirigido a la Dirección Financiera del mismo Instituto; para la autorización del cumplimiento de la condena impuesta en el laudo. Pero la quejosa afirma que, a la fecha, no se ha informado a la Junta de Arbitraje la respuesta dada a ambos documentos. V. El veinticuatro de mayo de este año el director financiero del IEEPO generó el oficio DF/2290/2022, por medio del cual solicitó al encargado de la Dirección de Servicios Jurídicos del IEEPO que girara las instrucciones pertinentes para el requerimiento de pago de la condena. Bajo esas condiciones, en esencia, en este juicio de amparo el quejoso reclama que el IEEPO, a través de sus distintas áreas (Oficialía mayor, Dirección Financiera y Dirección de Servicios Jurídicos), ha omitido dar respuesta a los oficios IEEPO/DSJ/JL/618/2022, DF/2290/2022 y memorándum IEEPO/DSJ/JL/2154/2022. Reclamo que, como se aprecia de lo narrado, implica la omisión de gestiones para cumplir la condena del laudo; y se atribuye a la parte demandada en el expediente laboral 117/2018 (4) Bis. En relación con lo anterior, destaca que en el juicio de amparo 1155/2022, de este Juzgado, la misma quejosa señaló como autoridad responsable al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, a quien le reclamó, sustancialmente, la omisión en el cumplimiento del laudo al que fue condenada dicha autoridad responsable, para exhibir ante el presidente ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca la cantidad de $48,454.61 (cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), por concepto de pago de prima de antigüedad, dictada en el laudo de treinta de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 117/2018 (4) BIS. Demanda de amparo que se desechó en resolución de cuatro de octubre de dos mil veintidós y quedó firme en esta fecha; lo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 7. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, pues se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. .... Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:-- - . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. . La causal de improcedencia prevista en el numeral citado en primer término no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen -el primero- que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes, omisiones o actos de autoridad que vulneren derechos humanos y -el segundo- que para efectos del juicio de amparo es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1098, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Destacado lo anterior, se afirma que en este juicio se actualiza la invocada causal de improcedencia porque, independientemente de la forma o términos empleados en la demanda para fijar el acto reclamado, de la lectura íntegra de la demanda se corrobora que la quejosa pretende reclamar del IEEPO (a través de distintas áreas) la omisión de efectuar o concluir gestiones para el cumplimiento del laudo al que fue condenada dicha autoridad responsable por la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el laudo de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 117/2018 (4) BIS (para exhibir la cantidad de $48,454.61 por concepto de pago de prima de antigüedad). De modo que, como ese acto se le atribuye en razón del carácter de autoridad demandada en el procedimiento laboral, no puede tener el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, pues actúa en un plano de coordinación respecto a la parte quejosa, ya que su interacción se da dentro de una relación laboral. Ello, porque no debe pasar desapercibido que la emisión de los oficios IEEPO/DSJ/JL/618/2022, DF/2290/2022 y memorándum IEEPO/DSJ/JL/2154/2022, se emitieron en atención al requerimiento de cumplimiento del laudo que dictó la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el expediente laboral 117/2018 (4) Bis. Por ello, en este juicio no se reclama la violación a un derecho de petición, contemplado en el artículo 8° constitucional, porque los oficios cuya falta de respuesta se reclama se dictaron por la propia autoridad demandada como parte de gestiones para cumplir el laudo a que fue condenado el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca. Sin que en la demanda de amparo se señale como autoridad responsable a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la cual es la responsable de vigilar y de emitir los pronunciamientos idóneos y necesarios para que los laudos se cumplan en su totalidad; lo que, en su caso, daría pauta a que se pudiera analizar si los actos realizados por la Junta han sido los eficaces para que el IEEPO cumpla con el laudo a que fue condenado. Entonces, se estima que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca (como Institución demandada y a través de las áreas que intervienen en las gestiones de cumplimiento) no tiene el carácter de autoridad responsable en este juicio de amparo, pues, se insiste, actúa en un plano de coordinación respecto a la parte quejosa, derivado de una relación laboral en la que se dictó laudo en su contra, en virtud de que dentro del procedimiento laboral (en el caso, en la etapa de ejecución) las partes están sujetas a ciertas reglas procesales que los ubican en un plano de igualdad. Sin que con la resolución que antecede se desatienda la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, que invoca la parte quejosa en su demanda de amparo, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Ello, debido a que ese criterio fue interpretado armónicamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), en la que determinó que las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Jurisprudencia que se invoca en apoyo a esta resolución, y que tiene los siguientes datos de localización y rubro: Registro digital: 2016588 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478 "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1° y 5, fracción II, del mismo ordenamiento, DE PLANO, PROCEDE DESECHAR POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Graciela Hernández Vásquez. 9. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialías de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberán estarse a lo indicado en el referido acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente durante su periodo de vigencia. 10. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda y, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Heraclio Hernández Vásquez y Fernando Becerra Martínez, por haber encontrado registrada su cédula, como se hizo constar en la certificación de cuenta 11. Medios para entablar comunicación con la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma en cuenta que la parte quejosa proporciona un número de teléfono y dos direcciones de correo electrónico como medios para entablar comunicación no procesal, únicamente como un canal de comunicación para establecer contacto en los casos en que se estime necesario o pertinente para el éxito de diligencias y la seguridad de quienes intervengan en la misma, pero no para practicar notificaciones. 12. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 13. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 14. Anotaciones. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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