Graciela Magdaleno Quiñones

Expediente 302/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
302/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2017

Partes del expediente

  • Graciela Magdaleno Quiñones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que en su caso, la parte quejosa o la representante social interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diez de los actuales, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte agraviada, sin que lo hubiesen hecho. Sin ser necesario, computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto a la autoridad responsable, toda vez que no le produce agravio alguno dado el sentido de la sentencia, ya que es a la parte quejosa a la única que perjudica; de ahí lo innecesario de certificar que transcurrió o no a dicha parte el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la ley en aplicación. se declara que la sentencia dictada en autos causa ejecutoria y toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, precisado en el resultando primero, conforme a lo dispuesto en el último de los considerandos de la propia sentencia.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, sin embargo, de la certificación de cuenta se deduce que a la fecha transcurre el plazo de quince días otorgado a dicha autoridad responsable para que rinda aquél conforme a lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan las diez horas con cinco minutos del diez de mayo de dos mil diecisiete, para su verificativo.

  4. Principal

    . se admite la demanda de amparo promovida , por propio derecho contra actos de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese bajo el número 302/2017-II. Se señalan las diez horas con cuarenta y tres minutos del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, para que tenga lugar la audiencia constitucional; sin necesidad de tramitar incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicita. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar, en su caso, copias certificadas legibles de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, apercibida que de no hacerlo se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al salario mínimo vigente a partir del uno de enero del año que transcurre, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, para lo cual se le remite copia de escrito inicial de demanda. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público Federal la intervención que le corresponde. En términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a quien se ordena emplazar por conducto de quien acredite ser su representante o apoderado legal, ante el actuario judicial adscrito, debiendo correrle traslado con copia de la demanda de amparo y de este proveído. El funcionario judicial que corresponda, deberá requerir al tercero interesado por conducto de su representante o apoderado legal, para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se harán por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Con fundamento en los artículos 64, párrafo primero, 238 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados, lo comuniquen de inmediato a esta autoridad, con el apercibimiento que de no hacerlo así se les aplicará multa equivalente a treinta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente al salario mínimo vigente a partir del uno de enero del año que transcurre, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En términos de lo previsto en los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c), 8, 18, fracción II, y 19, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en vigor a partir del siete de febrero de dos mil catorce. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Finalmente, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Valentín Fuentes 2559, colonia Infonavit Casas Grandes, de esta ciudad y como sus autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos a José Arturo Molina Mendoza, Jorge Emiliano Salayandía Olivas Hernández, Brenda Nataly Guadian Núñez, María Elena Romo Enríquez, Luis Fernando Corral Flores, Alberto Andrés Vela Beltrán, Manuel Humberto González Martínez, y David Pando Aguirre por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se autoriza al secretario firmar el oficio que se envíe a la autoridad responsable.

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