Graciela Eugenia Mejía Guzmán
Expediente 354/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Graciela Eugenia Mejía Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA ALQ UEJOSO, EL PROVEÍDO DE 29 DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO agréguese el escrito firmado por el licenciado Saúl Espinoza Berrueto, del cual se advierte que da cumplimiento con el requerimiento que se le formuló en el proveído de catorce de mayo actual. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda de garantías promovida por ***************************, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de *************************, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial que anexó a su escrito, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo; demanda que promueve contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Bravos, en esta ciudad. A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo, para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61 fracción XXIII, con el numeral 107 fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI."; De esas disposiciones, se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en un procedimiento, es procedente cuando éstos producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y, c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, los actos reclamados por el amparista consisten en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La resolución de improcedencia que emitió en la audiencia de juicio del doce de abril de dos mil diecinueve, relativa al recurso de revocación que interpuse en contra del auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente 838/2018, de su índice, y La diversa resolución que emitió el juez responsable en la audiencia del juicio antes mencionada, respecto de mi diverso recurso de revocación, intentado en contra del auto de doce de marzo del año dos mil diecinueve, pronunciado en los autos del juicio ordinario civil antes mencionado. Ambas determinaciones judiciales, fueron pronunciadas en la audiencia de juicio que dio inicio a las diez horas del doce de abril de dos mil diecinueve, por lo que forman parte de la misma, pues en base a ello, el juez responsable, siendo las diez horas con veintisiete minutos, decretó desierta la prueba pericial ofrecida por mi representada y admitida en la audiencia preliminar, a cargo del ingeniero topógrafo Elías Efraín Castillo Quintana, haciendo igual pronunciamiento de improcedencia siendo las diez horas con veintiocho minutos, respecto a la diversa prueba de inspección judicial con asistencia del mencionado perito, también ofrecida por mi representada que también había sido admitida en la audiencia preliminar, por lo que de igual forma se reclama la mencionada audiencia de juicio, por causar a mi representada un perjuicio no reparable en la sentencia de fondo". De lo anterior, se advierte que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en los actos reclamados transcritos, por lo siguiente: Con dichos actos sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si en el caso se combaten las resoluciones del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Bravos, en esta ciudad, en las que decretó desiertas las pruebas pericial y de inspección judicial, a cargo del ingeniero topógrafo Elías Efraín Castillo Quintana, ofrecidas por Graciela Eugenia Mejía Guzmán, quien promovió el juicio ordinario civil oral 838/2018, con motivo de la acción real reivindicatoria que intentó en contra de Esperanza Pizarro Villalobos y la persona moral denominada Grúas Servicios del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable; por lo que es evidente, que se trata de actos intraprocesales susceptibles de ser reparados, si se obtiene en el juicio natural una sentencia favorable a sus intereses, por tanto los efectos de tales eventos impugnados de inconstitucionales, no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictaron. Luego, en su caso, será hasta el pronunciamiento del fallo definitivo pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juez del conocimiento y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que las pretendidas violaciones procesales llegaran a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses del quejoso, o bien puede darse el caso de que la misma sea en sentido favorable a sus intereses, por lo que no afectaría derechos sustanciales del amparista. Consecuentemente, como se anunció en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.En tal orden de ideas, es de indicarse que no asiste razón al amparista, en cuanto que considera que los actos reclamados son de imposible reparación; pues no expuso razonamiento alguno de dicha afirmación, por consiguiente no son aplicables los criterios jurisprudenciales que invoca en su demanda. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Saúl Espinoza Berrueto, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Graciela Eugenia Mejía Guzmán. Finalmente, con el escrito de cuenta téngase al promovente solicitando la devolución del mandato para pleitos y cobranzas con el que acreditó su personalidad; por tanto, se autoriza la devolución de dicho documento, dejándose copia certificada en autos; asimismo, sepárese y guárdese en la secretaría de este juzgado el mandato exhibido, hasta que el interesado comparezca a recibirlo, previa identificación y toma de razón que por su recibo quede asentado para constancia.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 24 DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso Saúl Espinoza Berrueto, con el cual solicita se le conceda una prórroga razonable para cumplir con la prevención que se le realizó en proveído de catorce de mayo actual y exhibir copia certificada del mandato que le otorgó Graciela Eugenia Mejía Guzmán; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en la ley de la materia no se prevé la prórroga solicitada por el promovente. Por tanto, a fin de estar en aptitud de determinar lo conducente, en aras de salvaguardar los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, se requiere a la parte quejosa para satisfaga la prevención en los términos en que se le conminó por auto de catorce de mayo actual, lo cual deberá realizar dentro del plazo concedido, mismo que se interrumpió con motivo de la presentación del escrito de cuenta; pues de no hacerlo dentro de ese lapso se hará efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia. En consecuencia se comisiona al actuario judicial adscrito para que notifique de manera personal el presente acuerdo.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO 14 DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Por recibida la demanda de amparo promovida por ************************, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Bravos, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado con el número 354/2019-VI-P y fórmese expediente. Previo a proveer lo relativo a la admisión de la demanda, es importante mencionar que de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando el juez de Distrito advierta del contenido de la demanda alguna irregularidad para entablar la litis constitucional, no se colmen en su totalidad los requisitos esenciales que debe contener aquélla, establecidos en el artículo 108 de la propia ley, o no se exhiban las copias a que se refiere el artículo 110 del mismo ordenamiento, se requerirá al promovente para que subsane tales inconsistencias u omisión. Por ende, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción III, de la ley de la materia, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, exhiba el documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, es decir, como representante legal de Graciela Eugenia Mejía Guzmán, carácter que dice tiene reconocido en los autos del juicio ordinario civil 838/2018 del índice del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; sin embargo tal documental no es la idónea para representar judicialmente a una persona física o moral, siendo un poder notarial el documento correcto para tal fin. Asimismo, se advierte que no exhibió la totalidad de las copias de demanda necesarias para correrle traslado a las partes. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del mismo plazo exhiba cuatro copias más del documento con el que acredite su personería, para correr traslado a las partes, así como para que exhiba dos copias más de su escrito de demanda, en razón de que se necesitan para distribuirse de la manera siguiente: una copia para la autoridad responsable, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y dos para los terceros interesados que indica.
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