Graciela Madrigal Arroyo
Expediente 1227/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciela Madrigal Arroyo
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO 1.1. Radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Graciela, Miguel, Daniel, Jaime, Ramón y Carlos de apellidos Madrigal Arroyo solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen al Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 1227/2021. 1.2. Consideraciones previas. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. 1.3. Declaratoria de incompetencia. Es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos. El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De dicho precepto señala tres reglas para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora, en el caso que nos ocupa, del contenido del escrito de demanda de amparo se desprende que la parte quejosa ostentándose terceros extraños al procedimiento de origen, reclaman los actos de vulneración a su derecho propiedad y posesión que dicen ejercer sobre el bien ubicado en calle Lázaro Cárdenas número 75, de la colonia centro del municipio de Tangancícuaro, Michoacán, señalando que se les impide, incluso, la posibilidad de una vivienda digna, derivado de las actuaciones realizadas en el juicio ordinario civil 1571/2019 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, sobre ejercicio de acción reivindicatoria promovido por Silvia Báñales Vaca, de lo que tomaron conocimiento el ocho de diciembre de este año, con motivo de la diligencia que pretendió poner a esta última persona en posesión del aludido inmueble. Tales actos reclamados, así como los hechos que constituyen sus antecedentes y que se narraron bajo protesta de decir verdad, permiten advertir que los actos reclamados tienen ejecución material, la que se trató de llevar a cabo o podrá ser realizada -desposesión del bien- en la población de Tangancícuaro, Michoacán. Por tanto, es inconcuso que el juez federal competente para conocer de esta petición de amparo, es el que tiene jurisdicción sobre la localidad en comento, precisamente porque ahí se están materializando los actos que se reclaman como violatorios de los derechos de los promoventes. Así, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, que establece que la población donde pretendieron ejecutarse los actos reclamados y pueden llegar a consumarse, está comprendido dentro del territorio donde ejercen jurisdicción los juzgados de distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad señalada en último término, a quien deberá remitirse la demanda y sus anexos, con la atenta súplica del acuse de su recibo. Es importante mencionar que esta determinación se sustenta, además, en la resolución del conflicto competencial 3/2019 dictado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que se determinó que en tratándose de actos reclamados que conlleven una ejecución material, será competente para conocer de la demanda de amparo el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por tal motivo, este Juzgado considera que cuenta con elementos determinantes para declinar la competencia de este asunto a un juzgado legalmente competente. Es aplicable sobre el particular la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado, por no encontrarse en alguno de los supuestos revistos en el artículo 48 de la Ley de Amparo, que remite a lo establecido en el numeral 15 del mismo ordenamiento legal, es decir, por no tratarse de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1.5. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizados para tal efecto, a las personas que nombra, en el entendido de que únicamente Alfredo Anguiano García, Omar Anguiano Romero y Erick Velasco Romero gozarán a las amplias facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
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