Graciela Landa Santillán y Otros.
Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciela Landa Santillán y Otros.
- José Antonio Sereno Gómez
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ciudad de México
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Asume conocimiento. Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; atento a su contenido, se le tiene informando que ese juzgado asumió el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Teresita Calderón Araujo y otros, la cual dio origen al presente cuaderno, en virtud de la incompetencia planteada por este tribunal federal, el cual se registró bajo el número 1389/2022. 2. Archivo. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. 2.1. Valoración. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.
- Principal
Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Teresita Calderón Araujo, José Antonio Sereno Gómez, José Antonio Sereno Calderón, Guillermo Silverio Calderón Ponce, Graciela Landa Santillán, Benjamín Cervantes Estrada, Ana Patricia Mendivil García, Lilia María Domínguez Avilan y Elsa Leonor Sánchez García Melo, todos por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estado Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número I-452/2021, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Análisis de procedencia de la demanda de amparo Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. El proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. El Decreto por la publicación y entrada de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Secretario de Comunicaciones y Transportes, con residencia en la Ciudad de México. La ejecución de lo dispuesto en la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Diario Oficial de la Federación, con residencia en esta ciudad. La publicación del mismo en la página oficial: https://dotoob.mx/nota detalle.php?codido=56161658Jecha=16/04/2021 Al respecto, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, estima carecer de legal competencia, por razón de la materia, para conocer del mismo, ello en términos del ordinal 48 de la Ley de Amparo, ya que dicho acto reclamado corresponde conocer al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se declina la misma, de conformidad con las siguientes consideraciones. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo se aprecia que Teresita Calderón Araujo, José Antonio Sereno Gómez, José Antonio Sereno Calderón, Guillermo Silverio Calderón Ponce, Graciela Landa Santillán, Benjamín Cervantes Estrada, Ana Patricia Mendivil García, Lilia María Domínguez Avilan y Elsa Leonor Sánchez García Melo, todos por propio derecho, manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con el servicio de telefonía celular a cargo de la compañía TELCEL (RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V.), -bajo los números telefónicos que proporcionan-, motivo por el cual señalan que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a septimus de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, les genera afectación a su esfera de derechos pues dicho proceso legislativo, obliga a los titulares de las líneas telefónicas celulares a registrar sus datos biométricos de forma obligatoria, además de que se otorgan facultades a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; lo cual constituye un acto en la materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones en el sector de telecomunicaciones, pues los actos encaminados a obtener los datos personales (biométricos), emana de dicha materia; por tanto, corresponde a un órgano jurisdiccional especializado en materia de competencia de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Evidentemente, a través del decreto publicado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas ellas en materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones, derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo segundo transitorio de dicho decreto, el Consejo de la Judicatura Federal expidió el Acuerdo General 22/2013, en el que, entre otros puntos, estableció la creación de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, precisó que dichos órganos jurisdiccionales tendrían jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en el mencionado acuerdo se especificó que, no obstante que conocerían de materia administrativa, éstos estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; empero, no se precisó que debía entenderse por tales materias. Debido a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, señaló que no obstante que el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no había precisado las definiciones de "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece revelaba qué debía entenderse por ellas y, de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, para dilucidar la cuestión expuesta, resulta necesario examinar los artículos 6 y 28 de la Constitución Federal; asimismo, no debe soslayarse que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, tal como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." En esas condiciones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país estableció que, para que algún acto de autoridad sea examinado por los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario que se colme alguno de los siguientes supuestos: La actuación impugnada constituya la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.). Los actos u omisiones reclamados deriven de la actividad que desarrollan la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, además, versen sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Aunado a lo anterior, precisó que en un proceso de competencia económica se involucra la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios, mientras que un conflicto de libre concurrencia se relaciona con el libre acceso de consumidores y productores en un mercado de condiciones de igualdad. Finalmente, la Segunda Sala puntualizó que cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la responsable como la del acto reclamado sean administrativas, corresponde conocer del asunto a un órgano jurisdiccional en materia administrativa (genérico). Tales consideraciones están reflejadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 1092 -obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , que expresa: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.), cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado". Ahora, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que, por razón de materia, debe ser del conocimiento de un juzgador federal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Por ello, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, resulta inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial, así como autorizando para tal efecto a Joan Antonio Ochoa Sada, Víctor Oswaldo Borja Cortés y Luis Fernando Vaca Ornelas; de igual forma, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Humberto Borja Padrón, ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.Asimismo, como lo solicitan, se les tiene autorizando a Joan Antonio Ochoa Sada, Víctor Oswaldo Borja Cortés y Luis Fernando Vaca Ornelas para la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte promovente. A fin de llevar a cabo la notificación de este proveído, se conmina a los actuarios de la adscripción, a fin de que tales diligencias se realicen tomando en consideración los lineamientos a que se refiere el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico la fracción IV, del numeral 2, que resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, mismo que señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020". Así como las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el diverso artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Providencias generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares), a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (ii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por Teresita Calderón Araujo, José Antonio Sereno Gómez, José Antonio Sereno Calderón, Guillermo Silverio Calderón Ponce, Graciela Landa Santillán, Benjamín Cervantes Estrada, Ana Patricia Mendivil García, Lilia María Domínguez Avilan y Elsa Leonor Sánchez García Melo, todos por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estado Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número I-452/2021, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Análisis de procedencia de la demanda de amparo Ahora, el artículo 112 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito o tribunal unitario de circuito dentro del término de veinticuatro horas deberá resolver si la admite o desecha. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. El proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. El Decreto por la publicación y entrada de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Secretario de Comunicaciones y Transportes, con residencia en la Ciudad de México. La ejecución de lo dispuesto en la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Diario Oficial de la Federación, con residencia en esta ciudad. La publicación del mismo en la página oficial Al respecto, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, estima carecer de legal competencia, por razón de la materia, para conocer del mismo, ello en términos del ordinal 48 de la Ley de Amparo, ya que dicho acto reclamado corresponde conocer al Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, a quien se declina la misma, de conformidad con las siguientes consideraciones. En efecto, del estudio integral de la demanda de amparo se aprecia que Teresita Calderón Araujo, José Antonio Sereno Gómez, José Antonio Sereno Calderón, Guillermo Silverio Calderón Ponce, Graciela Landa Santillán, Benjamín Cervantes Estrada, Ana Patricia Mendivil García, Lilia María Domínguez Avilan y Elsa Leonor Sánchez García Melo, todos por propio derecho, manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con el servicio de telefonía celular a cargo de la compañía TELCEL (RADIOMÓVIL DIPSA S.A DE C.V.), -bajo los números telefónicos que proporcionan-, motivo por el cual señalan que el proceso legislativo que culminó con la reforma y adición a los artículos 15, fracción XLII bis, 176 y 180 bis a septimus de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, les genera afectación a su esfera de derechos pues dicho proceso legislativo, obliga a los titulares de las líneas telefónicas celulares a registrar sus datos biométricos de forma obligatoria, además de que se otorgan facultades a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; lo cual constituye un acto en la materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones en el sector de telecomunicaciones, pues los actos encaminados a obtener los datos personales (biométricos), emana de dicha materia; por tanto, corresponde a un órgano jurisdiccional especializado en materia de competencia de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Evidentemente, a través del decreto publicado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas ellas en materia de Radiodifusión y Telecomunicaciones, derivado de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo segundo transitorio de dicho decreto, el Consejo de la Judicatura Federal expidió el Acuerdo General 22/2013, en el que, entre otros puntos, estableció la creación de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, precisó que dichos órganos jurisdiccionales tendrían jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, en el mencionado acuerdo se especificó que, no obstante que conocerían de materia administrativa, éstos estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; empero, no se precisó que debía entenderse por tales materias. Debido a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 9/2016, señaló que no obstante que el Acuerdo General 22/2013, el Consejo de la Judicatura Federal no había precisado las definiciones de "competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones"; lo cierto era que la propia reforma constitucional de junio de dos mil trece revelaba qué debía entenderse por ellas y, de esta manera, conocer cuál era la materia reservada a la competencia de los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, para dilucidar la cuestión expuesta, resulta necesario examinar los artículos 6 y 28 de la Constitución Federal; asimismo, no debe soslayarse que, para fijar competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, tal como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." En esas condiciones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país estableció que, para que algún acto de autoridad sea examinado por los órganos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario que se colme alguno de los siguientes supuestos: La actuación impugnada constituya la decisión recaída a una solicitud de acceso a la información pública relacionada con temas de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 119/2015 (10a.). Los actos u omisiones reclamados deriven de la actividad que desarrollan la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones y, además, versen sobre el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la libre competencia y concurrencia, así como la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Aunado a lo anterior, precisó que en un proceso de competencia económica se involucra la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios, mientras que un conflicto de libre concurrencia se relaciona con el libre acceso de consumidores y productores en un mercado de condiciones de igualdad. Finalmente, la Segunda Sala puntualizó que cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la responsable como la del acto reclamado sean administrativas, corresponde conocer del asunto a un órgano jurisdiccional en materia administrativa (genérico). Tales consideraciones están reflejadas en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, agosto de 2016, Tomo II, página 1092 -obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo , que expresa: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.), cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado". Ahora, en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que, por razón de materia, debe ser del conocimiento de un juzgador federal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Por ello, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, resulta inconcuso que la competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto, se sirva determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial, así como autorizando para tal efecto a Joan Antonio Ochoa Sada, Víctor Oswaldo Borja Cortés y Luis Fernando Vaca Ornelas; de igual forma, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Víctor Humberto Borja Padrón, ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE AUTORIZA EL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS. Asimismo, como lo solicitan, se les tiene autorizando a Joan Antonio Ochoa Sada, Víctor Oswaldo Borja Cortés y Luis Fernando Vaca Ornelas para la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada al secretario adscrito a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase a la solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo la tesis I.3º.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificación a la parte promovente A fin de llevar a cabo la notificación de este proveído, se conmina a los actuarios de la adscripción, a fin de que tales diligencias se realicen tomando en consideración los lineamientos a que se refiere el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico la fracción IV, del numeral 2, que resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, mismo que señala: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) IV. El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se realizará de manera escalonada, debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020". Así como las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el diverso artículo 23, que determina lo siguiente: "Artículo 23. Notificaciones. A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto, los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: Cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma". Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes, como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. Providencias generales con relación al nuevo esquema de reanudación de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a las partes intervinientes en este asunto (contendientes, terceros y auxiliares, a que las consultas y promociones se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria e.Sat o e.Firma, que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (los contendientes, terceros y auxiliares) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (ii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar. Integración. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico
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