Graciela López Pérez
Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Graciela López Pérez
- Secretaría de Bienestar, Con Sede En la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Causa ejecutoria la resolución de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha determinación. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente expediente, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 826/2022-I, promovido por********************, contra el acto de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con sede en Guanajuato, capital, y otra autoridad, que consideró violatorio del derecho fundamental previsto en el artículo 8º de la Constitución Federal; y R E S U L T A N D O. ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el tres de agosto de dos mil veintidós,******************** presentó demanda de amparo, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, admitiéndose a trámite el cinco de agosto siguiente; se requirió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; asimismo, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la impetrante señalando como nueva autoridad responsable a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con sede en Guanajuato, capital, derivado de lo cual se le requirió su informe de ley y se le informó la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se dio vista al agente del Ministerio Público de la adscripción. Por su parte, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior es así, toda vez que la parte impetrante reclama un acto omisivo, carente de ejecución material, por lo que con fundamento en el tercer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, la competencia recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina el libelo de amparo, el escrito de ampliación de demanda, y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la quejosa reclama de las autoridades responsables Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México, así como de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con residencia en Guanajuato, capital, lo siguiente: - La omisión de pronunciarse respecto a su acceso como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en representación de dicha Secretaría, con sede en la Ciudad de México, negó la existencia del acto reclamado a la misma, al rendir su informe justificado. Negativa que no fue desvirtuada por la parte promovente del amparo, en términos de los artículos 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, pues ante manifestaciones de tal naturaleza, corresponde a la parte quejosa la carga demostrativa de lo contrario. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, por lo que hace al acto reclamado a dicha autoridad responsable; lo anterior, en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo que antecede, las tesis números VI.2º. J/P y VI.2o.A.4 K, sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubros: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS" y "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." CUARTO. Certeza del acto reclamado. La titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, en representación de dicha Delegación, con residencia en Guanajuato, capital, negó la existencia del acto reclamado al rendir su informe de ley; empero, dicha negativa se ve desvirtuada con las manifestaciones que esgrime en el mismo, al aseverar que con posterioridad a la presentación del libelo de amparo, esto es, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, personal autorizado de dicha Delegación se constituyó en el domicilio de la aquí quejosa, con la finalidad de realizar su solicitud de incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, mediante el formato único de bienestar con número de folio ********************. Lo que se corrobora con la documental que la referida autoridad anexó en copia certificada al rendir su informe con justificación (fojas 60 a 62 de autos). Prueba documental pública a la que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de una actuación llevada a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, el cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública, siendo al caso aplicable la jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Quinta Época, visible en la página ciento cincuenta y tres del Tomo VI, materia común, Jurisprudencia y Parte SCJN, publicada en el Apéndice de 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Actualización de causal de improcedencia. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa. Ello es así, toda vez que la quejosa se duele de la omisión por parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con residencia en Guanajuato, capital, de pronunciarse respecto a su acceso como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores; por su parte, al rendir el informe de ley la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, en representación de dicha Delegación, con residencia en Guanajuato, capital, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2 inciso c), del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el Ejercicio Fiscal 2022, personal autorizado de dicha Delegación se constituyó en el domicilio de la quejosa********************, con la finalidad de realizar su solicitud de incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, mediante el formato único de bienestar con número de folio ********************, de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, derivado de lo cual realizó el registro estatal de la solicitud de la aquí impetrante, con el ID CAPTURA ********************, en acatamiento a lo establecido en la referida porción normativa. Lo que se corrobora con la documental que la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, en representación de dicha Delegación, con sede en Guanajuato, capital, anexó a su informe de ley, consistente en copia certificada del formato único de bienestar con número de folio ********************, de cuyo contenido se advierte que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el trámite denominado solicitud de incorporación al programa denominado pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, de la quejosa********************, por parte de personal de Bienestar. Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno, en términos del numeral 74, fracción III, de la ley de la materia, atento a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de una actuación llevada a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, el cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública, de cuyo contenido se obtiene que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (tres de agosto de dos mil veintidós), personal autorizado de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con sede en Guanajuato, capital, se constituyó en el domicilio de la quejosa********************, con la finalidad de realizar su solicitud de incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, mediante el formato único de bienestar con número de folio ********************. Por tanto, en atención a que la solicitante de la protección constitucional se duele medularmente de que la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con residencia en Guanajuato, capital, ha sido omisa en pronunciarse respecto a su acceso como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, en razón a que el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (tres de agosto de dos mil veintidós), personal autorizado de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con sede en Guanajuato, capital, se constituyó en el domicilio de la quejosa********************, con la finalidad de realizar su solicitud de incorporación al programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, mediante el formato único de bienestar con número de folio ********************, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubieran invadido la esfera jurídica de la impetrante. Para emitir la presente determinación, se tiene en cuenta que la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato de la Secretaría de Bienestar, con sede en Guanajuato, capital, al rendir su informe de ley hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la misma ya cumplió a cabalidad con lo establecido en el artículo 4.2 inciso c), del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el Ejercicio Fiscal 2022, correspondiendo en todo caso a la Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, validar el registro de la solicitud de incorporación de la quejosa al programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, sin que dicha Delegación cuente con facultades para realizar dicho proceso; lo que generó que este Juzgado Federal en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintidós, diera vista a la impetrante para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable a la Dirección General para la Validación de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar y como nuevo acto que guarda estrecha relación con el reclamado en el presente asunto, la omisión de llevar a cabo la validación del registro de la solicitud de incorporación de la quejosa al programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, identificado con el número de folio ********************; empero, la solicitante del amparo no dio cumplimiento a dicho requerimiento dentro del término concedido para tal efecto, razón por la cual, en auto de diez de enero pasado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído, continuando el trámite del presente asunto únicamente respecto del acto y autoridades señaladas en el considerando segundo de la presente determinación; derivado de lo cual, no es factible que este órgano jurisdiccional analice la omisión atribuible a la referida Dirección. Acotado lo anterior, al advertirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado, se determina que en el presente asunto cesaron los efectos del acto reclamado que la quejosa hizo consistir en la omisión de emitir un pronunciamiento respecto a su acceso como beneficiaria del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Así las cosas, es innegable que respecto al acto reclamado ante esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 826/2022-I, promovido por********************, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones asentadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Se ordena generación de versión pública de sentencia. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, a fin de que pueda ser consultable por el público en general. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la licenciada María Quiroz García, secretaria de la sección de amparo que autoriza y da fe.
- Principal
I. Se agrega escrito para efectos de control. Glósese a los autos únicamente para efectos de control, el escrito de cuenta, toda vez que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) que lo signa, no es de quien figura como promovente y, por tanto, la falta de ese presupuesto lo equipara a un documento simple, motivo por el cual no puede tenerse por recibido dicho escrito, toda vez que al carecer de firma, entraña la falta de voluntad para promover en los términos que se pretende. Ilustra en este aspecto, la tesis publicada en la página ciento diecinueve, Tomo 187-192, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PROMOCIONES SIN FIRMA. Las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dichos escritos no tienen ningún valor, puesto que todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del suscriptor, y en esta forma responsabilizarse él mismo de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar el mismo conducentemente". II. Se hace efectivo apercibimiento. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento de nueve de diciembre pasado, dentro del término concedido para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se continúa el trámite del presente asunto únicamente respecto de los actos y las autoridades ya señaladas, con las consecuencias legales que ello implique.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa a fin de que desahogue la vista contenida en el acuerdo de nueve de diciembre del año en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con once minutos del diecisiete de enero de dos mil veintitrés.
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