Graciela Garza Guel
Expediente 804/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Graciela Garza Guel
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009 Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, COMPAREZCA A ESTE JUZGADO FEDERAL A RECOGER LA DOCUMENTAL ORIGINAL QUE EXHIBIÓ CON SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA; APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, EN SU MOMENTO SE DESTRUIRÁ JUNTO CON EL EXPEDIENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009 Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DETERMINA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. SE PREVIENE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, COMPAREZCA A ESTE JUZGADO FEDERAL A RECOGER LA DOCUMENTAL ORIGINAL QUE EXHIBIÓ CON SU ESCRITO INICIAL DE DEMANDA; APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO, EN SU MOMENTO SE DESTRUIRÁ JUNTO CON EL EXPEDIENTE.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE 18 DE OCTUBRE DE 2018. I. Parte quejosa cumple requerimiento. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda la constancia de ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que la quejosa Graciela Garza Guel ratificó el contenido y firma del ocurso aclaratorio recibido en este Tribunal el once de octubre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 29); en consecuencia se trae de nueva cuenta y se provee: II. Fijación de la litis. Toda vez que en el ocurso aclaratorio la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que no es parte en el contradictorio de origen y que de lo que se duele es de la diligencia de emplazamiento de trece de septiembre de dos mil dieciocho, así como de la aprobación de la misma en auto de diecinueve siguiente; sin embargo, también aduce que lo que reclama son los actos tendentes a desposeerla del bien inmueble ubicado en calle Joaquín Sierra, número 124 de la colonia León Uno de esta ciudad, del cual afirma ser poseedora. En consecuencia, debe tenerse como acto reclamado en el presente juicio de amparo la inminente desposesión del aludido bien, ya que tanto de la copia que de aquella diligencia acompaña, como de sus manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, se desprende que en dicha diligencia no se desposeyó a la quejosa del bien inmueble que defiende. III. Se desecha demanda de amparo. Precisado el acto reclamado, se concluye que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Para justificar lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, las formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que, conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la inminente desposesión del bien inmueble ubicado en calle Joaquín Sierra, número 124 de la colonia León Uno de esta ciudad, en un juicio del cual no es parte. De los antecedes de su libelo de amparo, se advierte que el juicio de acción reivindicatoria se encuentra en trámite, tan es así, que la quejosa únicamente anexó la diligencia de emplazamiento realizada en su domicilio, de lo que se deduce que aún falta el dictado de una sentencia condenatoria y los actos posteriores a ésta, tales como la orden de entrega de posesión material a quien resulte ser el demandado. De esto, se desprende que el acto reclamado del que se duele la impetrante en su calidad de poseedora del bien inmueble no le causa un perjuicio de manera directa, al tratarse de un acto futuro e incierto, contra el cual es improcedente el juicio de amparo intentado. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que se haya entendido una diligencia de emplazamiento al juicio reivindicatorio con la quejosa en el domicilio que aduce poseer, sin ser parte, no implica que a la fecha de presentación de la demanda exista una orden de desposesión respecto a ese bien inmueble, ni que dicha orden sea inminente de realización cierta, pues existe la posibilidad de que no se dicte sentencia favorable a los intereses del actor. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que el acto impugnado exista o pueda llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la quejosa no se advierte la ineludible emisión de dicha orden de desposesión, puesto que basa la misma en meras suposiciones al haber entendido una diligencia de emplazamiento a juicio, además de no señalar ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Debe decirse que esta Juzgadora no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso esta Juzgadora se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo y por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que la quejosa indica que únicamente se ha llevado a cabo una diligencia de emplazamiento en el contradictorio de origen en el domicilio que aduce poseer, y del cual ella no es parte; manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Con independencia de lo antes expuesto, cabe referir que aunque se analice como acto reclamado destacado la diligencia de emplazamiento de trece de septiembre del año en curso, practicada en el domicilio que defiende la quejosa, así como el auto de aprobación de la misma, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo que robustece la improcedencia del juicio. Dichos numerales textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: - - - I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - - - El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. - - - El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. - - - Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; - - - La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. - - - Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. - - - [.]." Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Por su parte el artículo 5° del mismo ordenamiento, dispone que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, al tener tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, pero además sólo podrá seguirse por el agraviado o por su apoderado legal, esto es, para la procedencia de la instancia constitucional, debe existir un agravio personal y directo. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro Máximo Tribunal del País, ha establecido que el primero de los mencionados debe ser actual para justificar la acción de amparo y el perjuicio se debe traducir en la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Fundamenta lo expuesto, la jurisprudencia 138, emitida por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 199-204, primera parte, visible en la página 135, del rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditada la comprobación del agravio resentido por el quejoso y como consecuencia se deba admitir a trámite, pues para ello es necesario que se demuestre, o cuando menos que se infiera de forma presuncional, que el acto reclamado lesiona su esfera jurídica. Así, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, entendida ésta como aquella que resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales sea titular y que resulten afectados por el citado acto de autoridad reclamado. En ese sentido, para que la autoridad federal esté en condiciones de afirmar que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a un gobernado, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva; de modo que la naturaleza intrínseca del acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular. Luego, es inconcuso que la tutela a los derechos humanos a través del juicio de amparo indirecto, cuando alguien se ostenta como tercero extraño -como ocurre en la especie-, debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente genere la convicción de que se goza de tales prerrogativas y por ende, se encentra legitimado para acudir a esta instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, página cuarenta y cinco, cuyo rubro y texto son: "LEGITIMACION PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". En el caso, cabe recordar que la quejosa combate la diligencia de emplazamiento de trece de septiembre del año en curso, practicada en el domicilio que defiende, así como el auto de aprobación de la misma; diligencia que si bien fue atendida por la impetrante, no iba dirigida a ella, sino a la demandada en el contradictorio de origen Graciela Guel Martínez, a quien la impetrante afirma no conocer. Bajo ese contexto, la diligencia reclamada y el auto que la aprobó no le irrogan perjuicio a la aquí peticionaria del amparo, sino a la demandada en el contradictorio de origen Graciela Guel Martínez, en la medida que se le tuvo por legalmente emplazada a dicho juicio; de tal suerte que es ella quien resiente las consecuencias jurídicas de tal determinación. Por ello, resulta patente que los actos reclamados no entrañan un agravio personal y directo que pueda incidir sobre la esfera normativa de la quejosa, pues, el emplazamiento reclamado y su declaratoria de legalidad no van dirigidos a ésta, sino a la demanda en el contradictorio de origen Graciela Guel Martínez. En esa línea de pensamiento, a nada práctico conduciría el admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que se encuentra evidenciado que con los actos de autoridad impugnados, no sufre un agravio personal y directo. No se soslaya que en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, se permite la impugnación de actos a través del juicio de amparo, a quien no es parte de un procedimiento, ya que la circunstancia de que no pueda intervenir en el mismo, lo faculta para proteger sus derechos, los cuales necesariamente resienten una afectación la cual genera la posibilidad de impugnarlos. Empero, si en el caso, como se dijo, las actuaciones tildadas de inconstitucionales no entrañan un agravio personal y directo que pueda incidir sobre la esfera normativa de la impetrante, porque la diligencia de emplazamiento y su aprobación están dirigidos a persona distinta, obvio es que sus efectos inherentes conciernan a ésta y no a la promovente de la demanda, lo que sí ocurriría con el dictado de una actuación judicial destinada concretamente a la quejosa y sus bienes, a través de la que se presuma la posible afectación del derecho de posesión que ostenta respecto del inmueble que defiende. Entonces, la pretensión de la peticionaria de relacionar la ejecución de los actos reclamados con la calidad de tercera extraña y la afectación que refiere, ningún sustento legal tiene para establecer que dicha actuación le provoca un agravio directo, real y objetivo sobre sus derechos o bienes, que la legitime para acudir a esta instancia. Apoya lo anterior, por identidad de razón, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, consultable en la página 1513, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, de texto y rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo.". Así como el diverso criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo, en la tesis II.2o.C.T.20 K, consultable en la página 648, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia Común, Novena Época, de texto y rubro: "AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.". Por ende, al actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda a que se hizo referencia en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. I. Parte quejosa. ********************. II. Autoridades responsables. Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 804/2018-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo; requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes e integrar el incidente de suspensión, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Indique si es o no la parte demandada en el contradictorio de origen, toda vez que de la documental que anexó a su demanda de amparo, se advierte que fue ella quien entendió la diligencia de emplazamiento de trece de septiembre de dos mil dieciocho, manifestando ante el actuario y "bajo protesta de decir verdad" que es ella la persona buscada, de ahí que debe aclarar el carácter con el que acude ante esta instancia constitucional, en el entendido de que deberá anexar copia simple de una identificación oficial en la que conste su nombre completo. En caso de ser parte demandada, deberá indicar qué es lo que reclama en el presente juicio constitucional. En el supuesto de no ser la demandada, es decir, de acudir al juicio de amparo en carácter de tercera extraña al juicio, deberá señalar con precisión cuál es el acto reclamado y cuál es el derecho fundamental que estima violado; lo anterior en virtud de que, de la documental anexa, se advierte que en el juicio de origen se acaba de admitir a trámite la demanda de acción reivindicatoria y únicamente se ha llevado a cabo la citada diligencia de emplazamiento, sin que se desprenda alguna afectación a su derecho de posesión del bien inmueble que aduce mantener. Sirve como apoyo a lo anterior, la la tesis XX.57 K, de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado de Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo: III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". Hágase del conocimiento de la parte quejosa que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento del impetrante, que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Apercíbase a la parte quejosa para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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- Graciela Esparza Barba1402/2015
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- Graciela González Pérez1055/2018
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