Graciela Imelda Valdez Parra

Expediente 516/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
516/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
  • Graciela Imelda Valdez Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, para llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario hace una relación de las actuaciones que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran la copia del escrito inicial de demanda, constancia de notificación a las autoridades. El juez acuerda: téngase por hecha la relación, cuenta y certificación secretarial para los efectos legales conducentes y tómese en consideración en la presente audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas y se cierra el periodo probatorio. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que las partes no los expresaron. El Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho a las partes para manifestar alegatos y se cierra el periodo de alegatos. Cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución interlocutoria. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 516/2023-L-III; y, R E S U L T A N D O: Único. A petición de Graciela Imelda Valdez Parra, por auto de cinco de julio de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, en relación con los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; se negó la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente.. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura integral de la demanda la parte quejosa refiere como actos reclamados a las autoridades responsables la orden de desalojo del bien inmueble ubicado en avenida Naranjo y calle Guadalupe, número 1 de la colonia Guadalupe, de Guaymas, Sonora. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Se presumen ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, toda vez que fueron omisas de rendir sus informes previos, no obstante de estar legalmente notificadas para ello. Cuarto. Análisis de suspensión. Se procede a analizar si resulta o no procedente el otorgamiento de la suspensión solicitada. En primer término es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; [.]." En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, precisar acotar que el artículo 128 de la Ley de amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.". Al efecto, la Segunda Sala señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: a) Expresamente la solicite el quejoso; b) Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; c) Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; d) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo y; e) Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Ahora bien, del estudio integral de la demanda se desprende que la quejosa reclama, en esencia, el procedimiento de ejecución e inminente desalojo del inmueble ubicado en avenida Naranjo y calle Guadalupe, número 1 (uno) de la colonia Guadalupe, de la ciudad de Guaymas, Sonora, en virtud de una orden emitida por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, en el juicio laboral número 465/2012. Así, en relación con el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración del referido interés suspensional, cuyo acreditamiento implica que tratándose de actos dirigidos a ocasionar actos de molestia como privar de un derecho de propiedad o de posesión, corresponde al demandante del amparo la carga procesal relativa, o sea, el allegar los elementos de prueba suficientes para establecer mínimamente que realmente se es titular de un derecho posesorio o de propiedad, sustentado en una prueba, documental eficaz u otra, como medio de convicción de que podría afectársele con la escrituración directamente dirigida al bien que se defienda. Así, para que proceda la suspensión, conforme a lo establecido en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, no sólo es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio de difícil o imposible reparación, sino que, además, es menester que quien la solicite demuestre estar legitimado para ese fin, es decir, debe acreditar que tiene un interés suspensional y legalmente tutelable para que se otorgue dicha medida cautelar, esto es, que se es titular de un derecho. Lo que resulta indispensable cuando se reclaman actos tendentes a privar de la posesión de un bien y la carga probatoria se satisface al aportar elementos de prueba suficientes para establecer que el impetrante del amparo cuenta con un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución del acto combatido, lo que en el presente asunto no se justificó. Precisado lo anterior, cabe señalar que la quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña por equiparación a juicio de donde emana el acto reclamado; sin embargo, no acredita ni aun de manera indiciaria su interés suspensional con documento alguno que demuestre ser titular del derecho real de propiedad o posesión del referido inmueble. Es aplicable al caso, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Época en la jurisprudencia que cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." De igual forma, cobran aplicación las siguientes jurisprudencias: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." "SUSPENSIÓN. PARA DECRETARLA EN FAVOR DE UN TERCERO EXTRAÑO, DEBE PROBAR SU INTERÉS JURÍDICO. Cuando el quejoso se ostente como tercero extraño al procedimiento del juicio generador, es necesario que acredite, aunque sea presuntivamente, su interés jurídico para que se le conceda la suspensión del acto reclamado, sin que pueda considerarse demostrado con la simple manifestación de la parte que no obtuvo en el juicio respectivo, en el sentido de que el inmueble disputado se encuentra en posesión de dicho tercero extraño." Quinto. Negativa de la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 128 y 130 de la Ley de Amparo, al no acreditar, al menos indiciariamente su interés suspensional, precisamente por no aportar prueba de su existencia, se niega la suspensión definitiva solicitada. Sin que la anterior determinación prejuzgue sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tales cuestiones sólo son susceptibles de analizarse y determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en los apartados cuarto y quinto. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha en virtud de que el expediente no se encuentra debidamente integrado, toda vez que no existe constancia que la totalidad de las autoridades responsables hayan quedado debidamente notificadas; en consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se fijan las once horas con dieciséis minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Solicitud de copias. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte tercero interesada, y atento a su petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copia certificada a su costa de las constancias que refiere, previa razón de recibo que se asiente en autos, autorizando para recibirlas a la persona que refiere. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Administrado Postal, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos y remita copia del acuse de recibo de la misiva 16400/2023. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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