Graciela Apodaca Borjas

Expediente 1108/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1108/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Graciela Apodaca Borjas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuenta. El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta al juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Sin necesidad de requerir a las partes para que se presenten para devolución de documentos, dado que en este asunto no fueron exhibidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. Jennifer

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Glósese el oficio de cuenta suscrito por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, y de las autoridades señaladas como responsables de ese Instituto en Sonora, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de veintisiete de septiembre pasado, remite copia certificada de diversas documentales con las cuales complementa su informe justificado, sobre la valoración médica y el suministro de los medicamentos proporcionados a la aquí quejosa. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la citada responsable, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de recetar y entregar el medicamento que requiere para el tratamiento del padecimiento que refiere padecer consistente en "Lumbago no especificado", y concretamente de surtir los medicamentos consistentes en "Tramadol, paracetamol y Celecobix"; los cuales dice, si bien se le han proporcionado eventualmente, pero a partir del uno de agosto pasado no se le habían suministrado y le son necesarios para al padecimiento que sufre. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales con antelación se les otorgó plena validez probatoria, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, ésto es, al veintitrés de agosto del año en curso, no le habían programado cita médica, ni recetado, ni surtido el medicamento que alude la quejosa; de modo que en esa medida, existe certidumbre del acto omisivo reclamado. No obstante lo anterior, al rendir su informe justificado, el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó a este Juzgado que se le programó a la paciente cita médica para el treinta de agosto de este año, data en la que no se presentó, pero que si lo hizo en fecha doce de septiembre pasado, siendo atendida por la médico familiar, quien entre otros medicamentos le prescribió y se le suministraron también los fármacos "Tramadol, paracetamol y Celecobix". Lo anterior se acredita con las copias certificadas adjuntas al oficio de cuenta, de las que se desprende lo manifestado por la autoridad oficiante, pues de dicha documentación se advierte que el doce de septiembre de dos mil veintidós, se le prestó atención médica (consulta médica) a la aquí quejosa, y se le recetaron y suministraron diversos medicamentos, entre otros, los que aquí resultaron objeto de la omisión de prescripción y suministro reclamada (Tramadol, paracetamol y Celecobix); por lo que, resulta evidente que han cesado los efectos del reclamo constitucional. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la impetrante fue en específico la omisión de recetarle y surtirle el medicamento señalado con antelación y durante el sumario constitucional fue atendida en consulta médica, en la cual le recetaron diversos medicamentos, entre ellos, los que menciona en su demanda que no le habían sido suministrados; por tanto, por actuación de las propias responsables durante la tramitación del sumario, torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - indicadas para las once horas con ocho minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós-. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Visto el oficio remitido por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora y en representación de las autoridades señaladas como responsables de ese Instituto en Sonora, mediante el cual rinde informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el respectivo informe justificado solicitado; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda; y, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Se designan delegados e indica domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la autoridad oficiante. Pruebas. Se le tiene a la autoridad responsable, por ofrecidas la prueba presuncional en su doble aspecto legal y humano, al igual que la instrumental de actuaciones que refiere, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. En cuanto a las documentales que refiere en su informe, dígasele que no fueron acompañadas al oficio que se agrega. Requerimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que refiere y que dice sustentan el informe de cuenta, en relación con el acto reclamado; o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que al efecto tuviere. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y se fija para su celebración las once horas con ocho minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa, sin que se manifestara en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a la sentencia concesoria. II. Relación de constancias. Consta en autos que el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa y el cinco de agosto del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que: "1). Deje insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el expediente 419/2017, relativa al recurso de revocación que interpuso Zachary Martín Millanes Chocoza, en su carácter de autorizada de la aquí quejosa Mary Isabel Holguín Chávez; y, 2). Dicte otra en la que, prescindiendo de reiterar los argumentos contenidos en la determinación impugnada en sede constitucional, de no existir causas distintas a lo aquí tratado, dicte nueva resolución, en la que decrete fundado el recurso de revocación de que se trata, por lo que en esa misma resolución, de ser el caso, deberá dejar sin efecto el diverso auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno y, por ende, acordar lo conducente respecto de la solicitud del accionante contenida en el escrito presentado el veintiséis de agosto pasado, en la que se solicitó dictar el lanzamiento en relación con el inmueble rematado en el juicio de origen.". III. Análisis de cumplimiento. En lo que interesa, por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se agregó el oficio remitido por el juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió copia certificada de la resolución dictada por ese órgano jurisdiccional en la que dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno y, el nueve de agosto de dos ml veintidós, dictó una nueva en el expediente 419/2017, en la que ordenó la desocupación del inmueble objeto de controversia y poner en posesión a la actora aquí quejosa, con base en la petición formulada por ésta. IV. Vista cumplimiento. Con el oficio y sus anexos, que se agregó en acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara al respecto; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; lo que le fue notificado debidamente; sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna que se traduzca en inconformidad al respecto. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues consta que la responsable dejó insubsistente la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno y, el nueve de agosto de dos ml veintidós, dictó una nueva en el expediente 419/2017, con base en la solicitud efectuada por la parte actora aquí quejosa. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de juzgado uno de registro de juicios de amparo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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