Graciela Guadalupe May Catzin
Expediente 1105/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Graciela Guadalupe May Catzin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA VIII. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa exhibió documentos originales junto con su escrito demanda, así como que en proveído de veinticuatro de octubre del presente año se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, y se determinó que el presente expediente es susceptible de destrucción. En tal virtud, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero del punto décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, prevéngasele a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, se presente al local de este Juzgado de Distrito a recoger los documentos originales exhibidos en autos, previa copa certificada y acuse de recibo que obre en autos; apercibida que de hacer caso omiso, podrán ser destruidos materialmente junto con las constancia del presente expediente.
- Principal
MESA VIII. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa exhibió documentos originales junto con su escrito demanda, así como que en proveído de veinticuatro de octubre del presente año se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, y se determinó que el presente expediente es susceptible de destrucción. En tal virtud, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero del punto décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, prevéngasele a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, se presente al local de este Juzgado de Distrito a recoger los documentos originales exhibidos en autos, previa copa certificada y acuse de recibo que obre en autos; apercibida que de hacer caso omiso, podrán ser destruidos materialmente junto con las constancia del presente expediente.
- Principal
MESA VIII. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente es susceptible de destrucción y no tiene relevancia documental. En efecto, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Graciela Guadalupe May Catzin, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, realiza diversas manifestaciones. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la quejosa Graciela Guadalupe May Catzin, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la negativa del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional de aceptar el ingreso del trámite para solicitar copia certificada de tres planos. En el caso a estudio, dadas las manifestaciones vertidas y el estado de autos se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la autoridad responsable, Delegado del Registro Agrario Nacional, al rendir su informe justificado acepto el acto reclamado y señaló que la parte quejosa podía pasar al área del centro de atención a usuarios e ingresar sus documentos para que le entreguen una solicitud (SIMCR) y el mismo día que le fuera entregada dicha solicitud le serían proporcionados los planos que solicita, por lo que con dicha información se dio vista a la parte quejosa a fin de que se constituyera ante la responsable y de ser así lo manifestará a este Juzgado, así como la respuesta obtenida, por lo que mediante escrito presentado ante este Juzgado el veintisiete de septiembre del año en curso, la quejosa manifestó que el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable le hizo entrega de las copias certificadas de los tres planos solicitados. En ese sentido, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la promovente en su escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la negativa atribuida a la autoridad responsable, al haber la propia quejosa aceptado que ya realizó el trámite respectivo y le expidieron las copias certificadas de los tres planos solicitados. Es así, porque la parte quejosa reclamó la negativa de aceptar el ingreso del trámite para solicitar copia certificada de tres planos; y la propia quejosa reconoce que la responsable ya dio trámite a la misma y expidió las copias certificadas respectivas, tal como se advierte de las manifestaciones realizadas por la quejosa en su escrito presentado ante este Juzgado el veintisiete de septiembre del año en curso. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.
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