Graciela Eloisa Ceballos Cocon

Expediente 444/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
444/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Graciela Eloisa Ceballos Cocon

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veinticinco de marzo del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito signado por la quejosa G*****, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído y precisa que el acto reclamado es la falta de contestación de su escrito que presentó ante el Gobernador responsable el diecisiete de febrero del año en curso y exhibe copias para el traslado correspondiente. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra un acto que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como el escrito con el que dio cumplimiento a la prevención de dieciséis de febrero último, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio."En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar contestación a su escrito de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, recibido en la Consejería Jurídica en esa propia fecha, por medio del cual solicitó se remita oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que se lleve a cabo el auxilio de la fuerza pública. En el caso, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 113 de la Ley de Amparo y 8 constitucional, por las consideraciones que a continuación se exponen. En efecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable", no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el Juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el Juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa, a la cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Esto es así, pues respecto a la omisión de dar respuesta a su petición presentada ante la responsable el diecisiete de febrero del año en curso, tal y como lo manifiesta la quejosa en su demanda de amparo y escrito aclaratorio, cabe destacar que si bien es cierto, de conformidad con el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario y aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado; también resulta cierto, que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por la peticionaria de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Por el caso, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: "Artículo 8º (constitucional). Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al "peticionario. En tales condiciones, es preciso que la quejosa demuestre que se encuentra afectada en su derecho de petición, pues de no hacerlo, como en el caso sucede, es patente que no se actualiza la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición y, por ende, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto de juicio de amparo, por tanto la acción constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Ahora bien, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito y de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber a la interesada. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, en la demanda de amparo promovida por la quejosa, se advierte que el escrito de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintiuno fue recibido por la Consejería Jurídica en esa propia fecha, en donde la quejosa solicitó el auxilio de la Fuerza Pública. En ese tenor, es inconcuso que no ha transcurrido un breve término o plazo razonable, a afecto de que la autoridad responsable dé contestación a su petición, de ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta a la petitoria del quejosa. Lo anterior es así, ya que a la data en que se interpuso la demanda de derechos fundamentales, que lo fue el doce de marzo de dos mil veintiuno, en tanto que el escrito fue recibido el diecisiete de febrero del año en curso, por lo que solo han pasado diecisiete días hábiles, como plasmó la quejosa en su demanda de amparo, por lo que aún no se puede hablar de una omisión por parte de la autoridad señalada como responsable. Precisado lo anterior, la suscrita estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, la parte quejosa formuló petición ante la autoridad responsable el diecisiete de febrero del año en curso, según se advierte del contenido de su demanda y del escrito que anexó, y el doce de marzo del año en curso, presentó su escrito de demanda de amparo; por tanto, es incuestionable que no ha transcurrido un plazo prudente o razonable para que la autoridad a quien dirige su petición realice las gestiones conducentes para emitir la resolución correspondiente y lleve a cabo la notificación del mismo. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de Tesis 294/2018, que dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De ahí que, si su demanda fue presentada el doce de marzo del año en curso, y dicha petición fue recibida, el diecisiete de febrero del año en curso, cuya omisión de contestar reclama, es obvio que no ha transcurrido un plazo razonable o breve término para que la autoridad responsable den contestación a su petición formulada y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento la respuesta recaída a la misma. En esa virtud, no es posible que a la fecha de la presentación del libelo de amparo, la autoridad responsable esté en aptitud de dar contestación y hacer del conocimiento de la quejosa la resolución recaída a su petición, dada la fecha de presentación de su solicitud ante la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1º.5 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Página 633, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, del mismo ordenamiento y 8 Constitucional, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Juan Carlos Jiménez Hernández, autorizado de la quejosa Graciela Eloisa Ceballos Cocon, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual pretende desahogar la prevención efectuada en proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, no ha lugar a tener por desahogada tal prevención, en razón de que es requisito formal que tal desahogo deba de ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, esto es así, pues el autorizado en los términos amplios a que se refiere el citado artículo 12 de la ley de la materia, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se precise o manifieste "bajo protesta de decir verdad", cuál es el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable que se emitió en la presentación de la demanda, toda vez que constituye un acto de carácter personalísimo, que sólo puede realizar quien la promovió y no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa del autorizado", ya que se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, por tanto, el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no está facultado para desahogar la prevención antes citada. En mérito de lo anterior, subsiste la prevención realizada, para que en lo que resta del término concedido en el auto citado, la quejosa cumpla con lo señalado en el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, reiterándose el apercibimiento efectuado, en el sentido que de no cumplir con ello en el término señalado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Cobra citar a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia sustentada por el la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama de la Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese bajo el número 444/2021-I. Ahora bien, de la lectura de la demanda se aprecia que la que a quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "III.- ACTO RECLAMADO: La falta de acuerdo y contestación del oficio número 297 de diez de febrero de dos mil veintiuno y mismo que fue recibido por la consejería jurídica el diecisiete de febrero del año dos mil veintiuno. En donde le requiero según acuse ya citado el auxilio de la Fuerza Pública." Sin embargo, de las constancias que adjuntó a su demanda, se advierte el oficio 297, de diez de febrero del año en curso, relativo al juicio ordinario civil 25/2020, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que solicitó el auxilio de la fuerza pública al Gobernador Constitucional del Estado, presentado ante esta última autoridad el diecisiete de febrero del presente año, y en esa propia fecha, la quejosa presentó un ocurso ante el Gobernador responsable solicitándole que en atención al oficio referido 297, de diez de febrero pasado, se envíe el oficio respectivo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para llevar el desalojo concedido en el citado juicio. En esas condiciones, lo anterior impide conocer con claridad cuál es el acto reclamado atribuido al Gobernador Constitucional del Estado, esto es, si se trata de la omisión de contestar el oficio 297, de diez de febrero del año en curso, del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado presentado ante dicha autoridad, el diecisiete de febrero del presente año, o bien, el escrito que presentó ante la autoridad responsable en esa propia fecha, en el que solicitó se envíe el oficio respectivo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para llevar el desalojo concedido en el juicio ordinario civil 25/2020. En las relatadas condiciones, se estima que la demanda se torna irregular, por lo cual a fin de estar en aptitud de conocer con precisión los actos que se reclaman, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 fracción V y 114, fracciones I y II, en relación con el 110 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1) Precise cuál es el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, esto es, si la omisión de contestar el oficio 297, de diez de febrero de dos mil veintiuno, o bien, la de contestar el ocurso que presentó ante el Gobernador responsable en esa propia fecha. 2) Acompañe copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente. Al caso, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Con el apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo y en caso de no cumplir el punto 4, no se abrirá el incidente de suspensión. Ahora bien, teniendo en cuenta que constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en el proemio de su demanda de amparo, y como su autorizado para tal fin a Juan Carlos Jiménez Hernández, en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los restantes señalados en la demanda. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza a los nombrados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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