Graciela Duarte Báez

Expediente 608/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
608/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Graciela Duarte Báez

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/1925/2018, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que acompaña el convenio celebrado por las partes en el juicio laboral, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en rendir su informe justificado como le fue solicitado mediante oficio 10240, del nueve de julio del año en curso, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, como se desprende de la constancia que obra glosada en autos; asimismo, en acuerdo de veinte de agosto del presente año, se requirió para que remitiera copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado, sin que haya dado cumplimiento; por tanto, requiérase nuevamente a la citada responsable, para que en el término de tres días, contado a partir de que reciban el presente, remita copias certificadas de la constancia relativas al acto reclamado, toda vez que las mismas son necesarias para resolver el presente juicio; o bien, manifieste el impedimento legal o material que tengan para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en rendir su informe justificado como le fue solicitado mediante oficio 10240, del nueve de julio del año en curso, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto, como se desprende de la constancia que obra glosada en autos; por tanto, requiérase a la citada responsable, para que en el término de tres días, contado a partir de que reciban el presente, remita copias certificadas de la constancia en que se basó para emitir el acto reclamado, toda vez que las mismas son necesarias para resolver el presente juicio; o bien, manifieste el impedimento legal o material que tengan para ello, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida GRACIELA DUARTE BÁEZ, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE, por el acto consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad señalada el no dictar el correspondiente acuerdo a mi petición presentada con fecha 22 veintidós de junio del 2018, en la que promuevo la actualización a la planilla de liquidación en base a la pena convencional que se fijó en el momento de firmar el convenio de fecha 17 diecisiete de mayo del año 2011 dos mil once y gire oficio a la Dirección de Patrimonio del Estado, para que ésta nombre perito para que emita avalúo de los bienes muebles embargados en la diligencia de fecha 02 dos de agosto del año 2017 dos mil diecisiete, lo anterior, ara estar en condiciones de llevar a cabo el remate de dichos bienes embargados dentro del Juicio Ordinario Laboral identificado con el expediente número 181/2009, con motivo de la demanda laboral que interpuse en contra del H. Ayuntamiento de Pénjamo, Michoacán.": Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 608/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127, del citado ordenamiento. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como terceros interesados al AYUNTAMIENTO DE PÉNJAMILLO, MICHOACÁN y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO de dicho Ayuntamiento, quienes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de la materia, deberán ser emplazados al presente juicio de garantías, mediante oficio al que se anexe copia simple de la demanda, al tener la calidad de autoridades y resultarles el carácter de terceros interesados en este juicio. Infórmese a la autoridad responsable que no deberá acusar recibo de los oficios que reciba proveniente de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Cobalto número 781, colonia Industrial, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a FRANCISCO MADRIGAL SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL SOLORIO GALVÁN, JOSÉ OMAR JULIÁN CABRERA RAMÍREZ y ANGÉLICA ZAMUDIO OCHOA, toda vez que en esos términos fueron designados. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.

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