Graciano Martínez Ávalos
Expediente 954/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciano Martínez Ávalos
- La Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías el dos de octubre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el dos de octubre de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio J30-1568/2019, signado por el Presidente y la Actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación practicada al aquí quejoso Graciano Martínez Ávalos, del auto dictado por dicha autoridad el diez de septiembre del año en curso. Ahora bien, de autos se advierte que las autoridades oficiantes al rendir su informe justificado remitieron copia certificada del acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 885/2018, en el cual admitió la mayoría de las pruebas ofrecidas por las partes, con excepción de la testimonial ofrecida por el codemandado Álvaro Carlos Pérez Cervantes, señalando diversas horas y fechas para el desahogo de los medios de prueba, ordenado notificar personalmente a las partes, auto que, como se advierte del oficio de cuenta, ya fue notificado. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, en cuanto apoderada del quejoso Graciano Martínez Ávalos, la cual quedó registrada con el número 954/2019-IV, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y el Actuario adscrito a dicha junta, consistentes en: ". actos reclamados: La omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, fijar fechas para su desahogo dentro del término legal y notificar a las partes, actos derivados del expediente número 885/2018...". Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables acompañaron en copia certificada al oficio de cuenta, respecto de la notificación practicada al aquí quejoso Graciano Martínez Ávalos, del auto de fecha diez de septiembre del año en curso, dictado dentro del expediente 885/2018, en el cual admitió diversas pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha para su desahogo, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, fijar fechas para su desahogo dentro del término legal y notificar a las partes, también lo es que en auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 885/2018, la auxiliar y Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, admitieron la mayoría de las pruebas ofrecidas por las partes, con excepción de la testimonial ofrecida por el codemandado Álvaro Carlos Pérez Cervantes, señalando diversas horas y fechas para el desahogo de los medios de prueba, ordenado notificar personalmente a las partes, según se advierte de las constancias respectivas y del oficio de cuenta consta que remitieron la notificación de dicho auto de admisión de pruebas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte tercero interesado, el acuerdo y/o resolución de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio J30-1568/2019, signado por el Presidente y la Actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la notificación practicada al aquí quejoso Graciano Martínez Ávalos, del auto dictado por dicha autoridad el diez de septiembre del año en curso. Ahora bien, de autos se advierte que las autoridades oficiantes al rendir su informe justificado remitieron copia certificada del acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente 885/2018, en el cual admitió la mayoría de las pruebas ofrecidas por las partes, con excepción de la testimonial ofrecida por el codemandado Álvaro Carlos Pérez Cervantes, señalando diversas horas y fechas para el desahogo de los medios de prueba, ordenado notificar personalmente a las partes, auto que, como se advierte del oficio de cuenta, ya fue notificado. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, en cuanto apoderada del quejoso Graciano Martínez Ávalos, la cual quedó registrada con el número 954/2019-IV, contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y el Actuario adscrito a dicha junta, consistentes en: ". actos reclamados: La omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, fijar fechas para su desahogo dentro del término legal y notificar a las partes, actos derivados del expediente número 885/2018...". Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables acompañaron en copia certificada al oficio de cuenta, respecto de la notificación practicada al aquí quejoso Graciano Martínez Ávalos, del auto de fecha diez de septiembre del año en curso, dictado dentro del expediente 885/2018, en el cual admitió diversas pruebas ofrecidas por las partes y señaló fecha para su desahogo, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, fijar fechas para su desahogo dentro del término legal y notificar a las partes, también lo es que en auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 885/2018, la auxiliar y Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, admitieron la mayoría de las pruebas ofrecidas por las partes, con excepción de la testimonial ofrecida por el codemandado Álvaro Carlos Pérez Cervantes, señalando diversas horas y fechas para el desahogo de los medios de prueba, ordenado notificar personalmente a las partes, según se advierte de las constancias respectivas y del oficio de cuenta consta que remitieron la notificación de dicho auto de admisión de pruebas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, pues sería ocioso analizar la constitucionalidad de los actos, dado que al haberse subsanado las citadas omisiones, no dejan huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser reparada, por tanto, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaeta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio J30-1551/2019, signado por el Presidente y la Actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del auto de diez de septiembre del año en curso; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora bien, toda vez que las autoridades oficiantes, fueron omisas en remitir la notificación practicada al aquí quejoso del auto de fecha diez de septiembre del presente año, la cual es necesaria para resolver el presente juicio de amparo; en consecuencia, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remite dicha notificación, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260 de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE.
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