Graciela de Liz López Silva
Expediente 626/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Graciela de Liz López Silva
- Gerardo Álvarez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el que transcribió el acuerdo de veintidós de febrero del año que transcurre, a través del cual informa que el referido Tribunal de Alzada se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Graciela de Liz López Silva, la cual quedó registrada como amparo directo 18/2021; por lo tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MES 2 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 626/2020-2, promovido por Graciela de Liz López Silva, por su propio derecho, contra el acto que reclama de los Magistrados que Integran la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Centro, Tabasco, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 1 a 12), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro siguiente, Graciela de Liz López Silva, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del siguiente acto: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el recurso de apelación número 05/2020-II, que confirma el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en la causa penal 06/2018. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte (fojas 13 a 17), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 626/2020-2; se solicitó a la autoridad responsable rindiera informe justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El siete de agosto de dos mil veinte, se emplazó a juicio al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y el tres de noviembre de dos mil veinte (foja 77), a Gerardo Alvarado Ortiz, tercero interesado, por medio de lista publicada en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. CONSIDERANDO PRIMERO. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Graciela de Liz López Silva. En efecto, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. Por su parte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Al respecto, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En ese tenor, resulta indispensable precisar el acto reclamado por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Sobre el particular, sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 519, del tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda." También es aplicable la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del apéndice 1917-2000, novena época, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Luego, atendiendo a los criterios citados y de un análisis conjunto de la demanda de amparo, se puede establecer que la parte quejosa esencialmente reclama: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada por los Magistrados que Integran la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el recurso de apelación número 05/2020-II, que confirma el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en la causa penal 06/2018. Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, se toman en cuenta las constancias originales que allegó la autoridad responsable, del toca y expediente precitados, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en el artículo 2, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. De las precitadas constancias se desprende que: Mediante oficio 29/2018 de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público Investigador, consignó la averiguación previa AP-VHSA-7MA-II-1460/2013, misma que correspondió conocer a la titular del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, ejerciendo acción penal, persecutora y reparadora del daño en contra de Gerardo Alvarado Ortiz, por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas agravadas y daños culposos, el primero en perjuicio de la occisa Flor de Liz Silva Hernández, representada legalmente por Graciela de Liz López Silva; el segundo, en perjuicio de Miriam Silva Hernández y Martín Flores García; y, el último, en detrimento de Graciela de Liz López Silva (foja 1 del tomo I de pruebas). El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, negó la orden de aprehensión solicitada (fojas 1115 a 1140 del tomo II de pruebas). Mediante auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, el juez de origen declaró ejecutoriada la precitada determinación, en virtud de que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación (fojas 1149 y 1150 del tomo II de pruebas). El treinta de julio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público Investigador, mediante oficio 272/20187, consignó en vía de perfeccionamiento la averiguación previa AP-VHSA-7MA-II-1460/2013, al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, ejerciendo acción penal, persecutora y reparadora del daño, en contra del indiciado de referencia (fojas 1191 a 1238 del tomo II de pruebas). El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el juez penal negó nuevamente la orden de aprehensión solicitada (fojas 1241 a 1258 del tomo II de pruebas). El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por oficio 20/2019, la Fiscal del Ministerio Público consignó sus diligencias de determinación de la indagatoria en cuestión al juez de mérito, ejercitando acción penal en contra de Gerardo Alvarado Ortiz, solicitando orden de presentación, de conformidad con el numeral 153 de la Ley Adjetiva Penal abrogada, aplicable al evento delictivo (fojas 1271, 1297 a 1356 del tomo II de pruebas). El ocho de marzo de dos mil diecinueve, el juez de primera instancia negó la orden de presentación solicitada (fojas 1365 a 1380 del tomo II de pruebas). En proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, el juez del conocimiento determinó que había causado estado la negativa de orden de presentación precitada 1399 y 1400 del tomo II de pruebas). El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público Investigador consignó una vez más la averiguación previa en cita, solicitando al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, orden de presentación en contra del indiciado de referencia (foja 1407 a 1411, 1439 a 1541 del tomo II de pruebas). El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la juez penal negó en forma definitiva la orden de presentación a favor de Gerardo Alvarado Ortiz, al considerar que habían transcurrido los plazos que disponen los artículos 153, primer párrafo parte in fine y 174 del Código Procesal Penal abrogado (fojas 1555 a 1614 del tomo II de pruebas). Inconforme con la anterior determinación, Graciela de Liz López Silva, ahora quejosa, interpuso recurso de apelación que fue registrado con el toca 5/2020-II del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte (fojas 79 a 105 del tomo III de pruebas), fue confirmada con base en las consideraciones siguientes: "En efecto, tal como lo hizo ver la Juzgadora de Primera Instancia, resultaba innecesario entrar a estudiar si se acreditaba o no el cuerpo de los delitos en estudio y la probable responsabilidad penal de Gerardo Alvarado Ortiz, pues de autos se advierte que la fecha en que recayó la negativa de orden de aprehensión sobre la solicitud original que hizo el Órgano Investigador, que fue el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, a la fecha del auto en estudio ocho de noviembre de dos mil diecinueve, ha transcurrido más de un año; esto es un año, ocho meses y veinticuatro días . Por tanto, efectivamente nos encontramos en presencia de la hipótesis normativa del párrafo segundo del artículo 160 del Código de Procedimientos Penales del Estado abrogado, en relación al 174, primer párrafo, del citado código, porque la libertad de la que goza el iniciado adquirió el carácter de absoluta al haber transcurrido más de un año, contado a partir de que recayó la negativa de orden sobre la petición original, y no se expidió orden de aprehensión o comparecencia dentro de ese año; aunado a que el dos de marzo de dos mil dieciocho, la citada negativa de aprehensión fue declarada ejecutoriada, en razón que ninguna de las partes interpuso recurso ordinario de apelación. Lo anterior, tomando en consideración los plazos establecidos en los artículos 160, segundo párrafo, y 4, primer párrafo del Código Procesal Penal, que copiados a la letra establecen: "Artículo 160. Si el juez niega la aprehensión o la comparecencia, y la negativa no tiene efectos de sobreseimiento, el Ministerio Público podrá promover pruebas en el proceso y solicitar de nuevo el mandamiento correspondiente. En ningún caso se devolverá al Ministerio Público el expediente en el que éste ejercitó la acción penal, para que reanude la averiguación como autoridad investigadora. Se estará a lo previsto en el artículo 174 acerca de la libertad absoluta del inculpado, cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original". "Artículo 174. Cuando no se satisfagan los requisitos para disponer el procesamiento, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar. Si lo que corresponde es el sobreseimiento, se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. Si sólo se resuelve la libertad por falta de elementos, el Ministerio Público podrá impugnar la resolución judicial que la disponga o promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la presentación del inculpado. La libertad tendrán carácter definitivo cuando transcurran dos años desde que se dispuso aquélla, sin que se expida nueva orden de captura o presentación sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción. Las nuevas pruebas que promueva el Ministerio Público serán desahogadas en presencia del inculpado y su defensor, salvo que no comparezcan a pesar de haber sido citados legalmente. Cuando el ausente sea el defensor particular, el juez designará a un defensor de oficio". Preceptos que resultan claros en establecer que cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año, a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original, lo que procede es la libertad con carácter de definitiva del activo. Lapso que se computa sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción, dado que no se rigen por las reglas generales de la prescripción, sino que es una regla especial, en este caso requiere únicamente de que no se hubiere expedido orden de aprehensión o presentación, en su caso, dentro de un año a partir de la negativa de la respectiva orden, que recayó a la solicitud original. No obstante, el término de un año que prevé el artículo 160, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, no se interrumpió por las solicitudes de orden de presentación de treinta de julio de dos mil dieciocho, resulta el dieciocho de septiembre de ese mismo año; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; en vía de perfeccionamiento, fallada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, y, la peticionada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud de que el precepto citado es claro al referir que si el Juez niega la aprehensión o comparecencia el Ministerio Público podrá solicitar el mandamiento correspondiente y en su párrafo segundo indica que se estará a lo previsto en el artículo 174 de la citada codificación, acerca de la libertad absoluta del inculpado, cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original, que en el caso estudio lo fue el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Apoya a lo anterior, por las razones que contiene la tesis aislada II.1o.P134 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, Registro 178874, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI Marzo de 2005, Materia(s): Penal, página 1240, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. PROCEDE CUANDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 90 DÍAS NATURALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 272, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, EL MINISTERIO PÚBLICO NO APORTA PRUEBAS PARA PROCEDER NUEVAMENTE CONTRA EL MISMO INCULPADO, SIN QUE OBSTE PARA ELLO QUE ESTÉ PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE LIBERTAD O DE NO SUJECIÓN A PROCESO. De conformidad con los artículos 148 y 184 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se confiere al Ministerio Público un término perentorio de 90 días naturales para promover eficientemente o aportar nuevas pruebas para proceder nuevamente contra el mismo inculpado. Por su parte, el artículo 272, fracción V, del mismo ordenamiento legal establece el sobreseimiento de la causa cuando se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a proceso por no satisfacerse los requisitos establecidos en la Constitución Federal y sin que el Ministerio Público aporte en dicho plazo las pruebas al efecto. Ahora bien, si en el caso se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del inculpado, y el representante social dentro del plazo de 90 días naturales que le concede la ley no aporta nuevos elementos para librar una orden de aprehensión, procede el sobreseimiento en la causa con fundamento en el mencionado artículo 272, fracción V, del código adjetivo de la materia, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el fiscal adscrito al juzgado natural hubiese interpuesto recurso de apelación contra el auto de libertad o respecto de la negativa para librar una nueva orden de aprehensión, ya que la sustanciación del referido recurso no interrumpe el término de 90 días previsto en el propio artículo 148 para aportar nuevos datos y solicitar la orden de captura, pues dicho medio de impugnación se admite en el efecto devolutivo y no suspensivo, por lo cual los términos continúan transcurriendo y al no tener efectos suspensivos deviene improcedente que se interrumpa el plazo que la ley confiere al representante social para aportar nuevas pruebas, pues lo contrario implicaría conferir al Ministerio Público mayor tiempo del que legalmente le corresponde en perjuicio de los justiciables. Por ello, la Juzgadora al recibir por cuarta ocasión en vía de perfeccionamiento una determinación de la Fiscalía, analizó de oficio de manera correcta que el asunto puesto a su consideración estaba prescrito. Razones anteriores, que permiten concluir que fue correcta la Juzgadora al dictar la negativa de orden de presentación en forma definitiva a favor del indiciado. En este orden de ideas, al ser correcta la decisión de la Juzgadora ante la prescripción de la causa, por haber transcurrido más de un año de la primera negativa de orden, ningún provecho jurídico tiene someter a escrutinio si son o no procedentes los agravios de la Agente del Ministerio Público Adscrito; de ahí, que devienen inatendibles por inoperante sus alegatos por lo que se omitió su transcripción en el apartado correspondiente al resultar ociosa e innecesaria. No se soslaya que en el presente caso se encuentren involucradas en calidad de víctimas dos menores de edad, tal como lo menciona el Fiscal del Ministerio Público, razón por la cual debe suplirse la deficiencia de la queja de los mismos, atendiendo la convección sobre los Derechos del Niño, así como las herramientas legales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo son el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, su respectiva compilación de fundamentos útiles para la aplicación del citado protocolo; así como el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad; empero, en el caso este Tribunal de Alzada no aprecia contravención legal alguna, por inaplicación o por aplicación exacta de alguna ley, ni violación a los principios reguladores de valoración de las pruebas, o alteración de los hechos, ni incorrecta fundamentación o motivación por parte de la juzgadora, porque la resolución que se revisa se encuentra ajustada a derecho, ya que si el recurrente estima la vulneración de los derechos de menores, entonces así debió canalizar su determinación, pero en el caso en particular no lo hizo dentro del término establecido -un año desde que recayó la primera negativa de orden- aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en sus reiteradas determinaciones para mejor proveer; lo que significa que la resolución del juzgador está apegada a derecho. Además, resulta infundado el agravio que hace valer el Asesor Particular en el sentido que la resolución de la Juzgadora es imprecisa, porque atendiendo a los numerales 160 y 174 del Código de Procedimientos Penales abrogado, debe entenderse jurídicamente que los mismos se aplicarán cuando se haya pronunciado un sobreseimiento al negar la radicación o pronunciar el auto de término constitucional; sin embargo, en el caso que nos ocupa no hubo tal pronunciamiento en las diversas consignaciones, porque las negativas de orden fue por las fallas técnicas jurídicas que no satisficieron a la autoridad judicial, empero el juzgador nunca ha declarado un sobreseimiento a favor del imputado, dado que el asunto en estudio no pasó la fase preliminar del proceso, aplicando la juzgadora de manera equivocada la ley y trascendiendo en perjuicio de la parte ofendida al negarle el acceso a la justicia. Contrario a lo sostenido por el Asesor Particular, la determinación de la Juzgadora no resulta inexacta, en razón que como ya quedó claro, el numeral 160 del ordenamiento legal invocado, establece que ante la negativa de orden, el representante social cuenta con un año para ofrecer nuevas pruebas en el proceso y solicitar de nuevo el mandamiento correspondiente; y si bien, tal derecho se hizo de forma incorrecta en las reiteradas determinaciones, solo hace evidente el tiempo suficiente con el cual contó la Fiscalía para ejercitar acción persecutora y reparadora de daños a favor de la parte ofendida, pero al no hacerlo es la razón por la cual el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la Jueza aplicó correctamente los parámetros establecidos en los numerales 160 y 174 del Código de Procedimientos Penales abrogado, en el que de forma correcta negó en forma definitiva la orden de presentación del activo, lo que trae explícitamente como consecuencia el sobreseimiento de la causa. Maxime, que la resolución del Juez Natural no violenta los derechos y garantías de las partes ofendidas, otorgados en los diversos 1º, 8vo., 14, 16, 17, y 20 apartado C, de la Carta Magna, en correlación de los dispositivos 1, 2, 8, 31, 33, 174 y 200 del Código Procesal Penal abrogado; porque aun cuando conforme a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, es obligación de las autoridades observar los derechos humanos contenidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de Derechos Humanos, como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal, ello no implica qué bajo el pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia se deben sobrepasar los restantes principios de la función jurisdiccional, como lo son la legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, porque de hacerlo, se provocaría un estado de inseguridad en la sociedad, que con llevaría finalmente a una transgresión de ese acceso efectivo a la justicia; por lo que al haberse determinado en definitiva la negativa de la orden de presentación a favor del inculpado en la causa a estudio, de modo alguno conlleva una afectación al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, porque precisarse los plazos precisados por los legisladores en las leyes secundarias, garantiza que no quede abierta indefinidamente la acción persecutoria del Estado, y qué tiene sustento en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar los gobernados, en razón de lo cual el estudio realizado por la A quo, se trata de una cuestión de orden público. Salvo que, por la naturaleza del delito opere una excepción a la regla, esto es, cuando se transgreda ese derecho humano de acceso a la justicia, y que a nivel internacional han quedado definidos, esto es en los casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que no es el caso que nos ocupa. Sirve de aporte a lo anterior la tesis, 1a.CVI/2016 (10a.) Registro: 2011432, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1131, Materia: Constitucional, Décima Época, que en su texto y rubro dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. De la reforma al artículo 1o. constitucional de 10 de junio de 2011, se obtiene que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Sin embargo, de ello no se sigue que los órganos jurisdiccionales nacionales, so pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad que a la postre significaría una transgresión a ese acceso efectivo a la justicia. Ahora bien, la figura de la prescripción de la acción penal, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva, por regla general, una transgresión al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados. Lo anterior, sin desconocer que pueden suscitarse casos en los que el establecimiento de la prescripción de la acción penal sí pudiere llegar a ser transgresora del derecho humano de acceso a la justicia, pues en el ámbito internacional existen ilícitos respecto de los cuales se ha declarado su imprescriptibilidad, como es el caso de los "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad". Por otra parte, la mencionada reforma no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica de que se trate, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". En ese contexto, el auto recurrido, es ajustado a derecho, y de modo alguno incumple con las exigencias de legalidad que dispone el numeral 71 del Código Procesal Penal abrogado, ya que se encuentra debidamente fundado y motivado, sin que la Juez Natural estuviera en actitud de aplicar suplencia de la queja a favor de la parte ofendida, ya que no se actualizaba alguna condición para aplicar tal principio, igual que ocurre en el presente fallo. En consecuencia, en términos del artículo 194 del código de procedimientos penales en vigor, lo que procede es CONFIRMAR el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco en el expediente 06/2018, que se instruía al indiciado Gerardo Alvarado Ortiz, por el delito de homicidio culposo, en perjuicio de la occisa Flor de Liz Silva Hernández, representada legalmente por Graciela de Liz López Silva; por el ilícito de lesiones culposas agravadas; en agravio de Miriam Silva Hernández y Martín Flores García; por último, por el delito de daños culposos, en detrimento de Graciela de Liz López Silva". De la determinación transcrita se obtiene que la Sala de referencia confirmó la resolución apelada, que negó de manera definitiva la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Al respecto, la responsable consideró que de la fecha de la negativa de la orden de aprehensión sobre la solicitud original que hizo el órgano investigador -dieciséis de febrero de dos mil dieciocho-, a la del auto apelado -ocho de noviembre de dos mil diecinueve-, había transcurrido un año, ocho meses y veinticuatro días. Por tanto, estimó que se actualizaba la hipótesis normativa del párrafo segundo del artículo 160 en relación al ordinal 174, primer párrafo, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, abrogado, aduciendo que la libertad de la que goza el indiciado adquirió el carácter de absoluta, al haber transcurrido más de un año, contado a partir de que recayó la negativa de orden sobre la petición original, y no se expidió orden de aprehensión o comparecencia dentro de ese periodo. Lapso que la responsable consideró computado sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción, dado que estimó no se rigen por las reglas generales de dicha institución jurídica, sino que es una regla especial, que en este caso requiere únicamente que no se hubiere expedido orden de aprehensión o presentación, en su caso, dentro de un año a partir de la negativa de la respectiva orden, que recayó a la solicitud original. Asimismo, refirió que el dos de marzo de dos mil dieciocho, la citada negativa de aprehensión fue declarada ejecutoriada, en razón a que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación. En apoyo de sus consideraciones, citó la tesis II.1o.P134 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, Registro 178874, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI Marzo de 2005, Materia(s): Penal, página 1240, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. PROCEDE CUANDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 90 DÍAS NATURALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 272, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, EL MINISTERIO PÚBLICO NO APORTA PRUEBAS PARA PROCEDER NUEVAMENTE CONTRA EL MISMO INCULPADO, SIN QUE OBSTE PARA ELLO QUE ESTÉ PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE LIBERTAD O DE NO SUJECIÓN A PROCESO". De igual forma, la responsable estableció que se aplicó correctamente los parámetros establecidos en los numerales 160 y 174 del Código de Procedimientos Penales abrogado, al negarse en forma definitiva la orden de presentación del activo, lo que adujo trae explícitamente como consecuencia el sobreseimiento de la causa, pues consideró que al haberse determinado en definitiva la negativa de la orden de presentación a favor del inculpado, de modo alguno conlleva una afectación al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, porque los plazos precisados por los legisladores en las leyes secundarias, garantizan que no quede abierta indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que estimó tiene sustento en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar los gobernados. Como se puede observar, la determinación que se reclama en el presente asunto, pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, pues en ella se estableció que el auto por el que se negó en forma definitiva la orden de presentación del activo, trajo como consecuencia el sobreseimiento de la causa, por lo que para la autoridad responsable la libertad de la que goza el iniciado adquirió el carácter de absoluta al haber transcurrido más de un año, contado a partir de la primigenia resolución -la que negó la orden sobre la petición original-. Por tanto, a criterio del suscrito, contra la sentencia de segunda instancia -acto reclamado en este juicio-, procede el amparo directo. En efecto, del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 280/2013, sostuvo que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa, pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado, pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 40/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Materias(s): Común, Penal, página 459, con número de registro 2009652, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS)". Asimismo, de las disposiciones normativas precitadas, se advierte que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. No es óbice a lo expuesto, la circunstancia de que mediante auto de seis de agosto de dos mil veinte, se admitiera la demanda de amparo, toda vez que la cuestión competencial constituye un presupuesto procesal básico que debe ser estudiado en sentencia para poder ejercer la jurisdicción y así estar en aptitud de realizar cualquier otro acto procesal, pues todo acto debe estar emitido por autoridad legalmente competente. Por tanto, se ordena remitir los autos del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito para que, si lo estima pertinente, asuma el conocimiento, solicitándole respetuosamente se sirva acusar el recibo de estilo; para dar cumplimiento al artículo 17 de la Carta Magna e impedir mayor perjuicio a la impetrante; al respecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Este juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Graciela de Liz López Silva, por las razones expuestas en el considerando PRIMERO de la presente resolución. SEGUNDO. Remítase los autos del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito para que, si lo estima pertinente, asuma el conocimiento del mismo, solicitándole respetuosamente se sirva acusar el recibo de estilo. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
MES 2.- Con fundamento en el artículo 27 Inciso C) de la Ley de Amparo, notifico la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso, acuerdo que en lo conducente dice:---------------------------------------------------------------- VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 626/2020-2, promovido por Graciela de Liz López Silva, por su propio derecho, contra el acto que reclama de los Magistrados que Integran la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Centro, Tabasco, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte (fojas 1 a 12), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común, y turnado a este órgano jurisdiccional el cuatro siguiente, Graciela de Liz López Silva, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del siguiente acto: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en el recurso de apelación número 05/2020-II, que confirma el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en la causa penal 06/2018. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de seis de agosto de dos mil veinte (fojas 13 a 17), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 626/2020-2; se solicitó a la autoridad responsable rindiera informe justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El siete de agosto de dos mil veinte, se emplazó a juicio al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y el tres de noviembre de dos mil veinte (foja 77), a Gerardo Alvarado Ortiz, tercero interesado, por medio de lista publicada en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. CONSIDERANDO PRIMERO. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Graciela de Liz López Silva. En efecto, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. Por su parte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Al respecto, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En ese tenor, resulta indispensable precisar el acto reclamado por la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Sobre el particular, sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promoverte y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 519, del tomo VI, agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda." También es aplicable la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del apéndice 1917-2000, novena época, cuyo texto y rubro son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Luego, atendiendo a los criterios citados y de un análisis conjunto de la demanda de amparo, se puede establecer que la parte quejosa esencialmente reclama: La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada por los Magistrados que Integran la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en el recurso de apelación número 05/2020-II, que confirma el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Jueza Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en la causa penal 06/2018. Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, se toman en cuenta las constancias originales que allegó la autoridad responsable, del toca y expediente precitados, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en el artículo 2, al ser expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. De las precitadas constancias se desprende que: Mediante oficio 29/2018 de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Agente del Ministerio Público Investigador, consignó la averiguación previa AP-VHSA-7MA-II-1460/2013, misma que correspondió conocer a la titular del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, ejerciendo acción penal, persecutora y reparadora del daño en contra de Gerardo Alvarado Ortiz, por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas agravadas y daños culposos, el primero en perjuicio de la occisa Flor de Liz Silva Hernández, representada legalmente por Graciela de Liz López Silva; el segundo, en perjuicio de Miriam Silva Hernández y Martín Flores García; y, el último, en detrimento de Graciela de Liz López Silva (foja 1 del tomo I de pruebas). El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, negó la orden de aprehensión solicitada (fojas 1115 a 1140 del tomo II de pruebas). Mediante auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, el juez de origen declaró ejecutoriada la precitada determinación, en virtud de que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación (fojas 1149 y 1150 del tomo II de pruebas). El treinta de julio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público Investigador, mediante oficio 272/20187, consignó en vía de perfeccionamiento la averiguación previa AP-VHSA-7MA-II-1460/2013, al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, ejerciendo acción penal, persecutora y reparadora del daño, en contra del indiciado de referencia (fojas 1191 a 1238 del tomo II de pruebas). El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el juez penal negó nuevamente la orden de aprehensión solicitada (fojas 1241 a 1258 del tomo II de pruebas). El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por oficio 20/2019, la Fiscal del Ministerio Público consignó sus diligencias de determinación de la indagatoria en cuestión al juez de mérito, ejercitando acción penal en contra de Gerardo Alvarado Ortiz, solicitando orden de presentación, de conformidad con el numeral 153 de la Ley Adjetiva Penal abrogada, aplicable al evento delictivo (fojas 1271, 1297 a 1356 del tomo II de pruebas). El ocho de marzo de dos mil diecinueve, el juez de primera instancia negó la orden de presentación solicitada (fojas 1365 a 1380 del tomo II de pruebas). En proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, el juez del conocimiento determinó que había causado estado la negativa de orden de presentación precitada 1399 y 1400 del tomo II de pruebas). El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público Investigador consignó una vez más la averiguación previa en cita, solicitando al Juez Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco, orden de presentación en contra del indiciado de referencia (foja 1407 a 1411, 1439 a 1541 del tomo II de pruebas). El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la juez penal negó en forma definitiva la orden de presentación a favor de Gerardo Alvarado Ortiz, al considerar que habían transcurrido los plazos que disponen los artículos 153, primer párrafo parte in fine y 174 del Código Procesal Penal abrogado (fojas 1555 a 1614 del tomo II de pruebas). Inconforme con la anterior determinación, Graciela de Liz López Silva, ahora quejosa, interpuso recurso de apelación que fue registrado con el toca 5/2020-II del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, que en sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte (fojas 79 a 105 del tomo III de pruebas), fue confirmada con base en las consideraciones siguientes: "En efecto, tal como lo hizo ver la Juzgadora de Primera Instancia, resultaba innecesario entrar a estudiar si se acreditaba o no el cuerpo de los delitos en estudio y la probable responsabilidad penal de Gerardo Alvarado Ortiz, pues de autos se advierte que la fecha en que recayó la negativa de orden de aprehensión sobre la solicitud original que hizo el Órgano Investigador, que fue el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, a la fecha del auto en estudio ocho de noviembre de dos mil diecinueve, ha transcurrido más de un año; esto es un año, ocho meses y veinticuatro días . Por tanto, efectivamente nos encontramos en presencia de la hipótesis normativa del párrafo segundo del artículo 160 del Código de Procedimientos Penales del Estado abrogado, en relación al 174, primer párrafo, del citado código, porque la libertad de la que goza el iniciado adquirió el carácter de absoluta al haber transcurrido más de un año, contado a partir de que recayó la negativa de orden sobre la petición original, y no se expidió orden de aprehensión o comparecencia dentro de ese año; aunado a que el dos de marzo de dos mil dieciocho, la citada negativa de aprehensión fue declarada ejecutoriada, en razón que ninguna de las partes interpuso recurso ordinario de apelación. Lo anterior, tomando en consideración los plazos establecidos en los artículos 160, segundo párrafo, y 4, primer párrafo del Código Procesal Penal, que copiados a la letra establecen: "Artículo 160. Si el juez niega la aprehensión o la comparecencia, y la negativa no tiene efectos de sobreseimiento, el Ministerio Público podrá promover pruebas en el proceso y solicitar de nuevo el mandamiento correspondiente. En ningún caso se devolverá al Ministerio Público el expediente en el que éste ejercitó la acción penal, para que reanude la averiguación como autoridad investigadora. Se estará a lo previsto en el artículo 174 acerca de la libertad absoluta del inculpado, cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original". "Artículo 174. Cuando no se satisfagan los requisitos para disponer el procesamiento, el juez dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar. Si lo que corresponde es el sobreseimiento, se dictará éste, con indicación de que el inculpado queda en libertad absoluta. Si sólo se resuelve la libertad por falta de elementos, el Ministerio Público podrá impugnar la resolución judicial que la disponga o promover nuevas pruebas y solicitar, en su caso, la reaprehensión o la presentación del inculpado. La libertad tendrán carácter definitivo cuando transcurran dos años desde que se dispuso aquélla, sin que se expida nueva orden de captura o presentación sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción. Las nuevas pruebas que promueva el Ministerio Público serán desahogadas en presencia del inculpado y su defensor, salvo que no comparezcan a pesar de haber sido citados legalmente. Cuando el ausente sea el defensor particular, el juez designará a un defensor de oficio". Preceptos que resultan claros en establecer que cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año, a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original, lo que procede es la libertad con carácter de definitiva del activo. Lapso que se computa sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción, dado que no se rigen por las reglas generales de la prescripción, sino que es una regla especial, en este caso requiere únicamente de que no se hubiere expedido orden de aprehensión o presentación, en su caso, dentro de un año a partir de la negativa de la respectiva orden, que recayó a la solicitud original. No obstante, el término de un año que prevé el artículo 160, segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales, no se interrumpió por las solicitudes de orden de presentación de treinta de julio de dos mil dieciocho, resulta el dieciocho de septiembre de ese mismo año; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve; en vía de perfeccionamiento, fallada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, y, la peticionada el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud de que el precepto citado es claro al referir que si el Juez niega la aprehensión o comparecencia el Ministerio Público podrá solicitar el mandamiento correspondiente y en su párrafo segundo indica que se estará a lo previsto en el artículo 174 de la citada codificación, acerca de la libertad absoluta del inculpado, cuando no se expida orden de aprehensión o presentación dentro de un año a partir de la negativa que recayó sobre la solicitud original, que en el caso estudio lo fue el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Apoya a lo anterior, por las razones que contiene la tesis aislada II.1o.P134 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, Registro 178874, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI Marzo de 2005, Materia(s): Penal, página 1240, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. PROCEDE CUANDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 90 DÍAS NATURALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 272, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, EL MINISTERIO PÚBLICO NO APORTA PRUEBAS PARA PROCEDER NUEVAMENTE CONTRA EL MISMO INCULPADO, SIN QUE OBSTE PARA ELLO QUE ESTÉ PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE LIBERTAD O DE NO SUJECIÓN A PROCESO. De conformidad con los artículos 148 y 184 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se confiere al Ministerio Público un término perentorio de 90 días naturales para promover eficientemente o aportar nuevas pruebas para proceder nuevamente contra el mismo inculpado. Por su parte, el artículo 272, fracción V, del mismo ordenamiento legal establece el sobreseimiento de la causa cuando se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a proceso por no satisfacerse los requisitos establecidos en la Constitución Federal y sin que el Ministerio Público aporte en dicho plazo las pruebas al efecto. Ahora bien, si en el caso se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del inculpado, y el representante social dentro del plazo de 90 días naturales que le concede la ley no aporta nuevos elementos para librar una orden de aprehensión, procede el sobreseimiento en la causa con fundamento en el mencionado artículo 272, fracción V, del código adjetivo de la materia, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el fiscal adscrito al juzgado natural hubiese interpuesto recurso de apelación contra el auto de libertad o respecto de la negativa para librar una nueva orden de aprehensión, ya que la sustanciación del referido recurso no interrumpe el término de 90 días previsto en el propio artículo 148 para aportar nuevos datos y solicitar la orden de captura, pues dicho medio de impugnación se admite en el efecto devolutivo y no suspensivo, por lo cual los términos continúan transcurriendo y al no tener efectos suspensivos deviene improcedente que se interrumpa el plazo que la ley confiere al representante social para aportar nuevas pruebas, pues lo contrario implicaría conferir al Ministerio Público mayor tiempo del que legalmente le corresponde en perjuicio de los justiciables. Por ello, la Juzgadora al recibir por cuarta ocasión en vía de perfeccionamiento una determinación de la Fiscalía, analizó de oficio de manera correcta que el asunto puesto a su consideración estaba prescrito. Razones anteriores, que permiten concluir que fue correcta la Juzgadora al dictar la negativa de orden de presentación en forma definitiva a favor del indiciado. En este orden de ideas, al ser correcta la decisión de la Juzgadora ante la prescripción de la causa, por haber transcurrido más de un año de la primera negativa de orden, ningún provecho jurídico tiene someter a escrutinio si son o no procedentes los agravios de la Agente del Ministerio Público Adscrito; de ahí, que devienen inatendibles por inoperante sus alegatos por lo que se omitió su transcripción en el apartado correspondiente al resultar ociosa e innecesaria. No se soslaya que en el presente caso se encuentren involucradas en calidad de víctimas dos menores de edad, tal como lo menciona el Fiscal del Ministerio Público, razón por la cual debe suplirse la deficiencia de la queja de los mismos, atendiendo la convección sobre los Derechos del Niño, así como las herramientas legales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo son el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, su respectiva compilación de fundamentos útiles para la aplicación del citado protocolo; así como el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad; empero, en el caso este Tribunal de Alzada no aprecia contravención legal alguna, por inaplicación o por aplicación exacta de alguna ley, ni violación a los principios reguladores de valoración de las pruebas, o alteración de los hechos, ni incorrecta fundamentación o motivación por parte de la juzgadora, porque la resolución que se revisa se encuentra ajustada a derecho, ya que si el recurrente estima la vulneración de los derechos de menores, entonces así debió canalizar su determinación, pero en el caso en particular no lo hizo dentro del término establecido -un año desde que recayó la primera negativa de orden- aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo en sus reiteradas determinaciones para mejor proveer; lo que significa que la resolución del juzgador está apegada a derecho. Además, resulta infundado el agravio que hace valer el Asesor Particular en el sentido que la resolución de la Juzgadora es imprecisa, porque atendiendo a los numerales 160 y 174 del Código de Procedimientos Penales abrogado, debe entenderse jurídicamente que los mismos se aplicarán cuando se haya pronunciado un sobreseimiento al negar la radicación o pronunciar el auto de término constitucional; sin embargo, en el caso que nos ocupa no hubo tal pronunciamiento en las diversas consignaciones, porque las negativas de orden fue por las fallas técnicas jurídicas que no satisficieron a la autoridad judicial, empero el juzgador nunca ha declarado un sobreseimiento a favor del imputado, dado que el asunto en estudio no pasó la fase preliminar del proceso, aplicando la juzgadora de manera equivocada la ley y trascendiendo en perjuicio de la parte ofendida al negarle el acceso a la justicia. Contrario a lo sostenido por el Asesor Particular, la determinación de la Juzgadora no resulta inexacta, en razón que como ya quedó claro, el numeral 160 del ordenamiento legal invocado, establece que ante la negativa de orden, el representante social cuenta con un año para ofrecer nuevas pruebas en el proceso y solicitar de nuevo el mandamiento correspondiente; y si bien, tal derecho se hizo de forma incorrecta en las reiteradas determinaciones, solo hace evidente el tiempo suficiente con el cual contó la Fiscalía para ejercitar acción persecutora y reparadora de daños a favor de la parte ofendida, pero al no hacerlo es la razón por la cual el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la Jueza aplicó correctamente los parámetros establecidos en los numerales 160 y 174 del Código de Procedimientos Penales abrogado, en el que de forma correcta negó en forma definitiva la orden de presentación del activo, lo que trae explícitamente como consecuencia el sobreseimiento de la causa. Maxime, que la resolución del Juez Natural no violenta los derechos y garantías de las partes ofendidas, otorgados en los diversos 1º, 8vo., 14, 16, 17, y 20 apartado C, de la Carta Magna, en correlación de los dispositivos 1, 2, 8, 31, 33, 174 y 200 del Código Procesal Penal abrogado; porque aun cuando conforme a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, es obligación de las autoridades observar los derechos humanos contenidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de Derechos Humanos, como lo ha sostenido la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal, ello no implica qué bajo el pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia se deben sobrepasar los restantes principios de la función jurisdiccional, como lo son la legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, porque de hacerlo, se provocaría un estado de inseguridad en la sociedad, que con llevaría finalmente a una transgresión de ese acceso efectivo a la justicia; por lo que al haberse determinado en definitiva la negativa de la orden de presentación a favor del inculpado en la causa a estudio, de modo alguno conlleva una afectación al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, porque precisarse los plazos precisados por los legisladores en las leyes secundarias, garantiza que no quede abierta indefinidamente la acción persecutoria del Estado, y qué tiene sustento en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar los gobernados, en razón de lo cual el estudio realizado por la A quo, se trata de una cuestión de orden público. Salvo que, por la naturaleza del delito opere una excepción a la regla, esto es, cuando se transgreda ese derecho humano de acceso a la justicia, y que a nivel internacional han quedado definidos, esto es en los casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que no es el caso que nos ocupa. Sirve de aporte a lo anterior la tesis, 1a.CVI/2016 (10a.) Registro: 2011432, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Página 1131, Materia: Constitucional, Décima Época, que en su texto y rubro dice: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. EL ESTABLECIMIENTO DE ESTA FIGURA NO PUGNA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. De la reforma al artículo 1o. constitucional de 10 de junio de 2011, se obtiene que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, observar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales. Sin embargo, de ello no se sigue que los órganos jurisdiccionales nacionales, so pretexto del derecho fundamental de acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, dejen de aplicar los demás principios de la función jurisdiccional, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso, pues ello provocaría un estado de inseguridad en la sociedad que a la postre significaría una transgresión a ese acceso efectivo a la justicia. Ahora bien, la figura de la prescripción de la acción penal, traducida ésta en la determinación de un plazo establecido en la ley para tener por extinguida la acción punitiva del Estado, no conlleva, por regla general, una transgresión al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, pues el establecimiento de los plazos que en su caso imponen los legisladores en las leyes penales secundarias, tiene como fin último que no quede expedita indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que encuentra su justificación en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar todos los gobernados. Lo anterior, sin desconocer que pueden suscitarse casos en los que el establecimiento de la prescripción de la acción penal sí pudiere llegar a ser transgresora del derecho humano de acceso a la justicia, pues en el ámbito internacional existen ilícitos respecto de los cuales se ha declarado su imprescriptibilidad, como es el caso de los "crímenes de guerra" y "crímenes de lesa humanidad". Por otra parte, la mencionada reforma no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica de que se trate, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". En ese contexto, el auto recurrido, es ajustado a derecho, y de modo alguno incumple con las exigencias de legalidad que dispone el numeral 71 del Código Procesal Penal abrogado, ya que se encuentra debidamente fundado y motivado, sin que la Juez Natural estuviera en actitud de aplicar suplencia de la queja a favor de la parte ofendida, ya que no se actualizaba alguna condición para aplicar tal principio, igual que ocurre en el presente fallo. En consecuencia, en términos del artículo 194 del código de procedimientos penales en vigor, lo que procede es CONFIRMAR el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Primero Penal de Primera Instancia de Centro, Tabasco en el expediente 06/2018, que se instruía al indiciado Gerardo Alvarado Ortiz, por el delito de homicidio culposo, en perjuicio de la occisa Flor de Liz Silva Hernández, representada legalmente por Graciela de Liz López Silva; por el ilícito de lesiones culposas agravadas; en agravio de Miriam Silva Hernández y Martín Flores García; por último, por el delito de daños culposos, en detrimento de Graciela de Liz López Silva". De la determinación transcrita se obtiene que la Sala de referencia confirmó la resolución apelada, que negó de manera definitiva la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Al respecto, la responsable consideró que de la fecha de la negativa de la orden de aprehensión sobre la solicitud original que hizo el órgano investigador -dieciséis de febrero de dos mil dieciocho-, a la del auto apelado -ocho de noviembre de dos mil diecinueve-, había transcurrido un año, ocho meses y veinticuatro días. Por tanto, estimó que se actualizaba la hipótesis normativa del párrafo segundo del artículo 160 en relación al ordinal 174, primer párrafo, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, abrogado, aduciendo que la libertad de la que goza el indiciado adquirió el carácter de absoluta, al haber transcurrido más de un año, contado a partir de que recayó la negativa de orden sobre la petición original, y no se expidió orden de aprehensión o comparecencia dentro de ese periodo. Lapso que la responsable consideró computado sin perjuicio de los plazos para que opere la prescripción, dado que estimó no se rigen por las reglas generales de dicha institución jurídica, sino que es una regla especial, que en este caso requiere únicamente que no se hubiere expedido orden de aprehensión o presentación, en su caso, dentro de un año a partir de la negativa de la respectiva orden, que recayó a la solicitud original. Asimismo, refirió que el dos de marzo de dos mil dieciocho, la citada negativa de aprehensión fue declarada ejecutoriada, en razón a que ninguna de las partes interpuso recurso de apelación. En apoyo de sus consideraciones, citó la tesis II.1o.P134 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, Registro 178874, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI Marzo de 2005, Materia(s): Penal, página 1240, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. PROCEDE CUANDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 90 DÍAS NATURALES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 272, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO, EL MINISTERIO PÚBLICO NO APORTA PRUEBAS PARA PROCEDER NUEVAMENTE CONTRA EL MISMO INCULPADO, SIN QUE OBSTE PARA ELLO QUE ESTÉ PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE LIBERTAD O DE NO SUJECIÓN A PROCESO". De igual forma, la responsable estableció que se aplicó correctamente los parámetros establecidos en los numerales 160 y 174 del Código de Procedimientos Penales abrogado, al negarse en forma definitiva la orden de presentación del activo, lo que adujo trae explícitamente como consecuencia el sobreseimiento de la causa, pues consideró que al haberse determinado en definitiva la negativa de la orden de presentación a favor del inculpado, de modo alguno conlleva una afectación al derecho humano de acceso efectivo a la justicia, porque los plazos precisados por los legisladores en las leyes secundarias, garantizan que no quede abierta indefinidamente la acción persecutoria del Estado, lo que estimó tiene sustento en el derecho a la seguridad y certeza jurídica de que deben gozar los gobernados. Como se puede observar, la determinación que se reclama en el presente asunto, pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, pues en ella se estableció que el auto por el que se negó en forma definitiva la orden de presentación del activo, trajo como consecuencia el sobreseimiento de la causa, por lo que para la autoridad responsable la libertad de la que goza el iniciado adquirió el carácter de absoluta al haber transcurrido más de un año, contado a partir de la primigenia resolución -la que negó la orden sobre la petición original-. Por tanto, a criterio del suscrito, contra la sentencia de segunda instancia -acto reclamado en este juicio-, procede el amparo directo. En efecto, del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 280/2013, sostuvo que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa, pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado, pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Criterio que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 40/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de 2015, Tomo I, Materias(s): Común, Penal, página 459, con número de registro 2009652, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS)". Asimismo, de las disposiciones normativas precitadas, se advierte que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. No es óbice a lo expuesto, la circunstancia de que mediante auto de seis de agosto de dos mil veinte, se admitiera la demanda de amparo, toda vez que la cuestión competencial constituye un presupuesto procesal básico que debe ser estudiado en sentencia para poder ejercer la jurisdicción y así estar en aptitud de realizar cualquier otro acto procesal, pues todo acto debe estar emitido por autoridad legalmente competente. Por tanto, se ordena remitir los autos del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito para que, si lo estima pertinente, asuma el conocimiento, solicitándole respetuosamente se sirva acusar el recibo de estilo; para dar cumplimiento al artículo 17 de la Carta Magna e impedir mayor perjuicio a la impetrante; al respecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. SEGUNDO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de seis de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Este juzgado carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Graciela de Liz López Silva, por las razones expuestas en el considerando PRIMERO de la presente resolución. SEGUNDO. Remítase los autos del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito para que, si lo estima pertinente, asuma el conocimiento del mismo, solicitándole respetuosamente se sirva acusar el recibo de estilo. TERCERO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; se integra a los autos la constancia levantada por la Actuaria de este juzgado, de veintisiete de los actuales, mediante la cual informa que no fue posible la entrega del oficio 14029/2020, dirigido al Director del Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tabasco, con sede en esta ciudad, a fin de que éste informara si tiene registrado algún domicilio a nombre del tercero interesado Gerardo Alvarado Ortiz, toda vez que fue informada en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Salud, que el referido organismo desapareció en este sexenio; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que en tres de noviembre del año actual, se tuvo por hecha la notificación y emplazamiento del tercero interesado a que se alude. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Gerardo Alvarado Ortiz, y atento a su contenido se acuerda: se tiene al promovente apersonándose al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se tiene al citado promovente, señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su ocurso que se provee, y nombrando como autorizados a Alfonso Villegas Castellanos, José Cruz Ulín Madrigal, Afín Díaz Torres y Bertha Patricia Bautista Mendoza, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Así también, se tiene a la parte ocursante, proporcionando el correo electrónico gerardo,alvaradoo@pemex.com. Ahora, en relación al correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carece de eficacia jurídica para tales efectos. Notifíquese
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