Graciano Morales Montoya

Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
887/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Graciano Morales Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Graciano Morales Montoya; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero1 inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo2 del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, las copia certificada del expediente laboral 3611/2012 de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada constante de dos tomos. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 887/2022-8, promovido por *********, contra los actos que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco., con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 123 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de junio de dos mil veintidós por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el siete posterior, Graciano Morales Montoya solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "a) LA OMISIÓN de la autoridad responsable de tomar las medidas necesarias para la pronta y expedita ejecución del laudo en el expediente 3611/2012. b) La omisión de la responsable de acordar el escrito de fecha de recepción 06 de diciembre de dos mil veintiuno." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El ocho de junio de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 887/2022-8-L, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta responsable de ejecutar totalmente el laudo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 3611/2012, y su omisión de aplicar los instrumentos y medidas necesarias para la eficaz ejecución del laudo. La omisión de acordar el escrito de seis de diciembre de dos mil veintiuno dentro del citado expediente laboral. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A). Las autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, sin embargo, en el caso, no ha lugar a tener por presuntivamente cierto el acto que se les reclama, toda vez que la parte quejosa omitió exhibir medio de prueba que corroborara la existencia de la omisión que le reclama. En efecto, el impetrante de amparo reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la omisión de tomar las medidas necesarias para la ejecución del laudo dictado en el expediente 3611/2012; sin que por ello exhibiera medio de prueba que corroborara fehacientemente el aquí quejoso Graciano Morales Montoya, que evidenciara que efectivamente el juicio laboral citado se encuentra en la etapa procesal oportuna para que la autoridad responsable emitirá las determinaciones para la ejecución del laudo, ello es así, pues a su libelo constitucional no aportó ningún medio de convicción que así lo acredite. Aunado a lo anterior se tiene que la autoridad responsable al rendir su informe justificado, adjuntó copia certificada del proveído dictado el quince de julio del año en curso, en el que, entre otras cosas, señaló que dentro de los autos del juicio laboral 3611/2012, no obraban constancias de notificación a las partes del laudo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, por lo que, en ese acto ordenó turnar el expediente de mérito a uno de los actuarios de su adscripción, para tal efecto. En ese tenor, es inexistente el acto reclamado toda vez que era al quejoso Graciano Morales Montoya, al que le correspondía probar que efectivamente el juicio laboral del cual reclama la omisión del dictado de laudo se encontraba en la etapa procesal oportuna para ello y que la Junta responsable haya omitido dictar las providencias respectivas, lo cual no aconteció. Al respecto, sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2018110, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2018110, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, con registro digital 206346, del tenor: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En las narradas consideraciones, procede SOBRESEER en el presente juicio respecto del acto señalado en el inciso a), en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO B). La autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, negó el acto reclamado, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; no obstante, enseguida realizó manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, se tienen como ciertos los actos que se reclaman a las referidas autoridades responsables, pues así se advierte de su respectivo informe justificado ; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO B). Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se procede a analizar si se actualiza una causa de improcedencia del juicio constitucional, porque éstas deben examinarse la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El precepto en cita, a la letra dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la quejosa, es necesario estudiar previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal en virtud de la cual, en un primer momento del juicio de amparo, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos procesales que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a proveer, y si no lo están, de una manera manifiesta y ostensible, debe sobreseer en el juicio, abstenerse de conocer de ella y concretarse a emitir una providencia en la que se expresen los motivos por los cuales estimó que no se puede entrar al conocimiento del asunto, por faltar los presupuestos del conocimiento de mérito. En suma, constituye un obstáculo que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional. Lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Ahora bien, este Órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo y fracción invocados, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo sea improcedente cuando, hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Así, en el caso, respecto del acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en la omisión de la junta responsable en acordar el escrito con fecha de recepción seis de diciembre de dos mil veintiuno, se actualiza también la diversa causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en apoyo a su informe justificado, anexó copia certificada del acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente laboral 3611/2012, de su índice; en el cual se tuvo al apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa, solicitando despachar el auto de ejecución y se dio trámite al mismo. Luego, resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el tres de junio de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta omisiva de las autoridades señaladas responsables pues no se había acordado el escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral 3611/2012, de su índice; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación el acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Conviene dejar en claro que la actualización de las hipótesis de improcedencias analizadas no implica una denegación al derecho de acceso para la quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; la quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales Federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. LXXXI/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Materias(s): Constitucional, página 1587, con registro digital: 2002139, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Asimismo, es aplicable la tesis XVII.1o.C.T.15 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, materias constitucional, común, página 2274, con registro digital 2003381, del tenor: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia de los mismos. Apoya lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 88, volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 232302, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencias destacadas se sobresee en el presente juicio de amparo. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de junio dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiocho de junio del año en curso, remite copia certificada del expediente laboral 3611/2012, de su índice, a partir del laudo constante del tomo III de la foja 688 a la 764 y del tomo IV de la foja 765 a la 1081 constante de 394 fojas útiles; en consecuencia, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éstas a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante de cuenta, ofreciendo como prueba en el presente asunto la documental que anexa al oficio que se provee. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, constante de DOS TOMOS, manéjense éstas por cuerdas separadas y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintiocho de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable Actuario del Departamento de Ejecución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, asimismo se requirieron constancias a partir del laudo del expediente laboral 3611/2012 a la fecha, las cuales son necesarias para resolver el presente asunto, por lo que el plazo de OCHO DÍAS para que las partes se impongan de sus contenidos se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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