Graciela Cruz Barriga

Expediente 1230/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Graciela Cruz Barriga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. 1. Acusa recibo. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó la sentencia dictada el veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, dentro del presente juicio de amparo. 2. Estado procesal. Por otra parte, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y la agente del Ministerio Público adscrita, no interpusieron recurso de revisión, dentro del plazo legal para hacerlo, contra la sentencia, dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. 3. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 4. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, mismas que anexó como complemento a su informe justificado; solicitándole el acuse correspondiente. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a ésta. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita copias. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa Graciela Cruz Barriga, atento a su contenido y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copia simple que refiere y autorizando para recibirlas a las personas que indica en su ocurso de cuenta, previa identificación que realice y recibo de estilo que de ello se deje en autos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1230/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán: La resolución dictada el once de octubre de dos mil veintidós, en la cual no se resolvió el fondo de los medios preparatorios a juicio ordinario oral mercantil número M-02/2022, al advertirse la falta de legitimación de ******************** y ********************; por tanto, no se les requirió de la presentación de los documentos solicitados por la aquí quejosa, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias remitidas junto con su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o. CUARTA. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Dicho principio de definitividad deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" De la interpretación sistemática de las disposiciones constitucional y legal transcritas, se pone de manifiesto el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de tal manera que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o de trabajo, puede acudir a solicitar el amparo únicamente después de haber agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona. En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de amparo proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno. Con ello se da oportunidad al gobernado que interviene dentro del procedimiento judicial, administrativo o laboral, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación que estime le causa el acto de autoridad. Ahora, como se adelantó, en el presente juicio constitucional, la quejosa reclama la resolución dictada el once de octubre de dos mil veintidós, en la cual no se resolvió el fondo de los medios preparatorios a juicio ordinario oral mercantil número M-02/2022, al advertirse la falta de legitimación de ******************** y ********************; por tanto, no se les requirió de la presentación de los documentos solicitados por la aquí quejosa, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************; acto al que atento a su naturaleza, le resultan aplicables las disposiciones del Código de Comercio. En ese sentido, para comprender adecuadamente el por qué se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene traer a contexto lo dispuesto en los artículos 1151 fracción IV y 1153, segundo párrafo, del Código de Comercio, que señalan: "CAPÍTULO X Medios Preparatorios del Juicio Artículo 1151. El juicio podrá prepararse: [.] IV. Pidiendo un socio ó comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad, al consocio ó condueño que los tenga en su poder; [.]" "Artículo 1153. [.] Contra la resolución del juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia, o el de revocación si fuere dictada por juez menor o de paz." De conformidad con las disposiciones legales que anteceden, contra la resolución del juez que deniegue la diligencia preparatoria procede el recurso de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un juez de primera instancia -tal como ocurre en el caso concreto-, o bien el recurso de revocación si el auto fuera dictado por un juez menor. De lo expuesto, es posible concluir, que el recurso de apelación procede contra la resolución reclamada, pues constituye un recurso judicial efectivo, al ser capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, esto es, que puede conducir a un análisis por parte del juzgador competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos de la parte recurrente y, en su caso, es apto para proporcionar una reparación, dado que puede provocar la modificación o revocación de la resolución impugnada. De todo lo cual, se colige, que la parte quejosa, estuvo en aptitud de combatir el acto reclamado a través del recurso de apelación en los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 1153 del Código de Comercio; y debió de haberlo hecho, con el fin de satisfacer el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Orienta lo expuesto, por analogía, la tesis III.5o.C.28 C (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, julio de 2015, Tomo II, página 1736, registro 2009634, que establece: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE LOS DENIEGUE ES APELABLE CON BASE EN LA REGLA ESPECIAL QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE APLICAR LA NORMA GENERAL (INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1339 Y 1340 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, VIGENTES HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2014). Resulta inaplicable a los citados medios preparatorios a juicio lo establecido en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, vigentes hasta el 26 de diciembre de 2014, dado que contienen reglas generales aplicables a los juicios mercantiles respecto de la procedencia del recurso de apelación considerando el monto del negocio; así, el primer párrafo del citado artículo 1339 expresamente dispone que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos treinta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos. Ello se reitera en el numeral siguiente, al negarse el acceso al recurso de alzada aludiendo específicamente a los "juicios mercantiles", cuando por la cantidad reclamada se sustancien en juzgados de paz o de cuantía menor, así como en el supuesto de que el valor del mismo sea inferior a la citada cantidad, en la hipótesis de que sea un Juez de primera instancia el que conozca del proceso, dicha regla está indicada para los autos, acuerdos, interlocutorias y sentencias, es decir, en general, para actos emitidos en la tramitación y para las resoluciones dictadas en el juicio mercantil, lo que excluye a los actos procesales (medios preparatorios) que se lleven a cabo previa su instauración. En ese contexto, deben interpretarse de manera armónica las disposiciones especiales contempladas para los medios preparatorios, excluyendo las normas generales (artículos 1339 y 1340) en razón a que de manera expresa en el diverso artículo 1153, segundo párrafo, se señala que resulta irrecurrible la resolución que admite a trámite dicha diligencia, mientras que aquella que la deniegue podrá recurrirse en apelación, la que se tramitará en ambos efectos. Lo anterior lleva a establecer que la regla especial excluye la posibilidad de aplicar la norma general." [Lo resaltado es propio] Sin que obste el hecho de que en la resolución reclamada no se haya hecho el pronunciamiento textual relativo a denegar la diligencia preparatoria, pues el efecto que produce el no requerir a ******************** y ******************** -por carecer de legitimación en el proceso- de la presentación de los documentos solicitados por la aquí quejosa, en su carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, lleva implícita la denegación de la diligencia preparatoria; por lo que se estima que contra dicha determinación sí debió primeramente agotar el medio ordinario previsto en el Código de Comercio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.3o.9 C, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1806, registro 180584, cuyo contenido es el siguiente: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. SON RECURRIBLES LAS DETERMINACIONES DICTADAS EN ELLOS. Los medios preparatorios no se consideran actos dentro del juicio natural porque su finalidad es preparar la acción que habrá de ejercitarse en el juicio que corresponda, sin que ello signifique que los autos y demás resoluciones que se pronuncien durante su tramitación no se sujeten a las reglas de firmeza legal que opera en todo procedimiento judicial; luego, al no hacerse valer el medio de impugnación correspondiente en contra de las actuaciones dictadas en dichos medios preparatorios, el juzgador no puede variar su actuación, atendiendo al principio de preclusión y firmeza inmersa en las determinaciones judiciales, por no haber sido recurridas." [Lo resaltado es propio] Bajo este orden de ideas, se establece que no es optativo para la promovente, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, ya que es suficiente que la ley que rige al acto reclamado contenga el medio de impugnación idóneo para que esté a disposición de la parte interesada y pueda ejercitarlo, lo que conlleva la obligación de su tramitación respectiva, en virtud de que el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de derechos fundamentales, aunado a que en el caso no se actualiza alguna excepción a dicho principio. En las relatadas condiciones, se acredita la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que instituye que el juicio de garantías será improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisada en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. 1. Se recibe despacho diligenciado. Visto lo de cuenta, téngase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, devolviendo debidamente diligenciado el despacho 30/2023 (orden 42/2023), que se envió a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada Jorge Román Gutiérrez Zaragoza, en su carácter de representante legal y Manuel Zaragoza Pureco en su carácter de Comisario, de la persona moral "MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE SANTA CLARA" Sociedad Anónima de Capital Variable, diligencia que se llevó a cabo, como se advierte de las constancias anexas al oficio de cuenta. En ese orden de ideas, téngase legalmente emplazadas a las terceras interesadas de referencia; asimismo, téngaseles señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan, respectivamente, en las actas de emplazamiento levantadas por el juzgado auxiliar. Por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a enviar acuse de recibo dado que no se solicita. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

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