Graciela Chávez Olvera

Expediente 305/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
305/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2020

Partes del expediente

  • Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, ciudad
  • Graciela Chávez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Visto el estado de autos, de los que se advierte que la Actuaria Adscrita a este Juzgado Rosa Pérez Moreno, realizó el acta de visita para efectos de notificar a la parte quejosa el auto de seis de mayo de dos mil veinte, procediendo a dejar aviso fijado en la puerta, a fin de que dentro de los dos días hábiles siguientes, acudiera al órgano jurisdiccional, sin que a la fecha obre constancia de que ello haya acontecido, o acta levantada por la Actuaria al respecto. Por tanto se comisiona a la Actuaria adscrita a este Juzgado, a fin de que realice la notificación referida, de conformidad con el artículo 27., fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 305/2020. De conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. JUSTIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA DE CUENTA. Vista la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama el decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2; por tanto previo a proveer sobre el contenido de la misma, es importante resaltar que la presente demanda constitucional debe ser considerada como asunto urgente, conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, toda vez que, como ya se precisó, el quejoso reclama el decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en nombre de ********************, en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, de su análisis se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la referida Ley de Amparo, que dispone respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." En la especie, tal hipótesis genérica de improcedencia se relación con los preceptos 6 y 15 de la misma Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [...]" Del primero de dichos artículos se advierte la legitimación en el juicio de amparo como presupuesto procesal, al señalar que la acción podrá promoverse por la persona directamente agraviada, por representante legal, apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. En relación a este último enunciado, el numeral 15 citado establece reglas procesales específicas diferenciadas aplicables a actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, que se explican por sí mismas, pues basta advertir que se trata de situaciones en las que se está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y/o permanencia en territorio nacional; bienes jurídicos altamente apreciados y que ante situaciones de riesgo, requieren protección reforzada y efectiva; por esa razón, no les son aplicables reglas procesales que en otras hipótesis sin apremio tienen razón de ser y resulta ineludible exigir, ello en aras de remover obstáculos para lograr la efectiva y oportuna protección judicial. En ese sentido, cuando la demanda de amparo es promovida por persona distinta al agraviado directo, su representante legal o apoderado, no debe desecharse de plano bajo el argumento de que no se colma el principio de instancia de parte agraviada, ya que precisamente el articulo 15 ante invocado prevé los casos en que se permite que cualquier persona promueva el juicio de amparo a nombre de otra. Empero, esta última norma dispone los casos y supuestos bajo los cuales se remueve el obstáculo procesal que representa la legitimación en el juicio de amparo, a saber: que se reclamen actos que pongan en peligro la vida, ataquen la libertad personal fuera de procedimiento, se trate de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y, que el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo. Es decir, tal ventaja de acceso a la justicia está reservada para los actos reclamados que encuadran en tales hipótesis de gravedad, que imposibilitan al agraviado directo a presentar la demanda por sí o por representante legal o apoderado; de manera que tales supuestos legales deben evidenciarse del análisis de la demanda, sin que pueda quedar a discreción de las partes elegir cumplir o no con los presupuestos procesales que en forma general se requieren para instar la acción constitucional. En relación a la imposibilidad de la que habla el artículo 15, la Ley de Amparo no establece una definición o alcance del término, de manera que corresponde al juzgador definir de manera casuística su aplicación, tomando en cuenta los datos aportados en la demanda, y sobre todo, ponderando los derechos humanos en juego y su eventual transgresión. Ahora bien, en el presente asunto, ********************, promueve demanda de amparo a favor de ********************, en términos del citado numeral 15, en contra del acto consistente en "El Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en el diario oficial el día lunes 20 de abril de 2020". Bajo protesta de decir verdad manifiesta que los quejosos están imposibilitados para promover amparo por su propio derecho, debido a que se encuentran en sus respectivos domicilios en ********************, en resguardo, ante la restricción o suspensión de sus derechos de libre tránsito y libertad de reunión, ante el temor de sufrir sanciones derivadas de la aplicación del Decreto reclamado, que puedan resultar en daños de imposible reparación, pues temen que con la ejecución de las sanciones que contempla el Decreto, puedan sufrir actos arbitrarios por parte de los cuerpos de seguridad pública que pongan en peligro su integridad personal. Añade que pueden ser privados de su libertad en los centro de aislamiento, donde se les exponga al contacto con el virus, lo que eventualmente pone en peligro su vida. Que temen que al comparecer a promover el amparo por su propio nombre, sufran ataques a su libertad personal o incomunicación, malos tratos, tortura psicológica o cualquier otro trato cruel por parte de los cuerpos de seguridad pública facultados para ejecutar el Decreto reclamado, siendo esa la razón por la que están imposibilitados para salir de su domicilio y promueven el amparo a través de un tercero. Es importante destacar que en la demanda de amparo señala que se trata de un caso urgente de conformidad con los acuerdos generales 6/2020 y 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, por último, solicita la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados para que no se aplique a los quejosos el Decreto que declara el aislamiento obligatorio, incluyendo las sanciones que el mismo prevé, en razón de que restringe sus derechos humanos de libre tránsito y libre asociación, sin que la autoridad que lo emitió tenga facultades constitucionales para hacerlo. Pues bien, tomando como referencia el marco normativo descrito y el contenido integral de la demanda de amparo, se llega a la conclusión de que la misma es improcedente por falta de legitimación de quien la promueve, en términos de los citados artículos 6 y 15 de la Ley de la Materia; ello, con base en las siguientes consideraciones. De la valoración de los antecedentes narrados por el promovente, la ponderación de los derechos humanos que se invocan como violados, su eventual trasgresión, así como la apreciación objetiva de los actos reclamados, se sostiene que no se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 15 en cita, para que ******************** promueva la demanda a nombre de los quejosos. En efecto, si bien precisa que los quejosos se encuentran en resguardo en sus domicilios en ********************, no hacen referencia a que tal hecho sea consecuencia de la aplicación del Decreto reclamado, que en su artículo 7, fracción I, en relación con el 1, dispone que los habitantes del Estado de Michoacán únicamente podrán transitar en vías públicas, de manera individual, para realizar las actividades que ahí se describen; y que en caso de no colocarse en alguno de esos supuestos, y ser localizados en las calles, caminos, carreteras, parques, plazas o cualquier espacio donde no se realicen actividades esenciales, se aplicarán las medidas de seguridad sanitaria consistentes en el aislamiento obligatorios. De ahí que al no manifestar que las autoridades responsables, en aplicación al Decreto reclamado, les impusieron la medida de aislamiento obligatorio, debe entenderse que se encuentran resguardados en sus domicilios en cumplimiento voluntario a dicha disposición normativa. Es importante señalar que, sin hacer pronunciamiento de fondo del acto reclamado, no pasa inadvertido que el artículo 1º del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COVID (COVID-19) dispone que el tránsito en vías públicas se podrá realizar únicamente para desarrollar una serie de actividades esenciales, entre ellas aquellas cuya necesidad esté plenamente justificada, o cualquier otra de naturaleza análoga a las que ahí se describen; de manera que si bien dispone una limitación a la movilidad de los quejosos, lo cierto es que no los priva ni limita en el goce y ejercicio su libertad personal de forma que se encuentren imposibilitados para acceder a cualquiera de los medios que la Ley de Amparo prevé para la presentación de la demanda por sí, por representante legal o apoderado. Bajo tal contexto, se estima que al margen de la violación a los derechos de libre tránsito y libertad de reunión que invoca el promovente, los actos reclamados no constituyen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, que en términos del numeral 15 de la Ley de la Materia, autorice que cualquier persona promueva el juicio constitucional en su nombre. Por otra parte, es verdad que en torno a los actos que pongan en peligro la vida de conformidad con el artículo 15 de la Ley de la Materia, existe jurisprudencia de los Tribunales de la Federación que determina la afectación al derecho a la salud como actos que importan peligro a la privación de la vida, lo cual impone a esta Juzgadora el deber de recibir la presente demanda de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del día de hoy, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, así como el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Empero, la recepción de la demanda no implica soslayar requisitos mínimos para determinar su procedencia, por el contrario, a ello se encuentra obligado todo Juzgador Federal, ya que el tratamiento urgente de un asunto no autoriza la inaplicación de las normas que rigen el juicio de amparo; incluso el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone que al recibir la demanda el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, señala que en el supuesto del artículo 15 deberá proveerse de inmediato, de lo que se colige que la determinación que recaiga a una demanda tramitada en términos de este último precepto legal, debe ser en el sentido que legalmente corresponda, con la única condición de que se dicte de inmediato. De ahí que no obstante que el promovente aduce que con la eventual aplicación de las consecuencias o sanciones que se prevén en el Decreto reclamado, se pone en peligro su vida, al exponerlos al virus que ha dado origen al estado de contingencia actual, pues los podrían eventualmente aislar en lugares especiales (diversos a sus domicilios), o bien imponerles trabajo comunitario con actividades vinculadas a la contingencia; lo cierto es que se trata de actos futuros que a la fecha no se han materializado en su perjuicio, dado que se reitera, manifiestan estar resguardados en sus domicilios particulares, que en forma alguna ponen de manifiesto que se esté en presencia de una afectación a su derecho a la vida que les impida presentar la demanda por sí mismo. En mérito de lo expuesto, se sostiene que la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por falta de legitimación de quien la presenta a favor de quienes se dicen quejosos directos, ya que no ostenta carácter de apoderado o representante legal de los agraviados directos. Por último, no se soslaya que el artículo 15 en mención dispone la facilidad de que cualquier persona promueva a nombre del quejoso, a efecto de que se dicten las providencias de carácter urgentes relativas a la suspensión de los actos reclamados; empero, la admisión y trámite del juicio está condicionada a que el agraviado directo ratifique su demanda, de ahí que sea indefectible que bajo tal supuesto se ordene mediante una actuación de carácter personal que el quejoso directo ratifique la demanda. Lo anterior cobra relevancia porque el promovente del amparo no proporciona los datos de ubicación de los domicilios donde los quejosos pueden ser localización, en su caso, para lograr la ratificación de la demanda que se intenta promover a su nombre. Empero, a criterio de esta juzgadora no existe obligación de requerir al promovente aclare la demanda para que proporcione tales datos, ya que el análisis expuesto con antelación revela la manifestación de una causa notoria y manifiesta de improcedencia que no superable aún subsanando la ausencia de tal información en la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír notificaciones a ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: Morelia, Michoacán, seis de mayo de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 305/2020. De conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. JUSTIFICACIÓN PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA DE CUENTA. Vista la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama el decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2; por tanto previo a proveer sobre el contenido de la misma, es importante resaltar que la presente demanda constitucional debe ser considerada como asunto urgente, conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción IX, inciso a), del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, toda vez que, como ya se precisó, el quejoso reclama el decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en nombre de ********************, en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, de su análisis se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la referida Ley de Amparo, que dispone respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." En la especie, tal hipótesis genérica de improcedencia se relación con los preceptos 6 y 15 de la misma Ley de la Materia, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [...]" Del primero de dichos artículos se advierte la legitimación en el juicio de amparo como presupuesto procesal, al señalar que la acción podrá promoverse por la persona directamente agraviada, por representante legal, apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. En relación a este último enunciado, el numeral 15 citado establece reglas procesales específicas diferenciadas aplicables a actos de extraordinaria afectación a derechos humanos, que se explican por sí mismas, pues basta advertir que se trata de situaciones en las que se está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y/o permanencia en territorio nacional; bienes jurídicos altamente apreciados y que ante situaciones de riesgo, requieren protección reforzada y efectiva; por esa razón, no les son aplicables reglas procesales que en otras hipótesis sin apremio tienen razón de ser y resulta ineludible exigir, ello en aras de remover obstáculos para lograr la efectiva y oportuna protección judicial. En ese sentido, cuando la demanda de amparo es promovida por persona distinta al agraviado directo, su representante legal o apoderado, no debe desecharse de plano bajo el argumento de que no se colma el principio de instancia de parte agraviada, ya que precisamente el articulo 15 ante invocado prevé los casos en que se permite que cualquier persona promueva el juicio de amparo a nombre de otra. Empero, esta última norma dispone los casos y supuestos bajo los cuales se remueve el obstáculo procesal que representa la legitimación en el juicio de amparo, a saber: que se reclamen actos que pongan en peligro la vida, ataquen la libertad personal fuera de procedimiento, se trate de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y, que el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo. Es decir, tal ventaja de acceso a la justicia está reservada para los actos reclamados que encuadran en tales hipótesis de gravedad, que imposibilitan al agraviado directo a presentar la demanda por sí o por representante legal o apoderado; de manera que tales supuestos legales deben evidenciarse del análisis de la demanda, sin que pueda quedar a discreción de las partes elegir cumplir o no con los presupuestos procesales que en forma general se requieren para instar la acción constitucional. En relación a la imposibilidad de la que habla el artículo 15, la Ley de Amparo no establece una definición o alcance del término, de manera que corresponde al juzgador definir de manera casuística su aplicación, tomando en cuenta los datos aportados en la demanda, y sobre todo, ponderando los derechos humanos en juego y su eventual transgresión. Ahora bien, en el presente asunto, ********************, promueve demanda de amparo a favor de ********************, en términos del citado numeral 15, en contra del acto consistente en "El Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), publicado en el diario oficial el día lunes 20 de abril de 2020". Bajo protesta de decir verdad manifiesta que los quejosos están imposibilitados para promover amparo por su propio derecho, debido a que se encuentran en sus respectivos domicilios en ********************, en resguardo, ante la restricción o suspensión de sus derechos de libre tránsito y libertad de reunión, ante el temor de sufrir sanciones derivadas de la aplicación del Decreto reclamado, que puedan resultar en daños de imposible reparación, pues temen que con la ejecución de las sanciones que contempla el Decreto, puedan sufrir actos arbitrarios por parte de los cuerpos de seguridad pública que pongan en peligro su integridad personal. Añade que pueden ser privados de su libertad en los centro de aislamiento, donde se les exponga al contacto con el virus, lo que eventualmente pone en peligro su vida. Que temen que al comparecer a promover el amparo por su propio nombre, sufran ataques a su libertad personal o incomunicación, malos tratos, tortura psicológica o cualquier otro trato cruel por parte de los cuerpos de seguridad pública facultados para ejecutar el Decreto reclamado, siendo esa la razón por la que están imposibilitados para salir de su domicilio y promueven el amparo a través de un tercero. Es importante destacar que en la demanda de amparo señala que se trata de un caso urgente de conformidad con los acuerdos generales 6/2020 y 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, por último, solicita la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados para que no se aplique a los quejosos el Decreto que declara el aislamiento obligatorio, incluyendo las sanciones que el mismo prevé, en razón de que restringe sus derechos humanos de libre tránsito y libre asociación, sin que la autoridad que lo emitió tenga facultades constitucionales para hacerlo. Pues bien, tomando como referencia el marco normativo descrito y el contenido integral de la demanda de amparo, se llega a la conclusión de que la misma es improcedente por falta de legitimación de quien la promueve, en términos de los citados artículos 6 y 15 de la Ley de la Materia; ello, con base en las siguientes consideraciones. De la valoración de los antecedentes narrados por el promovente, la ponderación de los derechos humanos que se invocan como violados, su eventual trasgresión, así como la apreciación objetiva de los actos reclamados, se sostiene que no se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 15 en cita, para que ******************** promueva la demanda a nombre de los quejosos. En efecto, si bien precisa que los quejosos se encuentran en resguardo en sus domicilios en ********************, no hacen referencia a que tal hecho sea consecuencia de la aplicación del Decreto reclamado, que en su artículo 7, fracción I, en relación con el 1, dispone que los habitantes del Estado de Michoacán únicamente podrán transitar en vías públicas, de manera individual, para realizar las actividades que ahí se describen; y que en caso de no colocarse en alguno de esos supuestos, y ser localizados en las calles, caminos, carreteras, parques, plazas o cualquier espacio donde no se realicen actividades esenciales, se aplicarán las medidas de seguridad sanitaria consistentes en el aislamiento obligatorios. De ahí que al no manifestar que las autoridades responsables, en aplicación al Decreto reclamado, les impusieron la medida de aislamiento obligatorio, debe entenderse que se encuentran resguardados en sus domicilios en cumplimiento voluntario a dicha disposición normativa. Es importante señalar que, sin hacer pronunciamiento de fondo del acto reclamado, no pasa inadvertido que el artículo 1º del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COVID (COVID-19) dispone que el tránsito en vías públicas se podrá realizar únicamente para desarrollar una serie de actividades esenciales, entre ellas aquellas cuya necesidad esté plenamente justificada, o cualquier otra de naturaleza análoga a las que ahí se describen; de manera que si bien dispone una limitación a la movilidad de los quejosos, lo cierto es que no los priva ni limita en el goce y ejercicio su libertad personal de forma que se encuentren imposibilitados para acceder a cualquiera de los medios que la Ley de Amparo prevé para la presentación de la demanda por sí, por representante legal o apoderado. Bajo tal contexto, se estima que al margen de la violación a los derechos de libre tránsito y libertad de reunión que invoca el promovente, los actos reclamados no constituyen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, que en términos del numeral 15 de la Ley de la Materia, autorice que cualquier persona promueva el juicio constitucional en su nombre. Por otra parte, es verdad que en torno a los actos que pongan en peligro la vida de conformidad con el artículo 15 de la Ley de la Materia, existe jurisprudencia de los Tribunales de la Federación que determina la afectación al derecho a la salud como actos que importan peligro a la privación de la vida, lo cual impone a esta Juzgadora el deber de recibir la presente demanda de conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del día de hoy, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, así como el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Empero, la recepción de la demanda no implica soslayar requisitos mínimos para determinar su procedencia, por el contrario, a ello se encuentra obligado todo Juzgador Federal, ya que el tratamiento urgente de un asunto no autoriza la inaplicación de las normas que rigen el juicio de amparo; incluso el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone que al recibir la demanda el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, señala que en el supuesto del artículo 15 deberá proveerse de inmediato, de lo que se colige que la determinación que recaiga a una demanda tramitada en términos de este último precepto legal, debe ser en el sentido que legalmente corresponda, con la única condición de que se dicte de inmediato. De ahí que no obstante que el promovente aduce que con la eventual aplicación de las consecuencias o sanciones que se prevén en el Decreto reclamado, se pone en peligro su vida, al exponerlos al virus que ha dado origen al estado de contingencia actual, pues los podrían eventualmente aislar en lugares especiales (diversos a sus domicilios), o bien imponerles trabajo comunitario con actividades vinculadas a la contingencia; lo cierto es que se trata de actos futuros que a la fecha no se han materializado en su perjuicio, dado que se reitera, manifiestan estar resguardados en sus domicilios particulares, que en forma alguna ponen de manifiesto que se esté en presencia de una afectación a su derecho a la vida que les impida presentar la demanda por sí mismo. En mérito de lo expuesto, se sostiene que la presente demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por falta de legitimación de quien la presenta a favor de quienes se dicen quejosos directos, ya que no ostenta carácter de apoderado o representante legal de los agraviados directos. Por último, no se soslaya que el artículo 15 en mención dispone la facilidad de que cualquier persona promueva a nombre del quejoso, a efecto de que se dicten las providencias de carácter urgentes relativas a la suspensión de los actos reclamados; empero, la admisión y trámite del juicio está condicionada a que el agraviado directo ratifique su demanda, de ahí que sea indefectible que bajo tal supuesto se ordene mediante una actuación de carácter personal que el quejoso directo ratifique la demanda. Lo anterior cobra relevancia porque el promovente del amparo no proporciona los datos de ubicación de los domicilios donde los quejosos pueden ser localización, en su caso, para lograr la ratificación de la demanda que se intenta promover a su nombre. Empero, a criterio de esta juzgadora no existe obligación de requerir al promovente aclare la demanda para que proporcione tales datos, ya que el análisis expuesto con antelación revela la manifestación de una causa notoria y manifiesta de improcedencia que no superable aún subsanando la ausencia de tal información en la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír notificaciones a ******************** y ********************, por así haberlo solicitado expresamente. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

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