Gracia Alexandra Muñoz Vilches

Expediente 286/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
286/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2016

Partes del expediente

  • Gracia Alexandra Muñoz Vilches

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 286/2016-V, con sus respectivos anexos; de igual forma, comunica a este órgano jurisdiccional, que acepta la competencia planteada respecto de la demanda de amparo, quedando registrada bajo el número 291/2016-A. En consecuencia, ARCHÍVESE el presente cuaderno por encontrarse concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado federal, asimismo de conformidad con el punto cuarto del acuerdo complementario al diverso general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, por lo que transcurridos seis meses a partir de este proveído, podrá ser destruido, cabe hacer mención que el presente sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado el veinticinco del citado mes y año, que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito suscrito por la quejosa, mediante el cual da cabal cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de veinte de abril de la presente anualidad, manifestando que no señala como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre. Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a proveer respecto de la admisión de la demanda, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. En ese contexto, cabe señalar que en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se establecen tres hipótesis a efecto de determinar la competencia en el juicio de garantías, respecto a los Juzgados de Distrito: a) Es competente aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presente la demanda, y; c) Será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no exija ejecución material. En el caso, la hipótesis que interesa es la señalada en el inciso a), dada la naturaleza del acto reclamado, el cual requiere de ejecución material. Por su parte, el Acuerdo General 3/2013, en su punto primero, fracción XVI, prevé que el Décimo Sexto Circuito corresponde al Estado de Guanajuato; el punto cuarto, fracción XVI, establece la jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito en dicho circuito, la cual es la siguiente: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Manuel Doblado, León, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón. Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortázar, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tarímoro, Uriangato, Villagrán y Yuriria. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago." Al analizar el libelo que presenta la quejosa se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: "IV.- Acto reclamado: El inconstitucional e ilegal acuerdo de aseguramiento del inmueble de mi propiedad, ubicado en *** de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, dictado en la averiguación previa antes ***, ahora *** y la orden para realizar la anotación preventiva de esa medida cautelar en el registro público de la propiedad de la ciudad capital." Ahora en el presente caso el primer acto de ejecución en el aseguramiento de inmuebles por autoridad ministerial será la anotación marginal que realice la autoridad catastral en el Registro Publico de la Propiedad, lo que sucederá en la ciudad de Guanajuato capital. Se afirma lo anterior toda vez que de las constancias remitidas por la quejosa, se advierte que dicho inmueble se encuentra registrado bajo el folio real R15*49422, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, por lo que será en ese lugar donde se lleve a cabo el primer acto de ejecución. Por tanto, al tener ejecución material el acto que por esta vía se reclama, este asunto se ubica en la primera regla de competencia del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el juez de distrito competente para conocer de este juicio de garantías es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecute dicho acto el cual tendrá su verificativo en el Estado de Guanajuato; por tanto, el Juzgado de Distrito competente lo será aquél que tenga su residencia en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, en turno. Resulta de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA EL ASEGURAMIENTO MINISTERIAL DE BIENES INMUEBLES POR DELITOS FEDERALES. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE SE MATERIALICE LA ORDEN RESPECTIVA O SE LLEVE A CABO SU PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tenerla, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama el aseguramiento ministerial de bienes inmuebles, el cual deriva de la indagatoria seguida por la probable comisión de delitos federales, es competente para conocerlo el Juez de Distrito del lugar donde se materialice la orden respectiva o se realice el primer acto de ejecución que, en la especie, se actualiza con la anotación marginal que hace la autoridad catastral en el Registro Público de la Propiedad, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el citado mandato de restricción constituye un acto de aplicación de diversos dispositivos sustantivos y adjetivos federales penales, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el juzgador que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario, se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir". De ahí que, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional considera que no resulta legalmente competente para conocer del presente asunto, por lo cual, a fin evitar dilaciones en la impartición de justicia, se ordena remitir el juicio de amparo 286/2016-V con sus respectivos anexos -diez copias de demanda de garantías y diez copias de escrito aclaratorio-, al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en Turno, con sede en la capital del mismo nombre, solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente, así como que informe si acepta la competencia declinada. No es óbice a lo anterior, que la promovente del juicio de garantías tanto en su escrito inicial, como en su diverso aclaratorio haga manifestaciones en el sentido de que a su parecer, los Jueces Primero y Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, se encuentran impedidos para conocer del presente sumario constitucional, puesto que corresponde a los titulares de dichos órganos jurisdiccionales hacer el pronunciamiento respectivo en caso de considerar que se actualiza tal supuesto. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Federal. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído dictado en la propia fecha, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve ****, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Procuraduría General de la República y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 286/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad:  Señale si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, toda vez que, pese a haber efectuado el señalamiento correspondiente, del análisis de su demanda de garantías, no se advierte su participación en los actos reclamados (Acuerdo Ministerial de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis dictado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México); además, que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que existe un juicio de amparo radicado bajo el número 96/2015-IV del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la aquí ocursante, del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada tuviera su génesis el acto del que aquí se duele, advirtiéndose de sus autos que también se señaló a la citada autoridad como responsable, la cual negó la existencia del acto ahí reclamado.  Asimismo, para el caso de reiterar el señalamiento del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre como autoridad responsable, deberá precisar cuál es el acto que al mismo atribuye, lo anterior de manera clara y efectuando el señalamiento de los antecedentes correspondientes. En virtud de que se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada. Se apercibe a la solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado en el punto antes citado, dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda. Ahora bien, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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