Gonzalo Lopez Peguero
Expediente 168/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gonzalo Lopez Peguero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos, se precisa que este asunto, al tratarse de un asunto urgente, no se suspende y sigue su substanciación. Ahora bien, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, emitida en sesión celebrada de manera extraordinaria por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre de dos mil veinte, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, así como la diversa Circular SECNO/12/2021, emitida en sesión celebrada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de febrero de dos mil veintiuno, se determinó continuar con el citado esquema en el periodo comprendido del veintitrés de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno. NO SE SUSPENDEN PLAZOS PROCESALES Por tanto, de conformidad con los numerales 2 y 10 del Acuerdo General de previa alusión, se debe continuar con la tramitación del presente asunto hasta que sea necesario el desahogo de diligencias judiciales que requieran la presencia física de las partes o de la práctica de notificaciones personales, que no pueda practicarse electrónicamente alguna diligencia o notificación, que alguna de las partes no pueda actuar de manera electrónica, que las autoridades no se encuentren laborando, bien, que a juicio de este juzgado no existan las condiciones para proseguir con el asunto sin poner en riesgo la salud o integridad de las partes y del personal, por decir algunos. Así, con base en los numerales en cita, en caso de que se establezcan plazos o términos, éstos correrán a partir de qué surta efectos la notificación de la determinación que los ordenen. SE PROVEE PROMOCIÓN Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la defensora del directo quejoso, por el cual solicita que se realice la declaración de que la sentencia emitida por este juzgado el treinta de noviembre de dos mil veinte, ha causado ejecutoria. Atento a su solicitud y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la resolución emitida el treinta de noviembre de dos mil veinte, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA; dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo respecto de la totalidad de las partes, pues se determinó negar el amparo solicitado, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 432, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187396, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO RELATIVO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LO AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL. De lo dispuesto en los artículos 5o., 83, último párrafo, 87, primer párrafo, y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el recurso de revisión sólo puede interponerse por la parte a quien causa perjuicio la resolución que se recurre. En tal sentido, al ser los recursos medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada por una resolución para poder obtener su modificación o revocación, se concluye que la legitimación para impugnar las resoluciones y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia, deriva no sólo de la calidad de parte que se ha tenido en el juicio de amparo, sino, además, de que la resolución combatida le cause un agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de este proveído. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses contado a partir de esta data. Documentos: Fueron allegados documentos por la parte quejosa al presente asunto, pero no son de los catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, párrafo primero, inciso a), y, párrafo segundo; artículo 18, inciso a); y, artículo 20, primer párrafo, fracción II, inciso a), todos del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, el documento exhibido por la parte quejosa al juicio no está catalogado como original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirá junto con el expediente principal en el plazo señalado. Ahora bien, para su obtención, una vez que este órgano jurisdiccional reanude sus actividades conforme al esquema contenido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, de lunes a viernes, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Por otro lado, se ordena devolver al Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, la documental que remitió a este juzgado en apoyo a su informe justificado, constante de un tomo, consistente en copia certificada del toca ***, de su índice. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. REGISTRO DE PROMOCIÓN Por otro lado, toda vez que con motivo de la Circular SECNO/12/2021 se encuentran suspendidas las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, dicha circunstancia implicó el cierre del libro de correspondencia, por lo que el registro de la promoción deberá efectuarse el día que se fijó para la reanudación de actividades, a fin de que se asiente el folio correspondiente...
- Principal
...Téngase por recibido el escrito de mérito, presentado vía electrónica por la defensora particular del quejoso, mediante el cual solicita que se dicte la resolución correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior y visto el estado que guardan los autos, aclárese a la ocursante que el treinta de noviembre del año en curso, se dictó el respectivo fallo en el presente sumario constitucional, por lo que deberá estarse a las constancias que integran el expediente.
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...TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital y Juez de Control en Materia Penal de la Sede Valle de Santiago, del Juzgado de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esa municipalidad, al así manifestarlo al rendir sus informes justificados (fojas 44 y 50, respectivamente) . Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que las responsables acompañaron en apoyo a su informe justificado las cuales consisten en copia certificada del toca **********, del índice de la citada Sala y un disco en formato DVD relativo a la causa penal ********** y audiencias relativas a ésta, remitidas por el referido Juez; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones . Además, el referido expediente electrónico, al haber sido reproducido por la autoridad responsable tiene la naturaleza de prueba documental, cuyo contenido se apreció, pues fue necesaria la observación sensorial respecto de éste, con el objeto de constatar lo ahí realizado . CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, resulta necesario contextualizar los antecedentes más relevantes del acto reclamado, en los siguientes términos: 1. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con dieciséis minutos el Juez de Control en Materia Penal de la Sede Valle de Santiago, del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esa municipalidad dio inicio a la audiencia de formulación de imputación en la causa **********, en contra de ********** (aquí quejoso), por el delito de violencia familiar, tipificado y sancionado por el artículo 221, en relación con el diverso 221-a, del Código Penal del Estado de Guanajuato. 2. En la citada audiencia, ante la incomparecencia del imputado, el Juez determinó que la misma no se podía llevar a cabo, ante lo cual la fiscalía solicitó audiencia privada (minuto 00:05:37 segundo video de la audiencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve). 3.- En audiencia privada la fiscalía solicitó se emitiera orden de aprehensión en contra de **********, por el delito de violencia familiar en contra de ********** (minuto 00:43:23 ídem); asimismo el Juez de Control reclasificó el delito al de Tentativa de Feminicidio tipificado y sancionado por el artículo 153-a, en relación con los diversos 13 y 18, del Código Penal del Estado de Guanajuato (01:02:15 ídem) y ordenó la búsqueda y aprehensión del aquí quejoso por los delitos de violencia familiar y tentativa de feminicidio (01:12:58 ídem). 4. En audiencia de continuación de formulación de imputación de diez de octubre de dos mil veinte, en una nueva reflexión el Juez de Control realiza una nueva reclasificación del delito determinando que de los hechos y datos de prueba únicamente se actualiza el delito de violencia familiar (minuto 51:33 tercer video de la audiencia de diez de octubre de dos mil diecinueve) y determinó vincular a proceso a **********, únicamente por el delito de violencia familiar, no así por tentativa de feminicidio. 4. Inconformes con tal determinación, los Agentes del ministerio público interpusieron recurso de apelación, al cual se adhirió la asesora jurídica de la víctima. 5. Medios de impugnación que correspondieron conocer a la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, bajo el toca penal **********, quien en acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, determinó admitir los recursos de apelación principal y adhesivo (fojas 28 a 30 del tomo de pruebas). 6. Mediante resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, la Sala responsable modificó la resolución dictada por el Juez de Control, y determino vincular a proceso a **********, además del delito de violencia familiar, también por el delito de tentativa de feminicidio (fojas 49 a 59 del tomo de pruebas). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. No se transcribirá el concepto de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. En parte de su primer concepto de violación, el quejoso señala que le genera agravio la resolución emitida por el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, al determinar vincularlo a proceso por los delitos de Tentativa de Feminicidio y Violencia Familiar, toda vez que se basó en apreciaciones subjetivas. Lo anterior, porque el quejoso aduce que la responsable dejó de atender lo señalado por la defensa, así como los datos de prueba que obran en la causa penal, consistentes la declaración de la ofendida y lo señalado por los testigos en concordancia con el Dictamen Médico previo de lesiones de ocho de agosto de dos mil diecinueve, y el informe psicológico, de los que se desprende que la ofendida no mostró lesiones que tardan en sanar más de quince días, de lo cuales no se desprenden evidencias objetivas que presuman la responsabilidad del quejoso en la comisión del delito de Tentativa de feminicidio. Continúa diciendo, que la resolución emitida por la autoridad responsable carece de fundamentación y motivación, toda vez que no expone los motivos o circunstancias de porque llega a la conclusión de vincular a proceso al aquí quejoso por el delito de tentativa de feminicidio, sin que existan elementos para considerar la actualización del tipo penal. Vinculación a proceso por el delito de violencia familiar. Resultan inoperantes las manifestaciones tendentes a controvertir la vinculación a proceso por el delito de violencia familiar, pues el Juez de Control en Materia Penal de la Sede Valle de Santiago, del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esa municipalidad, en audiencia de continuación de formulación de imputación (minuto 51:33 tercer video del la audiencia de diez de octubre de dos mil diecinueve), determinó vincular a proceso al quejoso, por el delito de violencia familiar, sin que tal determinación hubiere sido impugnada por el aquí quejoso, lo que deriva en un consentimiento de dicho acto. En ese sentido, al no haber combatido en su oportunidad el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de violencia familiar, dichos conceptos de violación resultan inoperantes. Vinculación a proceso respecto de la tentativa de feminicidio. Los conceptos que hacer valer el quejoso relativos a la vinculación a proceso por el delito de tentativa de feminicidio resultan infundados por las razones siguientes: En principio, conviene destacar que el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , reformado mediante Decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse la existencia únicamente "de un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", dado que el proveído de mérito en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso, sólo se exige: 1). La comprobación de un hecho que la ley señale como delito; 2). La probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, sólo la probabilidad. En ese orden de ideas, no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la Ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso, sin que se requiera la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez y en caso de impugnación, la determinación adoptada por su revisor. En suma, el Magistrado que determinó modificar la determinación del Juez primario y vincular a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, debe fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el Ministerio Público, donde deberá exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2014800 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Página: 360 AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Contradicción de tesis 87/2016. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 1 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Gabino González Santos y Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 724/2012, 811/2012, 6/2013, 423/2013 y 440/2013, sostuvo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 757, registro digital: 2004857; y al resolver los amparos en revisión 22/2010, 110/2010, 147/2010, 267/2010 y 282/2010, sostuvo la tesis jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, página 1942, registro digital: 160330. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2015, sostuvo que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario que el Juez de Control conozca cuál es el delito materia de la imputación, lo que implica que efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del hecho punible correspondiente, esto es, sus componentes objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el ministerio público imputa al acusado son o no constitutivos del delito. Tesis de jurisprudencia 35/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 175/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, derivaron las tesis aisladas XXVII.3o.21 P (10a.) y XXVII.3o.20 P (10a.), de títulos y subtítulos: "PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AGOTA LA VIGENCIA DE DICHA MEDIDA CAUTELAR POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO." y "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de enero de 2016 a las 11:30 horas y del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3389 y 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2025, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 04 de agosto de 2017 a las 10:12 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Expuesto lo anterior, conviene destacar las consideraciones del Magistrado responsable en relación a la apreciación de los datos de pruebas desahogados en la audiencia de formulación de imputación. a) Sostuvo que el Juez de Control soslayó lo referido en la entrevista a la ofendida como por los testigos **********y **********de apellidos **********, esto es, la primera señaló que el imputado la oprimió del cuello hasta que quedó inconsciente, en tanto que los segundos señalaron que, tuvieron a la vista al imputado, quien estaba sobre la ofendida, oprimiéndole el cuello con ambas manos, y que la pasivo ya no se movía, estaba como inconsciente, por lo que ********** golpeó al imputado para que se quitara de encima de la víctima, además que previo a que arribara la policía y los socorristas, comenzó a convulsionar. b) Que tampoco le asistió la razón al juez de instancia, al señalar que las lesiones que la pasivo presentó en el cuello, conforme al dictamen previo de lesiones, esto es, esguince cervical, pudieron ser consecuencia de un movimiento diverso por parte del inculpado y no derivado de la opresión que éste realizó, con sus dos manos, en el cuello de la víctima con la intención de impedir que continuara respirando, toda vez que soslayó que la ofendida y los testigos fueron claros en señalar que el imputado de mérito, con sus dos manos le oprimía el cuello, por lo cual la víctima manifestó que perdió el conocimiento, y los atestes dieron cuenta que estaba inconsciente tirada en el suelo y encima de ella estaba el imputado oprimiéndole el cuello con ambas manos. c) Razones por las que determinó que es dable advertir que no existió una conducta diversa por parte del imputado de mérito, sino la de oprimir el cuello de la víctima, a grado de dejarla inconsciente, por lo que consideró que no resulta razonable el argumento del juez de control. d) También refirió que el juzgador en sus razonamientos exige un estado de certeza, cuando por el momento procesal el estándar de prueba es de probabilidad positiva, por lo que basta con que razonablemente de la información proporcionada por el Ministerio Público y que se desprende de los datos de prueba, aportados hasta ese momento en la carpeta de investigación, justifiquen la existencia del hecho que la ley considera como delito, así como la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. e) También refirió, que deviene inatendible lo manifestado por la defensa referente a que, la versión que proporcionó la ofendida ante la psicóloga que la evaluó y al rendir entrevista ante el Ministerio Público, no son consistentes; sin embargo, hasta ese momento, la información proporcionada por la ofendida como por los testigos presenciales se aprecia armónica para establecer razonablemente que los hechos acontecieron de la forma que los narraron. f) Razones por las que consideró, que con los datos de prueba expuestos por la fiscalía al solicitar la vinculación a proceso del imputado, se justificó de manera razonable por lo que hace al evento de tres de agosto de dos mil diecinueve. Sobre esa base, este Juzgado Federal estima que los datos de prueba expuestos en la audiencia de formulación de imputación, los cuales fueron debidamente considerados por el Magistrado responsable al resolver el multicitado recurso de apelación, son suficientes para justificar, por lo menos en este momento, que probablemente ********** participó en el hecho que la ley señala como delito de tentativa de feminicidio, tipificado y sancionado por el artículo 153-a, en relación con los diversos 13 y 18, del Código Penal del Estado de Guanajuato. Es así, porque de la narrativa de las consideraciones de la Sala responsable existen datos de prueba que, en este momento, son suficientes para considerar que el quejoso (**********) tenía la intención de privar de la vida a **********, como son la declaración de la víctima y de los testigos que presenciaron los hechos. Por tanto, es legal la determinación del Magistrado en modificar el auto de vinculación a proceso, ya que los datos de prueba son suficientes, hasta este momento procesal, para corroborar tal circunstancia; ello es así toda vez que es indiscutible que el auto de vinculación a proceso queda plenamente justificado, sin que tal cuestión se oponga al grado de razonabilidad que la autoridad responsable está obligada a observar de acuerdo con el estadio procesal en que se encuentra la causa penal, quedando comprendido con los datos de prueba analizados. De igual manera, la valoración de los datos de prueba que trae como consecuencia la emisión del auto de vinculación a proceso, no vulnera el principio de presunción de inocencia, en razón que ésta es la formalización de la investigación, en la que, en ese momento, sólo existe la presunción de que el quejoso probablemente participó en un hecho que la ley señala como delito. De ahí, contrario a lo aducido por el quejoso, no se advierte la existencia de violación al principio de presunción de inocencia, entendido como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" de los imputados, pues no se han aplicado medidas que supongan la anticipación de la pena, cuenta habida que en el proceso penal a que están sujetos, el Ministerio Público habrá de tener la carga probatoria para demostrar la culpabilidad del quejoso y desvirtuar, en su caso, las hipótesis de inocencia alegadas en el juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2006092 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 24/2014 (10a.) Página: 497 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Amparo en revisión 349/2012. Clemente Luna Arriaga y otros. 26 de septiembre de 2012. Cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. Amparo directo en revisión 2756/2012. 17 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Amparo directo en revisión 1520/2013. 26 de junio de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. Amparo directo en revisión 1481/2013. 3 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. Amparo en revisión 359/2013. 11 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Tesis de jurisprudencia 24/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Ahora, en lo relativo a la determinación adoptada por la Sala responsable en el toca ********** tocante a tornar oficiosa la medida cautelar de prisión preventiva que fue impuesta al quejoso como justificada por el Juez de instancia en la causa penal primigenia, se encuentra ajustada a derecho, pues la consecuencia inmediata de la vinculación a proceso al peticionario de amparo, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, produce consecuencias jurídicas, sobre las cuales el bien tutelado es la vida y salud de la víctima. En efecto, la prisión preventiva oficiosa en la comisión del delito de feminicidio encuentra soporte legal en el artículo 19 constitucional , luego, la tentativa de feminicidio sujeta a revisión, constituye únicamente un grado en la comisión del ilícito de feminicidio en referencia, sobre el que no puede soslayarse que puso en peligro el bien jurídico tutelado que es la vida. Luego, con base en lo antes expuesto; debe precisarse que tal medida cautelar no es violatoria de derechos sustantivos del quejoso, pues indiciariamente está justificado, hasta este momento, que de haberse consumado el ilícito, las consecuencias inherentes hubieren sido irreparables, por tanto, en términos del artículo 19, segundo párrafo, constitucional, y 167, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales ; por lo que, está justificada la imposición de la medida cautelar de referencia por todo el tiempo que dure el proceso. De ahí que deba subsistir la determinación asumida por el Magistrado Propietario que integra la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte. En ese sentido, al resultar infundados los motivos de disenso hechos valer por el quejoso, procede negar la protección de la justicia federal solicitada. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, emitida en el toca **********, del índice de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, así como su ejecución.
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