Gonzalo Villarreal Cano

Expediente 576/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
576/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Villarreal Cano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos, ni tomos exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Visto; el oficio suscrito por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la ciudad de México, mediante el cual informa que el Máximo Tribunal, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 576/2023-VI y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, del incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte promovente atribuye de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: PRIMER ACTO: EL CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRONICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio que tengo. SEGUNDO ACTO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO, COBROS EXCESIVOS POR ADEUDOS DE LUZ NO CONSUMIDOS y LA SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo ." TERCER ACTO: La COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, pretende imponer un nuevo sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; Esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficinas a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; es decir." IV. Causa de improcedencia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Expuesto lo anterior, esta juzgadora advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones, a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 690 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, con registro digital 2009938, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO." Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo y el diverso 5, fracción II, el juicio de amparo procedente en tratándose de actos u omisiones de autoridad, la cual para los efectos del juicio constitucional es todo ente que ejerce facultades decisorias atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, septiembre de 2011, con registro digital 161133, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por lo tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, por ende resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Constitución establece derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de derechos humanos frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora, conviene precisar que dada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el Sistema Eléctrico Nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la Industria Eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, de las cuales se desprende que la Comisión Federal de Electricidad se creó como nueva figura jurídica, la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales, así también que los actos de la industria eléctrica se consideran mercantiles y se regirán por el Código de Comercio, y de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que de la interpretación de los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, las cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y por ende las controversias suscitadas entre las partes generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en un juicio mercantil. De ahí que, la consecuencia lógica de que se considere que la naturaleza jurídica del contrato de suministro de energía eléctrica es comercial, se debe a que la relación entre los contratantes también lo es, de modo tal que los actos u omisiones de la Comisión Federal de Electricidad que deriven de dichos contratos, no deben considerarse como actos de autoridad. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hacen consistir cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, la orden de pago injustificado, cobros excesivos por adeudos de luz no consumidos y la suspensión de energía eléctrica; así como, también le pretende imponer un nuevo sistema de compra de energía y no pago de energía. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en virtud que orbita sobre cuestiones inherentes a un contrato de energía eléctrica y por ello debe decidirse a través de un juicio mercantil, pues las partes actúan en una relación de coordinación, sin que el eventual corte de energía eléctrica genere que esa relación se transforme en una de supra a subordinación, sino sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en el ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes, sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos, para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. En este contexto, la controversia suscitada entre la parte quejosa y aquella que señalada como responsable emanan de los derechos y obligaciones por el contrato de tal suministro o con motivo de éste, deben decidirse en vía mercantil, de conformidad con los artículos 1049, y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio. Al efecto, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro, "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." y Jurisprudencia 2a./J.156/2017 (10a.), de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL." Ahora bien, no se soslaya que el primero de los criterios antes mencionados, prevé que cuando la Comisión Federal de Electricidad, realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable, cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Sin embargo, en la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acotó esos casos excepcionales a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, por ejemplo cuando la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, de manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. De los antecedentes de la demanda de amparo se advierte que personal de Comisión Federal de Electricidad comparecieron al domicilio de la quejosa con la intención de retirar de su domicilio el medidor tradicional tratando de cambiarlo por uno digital y/o electrónico, así como el cobro por dicho concepto con motivo derivado del contrato de suministro de energía eléctrica suscitado entre dichas partes; por lo que, atendiendo a las propias manifestaciones del promovente, resulta evidente que no se encuentra en los supuestos de excepción mencionados. Finalmente, no pasa desapercibido para esta juzgadora la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; empero, tal regla general encuentra un caso de excepción cuando existe una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -sea en Pleno o en Salas- en la que ya se haya definido el tema sobre el cual se pretende plantear una demanda de amparo, como ocurre en el caso concreto en el ya el Tribunal Supremo del País, ha definido a través de los criterios jurisprudenciales 2a./J. 30/2018 (10a.) y 2a./J. 156/2017 (10a.), citados supra líneas, que cuando se reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, estos deben ventilarse a través de un juicio mercantil, ya en esos supuestos, la Comisión Federal de Electricidad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al caso resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J.2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." Así como la diversa PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." V. Desechamiento de la demanda. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gonzalo Villarreal Cano, por propio derecho, contra actos del Gerente de División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad. VI. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VII. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el ubicado en: ****, en esta ciudad. VIII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por el quejoso ***, por medio del cual solicita se le requiera a la autoridad responsable en un término de veinticuatro horas los medicamentos de patente correspondientes al mes de marzo y en tres días el lote de medicamentos correspondientes al mes de abril. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a lo anterior, dígasele a la parte quejosa que por lo que hace a los medicamentos correspondientes al mes de marzo, en proveído de dieciocho de abril del año en curso, se reenvió el oficio 8449/2023, dirigido a la autoridad responsable Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en Chiapas, con residencia en esta ciudad, en el que se le solicitó administrara los medicamentos correspondientes a ese mes. Por otra parte, requiérase a la autoridad responsable SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que quede notificada de este acuerdo, SUMINISTRE AL QUEJOSO LOS MEDICAMENTOS DE PATENTE QUE REQUIERE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. En esa medida, deberá acreditar con documentos fehacientes las gestiones relativas, a efecto de verificar el cumplimiento de esa determinación, y este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de determinar lo que en derecho corresponda. Asimismo, se conmina a la autoridad responsable se abstenga de incurrir en trámites innecesarios o argumentos dilatorios, como lo es, el encontrarse realizando gestiones para obtener recursos para comprar los medicamentos de patente que requiere la parte quejosa, o bien, que se encuentre impedido para otorgárselos dada la duplicidad de las dosis en que pudiera incurrirse ya que algunos medicamentos de patente contienen la misma sustancia activa que los genéricos que esa institución proporciona; pues precisamente, con motivo de la suspensión de plano decretada en autos, fue que este órgano jurisdiccional determinó que se debería proporcionar al quejoso los medicamentos de patente que solicita; por tanto, la autoridad oficiante deberá de proveer lo necesario a efecto de que dichos medicamentos se suministren al aquí quejoso en tiempo y forma, con la finalidad de preservar su estado de salud y su vida. Se le hace del conocimiento que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en auto de seis de enero del año en curso, esto es, que de no cumplir con lo que aquí se les requiere, con fundamento en el artículo 158, en relación con los numerales 237, fracción I y 259, todos de la Ley de Amparo, SE LE IMPONDRÁ UNA MULTA de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en les párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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