Gonzalo Pérez Cortazar
Expediente 289/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2021
Partes del expediente
- Gonzalo Pérez Cortazar
Actuaciones
- Principal
Vista: La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Gonzalo Pérez Cortázar y María de los Ángeles Álvarez Rodríguez. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres año, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
I. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como abogado defensor de *** contra actos de la 1. Segunda Sala Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, Ponencia B, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 289/2021-I y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."2 En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la 1. Segunda Sala Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, Ponencia B, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, y 2. Juez de Control Y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, sito en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo siguiente: ? La resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal número 20-b-2P01/2021-JA, en la que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de tres de febrero de este año, emitido por el A quo, en autos de la causa penal 93/2019, por el cual se admitieron las pruebas ofertadas por el Ministerio Público en secuestros, durante la audiencia intermedia. ? Y su ejecución. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En el presente asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Para sustentar la anterior consideración, se tiene presente que los dispositivos de la Ley de Amparo invocados en el párrafo que antecede, señalan lo siguiente: "Artículo 61. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los preceptos transcritos se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora; en el caso que nos ocupa, el promovente reclama la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal número 20-b-2P01/2021-JA, pronunciada por la 1. Segunda Sala Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, Ponencia B, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de tres de febrero de este año, emitido por el 2. Juez de Control Y Tribunales de Enjuiciamiento, Región Uno, sito en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en autos de la causa penal 93/2019, por el cual se admitieron las pruebas ofertadas por el Ministerio Público en secuestros, durante la audiencia intermedia. En ese orden de ideas, a efecto de dilucidar el problema planteado, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La preliminar o de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el precepto 1334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. Además, el artículo 3345 del Código procesal en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: 1.- Una escrita, que inicia con la acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y 2.- La fase oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 3356 del citado código adjetivo de la materia, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el artículo 3417, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo desarrollo está previsto en el diverso 3448, mismo que señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 3479 del Código Nacional en consulta, deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de prueba que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Importa destacar que el artículo 345, último párrafo10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Juez de Control en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, el análisis íntegro de la demanda de amparo, revela que el acto reclamado tiene su origen en el auto de apertura a juicio oral, en el que se admitieron todos los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público dentro del expediente penal 271/2019, instruido contra los hoy quejosos y que los impetrantes de derechos fundamentales consideran que fueron admitidos indebidamente y que a la postre al ser recurrido en apelación fue declarado inadmisible por la Sala responsable. Por lo tanto, el punto medular del presente asunto consiste en concluir si el auto de apertura a juicio oral y más concretamente, la admisión de las probanzas ofrecidas por el Ministerio Público, de conformidad con su contenido normativo, es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.11 En principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. En esa línea argumentativa, tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado por el ocursante no es de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues la admisión de las pruebas y consecuente apertura a juicio oral define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, están sujetos a ser desahogados y valorados en la etapa del juicio oral; es decir, aún cuando hayan sido admitidas no le causan afectación a sus derechos sustantivos, toda vez que su valor probatorio puede ser desestimado por el tribunal de enjuiciamiento al dictarse sentencia, siendo en todo caso, hasta ese momento en que le cause una afectación de imposible reparación, donde la defensa podrá plantear argumentos que cuestionen el valor de las pruebas que se desahoguen en la audiencia de juicio oral y que hubieran trascendido al dictado de una sentencia condenatoria. Habida cuenta que si bien es cierto la admisión o exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral, resulta indiscutible que en el juicio oral la defensa sí puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas, especialmente puede ocurrir cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, pues en estos casos, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento deberán tomar en cuenta esa cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva. Circunstancias que permiten colegir fundadamente que la admisión de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía, es un acto cuya naturaleza no entraña una ejecución irreparable, ya que con ello, en su caso, sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, pues no se advierte privación alguna de sus derechos de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal, en cuyo caso, están sujetas al desahogo y valoración del tribunal de enjuiciamiento, pudiendo en caso de trascender al resultado del fallo, cuestionar el valor que se le hubiere otorgado. Habida cuenta que puede acontecer que dentro de la etapa de juicio no se desahogue o se controvierta el valor probatorio de la prueba y no sea tomada en consideración, con lo que existe la posibilidad de que no afecte a los justiciables. Así las cosas, es inconcuso que no pueden ser considerados de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos los actos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una sentencia favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad, por lo que sí es susceptible de reparación en ese supuesto, toda vez que hasta ese momento conocerá la valoración que se le dé al cumulo probatorio. Luego, la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, incide únicamente en el ejercicio de un derecho procesal como lo es que se excluyan pruebas que la parte quejosa consideraba impertinentes o nulas, las cuales constituyen los elementos para acreditar la participación de los quejosos en los hechos delictuosos por lo que el Fiscal de la Federación formuló acusación en su contra. De ello resulta necesario puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó: "[...] 68. Así, por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. 69. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. 70. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. 71. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. 72. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservaran en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. 73. En ese sentido, la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. 74. Bajo ese parámetro, es que se comparte el sentido de la resolución recurrida, en cuanto se determina que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la admisión de los medios de prueba que considera impertinentes y que han quedado precisadas en esta ejecutoria, no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. 75. Lo mismo acontece respecto de la admisión de los medios de prueba que considera ilegales, puesto que no se advierte que por la admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. 76. En efecto, respecto de la testimonial a cargo de los policías aprehensores [...] elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, su admisión no irroga un daño irreparable actual al quejoso, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente el medio de prueba se desahogue, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes, y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. 77. De lo anterior se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la admisión de dichos medios de prueba constituyan un acto de imposible reparación en contra del quejoso. 78. Lo mismo acontece respecto de las testimoniales a cargo de [...], las imágenes de video grabación contenidas en una memoria "USB"; la evidencia material consistente en [...], puesto que su admisión no implica por sí misma un acto de imposible reparación, por las razones antes expuestas. 79. Del mismo modo, la pericial en materia de genética a cargo del perito [...], en los términos en que se ofreció y fue admitida, tampoco genera afectación irreparable al quejoso, puesto que no habrá de desahogarse respecto de su información genética, pues como el propio impetrante lo refiere, la pericial no tiene el objeto de determinar si las muestras de [...] derivan de él. 80. En ese sentido, es que se concluye que la admisión de los medios de prueba que reclama el quejoso, por sí mismos no constituyen un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto. 81. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa se inconforma con la admisión de medios de pruebas, pero no se advierte que los actos reclamados constituyan de manera actual una afectación de características irreparables, se actualiza la causa de improcedencia que el juez de distrito consideró aplicable al caso concreto, al constituir determinaciones procesales de la etapa intermedia, que no generan en sí mismas la afectación material irreparable de un derecho fundamental. 82. Con ello, válidamente es de concluir que los medios de prueba admitidos y que el promovente estima ilegales e impertinentes, aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, pues su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el juez oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria, una vez que las partes hayan formulado los interrogatorios y contra interrogatorios respectivos, tendentes a demostrar su teoría del caso [...]" Lo subrayado es propio. De dichas consideraciones, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, ha determinado que para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Asimismo, la Primera Sala precisó que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Además, dicho órgano colegiado determinó que además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que el amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación, por afectar un derecho fundamental. En ese supuesto, la Primera Sala señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, puntualizó que la admisión de pruebas (incluso de aquellas que se consideran ilegales), no irroga un daño irreparable actual a la parte quejosa, sino que la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que efectivamente los medios de prueba se desahoguen, la forma en que dicho desahogo se verifique, verbigracia, el contenido del deposado al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento los considere como prueba de cargo en contra del procesado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Luego, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que la no declaración de nulidad de pruebas, ni la admisión de las mismas, así como la declaración de apertura a juicio oral, generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Afectación que, en todo caso, se generará en la audiencia de debate de la etapa de juicio oral, respecto del desahogo de los medios de prueba admitidos, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de los deposados al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el Tribunal de enjuiciamiento los considere como pruebas de cargo en contra del imputado al emitir la sentencia en la audiencia de juicio oral. Lo anterior, tal y como lo determinó la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso amparo directo en revisión 669/2015, donde sostuvo que el objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. También, precisó que en la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, dijo, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, determinó que con atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral; no obstante, resaltó, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Así, dicho órgano colegiado concluyó, que el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva si durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. El criterio que nos ocupa, quedó plasmado en la tesis: 1a. LIII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. En ese contexto, aunque en etapa intermedia se haya admitido un medio de prueba para desahogarse en la fase de juicio oral, del que se pretenda su exclusión por violación a derechos fundamentales, nada impide que en la audiencia de debate la defensa cuestione el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas, esto es, cuando se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, lo que deberá apreciar el tribunal de enjuiciamiento al momento de valorar la prueba. Por lo anterior, como lo estableció la Primera Sala, no se debe supeditar a que el acto reclamado pueda o no ser reparado en la sentencia definitiva que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución solo se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en la misma, pero no de cuestiones que debieron analizarse, cuestionarse o debatirse en etapas previas. En esa medida, en sede de juicio de amparo directo, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal; esto es, la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Ello, porque como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 2013 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas; de ahí que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), así como en la tesis 1a. LI/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. DE SU INTERPRETACIÓN SE DESPRENDE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE HACER VALER SUS INCONFORMIDADES EN EL MOMENTO O ETAPA CORRESPONDIENTE. El procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en etapas, cada una de las cuales tiene una función específica. Estas etapas se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en el principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. En efecto, el principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se desprende la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad y, una vez agotadas, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente."15 En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado que nos ocupa, no genera una afectación irreparable de un derecho sustantivo, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Es así, pues para definir si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza propia del mismo y a las consecuencias que produce, dejando al margen los planteamientos expuestos por la parte que se considera afectada con él. Entenderlo en sentido contrario implicaría dejar a criterio de la parte quejosa e inconforme la actualización de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, lo que es inadmisible jurídicamente. Lo anterior, porque no podría considerarse que un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, pronunciado dentro de juicio, es de imposible reparación por la mera circunstancia de que la solicitante de amparo así lo manifieste. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda planteada en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.XVII.J/29P (10a), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la página 1154 de la. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I. Materia Común, Penal, con registro: 2022565, del tenor literal siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. Hechos. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si es procedente el juicio de amparo indirecto contra la determinación del Juez de Control en la etapa intermedia, de admitir medios de prueba, arribando a conclusiones distintas, pues uno consideró que, por regla general, es procedente por afectar en forma preponderante y superior los derechos sustantivos de acceso a la justicia y defensa adecuada y los restantes concluyeron que no es impugnable a través de ese medio de control constitucional, porque no implica un acto de ejecución irreparable.Criterio jurídico: Las determinaciones del Juez de Control, relativas a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar-, por regla general, constituyen actos de naturaleza intraprocesal que no son susceptibles de impugnarse en el amparo indirecto.Justificación: Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello pues una de las principales funciones del Juez de Control durante esta etapa, consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales."16 Así como el diverso criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 6207 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, con registro digital 2021993, que dice: "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL QUE SE RECLAMA UNA DETERMINACIÓN TOMADA EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA, SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS, NO ES UN ACTO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL.", resolvió que el estudio de violaciones procesales en amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas en la audiencia de juicio oral, lo que significa que las partes se encuentran obligadas a formular sus planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente, ya que de lo contrario, por regla general, se entenderá que agotaron su derecho para inconformarse. En ese sentido, el desechamiento del recurso de apelación en el que se reclamó una determinación tomada en audiencia intermedia, sobre la admisión de diversas pruebas, no afecta derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya que se está frente a una violación procesal susceptible de ser reparada durante el desarrollo del juicio oral, en donde la defensa puede controvertir el desahogo y valoración de dichas pruebas, por lo que no se surte el supuesto previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los preceptos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Gálvez Chávez, quien se ostenta como abogado defensor de Gonzalo Pérez Cortázar y María de los Ángeles Álvarez Rodríguez, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."17 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con apoyo en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala promovente en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del referido numeral -12- a Wilmar Joe Solís Rodríguez, Iván Solís Cruz y Gerardo Emilio Díaz de Selis por encontrarse sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y de manera restringida de conformidad con dicho ordinal, párrafo segundo, parte in fine, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a la persona restante, por no contar con esa inscripción. Asimismo, respecto del correo electrónico y números telefónicos que proprociona, dígasele que como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, prorrogado por el diverso Acuerdo General 1/2021, ese sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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