Gonzalo Salcedo Gallegos
Expediente 584/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 584/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gonzalo Salcedo Gallegos
- Magistrado de la Novena Sala Penal del S.T.J.E. cd y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. ACUSE RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 23964, así como del original del toca penal XI-33/2020, así como un disco compacto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós.********************CUENTA CON AUTOS.********************Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA********************Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.******************** CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. ********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede se desprende que dentro del presente juicio no obran glosados documentos originales, más sin embargo si obran dentro del original del incidente de suspensión, que si existen billetes de depósito en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo, es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el presente juicio.********************Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de incidentes de suspensión toda vez que los mismos no se tramitaron.********************TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE********************Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos.********************SE ORDENA DEVOLVER LOS ANEXOS ADJUNTOS A LOS INFORMES RENDIDOS.********************Finalmente, toda vez que de autos se advierte que se ordenó formar un cuaderno de pruebas por separado y que dentro del presente asunto, específicamente a foja treinta cuatro, obran glosados dos discos que se adjuntaron en alcance al informe justificado; en atención a lo anterior, devuélvanse los mismos a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, sin que sea necesario que esta acuse recibo, toda vez que obraría como tal la constancia de recepción a estos. ********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 584/2020-II, promovido por Gonzalo Salcedo Gallegos, contra el acto del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gonzalo Salcedo Gallegos, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable precisada, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL
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V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 584/2020-II, promovido por Gonzalo Salcedo Gallegos, contra el acto del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido en esa misma data, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Ramón Gustavo Velázquez Vega, en cuanto defensor de Gonzalo Salcedo Gallegos, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Magistrado de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; en los términos siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la AUTORIDAD RESPONSABLE resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte dictada por la responsable; mediante la cual confirma el auto de vinculación a proceso dentro de la causa penal 313/2019 dictada por la Juez de control y enjuiciamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral de la región judicial de Zamora, Michoacán, resolución que al ser contraria a derecho, en obvio trasciende mis derechos humanos, razón por la cual acudo a solicitar el AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL.". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional radicó y admitió a trámite el libelo bajo el expediente número 584/2020-II, solicitó su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado. Asimismo, en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, reconoció el carácter de terceros interesados en este juicio a Fernando Iván Cárdenas Peña, así como al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Penal responsable, en términos de lo que dispone el artículo 5°, fracción III, incisos b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó y efectúo su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. Finalmente, el veintinueve de julio de dos mil veintidós, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad materialmente jurisdiccional del orden penal, cuyos efectos se concretan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veinte, emitida en el toca penal número XI-33/2020 del índice de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Resolución que confirmó el auto de no vinculación a proceso, dictado en la audiencia de diecinueve de julio de dos mil veinte, por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de la Región Morelia, Michoacán, dentro de la causa penal 313/2019, instruida a Gonzalo Salcedo Gallegos, por el delito de lesiones culposas por hechos de tránsito, en agravio de Fernando Iván Cárdenas Peña. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado el Magistrado responsable, toda vez que en su informe con justificación así lo aceptó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas del toca de apelación XI-33/2020, la causa penal 313/2019 y dos discos compactos, en los que de manera particular obra la videograbación de la audiencia de diecinueve de julio de dos mil veinte y la sentencia de veinticinco de agosto del mismo año, última que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que con arreglo a la ley goza de fe pública. Resultan aplicables las tesis que se reproducen enseguida: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente.". CUARTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Toda vez que las partes no hicieron valer alguna de ellas, ni se observan de oficio lo que se impone es proceder en el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Antecedentes. Se destacan los siguientes que se desprenden de las constancias allegadas al sumario: 1. El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se inició la audiencia de imputación, en contra de Gonzalo Salcedo Gallegos, aquí quejoso, por el delito de lesiones culposas por hechos de tránsito, en agravio del aquí tercero interesado, en términos de lo previsto y sancionado en los numerales 125, fracción IV, en relación con los diversos 69, 16, 19, fracción I, 20, fracción II, y 24, fracción II, todos del Código Penal del Estado. La fiscalía formuló su acusación en los términos siguientes: "Que el día 12 de julio de 2017, siendo aproximadamente las 9:30 horas, el imputado Gonzalo Salcedo Gallegos Circulaba sobre la calle 20 de noviembre esquina con Paseo Corintio del fraccionamiento Acanto en la ciudad de Zamora, Michoacán, a bordo de un vehículo de la marca Ford pick up tipo ranger, modelo 1994 color azul con placas de circulación MP50849 de esta entidad federativa y al dar vuelta hacia su lado derecho para continuar circulando, con la parte media frontal de su vehículo impactó a la víctima Fernando Iván Cárdenas Peña quien se encontraba hincado sobre la calle Paseo Corinto teniendo abierta la puerta del registro donde se encuentra la bomba del agua potable: que así, le ocasionó a la víctima diversas lesiones, siendo ésta (sic) las siguientes: fractura de macizo facial derecho, fracturas costales del lado derecho, contusión pulmonar, bilateral, hemitórax bilateral, hematoma peri-renal izquierdo.". Como sustento de lo anterior, dijo contar con los datos de prueba siguientes: Oficio número 858/VII/2017, de doce de julio de dos mil diecisiete, realizado por los elementos de la Policía Municipal de Zamora, Michoacán. Certificado médico de lesiones de doce de julio de dos mil diecisiete, emitido por el médico forense Martín Abraham Tamayo Ruiz. Nota médica de evolución de trece de julio de dos mil diecisiete, realizada por el doctor Genaro Huerta, neurocirujano tratante del Hospital San José. Dictamen sobre identificación de vehículo de nueve de agosto de dos mil diecisiete, realizado por el perito en criminalística Ernesto Estrada Pantoja. Entrevistas de Felipe Cárdenas Ureña, María Isabel Pérez Carranza y Juan Carlos Méndez Romero, recabadas por el agente de la Policía de Investigación Fabián Mauricio Oseguera Escobar. En lo esencial, la segunda y el tercero de los mencionados refirieron que el día doce de julio de dos mil diecisiete, entre las nueve y nueve treinta horas aproximadamente, se encontraban en la calle 20 de noviembre a la altura del fraccionamiento Acanto, cuando escucharon el freno o rechinido de un vehículo e inmediatamente observaron a un masculino lesionado por dicho automotor, pues éste se encontraba realizando maniobras en una alcantarilla; por lo que de inmediato acudieron a auxiliar a la persona herida. Dictamen pericial al lugar de los hechos, recabado por el perito en criminalística Ernesto Estrada Pantoja, redactado el ocho de agosto de dos mil diecisiete. Dictamen pericial de causalidad de hechos de tránsito, elaborado por el perito en criminalística Ernesto Estrada Pantoja. Denuncia efectuada por Fernando Iván Cárdenas Peña. Certificado médico definitivo de lesiones de siete de noviembre de dos mil diecisiete, emitido por el perito médico Martín Abram Tamayo Ruiz. Informe médico de mecánica de lesiones de tres de noviembre de dos mil dieciocho, realizado por el perito médico Martín Abram Tamayo Ruiz. Dictamen pericial sobre mecánica de hechos de once de junio de dos mil diecinueve, realizado por el perito en criminalística Gerardo Reyes Pérez. Este experto refirió, en lo esencial, que no existían señalamientos colocados en el entorno de la alcantarilla al momento del hecho para prevenir a los conductores que circulaban, pero que aún ante esas circunstancias, el conductor debía tener la debida precaución y conducir a la velocidad permitida en la zona (máxima 30 km/h), poniendo atención al frente, pues de haberlo hecho pudo haber advertido la presencia de la víctima sobre la vía de circulación. Las partes solicitaron ser canalizados al área de mediación para agotar la posibilidad de resolver el proceso a través de una salida alterna, por lo que se suspendió la causa penal por el término de treinta días. 2. Ante la falta de acuerdo, el catorce de julio de dos mil veinte, se reanudó la audiencia de mérito, en la que el imputado se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional, al haber ofertado la opinión pericial de la criminóloga Elva María Zamora Islas. 3. El diecinueve de julio de dos mil veinte, de nueva cuenta tuvo lugar la continuación de la mencionada audiencia, en la que, después de escuchar a las partes, la juzgadora precisó el hecho fáctico, el siguiente: Por ello, atento a las manifestaciones de las partes y la valoración de los medios de prueba que ofertaron, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su participación y probable responsabilidad en el hecho que le imputó la fiscalía. Por último, de acuerdo a lo peticionado por el órgano acusador, se le impuso al mencionado la medida cautelar consistente en la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en Zamora, Michoacán, y la prohibición de salir de la Entidad. 4. Inconforme, el defensor del imputado interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación XI-33/2020, que se resolvió el veinticinco de agosto de dos mil veinte en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso impugnado. Ello, expuso, virtud de lo infundado los agravios propuestos (relativos a la inexistencia de datos de prueba que corroboren la conducta culposa atribuida) esencialmente, porque la a quo respetó el derecho de audiencia que le asiste al imputado, a quien le hizo saber el motivo de la formulación de imputación; tuvo asesor y a su alcance los datos necesarios para su defensa; se le dio la oportunidad de declarar en relación al hecho que se le atribuyó y se le otorgó la oportunidad de solicitar la duplicidad del término constitucional para resolver sobre su situación jurídica, haciendo uso de esa prerrogativa. Respecto al tema de que no se encuentra satisfecho el elemento subjetivo culpa, el Magistrado resolutor hizo énfasis en que la vinculación a proceso ya no exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos de los que se desprenda que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por ello, consideró, si bien el imputado ofertó como prueba de su parte la opinión pericial de hechos de tránsito, elaborada por Eva María Zamora Islas; la que estima avalada por el dictamen pericial sobre causalidad de hechos de tránsito, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, practicado por el perito en criminalística Ernesto Estrada Pantoja; así como por el diverso de once de junio de dos mil diecinueve, rendido por Gerardo Reyes Pérez, experto en esa misma materia; para afirmar, desde su punto de vista, que no realizó una conducta que infringiera el reglamento de tránsito, como sí lo hizo el ofendido al faltar a su deber de cuidado. El Magistrado resolutor, dijo, si bien los citados datos de prueba corroboran que la víctima fue negligente al omitir colocar señalamientos para realizar su trabajo; empero tal tema no fue debatido, pues incluso el juez aceptó tal postura. No obstante, expuso, tal como acertadamente lo consideró la jueza de origen, al imputado también le resulta culpa en los hechos porque conducía el vehículo de motor perdiendo la visibilidad y que no presentaba atención al frente, aun cuando había un restrictor de velocidad a una distancia próxima del lugar del accidente, que no puede dar lugar a considerar que, de inmediato, redujo la velocidad del vehículo. De ahí que ante la falta de opinión pericial sobre la velocidad en que circulaba, resultara viable la continuación de la investigación para que la fiscalía tome lo decisiones sobre su acusación. En efecto, el Magistrado resolutor evidenció la conducta culposa del imputado a través de los siguientes datos de prueba: Dictamen pericial sobre mecánica de hechos, de once de junio de dos mil diecinueve, realizado por el perito en criminalística Gerardo Reyes Pérez. Del que obtuvo que el procesado conducía su vehículo a una velocidad arriba de la permitida dentro del área urbana, así como que perdió el campo visual para poder observar la tapa abierta de la alcantarilla, pues se desplazaba con notable falta de atención al frente de su circulación. Entrevistas de María Isabel Pérez Carranza y Juan Carlos Méndez Romero. De las que coligió una conducta impudente del imputado, pues sí conducía a una velocidad mayor a la permitida porque ambos testigos presenciales señalaron que escucharon un vehículo que rechinaba o el frenado de la camioneta, lo que, dijo, guarda relación con la referencia del ofendido de la alta velocidad en que conducía el imputado y que sí existía visibilidad para las personas y vehículos que transitaban por el lugar de los hechos. Por lo anterior, determinó confirmar el auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones culposas por hechos de tránsito, en agravio de la víctima, más aún que en materia penal no existe la compensación de culpas, es decir, el hecho de que la víctima fuera igualmente imprudente al imputado, pues ello no releva a éste de su conducta culposa. Finalmente, declaró inatendible el diverso agravio formulado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Se precisa que los motivos de disenso se estudiarán de manera conjunta, por cuestión de técnica jurídica y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo. En concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.". En su demanda de amparo, el quejoso esencialmente sostiene la vulneración a su derecho humano a la impartición de justicia, pues en su decir, la juzgadora actuó imparcialmente al enaltecer la opinión del perito oficial y de los agentes de policía y tránsito, sin tomar en cuenta que el accidente fue provocado por el propio lesionado. Lo que, aduce, deja de lado la opinión del perito del imputado -Elva María Zamora Islas- y el primer perito oficial que intervino -Ernesto Estrada Pantoja-, quienes determinaron que el hecho de tránsito fue ocasionado por la falta de cuidado de la supuesta víctima. Finalmente, agrega que el acto reclamado lo deja sin posibilidad de equilibrar la opinión de excluyentes de responsabilidad, mediante los datos de prueba aportados en la audiencia de imputación. Es infundado dicho planteamiento, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En efecto, se converge con el Magistrado responsable en la consideración sustancial de que la víctima fue negligente al omitir la colocación de los señalamientos necesarios e indispensables para realizar su trabajo, circunstancia que, como lo sostiene el peticionario de amparo, se obtiene de las opiniones periciales correspondientes. Sin embargo, contra lo afirmado por el quejoso, también se estima correcta la apreciación de que dicha circunstancia no exhime -por ahora- al imputado de su probable responsabilidad en la comisión de los hechos delictuosos. Es así porque, efectivamente, el experto Gerardo Reyes Pérez señaló que el imputado conducía el vehículo a exceso de velocidad (a más de 30 km/h permitidos en la zona), perdiendo la visibilidad y no prestaba atención al frente. Y la defensa no explicó en audiencia cual era la velocidad en la conducía el imputado, que le hubiera permitido evitar el suceso, pero que este aconteció por causa directa de la propia víctima. Aspecto que, como lo sostuvo el a quo, hace necesaria la continuación de la investigación para que el propio perito señale la velocidad a la que circulaba. Además, contrario a la apreciación del quejoso, la valoración de peritaje aludido no quiere decir que el Magistrado haya actuado de manera imparcial, porque esa opinión pericial se vio complementada con la del primer experto Ernesto Estrada Pantoja, quien si bien explicó la mecánica de los hechos, únicamente concluyó falta de cuidado de Fernando Iván Cárdenas Peña, sin hacer referencia en cómo incidió la probable responsabilidad del aquí quejoso. Es decir, la sola circunstancia de que el perito Ernesto Estrada Pantoja haya concluido la falta de cuidado de la víctima, no excluye de inmediato la probable responsabilidad de Fernando Iván Cárdenas Peña. Así, de acuerdo al caudal probatorio, en concreto la opinión pericial de Gerardo Reyes Pérez, relacionada con las entrevistas de los testigos presenciales María Isabel Pérez Carranza y Juan Carlos Méndez Romero, que fueron coincidentes haber escuchado rechinidos del automóvil al momento en que sucedieron los hechos, se concluye la posibilidad de que el imputado manejara a exceso de velocidad en la zona y que no prestó atención en que la víctima se encontraba sobre la vialidad en que circulaba, sin que -de momento- existan otros datos de prueba que lo desvirtúen. Máxime que, al menos inicialmente los artículos 14 y 61 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán, establecen la obligación implícita de los conductores de vehículos de conducir dentro de los límites de velocidad marcados, disminuir su velocidad ante la existencia de un tope o señalamiento y conducir con precaución. Preceptos que señalan: "Artículo 14. Los conductores de vehículos estarán obligados a disminuir la velocidad a veinte kilómetros por hora en zonas de hospitales, asilos o albergues, casas hogar y extremar precauciones, respetando los señalamientos correspondientes; y en su caso, ceder el paso a personas con discapacidad o capacidad diferente, haciendo alto total." "Artículo 61. Los conductores están obligados a respetar los límites de velocidad establecidos para las vías públicas, de acuerdo con su clasificación. En las vías primarias circularán a la velocidad que se indique mediante los señalamientos respectivos. Cuando la vía pública carezca de señalamiento, la velocidad máxima será de cincuenta kilómetros por hora. En las vías secundarias la velocidad máxima será de treinta kilómetros por hora y en zonas escolares, peatonales, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, la velocidad máxima será de veinte kilómetros por hora.". Apoyan lo expuesto las tesis siguientes: "CONDUCCIÓN DE VEHICULOS, IMPRUDENCIA EN LA. Guiar un vehículo implica realizar una actividad lícita, pues, en materia de transportes, el riesgo que engendra dicho manejo es conocido, tolerado y aceptado por el Estado, y sólo puede atribuirse responsabilidad culposa cuando se han abandonado las precauciones normalmente tomadas en relación con esta actividad y, como consecuencia de ello, se causa daño, toda vez que el reconocimiento del delito culposo se funda en la consideración de que todo hombre tiene el deber de obrar con la adecuada diligencia o cuidado, para que, con su conducta, no se originen consecuencias dañosas para los demás. Por tanto, si el inculpado abandona esas precauciones, es evidente que incurre en el delito que se le atribuye.". "IMPRUDENCIA, DELITOS POR. CONCURRENCIA DE CULPAS. En materia penal no existe la compensación de culpas, razón por la que si una persona se atraviesa imprudentemente al paso de un vehículo, y al conductor de éste lo va guiando sin las medidas necesarias de precaución, la imprudencia de aquél no favorece en ninguna forma al conductor.". Por esta razón, se concluyen satisfechos los requisitos para la emisión del auto de vinculación a proceso, esto es: 1) Existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. "Que el día 12 de julio de 2017, siendo aproximadamente las 9:30 horas, el imputado Gonzalo Salcedo Gallegos Circulaba sobre la calle 20 de noviembre esquina con Paseo Corintio del fraccionamiento Acanto en la ciudad de Zamora, Michoacán, a bordo de un vehículo de la marca Ford pick up tipo ranger, modelo 1994 color azul con placas de circulación MP50849 de esta entidad federativa y al dar vuelta hacia su lado derecho para continuar circulando, con la parte media frontal de su vehículo impactó a la víctima Fernando Iván Cárdenas Peña quien se encontraba hincado sobre la calle Paseo Corinto teniendo abierta la puerta del registro donde se encuentra la bomba del agua potable: que así, le ocasionó a la víctima diversas lesiones, siendo ésta las siguiente: fractura de macizo facial derecho, fracturas costales del lado derecho, contusión pulmonar, bilateral, hemitóraz bilateral, hematoma peri-renal izquierdo.". 2) La ley señale como delito a ese hecho. Los numerales 125, fracción IV, en relación con los diversos 69, 16, 19, fracción I, 20, fracción II, y 24, fracción II, todos del Código Penal del Estado. 3) Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Conforme a los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. Asimismo, cabe reiterar que basta con que el imputado haya tenido intervención en los hechos delictuosos y se cuente con elementos suficientes que justifiquen su probable responsabilidad, lo que en la especie así se presenta, dado que es materia de la continuación de la investigación la determinación de las causas exactas y directas del injusto penal, a fin de fincar o no responsabilidad en definitiva a imputado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". Corolario a lo anterior, quien resuelve concluye que la resolución reclamada contra lo afirmado por el quejoso, no es parcial; sino que se encuentra ajustada al orden normativo, pues se analizaron los argumentos expuestos vía apelación y sustancialmente se estimaron colmados los requisitos necesarios para confirmar la vinculación a proceso apelada. Finalmente, debe precisarse que con esta determinación en modo alguno se coarta del derecho del imputado para comprobar una causal excluyente de responsabilidad, pues, como se expone, ello depende de las pruebas que se desahoguen durante el proceso. De ahí que la vinculación a proceso no afecte sus derechos tutelados en el artículo 20 Constitucional, pues dicha resolución únicamente implica la prosecución de la secuela procedimental por los hechos e injusto que reprocha la representación social. Por ello la determinación reclamada tampoco es contraria a las tesis que invoca el quejoso, vinculadas al principio de imparcialidad judicial. Así, al haber quedado atendidos los planteamientos del quejoso, los cuales resultaron ineficaces, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gonzalo Salcedo Gallegos, contra el acto que reclamó a la autoridad responsable precisada, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL
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