Gonzalo Fuerte Durán
Expediente 494/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gonzalo Fuerte Durán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de once de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Gonzalo Fuerte Durán; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se ordena su archivo y destrucción. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Por lista notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil dieciocho. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta signado por Gonzalo Fuerte Durán, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Análisis de la demanda. De una interpretación sistemática de los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social; por ese motivo el órgano que conozca del asunto deberá analizar la demanda y si advierte la actualización manifiesta e indudable de alguna causa de improcedencia desechará de plano la demanda. Luego, del análisis integral de la demanda, se desprende que, en la especie, el acto reclamado consiste en la resolución dictada el diecisiete de mayo del año en curso, dentro del toca I-132/2018, que recayó al recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de tres de abril del año en curso, emitida en el juicio ordinario civil 931/217 de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, por la que se declaró improcedente el incidente de litisconsorcio pasivo necesario que planteo al momento de dar contestación a la demanda que sobre acción plenaria de posesión fue instaurada en su contra; así como las consecuencias inmediatas y directas que incidirán en su perjuicio en el desenvolvimiento, trámite y resultado del juicio ordinario civil de origen. Lo anterior, patentiza que en el caso se configura la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Es así, porque de una interpretación conjunta de los preceptos legales referidos con antelación, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueva contra actos intraprocesales cuando éstos no afecten derechos sustantivos tutelados y reconocidos por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora, en el caso en concreto, se estima que la resolución de segunda instancia que confirma la sentencia interlocutoria por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario planteado por el demandado dentro del juicio natural -ahora quejoso-, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, al trascender al resultado del fallo, por lo que en caso contrario sus consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. De ahí que, resulte factible considerar que, la determinación combatida no irroga una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del peticionario del amparo, porque no impide que vea materializada su pretensión, ni le priva de un derecho sustantivo; y, en todo caso, dicha determinación únicamente tendría efectos adjetivos o procesales. Lo anterior, porque de configurarse la figura de litisconsorcio pasivo necesario, entendido este como la necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, necesariamente tendría que ordenarse la reposición del procedimiento lo que provocaría que la parte actora no pudiera ver materializada su pretensión, al menos no en forma inmediata. Además, en caso de que el llamamiento en juicio de la persona a la que índica el quejoso le asiste tal carácter -Juana Durán Reyes- tuviera trascendencia en el resultado del fallo que eventualmente se dicte y éste fuera adverso a los intereses del promovente de la protección constitucional, podrá hacer valer dicho aspecto en el amparo directo que, en su caso, se promueva en contra de la sentencia definitiva como una violación procesal, conforme al artículo 171 de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 constitucionales. Lo expuesto hasta aquí, permite válidamente considerar que en el presente caso lo que se impone es desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis que enseguida se inserta: "Época: Décima Época Registro: 2006576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.1o.C.4 K (10a.) Página: 2075 LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 378/2013. Fernando Jiménez de la Cruz y otra. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jacinto Juárez Rosas. Secretario: Hugo Rosete Guerrero. Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación." (Lo subrayado es propio). No es óbice a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproducen a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2002568 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 169/2012 (10a.) Página: 1230 LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución dictada en un juicio laboral en la que se determina que no existe litisconsorcio pasivo necesario, en razón del desistimiento de la demanda sólo respecto de alguno o algunos de los demandados, puede impugnarse en amparo indirecto conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque es una resolución que no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, toda vez que impediría a la autoridad jurisdiccional emitir un laudo capaz de vincular a todos los obligados que participan en dicha relación, lo que necesariamente causa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación a los codemandados respecto de los que no se presentó desistimiento expreso, pues los constriñe a concluir un juicio instado en su contra que podría ser innecesario, de resolverse que efectivamente tienen el carácter de litisconsortes pasivos necesarios respecto de quienes el actor desistió expresamente. Contradicción de tesis 373/2012. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Décimo Quinto Circuito y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 24 de octubre de 2012. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: María Enriqueta Fernández Haggar. Tesis de jurisprudencia 169/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de noviembre de dos mil doce." Es así, porque el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo prevé que las jurisprudencias integradas con antelación a la vigencia de la presente ley serán aplicables sólo si no se contraponen a lo previsto en dicho ordenamiento; sin embargo, es necesario señalar que en el criterio jurisprudencial invocado se establece la procedencia del amparo indirecto contra la resolución que determina que no se actualiza la institución de litisconsorcio pasivo necesario, al estimar que generaba una acto directo de imposible reparación, pues constreñía a las partes a concluir un juicio instado en su contra que podría ser innecesario; criterio que ya no es aplicable conforme a lo previsto en la ley de la materia en vigor, toda vez que, fue integrado conforme a la abrogada Ley de Amparo, en la que no se establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que, como ya quedó precisado el artículo 107, fracción V, de la ley vigente, establece que sólo será procedente el juicio de amparo cuando se promueva contra actos intraprocesales que tengan una ejecución irreparable, entendiéndose por éstos únicamente los que afecten derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por último, la improcedencia analizada resulta notoria, porque en el caso concreto este órgano de control constitucional no realizó mayor análisis o demostración para arribar a la conclusión anotada, dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ya ha realizado la interpretación respecto a la hipótesis en estudio. Además, se estima que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Gonzalo Fuerte Durán, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. Autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones a Roberto Melgarejo Ortiz, con las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita que se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; por otra parte, en lo que respecta a Máximo Eduardo Rico Albor y Eustaquio García Martínez, únicamente se les autoriza en términos restringidos, por no haberse encontrado registro en el aludido sistema. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Horario para notificaciones en el local de este juzgado Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe. Ecr
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