Gonzalo Rodríguez Ávalos

Expediente 753/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
753/2017
Año
2017
Actuaciones
30
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Gonzalo Rodríguez Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el término de tres días otorgado a las partes en proveído de veintiocho de diciembre del año pasado, para que expresaran lo que a su interés legal conviniese en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Para tal efecto, debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, por lo que deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. Por tanto, a continuación se hará una breve síntesis de los antecedentes del presente asunto. El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en el cuaderno auxiliar 251/2018 de su índice, dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo a Gonzalo Rodríguez Ávalos, en el que el Director y Coordinador de Seguridad Penitenciaria, ambos del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias: "Ordenen el cese de cualquier acto de tortura en relación con el quejoso. Implementen los mecanismos adecuados para asegurar que el quejoso no sea objeto de algún acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Realicen una supervisión directa y constante, a efecto de verificar el cumplimiento de los derechos humanos del quejoso, en relación con la tortura alegada." Además, el juzgado auxiliar determinó lo siguiente: "en términos del artículo 271 de la Ley de Amparo, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado auxiliado, a efecto de que inicie la investigación de las manifestaciones realizadas por el quejoso en la demanda de amparo, en relación con la tortura y malos tratos de que se duele." Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia referida, y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En atención al requerimiento formulado, el Director y Coordinador de Seguridad Penitenciaria, ambos del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad informaron la imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el quejoso ya no se encuentra recluido en el Centro Preventivo al obtener su libertad el seis de agosto de dos mil dieciocho en virtud de la sentencia absolutoria dictada a su favor en la causa penal 127/2016 del índice del Juzgado Segundo Penal de Partido en esta ciudad. Con las constancias remitidas por las autoridades, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal asistiera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento del fallo protector, tomando en consideración únicamente lo manifestado por las responsables y con las constancias integrantes del expediente en que se actúa, sin que hiciera. Como ya se expuso, las autoridades responsables manifiestan su imposibilidad para cumplir la sentencia amparadora toda vez que a la fecha el quejoso Gonzalo Rodríguez Ávalos no se encuentra recluido en el Centro a su cargo. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso las responsables están jurídicamente imposibilitadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que los efectos del fallo amparador tienen como base que el quejoso se encuentre recluido dentro del Centro Estatal de Prevención Social de esta ciudad. Por tanto, en el caso ha dejado de existir la materia para la ejecución de la sentencia dictada en el presente asunto, por lo que se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues ya no existe procedimiento en contra del quejoso. En tales condiciones, es procedente archivar el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el Capítulo Quinto, punto Vigésimo Primero, fracción IV, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto que se invoca. c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que se cumpla el plazo establecido en el inciso a), el Centro de Documentación y Análisis proceda en los términos que aquí se indican.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Directora de Procesos, Encargada del Despacho del Subprocurador de Justicia Región B, mediante el cual informa que con relación a la vista ordenada en la ejecutoria dictada en el presente asunto, se inició la carpeta de investigación 130984/2018 radicada en la Agencia del Ministerio Público 1 de esta ciudad, la cual se encuentra en trámite. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento de las autoridades responsables al fallo protector, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con las constancias de cuenta y con las que obran en autos, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal que tenga para ello; este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.

  3. Principal

    Autoridad informa que remitió la vista ordenada en la sentencia dictada en el presente asunto al Subprocurador de Justicia de la Región B de la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que iniciara la investigación correspondiente, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.- En atención a lo anterior, requiérase al Subprocurador de Justicia de la Región B de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que una vez que se tenga determinación respecto a la vista ordenada, lo informe de inmediato a este juzgado.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante el cual informa la remisión de las copias certificadas de este juicio de amparo al Agente del Ministerio Público de la Federación, responsable del Sistema Tradicional y del Sistema Único de Mandamientos Judiciales en el Estado de Guanajuato, para que por su conducto se enviaran al Subdelegado de Procedimientos Penales B, responsable de la Unidad de Atención Inmediata del Estado, con el propósito dar cumplimiento a la vista ordenada por este juzgado, de lo que se toma conocimiento para los fines a que haya lugar. En atención a lo anterior, fundamento en el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Procedimientos Penales B, responsable de la Unidad de Atención Inmediata del Estado, para que una vez que se tenga determinación respecto a la vista ordenada, lo informe de inmediato a este juzgado.

Quedan 26 actuaciones en este expediente

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