Gonzalo Jaime Rosales
Expediente 841/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 38 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gonzalo Jaime Rosales
- Fiscal General del Estado de Guanajuato, con sede en ciudad capital
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
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SENTENCIA DE AMPARO: ÚNICO.- La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa.
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Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director de Asuntos Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través del cual, remite el original del disco versátil digital que el quejoso Gonzalo Jaime Rosales aportó como prueba con su escrito de recusación de cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese dicho disco con el carácter de documental pública, se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia constitucional.-
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isto la certificación de cuenta, se advierte que por acuerdo de treinta de junio pasado se requirió al Fiscal General del Estado de Guanajuato, para efecto de que remitiera copia autenticada de disco compacto ofrecido como prueba del quejoso en el cuadernillo FGE-01/2020 relacionado con la carpeta de investigación 59909/2020, sin que obre en autos dicha constancia o se advierta que se le haya notificado para tal efecto. En esa medida, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan para su verificativo las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós.
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Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director de Asuntos Contenciosos de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través del cual aduce imposibilidad jurídica para remitir copia autenticada del disco compacto que el quejoso Gonzalo Jaime Rosales aportó como prueba con su escrito de recusación, relativo al cuadernillo FGE-01/2020 relacionado con la carpeta de investigación 59909/2020 de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de Guanajuato. Dado que manifiesta que, de ser necesario el original de dicho disco, éste se deja a disposición de este juzgado en las oficinas de la citada Fiscalía, ubicadas en la capital del Estado; por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado de Guanajuato, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita el disco indicado o una copia autenticada de éste. Se reitera al Fiscal General del Estado de Guanajuato que subiste el apercibimiento decretado en auto de veinte de junio del año en curso, esto es, de no cumplir con el requerimiento en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, atenta a la precisión solicitada por la autoridad oficiante, se señala que la variación en el requerimiento, consistente en que se remita en copia autenticada el aludido disco y no sólo en copia [simple], radica en que el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que las documentales en las cuales las autoridades responsables apoyen su informe justificado deben presentarlas forzosamente ante el órgano de amparo debidamente certificadas (o en la especie, por aproximación, autenticadas). "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. [.]". De ahí que en el requerimiento variara para incluir de forma explícita que la exigencia verse en que la documental requerida se allegue en copia autenticada, a fin de evitar imponer al Fiscal General responsable una sanción pecuniaria derivada de un requerimiento no del todo exacto, pese a la disposición de ley que impone una norma de actuar específica. Este órgano jurisdiccional no acepta la imposibilidad jurídica aducida por la autoridad oficiante, para autenticar el disco requerido, pues se basa en dos premisas inexactas: a) como substanciador del procedimiento de recusación de origen el Fiscal General del Estado carece de atribuciones para autenticar documentos, y b) no es procedente autenticar documentales privadas. Sobre el primer motivo de impedimento, contrariamente a lo aducido, se estima que el Fiscal General del Estado de Guanajuato sí cuenta con la facultad para autenticar la constancia indicada, puesto que ésta deriva de un procedimiento de recusación de su competencia y que forma parte de sus archivos. Lo anterior, en términos de los artículos 49, 50, fracción XI, 51 y 70, párrafo primero, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que disponen: "Artículo 49. El Ministerio Público es la Institución que tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos, y le corresponde el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, sin perjuicio de aquellos casos en que lo puedan hacer los particulares, en términos de lo previsto por la Constitución General, los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, la Constitución Local, la presente Ley, las disposiciones aplicables y los Protocolos de actuación que se establezcan al respecto. La investigación de los delitos se efectuará de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión". Artículo 50. Son atribuciones del Ministerio Público las siguientes: [.] XI. Autenticar los documentos materia de su competencia que obren en sus archivos; [.]". "Artículo 51. Las atribuciones del Ministerio Público, para todos los efectos legales, podrán ejercerse por: I. El Fiscal General; II. Los titulares de las Fiscalías; III. Los Coordinadores, los Subcoordinadores Ministeriales, los Directores Ministeriales y los jefes de unidad; IV. Los Agentes del Ministerio Público; V. Quienes determine la reglamentación de la presente Ley; y VI. Aquellos servidores públicos a los que el Fiscal General, mediante el acuerdo respectivo, les confiera dichas atribuciones". "Artículo 70. El Fiscal General calificará las causas invocadas dentro de los tres días siguientes a aquel en que reciba el escrito de recusación y el informe rendido por el servidor público. [.]". Es así, ya que de acuerdo a lo transcrito, el Fiscal General ejerce las atribuciones del Ministerio Público estatal, y entre éstas se encuentra autenticar los documentos materia de su competencia que obren en sus archivos (aquí del procedimiento de recusación de origen), sin que interese que el documento forme o no parte de una investigación penal. En la inteligencia de que no es menester que tal autenticación la realice personalmente el Fiscal General, dado que ello podría efectuarse por cualquiera de los servidores públicos enlistados en el precepto 51 en cita. Por tanto, dado que la autoridad requerida tiene el carácter de responsable, se encuentra legalmente obligada por disposición expresa de la Ley de Amparo a remitir en copia autenticada (pues carece de la facultad de certificación) las constancias que apoyen su informe justificado, entre las cuales se ubica el disco de mérito, pues formó parte del procedimiento de recusación de origen substanciado en el cuadernillo FGE-01/2020); y para ello no se encuentra imposibilitado jurídicamente, puesto que la Ley Orgánica del Ministerio Público estatal lo faculta para realizar u ordenar la autenticación, según se expuso. Por su parte, tampoco constituye una razón de imposibilidad jurídica para autenticar el disco en cuestión que éste sea una documental privada, que efectivamente lo es, ya que contiene una videograbación presentada por el quejoso motu proprio como prueba al promover recusación en contra de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral para las Mujeres de esta ciudad (lo cual originó el cuadernillo FGE-01/2020), quien sigue en su contra carpeta de investigación 59909/2020. Sin embargo, ello no es justificación para desacatar el requerimiento, porque la naturaleza privada del disco no es obstáculo para que se obtenga una reproducción autenticada, en términos de la facultad de autenticación establecida a favor del Ministerio Publico estatal en términos de los citados numerales de la Ley Orgánica de esa institución; pues, como se dijo, basta que sea una constancia que obre en sus archivos, pública o privada. Para lo cual destaca que la autenticación no confiere el carácter de documental pública a la reproducción autenticada requerida del disco. Empero, tal autenticación sí es relevante, porque garantiza a este órgano de amparo que la copia autenticada es reproducción fiel y completa del audio contenido en el disco proporcionado por el quejoso.
Quedan 34 actuaciones en este expediente
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