GONZALO MEDINA CRUZ y Otros.

Expediente 62/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 60 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
62/2021
Año
2021
Actuaciones
60
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • GONZALO MEDINA CRUZ y Otros.
  • Gonzalo Medina Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 60.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******************** por el cual hace diversas manifestaciones en relación a la vista concedida en auto de dieciséis de noviembre último. En virtud de lo anterior, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto transcurra el plazo de tres días concedido a las partes, y este juzgado se pronuncie respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio, anexo de cuenta y los diversos P/***/2022 de veintidós de septiembre de dos mil veintidós y ***/2023 de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SECCIÓN II. MESA IV-A. PRAL. 62/2021 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos para los efectos legales procedentes el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el cual en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que, mediante proveído de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, dictado en el juicio laboral ********************y acumulado ******************** de su registro, se despachó auto de requerimiento de pago o en su caso embargo, respecto de la condena decretada a la demandada ********************, hasta por la cantidad de $********************), y que señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de la presente anualidad, para que la parte actora en compañía del actuario de su adscripción se constituyan en el domicilio de la condenada y le requiera la cantidad señalada; además remite copia certificada del auto de que se trata para acreditar su dicho. Información que se toma en consideración para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    SECCIÓN II. MESA IV-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, glósese a los autos para los efectos legales procedentes el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en atención al requerimiento realizado en proveído de dieciocho de julio del actual, informa que, no se ha realizado el pago total de las cantidades cuantificadas en el incidente de liquidación de quince de junio último, en virtud de para estar en posibilidad de requerir el pago de la referida resolución es necesario que la parte actora proceda conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo; además remite copia certificada del auto de veintidós de septiembre de la presente anualidad, dictado en el incidente de liquidación deducido del juicio laboral ***/2014 y acumulado ***/2015, de su registro. Respecto a la imposibilidad que refiere la autoridad responsable, respecto a requerir a la demandada el pago de la cantidad que adeuda al aquí quejoso, dígasele que la sentencia dictada en este juicio de amparo se concedió para los efectos siguientes: "5.1 Efectos del fallo protector. Así, en términos del artículo 74, fracción V de la Ley de Amparo, se precisa que con motivo de la concesión de amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, deberá: En la fecha y hora que sea fijada para la diligencia de reinstalación requerir al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), para que asuma la condena establecida en su contra por el laudo emitido en el referido juicio laboral, mediante la reinstalación del actor en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales; en el entendido de que para el caso de no contar con disponibilidad inmediata de puestos, deberá realizar las gestiones internas para lograr tal encomienda, debiendo actuar sin evasivas y sin retrasar aún más el trámite del procedimiento de origen. Requerir al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el pago inmediato al actor, de la cantidad a la que fue condenado." Ahora bien, las manifestaciones a que alude, no justifican la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Sandra Irma González Peniche, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla a cabalidad con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte para el acatamiento de la ejecutoria de amparo, esto es, requiera al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el pago inmediato de la cantidad a la que fue condenado, de conformidad a las cantidades cuantificadas en el expediente ******************** y su acumulado ******************** de su índice, que le corresponden al aquí quejoso ********************. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Apercíbase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días cumpla con la sentencia de amparo, apercibida que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario1, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, inmediatamente, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, sin perjuicio, de que esta autoridad de amparo siga emitiendo determinaciones para lograr el cumplimiento de la ejecutoria. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que se entiende por superior jerárquico de la autoridad responsable el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, ya que aquél no podría ejercer poder o mando sobre dicho órgano que despliega una función jurisdiccional para que emita una determinación a fin de cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismo dicha sentencia, pues ello implicaría una invasión de esfera competencial; por tanto, dicha Junta carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.),sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Tomo 4, Libro IV, Enero de 2012, Materia Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000099, de rubro y texto: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese.

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