GONZALO CRUZ LÓPEZ y Otros.

Expediente 752/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 78 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
752/2020
Año
2020
Actuaciones
78
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Gonzalo Cruz López
  • GONZALO CRUZ LÓPEZ y Otros.
  • Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca
  • testigo FÉLIX MÉNDEZ CRUZ

Actuaciones

Las 4 más recientes de 78.

  1. Principal

    SECCIÓN II. MESA V-B. PRAL. 752/2020 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1.- Téngase por hecha la certificación que precede, de la que se advierte que por causa de fuerza mayor, derivada del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, a través del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en atención a las acciones acordadas por los servidores públicos con el Sindicato, fueron declarados inhábiles los días del dieciocho al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, determinándose la suspensión de labores y que no transcurrirían los plazos procesales en dicho periodo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 2.- Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en razón a que en proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se acordó lo conducente por haberse recibido la misma información vía correo electrónico. No obstante loa anterior, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1) Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y 2) Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, informen a este Juzgado si ya se realizó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, o en su caso, informen los trámites que están realizando para cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo o, bien, si ya agotaron los trámites y pese a ello no es factible emplazar al quejoso, lo que deberán acreditar con las actuaciones respectivas, debiendo remitir dentro del mismo lapso, copia certificada de las constancias respectivas; lo anterior, en virtud de que los efectos del fallo protector, lo fueron para que: "a) 1. Deje insubsistente el emplazamiento practicado al demandado ******************** en el juicio ordinario civil número ********************, de su índice, y todo lo actuado con posterioridad, incluso la sentencia definitiva y actos de ejecución que se hayan efectuado, a fin de restituirlo en el goce y disfrute de su garantía constitucional violada; y 2. Reponga el procedimiento en el juicio de origen, a fin de ordenar el emplazamiento formal y material del referido demandado, cumpliendo para ello con los requisitos y las formalidades de ley, entre ellos, deberá certificar los documentos con los que se corre traslado, esto es, se deben precisar las constancias que se acompañaron con la demanda. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos que se atribuyen a la Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y a la Oficial del Registro Civil adscrito a la Oficialía Única de Registro Civil con sede en Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, por combatirse como consecuencia del emplazamiento que se tildó ilegal." Por lo que deberán emitir las actuaciones necesarias para cumplir lo anterior; ya que de no hacerlo sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a cada una, multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico; por tanto, el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Sin que sea necesario requerir a la Oficial del Registro Civil adscrito a la Oficialía Única de Registro Civil con sede en Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, en razón a que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar lo relativo a su cumplimiento, hasta en tanto las diversas autoridades responsables Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Actuaria de su adscripción cumplieran la aludida sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    SECCIÓN II. MESA V-B. PRAL. 752/2020 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que en atención al requerimiento que se le formuló, en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, remite en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada del auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ****/2015, de su índice, del que se advierte las acciones que realizó para localizar el domicilio del aquí quejoso, Gonzalo Cruz López, y poder dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, indicando que hasta la fecha no se ha emplazado a dicho demandado; sin embargo, continúa realizando gestiones necesarias para lograr dicha diligencia. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de agosto del año en curso, se agregó el oficio por el que la Juez del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informó que giró el exhorto ****/2023, del cual aún no tenía constancia de su recepción por parte del juzgado exhortado, por lo que ordenó girar oficio al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa Chiapas, a efecto de que le informara su recepción a esa autoridad; sin que hasta esta data haya informado si dicho exhorto ya le fue devuelto. Por lo que en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables 1) Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y 2) Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciban el comunicado respectivo, informen a este Juzgado si ya se realizó el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, o en su caso, informen los trámites que están realizando para cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo o, bien, si ya agotaron los trámites y pese a ello no es factible emplazar al quejoso, lo que deberán acreditar con las actuaciones respectivas, debiendo remitir dentro del mismo lapso, copia certificada de las constancias respectivas; lo anterior, en virtud de que los efectos del fallo protector, lo fueron para que: "a) 1. Deje insubsistente el emplazamiento practicado al demandado ***** en el juicio ordinario civil número ****/2015, de su índice, y todo lo actuado con posterioridad, incluso la sentencia definitiva y actos de ejecución que se hayan efectuado, a fin de restituirlo en el goce y disfrute de su garantía constitucional violada; y 2. Reponga el procedimiento en el juicio de origen, a fin de ordenar el emplazamiento formal y material del referido demandado, cumpliendo para ello con los requisitos y las formalidades de ley, entre ellos, deberá certificar los documentos con los que se corre traslado, esto es, se deben precisar las constancias que se acompañaron con la demanda. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos que se atribuyen a la Actuaria Adscrita al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y a la Oficial del Registro Civil adscrito a la Oficialía Única de Registro Civil con sede en Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, por combatirse como consecuencia del emplazamiento que se tildó ilegal." Por lo que deberán emitir las actuaciones necesarias para cumplir lo anterior; ya que de no hacerlo sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá a cada una, multa de cien unidades de medida y actualización, que es la cantidad equivalente a diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página 5, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, que es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico; por tanto, el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ella. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." Sin que sea necesario requerir a la Oficial del Registro Civil adscrito a la Oficialía Única de Registro Civil con sede en Santiago Matatlán, Tlacolula, Oaxaca, en razón a que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se reservó acordar lo relativo a su cumplimiento, hasta en tanto las diversas autoridades responsables Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y Actuaria de su adscripción cumplieran la aludida sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    SECCIÓN II. MESA V-B. PRAL. 752/2020 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, informa en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que giró el exhorto 122/2023, mismo que aún no tiene constancia de su recepción por parte del juzgado exhortado, por lo que ordenó girar oficio al Juzgado del Ramo Civil del Distrito Judicial de Cintalapa Chiapas, a efecto de que informe a esa autoridad tan luego reciba el exhorto en mención. De lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

Quedan 74 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano