Gonzalo Israel Sosa Cahuich
Expediente 305/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gonzalo Israel Sosa Cahuich
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa para interponer recurso de revisión contra el auto emitido el veintiséis de abril dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(AVISO)Visto el contenido de la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa para interponer recurso de revisión contra el auto emitido el veintiséis de abril dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que haya hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(CITATORIO-QUEJOSO)Agréguese a los autos el oficio el oficio de cuenta signado por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado y anexa como pruebas las siguientes: 1) Oficios 23108/2017 y 25963/2017, de veintiséis de septiembre y treinta de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, del índice de este órgano jurisdiccional. 2) Dictamen pericial en identificación vehicular y valuación, relativo a la carpeta de investigación AC/ZS/CHE/DAP/18/12/2015. 3) Notificación del acuerdo de nueve de abril pasado, en atención al escrito del quejoso de veintiséis de marzo anterior. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es . En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de acordar el escrito con sello de recibido por la autoridad responsable de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 7), en la carpeta de investigación AC/ZS/CHE/DAP/18/12/2015, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "Acto Reclamado. La denegación de justicia por la autoridad señalada como responsable, reclamo la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a mi escrito que cuenta con sello original de recibido en fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve." En la inteligencia de que en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de acordar el escrito con sello de recibido el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación AC/ZS/CHE/DAP/18/12/2015. Ahora, del análisis de las constancias enviadas por la autoridad responsable anexas al oficio de cuenta, se advierte que el nueve de abril de dos mil diecinueve, se pronunció respecto de la petición contenida en el escrito recibido el veintiséis de marzo de la presente anualidad, misma determinación que le fue notificada el veintitrés abril del año en curso (fojas 40 a 41), por lo cual cesaron los efectos del acto reclamado. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la autoridad responsable proveyó en la carpeta de investigación AC/ZS/CHE/DAP/18/12/2015, el ocurso recibido el veintiséis de marzo pasado, determinación que le fue notificada a la parte quejosa el veintitrés de abril en curso; en segundo lugar, al proveer la comunicación señalada, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que no haya transcurrido en su totalidad el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, relativo a la vista que se les diera a las partes con el informe justificado rendido por la responsable , en la medida de que, la vista de que se trata, es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las once horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ***, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la unidad de robo de vehículos, con residencia en esta ciudad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 305/2019, y se admite en sus términos la demanda de que se trata, en la inteligencia de que en el presente juicio, el acto reclamado se hace consistir en: ***. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las once horas con veinte minutos del tres de mayo de dos mil diecinueve. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. En otro tenor, como lo sostiene el quejoso y en atención a la naturaleza de los actos que por esta vía reclama, el suscrito juzgador advierte que, hasta este momento, no se actualiza la figura del tercero interesado, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, pues no se tiene certeza de la existencia de los actos reclamados; sin que sea obstáculo lo anterior, para reconocer con posterioridad la existencia de dicha parte, si de los informes y constancias que en su caso remitan las responsables, se advierte esa actualización. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como medio de convicción de la parte quejosa la documental consistente en: ***. Mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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