Gonzalo Israel Sosa Cahuich
Expediente 582/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gonzalo Israel Sosa Cahuich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden y atento al estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiese pronunciado al respecto. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo.
- Principal
AVISO. Chetumal, Quintana Roo, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I. El veintiséis de septiembre del año en curso (fojas 136 a 144) se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gonzalo Israel Sosa Cahuich, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sistema Tradicional de la Dirección de Investigación y Acusación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acta circunstanciada de tres de agosto de dos mil diecisiete y, en su lugar, se emita otra en términos de lo dispuesto por el artículo 16 del ordenamiento supremo, es decir, por escrito y de forma debidamente fundada y motivada, en especial, señale el fundamento que sustenta su proceder respecto de lo solicitado por el peticionario de amparo, mediante libelo de veintiséis de julio de esa misma anualidad. II. Por auto de dieciséis de octubre del año en curso (fojas 157 y 158) la sentencia en comento se declaró ejecutoriada y, como consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la resolución de amparo, requerimiento que le fue debidamente notificado el diecisiete de octubre de este año (foja 162). III. Luego, el diecinueve de octubre pasado (foja 164) se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el oficio FGE/VFZS/DIA/SIST.TRAD./237/2017 firmado por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Dirección de Investigación y Acusación Coordinación de Ministerio Públicos del Sistema Tradicional, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de dieciséis de los corrientes, remitió copia certificada del acuerdo de diecinueve de octubre de este año, emitido en la averiguación previa AC/ZS/CHE/DAP/18/12-2015. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 2261, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Finalmente, mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de este año (foja 171) la parte quejosa hizo manifestaciones respecto al cumplimiento de la autoridad responsable, la cual se hará el pronunciamiento respectivo en párrafos subsecuentes. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, de las constancias aportadas, en cumplimiento a la sentencia de amparo, por la autoridad responsable, se advierte que se satisfizo el efecto de la ejecutoria de amparo pues el diecinueve de octubre de este año, dejó sin efectos el acuerdo de tres de agosto del año en curso y dictó uno nuevo en el que fundó y motivo la petición realizada por el quejoso, el veintiséis de julio de esta anualidad, tal y como se advierte de lo siguiente: "Visto: El estado que guarda la presente Acta Circunstanciada, tomando en consideración el escrito petitorio de fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, presentado C. Gonzalo Israel Sosa Cahuich, mediante el cual solicita a esta autoridad se le conceda la liberación definitiva o en depositaria del vehículo marca Ford, tipo Expedition, color gris oscuro, modelo 2007, con placas de circulación URZ784C del Estado de Quintana Roo, con número de serie 1FMFK17507LA28395, al encontrarse esta autoridad en aptitud de resolver respecto de dicha petición y en observancia de las constancias que integran la presente indagatoria, se tiene que si bien el hoy compareciente Gonzalo Israel Sosa Cahuich, presento en autos de la indagatoria citada al rubro su referido escrito petitorio en la diligencia de esta propia fecha presento documentales en copia simple como la Factura número G 1041, de fecha trece de abril del año 2010, expedida por Comercial Ariete S.A. de C.V. expedido a nombre de José Luis Montoya Álvarez, debidamente endosada a favor del ciudadano Gonzalo Israel Sosa Cahuich, que ampara el vehículo con número de serie 1FMFK17507LA28395, marca Ford Expedition, modelo 2007, así como otros documento en copia simple, asi mismo es de observarse que revisando toda la indagatoria, se tiene que los antecedentes de las facturas de origen siendo la primera en copia simple expedida por la empresa CONSA, con número A 37223, de fecha once de diciembre del año dos mil seis, a favor de Arrendadora Banorte S.A de C.V., siendo la segunda en copia simple de una refactura expedida por Arrendadora y Factor Banorte S.A de C.V. con número 12180 A Y/O 12180, de fecha dieciséis de julio del año dos mil siete, a favor de Comercial Ariete S.A de C.V. así como presento la tercera refactura original expedida por Comercial Ariete S.A. de C.V. con número G 1041, de fecha trece de abril del año dos mil diez, a favor de José Luis Montoya Álvarez, esto en fecha veintinueve de diciembre del año dos mil quince, siendo que esta última factura que presenta en original la cual se observa que presenta al reverso un endoso a nombre de Gonzalo Israel Sosa Cahuich, es de observarse que la última factura presentada en original ampara un vehículo de la marca Ford Expedition Eddie Bauer 4x2 5.4L V8, COLOR GRIS OXFORD MODELO 2007, CON MOTOR HECHO EN USA, CON NÚMERO DE SERIE 1FMFK17507LA28395, por lo antes mencionado y considerando que el número de serie que presenta la factura antes mencionada y en observancia de que en autos de la indagatoria citada al rubro obra dictamen pericial con número de oficio SPC-0029/2016, de fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, suscrito por el perito Mario Ernesto Fernández Duran, se observa en el cuerpo de dicho dictamen el punto de conclusiones, mismo que refiere ".RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO EN ESTUDIO: DESPUÉS DE UNA EXHAUSTIVA BÚSQUEDA Y EXAMEN FÍSICO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR MARCA FORD2, LÍNEA EXPEDITION LIMITED, DAVANCE TRAC RSC DE COLOR GRIS, MODELO 2007, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN URZ-784-C DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE PUEDE DETERMINAR QUE LOS GRABADOS EN EL TROQUEL DE OCHO DÍGITOS EN FORMA DE PUNTILLEO "7LA20343" ENCONTRADOS EN CAJA DE TRANSMISIÓN; TIENEN CONCORDANCIA CON A SERIE VIN 1FMFU19587LA20343 QUE PRESENTA REPORTE DE ROBO EN PGJ DEL DISTRITO FEDERAL DESDE EL 24 DE MARZO DE 2011. DE LA SERIE VIN 1FMFU19587LA20343 NO SE OBSERVA FISICAMENTE STICKER NI GRABADO EN TODA LA SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DEL VEHÍCULO EN ESTUDIO. RESPECTO A LA SERIE VIN 1FMFK17507LA28395 IMPRESA EN RELIEVE SOBRE LA PLACA METÁLICA DEL EXTREMO IZQUIERDO DEL TABLERO, ASÍ COMO LOS STICKERS EN CRISTALES Y EN PORTEZUELA DELANTERA IZQUIERDA SI CORRESPONDEN A IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULO FABRICADO POR LA FORD MOTOR COMPANY, S.A. DE C.V. COMO MODELO 2007 El CUAL FUE REGISTRADO EN EL REPUBE DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2007. ESTAS GRAFÍAS IDENTIFICATIVAS NO CORRESPONDEN A LAS ORIGINALES DEL VEHÍCULO EN ESTUDIO Y NO PRESENTA REPORTE DE ROBO.." En consecuencia de lo anterior y en observancia del referido dictamen de identificación vehicular se tiene que el hoy compareciente acredita la propiedad sobre un vehículo que no es el mismo que se tiene asegurado por esta autoridad, siendo el número de serie real del vehículo antes citado es el número 1FMFU19587LA20343, el cual como señala el perito en la materia no corresponde con los demás números que se observan grabados en el vehículo que físicamente es identificado en el referido dictamen pericial, siendo que este asevera que los grabados encontrados en este, con excepción del encontrado físicamente en la caja de transmisión, no corresponde a los originales del vehículo que fue físicamente inspeccionado por tanto esta autoridad en base a lo antes mencionado se tiene que el compareciente acredito la propiedad sobre un vehículo distinto al que se tiene asegurado por esta autoridad por tanto se notifica en el acto al compareciente que no se accede a su petición de liberación en depósito, toda vez que si bien es cierto exhibe documentos en las cuales el vehículo marca Ford, tipo Expedition, color gris oscuro, modelo 2007, con placas de circulación URZ784C del Estado de Quintana Roo, con número de serie 1FMFK17507LA28395, no presenta reporte de robo, no menos cierto es que según el dictamen pericial de identificación Vehicular, el número VIN real e inalterable del vehículo ya citado es: 1FMFU19587LA20343, el cual no coincide con los números que presenta el vehículo con los número VIN que presenta el vehículo en lugares en los que si puede ser alterado, en consecuencia toda vez que el peticionario no acredita fehacientemente la propiedad del vehículo marca Ford, tipo Expedition limited, color gris oscuro, modelo 2007, con número de serie real 1FMFU19587LA20343, según consta en el Dictamen Pericial de identificación vehicular antes citado, esta autoridad y ser este motivo del reporte de robo al estar ante la presencia de un hecho constitutivo del delito como lo es el robo de vehículo según consta en el reporte de robo proporcionado por plataforma México, relacionado con la Averiguación Previa número FCH/CUH-7T1/00868/11-03, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, reporte que se encuentra anexo a la Presente Actas Circunstanciada, y encontrándonos en la etapa de investigación para dar con el presunto responsable y siendo que al momento de la recuperación del vehículo marca Ford, tipo Expedition limited, color gris oscuro, modelo 2007, con placas de circulación UR1784C del Estado de Quintana Roo, con número de serie 1FMFK17507LA28395, este estaba en posición del peticionario Gonzalo Israel Sosa Cahuich, para evitar que el delito que dio origen a la presente Acta Circunstanciada se siga cometiendo y resguardar el objeto del delito como lo es el vehículo marca Ford, tipo Expedition limited, color gris oscuro, modelo 2007, con placas de circulación UR1784C del Estado de Quintana Roo, con número de serie 1FMFK17507LA28395, y al ser el número de serie real del vehículo 1FMFU19587LA20343, tal como se aprecia en el dictamen de identificación vehicular que obra en autos de la presente Acta Circuntanciada y no el número de serie 1FMFK17507LA2839, que presenta los documentos exhibidos por el compareciente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 24 y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 16 Fracción II y 85 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad es de acordarse y se:-----------------------------------------------------------------------ACUERDA--------------------------------------ÚNICO. No es de accederse a la petición realizada por el C. Gonzalo Israel Sosa Cahuich, sobre que le sea devuelto el vehículo marca Ford, tipo Expedition, color gris, oscuro, modelo 2007, con placas de circulación URZ784C del Estado de Quintana Roo, con número de serie 1FMFK17507LA28395, en virtud del aseguramiento y custodia que hasta el momento esta autoridad tiene sobre el mencionado automotor." [lo sombreado es propio]. Así, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfecho su efecto; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 196, segundo y tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que se advierta exceso o defecto, o imposibilidad con el cumplimiento del fallo protector. Manifestaciones del quejoso. No pasa inadvertido que la parte quejosa, en el escrito de cuenta, realizó manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el sentido de que no estaba de acuerdo con la negativa del Ministerio Público responsable de otorgar en liberación o deposito el vehículo descrito en autos con número de serie 1FMMK17507LA28395. Por tanto, solicita que este órgano jurisdiccional designe un perito en identificación vehicular a efecto de que realice un estudio del vehículo antes referido. Al respecto, dígasele que, en virtud de lo expuesto en este proveído, se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó su determinación de diecinueve de octubre del año en curso, por lo cual se tuvieron por satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, debido a que la sentencia se concedió para que la responsable emitiera otro en los términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir que estuviera debidamente fundado y motivado, así como señalara el fundamento que sustentara su proceder. De ahí que, lo que solicita el quejoso no es materia de la ejecutoria del presente juicio, razón por la cual este órgano jurisdiccional se encuentra impedido de solicitar el perito que requiere, y se encuentra impedido para calificar si es legal o no la determinación de la autoridad responsable, es decir se revise su criterio, dado que no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable. Es preciso señalar que de conformidad con el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el citado precepto establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Ahora bien, en el caso concreto, se insiste en que la determinación que emitió la responsable, fue con plena libertad jurisdicción, ya que la concesión del amparo no la vinculó a resolver en determinado sentido o acatando determinados lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo; porque solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. En mérito de lo expuesto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; en ese contexto, no ha lugar de acordar de conformidad que se solicite un perito a fin de que realice un estudio del vehículo aludido De modo que, la legalidad o ilegalidad de las consideraciones que ahora rigen la resolución dictada en el asunto de origen, así como los fundamentos legales en los que se sustenta no fueron materia de análisis de la constitucionalidad del presente juicio de amparo y, por tanto, no pueden examinarse en la presente determinación, pues en todo caso, de estimar la parte quejosa que con la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se incurrió en una violación a sus derechos fundamentales, procedería el juicio de amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.16/2013(10a), del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001, DE LOS PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. De las jurisprudencias y tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno del Alto Tribunal se advierte, por una parte, que para entender la lógica y congruencia del procedimiento para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es necesario distinguir el cumplimiento básico, para lo que existen caminos precisos que deben seguirse, del cumplimiento defectuoso, que se produce cuando habiéndose dado el básico puede suceder que haya tenido las irregularidades de ser defectuoso o excesivo, dándose también los medios procesales específicos a los que debe acudirse, no debiendo mezclarse los correspondientes a la primera situación con los relativos a la segunda, pues además de producirse inseguridad jurídica, puede darse indefensión para alguna de las partes o contradicción en las decisiones, cuando se acude simultáneamente a dos medios de defensa, correspondientes a las dos situaciones descritas. Así, atendiendo a las anteriores precisiones, el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concede la protección constitucional es el siguiente: 1. Cuando la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento. 2. Una vez que cause ejecutoria el fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional requerirá a la autoridad o autoridades responsables el cumplimiento respectivo; si no se logra éste, se requerirá al superior inmediato de la autoridad o autoridades responsables y, en su caso, al superior de éste, en términos del artículo 105, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo. 3. Si después del requerimiento a la autoridad responsable, en caso de que no tenga superior jerárquico, o después de haber requerido sucesivamente a sus dos superiores (si existieran) no se logra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad jurisdiccional deberá, de oficio o a instancia de parte, abrir el incidente de inejecución de sentencia, en el que -en virtud de no haberse cumplido la sentencia que otorgó la protección constitucional- acordará remitir los autos, tratándose de juicios de amparo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto de los juicios de amparo del conocimiento de los Juzgados de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito, al Colegiado correspondiente, en términos del punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 mencionado, para efectos de que este órgano colegiado determine si debe aplicarse el referido artículo constitucional, y de concluir en sentido afirmativo, remitirá los autos a la Suprema Corte con la resolución respectiva. 4. Si durante el trámite ante el Colegiado o ante la Corte, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 5. Si no demuestra haber cumplido, el Pleno del Máximo Tribunal emitirá resolución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo y/o con los que siendo superiores de ellos no lograron que se diera el cumplimiento. 6. En el supuesto de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen el acatamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario o el presidente del Colegiado, según corresponda, dictará un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarla dentro de determinado plazo, se resolverá si se dio o no cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con que se cuente. 7. Una vez cumplido el requerimiento o vencido el plazo otorgado, de no haberse desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario o el Colegiado, éste funcionando en pleno, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidirá si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 8. Si se concluye que no se ha cumplido con la sentencia de amparo y se advierte que la autoridad o autoridades responsables o sus superiores no pretenden eludirlo, se seguirá el trámite previsto en los puntos 2 a 5; si se pretende eludir el cumplimiento se iniciará el trámite mencionado en los puntos 3 a 5 anteriores. 9. Por el contrario, si se determina que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenarse la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que pueda hacer valer el medio de defensa procedente. 10. Para efectos del punto 7, el juzgador de amparo se limitará, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional (juicio de amparo directo), a determinar si se dejó sin efectos y si se emitió otro que atienda la sentencia de amparo y, cuando el acto reclamado sea uno de autoridad no jurisdiccional (juicio de amparo indirecto), analizará no solamente si la autoridad o autoridades responsables lo revocaron o no, sino también si los efectos que de él pudieron derivarse se cumplieron plenamente. 11. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario o del Colegiado correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diversos medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: 11.1 Que considere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en forma básica, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que podrá promoverse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo y su materia consistirá en determinar si dicho auto fue dictado conforme al punto 10; de aquélla conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando el auto de cumplimiento haya sido dictado por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito; en cambio, si fue dictado por un Colegiado, de la inconformidad conocerá la Suprema Corte. Cuando se declare fundada la inconformidad se seguirá el trámite previsto en el punto 9 precedente. 11.2 Que considere que si bien se dio cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, en cuyo caso procederá el recurso de queja contemplado en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, según sea el caso, el que podrá interponerse dentro del plazo de 1 año a partir del día siguiente al en que las partes hayan tenido conocimiento de los actos que entrañen esos vicios, y cuya materia es determinar si la responsable cumplió con exactitud lo ordenado, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional, o si aquélla nulificó totalmente los efectos del acto reclamado en amparo indirecto. Contra lo resuelto por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en este medio de defensa procederá el recurso de "queja de queja" o re-queja, previsto en el artículo 95, fracción V, de la Ley citada, de la que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, si la resolución del recurso de queja por exceso o defecto es emitida por un Colegiado, procederá la "queja de queja" o re-queja, siempre y cuando en el asunto del cual derive se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad. 11.3 Que considere que habiéndose otorgado un amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o se dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieren lugar a la protección constitucional, de estimarse que se incurrió en una nueva violación de garantías procederá un nuevo amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada. 11.4 Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar, en cuyo caso podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado establecido en el artículo 108, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al resolverse el incidente podrá suscitarse alguno de los siguientes supuestos: a) que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo determine que no existe repetición del acto reclamado, en cuyo caso la parte interesada podrá promover inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación; de ésta conocerá la Suprema Corte cuando la resolución que determine que no hay repetición de acto reclamado sea dictada por un Tribunal Colegiado, y si es emitida por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario, de ella conocerá el Colegiado correspondiente el cual, en caso de determinar que es fundada, es decir, que existe repetición del acto reclamado, remitirá los autos a la Corte, para la aplicación del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) que se determine que sí existe repetición del acto reclamado, entonces, se remitirán los autos, tratándose de los asuntos del conocimiento de un Juzgado de Distrito o de un Tribunal Unitario a un Colegiado, para que determine si es el caso de aplicar el artículo constitucional antes citado (en caso de que determine que sí, remitirá los autos al Alto Tribunal para esos efectos), en cambio, si la determinación de que existe repetición del acto reclamado se dicta en los juicios de amparo del conocimiento de los Colegiados, éstos resolverán colegiadamente y su Presidente remitirá los autos a la Corte para esos mismos efectos. 12. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso considera que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado y, por lo mismo, incurrieron en la misma violación que se cometió en el acto que fue materia del anterior amparo, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente el incidente de repetición del acto reclamado, para lo cual se seguirá el trámite referido en el punto 11.4." [Énfasis añadido]. En ese contexto, como se dijo ya, el efecto de la ejecutoria de amparo quedó satisfecho en los términos expuestos en el cuerdo de este proveído. Vista a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del numeral 196 de la ley de la materia.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintiséis de septiembre del año en curso, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable que nos ocupa para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *****, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en los puntos considerativos tercero y quinto de esta resolución.
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