Gonzalo Isaías Vázquez Lara

Expediente 225/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
225/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Gonzalo Isaías Vázquez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Con fundamento en las fracciones II, inciso a), y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio signado por el 2. Regidor Primero del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de octubre de este año, rinde informe justificado en los términos de solicitados y ofrece pruebas de su parte; toda vez que en proveído de cinco de noviembre de este año, se proveyó lo conducente al informe que en términos análogos rindió previamente mediante oficios con registros 8512 y 8513. Cúmplase.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios signados por el 1. Director del Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado de Tierra Blanca, Veracruz, y los enviados por el 2. Regidor Primero del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, estos dos últimos con valor probatorio conforme lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de octubre de este año, rinden informe justificado en los términos de solicitados y ofrecen pruebas de su parte. En esas condiciones, en atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de su parte, las documentales que anexan a sus informes de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la aludida audiencia que al efecto se celebre. De conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a las partes el contenido del presente proveído.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el 1. Director del Organismo Operador de Agua Potable y el 2. Regidor Primero del Ayuntamiento de Tierra Blanca, ambos con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, al atender el requerimiento formulado por este juzgado el once de mayo del año en curso, únicamente se pronunciaron y en el caso de la autoridad señalada con el arábigo 1., remitió constancias relacionadas con el acto reclamado consistente en a) la negativa de realizar las gestiones necesarias a fin de restablecer el servicio de agua potable en el domicilio de la parte quejosa; empero, fueron omisos en remitir las constancias relacionadas con los diversos actos reclamados por el impetrante de amparo consistente en: b) el cobro ilegal que se le hace en los recibos de pago de agua potable, del impuesto denominado "impuesto adicional" que fluctúa en diversas cantidades en cada recibo, por ser este un impuesto cobrado por la responsable sin ningún fundamento ni motivación legal. c) el cobro del "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" y se declare la ilegalidad en el cobro de el, ya que el agua potable no genera IVA y como es el caso para viviendas. d) el cobro por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 39/100 m.n.) por consumo de agua, habiendo estado la casa deshabitada y e) el cobro que se le hace por saneamiento, ya que no existe planta alguna que realice esa función, dado que, según manifestó la quejosa, las autoridades responsables se negaron a reconectar el servicio de agua potable y le retiraron su medidor. En ese contexto, por considerase una cuestión relevante para la tramitación de este juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al 1. Director del Organismo Operador de Agua Potable y el 2. Regidor Primero del Ayuntamiento de Tierra Blanca, ambos con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, a que refiere el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de la notificación del presente proveído, envíe a este Juzgado copias certificadas, ordenadas, completas, íntegras y legibles de las constancias que tenga relación con los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia P./J. 17/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Apercibidos, que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa que podrá ir de cincuenta a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, con fundamento en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Con fundamento en las fracciones II inciso a) y III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído por oficio a las autoridades responsables y por lista de acuerdos a las demás partes.

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