Gonzálo Cuautle Paredes

Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
734/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Gonzálo Cuautle Paredes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia en la que se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 1, 4-27). SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de septiembre siguiente (fojas 28-33) se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado y dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita, señalar fecha y hora para la audiencia constitucional, emplazar a la tercero interesada Martha Patricia Paredes Arce en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.P.A., misma que fue emplazada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (foja 107). Asimismo, se hace constar que no compareció a juicio la parte tercero interesada. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 42) que se encuentra emplazada la tercero interesada Martha Patricia Paredes Arce en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.P.A. y los Fiscales Primero y Noveno Especializadas en la Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, del Distrito Judicial XVII de Veracruz, Veracruz (foja 41) tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 120-121) quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, ya que se trata de acto dictado dentro de un proceso penal, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto.. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: "El auto de vinculación a proceso de veinte de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en el Estado, Sala C, con sede en Veracruz, Veracruz, en el proceso penal 786/2021-C de su índice, en contra del quejoso Gonzálo Cuautle Paredes por la comisión del delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, en agravio de la niña con clave numérica 174-2021 representada por su progenitora Martha Paredes Arce." Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso dentro de los autos del proceso penal 786/2021 del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en el Estado, con sede en Veracruz, Veracruz, es cierto en razón que al rendir su informe justificado, la autoridad responsable, titular de dicho órgano jurisdiccional, así lo reconoció (foja 42). Pero además, porque así se desprende del USB que contiene la audiencia inicial y la diversa audiencia de vinculación a proceso, así como de las constancias en donde se aprecia el referido auto de vinculación a proceso (fojas 88-100). Tales constancias merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuentan con pleno valor probatorio, por tratarse, el primero, de audiovisual en formato USB, considerado descubrimiento de la ciencia, en tanto que la documental es pública, por haber sido emitida por autoridad en ejercicio de sus funciones. (...) Por tanto, se reitera, deben tenerse por cierto el acto controvertido en esta instancia constitucional. CUARTO. Procedencia. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. No se advierte causa de improcedencia, ni las partes señalan que se actualice alguna; por tanto, se estudiarán los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos, en obvio de innecesarias repeticiones. (...) De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos, en lo que atañe al caso concreto, se advierte que la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio de amparo fue presentada dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento o se ostentó sabedora del acto reclamado o de su ejecución. Lo anterior es así, puesto que el quejoso bajo protesta de decir verdad refirió que tuvo conocimiento del acto que reclama el veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la continuación de la audiencia inicial, en donde le fue notificado el auto a vinculación a proceso dentro de los autos del proceso penal 786/2021 y presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el trece de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, el término para la presentación de la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, y fenecía el diez de septiembre de dos mil veintiuno, descontando del cómputo el día tres de septiembre de dos mil veintiuno, ya que fue considerado inhábil, con base en la Circular SEA/CAR/ARBCR/37/2021; por lo que se concluye que la presentación de la demanda de amparo fue oportuna. QUINTO. Constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado. En el caso, se estiman infundados los conceptos de violación vertidos por la quejosa en torno al auto de vinculación que combate, aun suplidos ante su deficiencia, en términos del inciso a), fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo. Lo anterior conlleva a negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, ahora sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: A). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. B). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, obtenidos del disco compacto DVD enviado por la juez responsable, a saber: 1. A las 17:30 del catorce de agosto de dos mil veintiuno, la juez de control declaró el comienzo de la audiencia inicial (primer video) donde a las: 17:31 La Juez individualiza a las Fiscales, asesores jurídicos de la víctima, al imputado Gonzálo Cuautle Paredes y le hace de su conocimiento sus derechos y designó a su defensor particular y se verificó si contaba con cédula profesional. 17:35 La Juez le da lectura al imputado Gonzálo Cuautle Paredes de los derechos que tiene previstos en el artículo 20 Constitucional apartado B y los derechos procesales previstos en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 17:35 La Juez le pregunta al imputado Gonzálo Cuautle Paredes si comprendió sus derechos respondiendo que sí. 17:41 La Fiscalía solicita se califique de legal la detención de Gonzálo Cuautle Paredes por el delito de abuso sexual a menores y de personas incapaces, en virtud de que la detención se realizó a las diecisiete horas del trece de agosto de dos mil veintiuno. 18:05 La Defensa refirió no estaba de acuerdo con la acusación realizada en contra de su defendido, ya que solo existe un solo señalamiento, ya que se trata de un escenario al parecer preparado, además de que la agraviada no tiene ninguna lesión de acuerdo al dictamen médico. 18:07 La Juez ratifica la validez de la detención de Gonzálo Cuautle Paredes, ya que se justifica la hipótesis de flagrancia, ya que la detención fue ciudadana. 18:16 La Fiscal formuló imputación contra el imputado por el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, previsto y sancionado por el artículo 190 undecies, Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su madre Martha Paredes Arce. 18:21 La Juez preguntó al imputado si había entendido la imputación, contestando que sí, asimismo le cuestionó la Juez sí deseaba declarar respecto a los hechos que le imputó la Fiscal, a lo que refirió el imputado que deseaba guardar silencio. 18:22 La Fiscal solicitó se vincule a proceso al imputado Gonzálo Cuautle Paredes por el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, previsto y sancionado por el artículo 190 undecies, Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su madre Martha Paredes Arce. 18:50 La Juez le hizo saber al imputado que podía solicitar que en ese momento se podía resolver su situación jurídica o podía solicitar la duplicidad del término constitucional, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, y la Juez fijó las doce horas del veinte de agosto de dos mil veintiuno para la continuación de la audiencia. 18:51 La Fiscal solicitó se decrete la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del imputado Gonzálo Cuautle Paredes, ya que el delito que se le imputa atenta contra el libre y sano crecimiento de la personalidad de la víctima, interés superior del menor, con la temporalidad del tiempo que dure el proceso. 18:54 La Defensa solicita que no se decrete dicha medida, ya que el señor se encuentra enfermo por lo cual solicita el resguardo domiciliario, ya que todo es un escenario preparado y no tiene la intención de huír. 18.56 El Asesor Jurídico solicita que se decrete la prisión preventiva oficiosa como lo solicitó la Fiscal. 18:56 El imputado refirió que no tenía nada que manifestar. 18:57 La Juez decretó la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. 19:03 La Juez tuvo por notificadas a las partes y ordenó el traslado del imputado al módulo de prisión preventiva de la Ciudad de Veracruz. 19:05 Se dio por terminada la audiencia. 2. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, se continuó con la audiencia inicial y a las 14:05 de la reproducción del tercer video, la juez de control decretó auto de vinculación a proceso contra el imputado, por el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, previsto y sancionado por el artículo 190 undecies, Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su progenitora Martha Paredes Arce -dicha determinación constituye el acto reclamado-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Así, del estudio realizado dentro del juicio de la reproducción del USB y de la videograbación de la continuación de audiencia inicial, con fechas catorce y veintiuno de agosto de dos mil veintiuno, remitido por la autoridad responsable, se advierte la emisión de la resolución de auto de vinculación a proceso reclamada en el presente juicio, por lo que se constata la existencia de la misma, así como su registro. Asimismo se cuenta con la transcripción de la misma en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que de la citada grabación y de la transcripción (fojas 95-100) se aprecian con claridad las razones y fundamentos en los que se apoya dicha resolución, por lo que el imputado se encuentra en aptitud de conocerlos a través de la misma, sin que se le deje en estado de indefensión. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel." Asimismo, en relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 20 letra A, inciso d), 47 fracción I, 50 fracción VII y 187 fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz vigente, en relación con los diversos 20 fracción I, 133, 134, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los hechos sucedieron en el Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, tal como lo señaló la juzgadora responsable. Circunstancia que es concordante con los diversos numerales 1 y 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se considera que se encuentra cubierto el citado requisito de que la resolución fuera emitida por juez competente tal dicha autoridad lo indicó en su propio fallo. Con lo que se satisfacen dichos requisitos. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del indiciado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el catorce de agosto de dos mil veintiuno, se desahogó la audiencia inicial donde el imputado Gonzálo Cuautle Paredes eligió que su situación jurídica se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que, en continuación de la audiencia que inició, el veinte de agosto siguiente, y a las 14:05 de la reproducción del tercer video la juez determinó vincular a proceso al imputado. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional prorrogado dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, y resolvió la situación jurídica del imputado sin exceder el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas elegido. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del USB, se desprende que en la audiencia inicial, la Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso Gonzálo Cuautle Paredes, por su intervención probable en los hechos determinados por la ley, como el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, previsto y sancionado por el artículo 190 undecies, Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su madre Martha Paredes Arce 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción de audio video, se desprende que en la audiencia inicial (en la reproducción del primer video 18:21) el imputado Gonzálo Cuautle Paredes refirió que deseaba guardar silencio. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que la Juez responsable, al dictar al ahora quejoso, el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en los hechos que la ley señala como el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, previsto y sancionado por el artículo 190 undecies, Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su progenitora Martha Paredes Arce, lo hizo considerando, sólo los hechos expuestos por la Fiscal al momento de formular imputación. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que la Juez de Control responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitud de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, procedió a excluir los de prueba aportados por la defensa en la continuación de la audiencia inicial, y a la valoración y ponderación de los datos y medios de pruebas aportados por la Fiscal en la audiencia inicial, mismos que le sirvieron de base a esa fiscalía para peticionar la vinculación a proceso de Gonzálo Cuautle Paredes. Así, justificó la existencia de los hechos que la ley señala como el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, en donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de comisión del mismo, como se aprecia en la videograbación anteriormente comentada. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) FONDO 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por la Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que la juez de control, acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso la Fiscal y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, previsto y sancionado por el artículo 190 undecies, Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de una adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su progenitora Martha Paredes Arce. Esto es, que los hechos que señalan como delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces en agravio de la víctima de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 representada por su progenitora Martha Paredes Arce, se desprende el hecho cometido en contra de ésta última; mismos que acontecieron el trece de agosto de dos mil veintiuno, aproximadamente a las 12:35 horas (circunstancia de tiempo) en la casa ubicada en Sauce lote 24 manzana 71 entre Jacarandas y Encino, colonia Amapolas I, en Veracruz, Veracruz (circunstancia de lugar) en virtud de que existe el señalamiento firme y categórico de la adolescente de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 en contra de Gonzálo Cuautle Paredes como la persona que sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal, anal u oral, abusó sexualmente de la adolescente, ya que adujo que su abuelita había salido a trabajar, sus tíos salieron a un mandado, ella se había quedado con su mamá, pero a las 12:30 su mamá salió a la verdulería cerca de la casa, como hacía mucho calor salió al patio y se sentó en una silla para desayunar unas picadas en la mesa del patio, a los cinco minutos que salió su mamá llegó Gonzálo, eran las 12:35, la reja de la entrada estaba abierta y se quedó en el patio con ella, llevaba un recibo de agua en las manos, le dijo que ese recibo era el mismo, ella le dijo que no, por lo que Gonzálo sin decirle nada le mordió el cuello y la manoseó, le tocó su vagina sobre el pantalón y agarró el pecho metiendo su mano derecha dentro de su ropa, acarició sus dos senos, al mismo tiempo se los apretaba, diciéndole que ya le estaban creciendo las chichis, Gonzálo la besó en la boca a la fuerza, como pudo se paró de la silla y se metió al cuarto, Gonzálo se quedó en el patio afuera del cuarto, ella terminó de comer y salió al patio para darle de comer a sus perros, cuando le terminó de darle de comer a sus perros Gonzálo la metió a la fuerza al cuarto, la tiró al sillón y la volvió a manosear, ella quiso quitarse del sillón, le dijo que por qué la tocaba, la agarró de los brazos y la apretó fuerte, le dio un beso en la boca, le quiso pegar pero ella no pudo, Gonzálo le dijo que lo podían hacer, que no le pasaría nada, que no la lastimaría, que quería hacerle el amor, le dijo que la soltara, que la estaba lastimando, Gonzálo la seguía besando en la boca a pesar de que se resistía y que movía la cabeza de un lado para otro, le apretaba el brazo con la mano izquierda, y con la derecha le acariciaba sus senos, comenzó a llorar, como pudo gritó ayuda, fue cuando su mamá llegó a su casa, cuando Gonzálo la estaba besando a la fuerza, Gonzálo la soltó, su mamá le dijo de cosas a Gonzálo, su mamá le gritó a sus tíos Mauro y Modesto y entraron a su casa, su mamá le dijo a ellos que Gonzálo la había besado a la fuerza y ella dijo que Gonzálo la había manoseado, tocado su vagina y sus pechos, su mamá le marcó a la patrulla y detuvieron a Gonzálo (circunstancia de modo). Ello lo hizo la Juez responsable considerando los siguientes antecedentes o datos de prueba, con lo cual comulga el suscrito juzgador: 1) Denuncia de Martha Paredes Arce de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno, madre de la víctima de identidad resguardada con clave numérica 174/2021. 2) Entrevista de la víctima de identidad resguardada con clave numérica 174/2021. 3) Dictamen psicológico número 496/2021 de fecha trece de agosto de dos mil veintiuno practicado por la perito Xochitl Torreblanca en el que concluyó: ".Que la menor presenta daño emocional en relación a los hechos, se presenta temerosa, alto nivel de ansiedad que altera su estabilidad, y sugiere dieciséis sesiones a reserva de evolución con costo de seiscientos pesos por sesión en la Zona de Veracruz, Boca del Río, haciendo un total del costo de nueve mil seiscientos pesos a reserva de evolución.". 4) Dictamen de Trabajo Social número 928/2021 de fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno practicado por el perito Julio César Guzmán Báez. 5) Dictamen de Criminalística de Campo número 6756 de fecha catorce de agosto de dos mil veintiuno practicado por el perito Alfredo Franco Cruz. 6) Testimonial de Mauro Paredes Arce. 7) Testimonial de Modesto Paredes Arce. 8) Acta de nacimiento número 01368, del libro 06, de fecha doce de julio de dos mil diez, expedida por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, en la que se asentó que la víctima de identidad resguardada con clave numérica 174/2021 nació el tres de junio de dos mil diez y al ocurrir los hechos contaba con once años de edad, y que Martha Paredes Arce es la madre de la víctima. 9) Informe de la Policía Ministerial PM/8196/2021 de los elementos Jorge Gil de Leyva, Víctor R. Cabrera Cortés y Carla María Cabañas Bautista. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, la juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por la Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado Gonzálo Cuautle Paredes por sí mismo, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la juez del proceso, existe la probabilidad que el imputado Gonzálo Cuautle Paredes cometió los hechos que la ley considera como el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces. También fue acertado que la juez responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad como autora material y a título doloso, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que, contrario a lo manifestado por el quejoso en sus motivos de disenso, la resolución reclamada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la juez de la causa, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación. Lo que además encuentra respaldo, con identidad de razón, con la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la juez de la causa, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió la Fiscal en la audiencia de vinculación a proceso, de los que consideró que se establecía que se cometieron hechos señalados por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado Gonzálo Cuautle Paredes lo cometió. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que en las relatadas circunstancias el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. De ahí que los conceptos de violación a los que hace alusión el quejoso resultan infundados, pues se insiste la juez responsable atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió la Fiscal en la audiencia de vinculación a proceso, de ahí que hizo una correcta valoración de los mismos. Finalmente, en los conceptos de violación el quejoso aduce que los datos de prueba aportados por la Fiscalía no acreditan el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces sosteniendo que solo existe una imputación singular, aislada e inverosímil, ya que considera que la declaración de la menor de identidad resguardada con clave numérica 174/2021, representada por su progenitora Martha Paredes Arce carece de verosimilitud, al no ser completa, coherente o congruente y acorde con el sentido común. Argumentos que resultan infundados, en virtud de que como ya quedó asentado en la presente resolución los datos de investigación por la Fiscal en la audiencia de vinculación a proceso, acreditaron hechos señalados por la ley como el delito de abuso sexual de menores de edad y personas incapaces, además que existe la probabilidad de que el imputado Gonzálo Cuautle Paredes lo cometió, aunado que en la propia resolución de vinculación a proceso se estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar, refiriendo la Jueza responsable que no podía exigírsele a la víctima de once años, que diera una hora exacta, y basta de imponerse de la declaración de la menor para advertir que es clara, precisa y coherente en su señalamiento al relatar el evento delictivo que percibió en su persona, máxime que se trata de actos de realización oculta, por ello no pueden existir testigos presenciales. Por otra parte, el quejoso aduce que en las audiencias de catorce de agosto de dos mil veintiuno y veinte de agosto de dos mil veintiuno, no contó con una adecuada defensa, en virtud de que en la primera audiencia, después de la imputación realizada por la Fiscal, la Juez responsable le pregunta al imputado si era su deseo declarar o guardar silencio pasando por alto que era el momento procesal para solicitarle a la defensa si quería hacer una aclaración o precisión de los hechos imputados y que en la audiencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, su defensa hizo alusión a dos testigos e intenta ofrecerlos como medios de prueba, la fiscalía se opone y manifiesta que no deben ser admitidos porque no se ofrecieron conforme a las reglas del juicio, a lo que la juez resuelve no admitirse. Argumentos que resultan infundados, puesto si bien es cierto, en la audiencia de catorce de agosto de dos mil veintiuno después de la imputación realizada por la Fiscal, la Jueza responsable le pregunta al imputado si era su deseo declarar o guardar silencio, y el imputado refirió guardar silencio, y si bien no le preguntó a la defensa si quería hacer una aclaración, también lo es que no se trata de un escenario en donde se advierta una falta de conocimientos de técnica jurídica, ni de falta de conocimiento del derecho por parte de la defensa, pues los hechos imputados solo los refiere la Fiscalía quien tiene el conocimiento exacto de los mismos, aunado a que la Juez responsable le preguntó al defensor si se había impuesto de la carpeta de investigación y refirió que sí. Por otra parte, por lo que hace a la audiencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la que su defensa hizo alusión a dos testigos e intenta ofrecerlos como medios de prueba, la fiscalía se opone y manifiesta que no deben ser admitidos porque no se ofrecieron conforme a las reglas del juicio, a lo que la juez resuelve no admitirse; argumentos que resultan infundados, ya que si bien la Jueza responsable argumentó que se estaba en la etapa de la continuación de la audiencia prevista en el artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se da el ofrecimiento de datos de prueba, que la fiscalía y la asesoría manifestaron que no se debían tomar en consideración porque no se reunía lo previsto en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que cuando se pretenda ofrecer medios de prueba se debe acreditar la pertinencia y sujetarse a las reglas del juicio, y que se advertía deficiencia en la defensa puesto que no dijo quiénes eran los testigos, ni la pertinencia, sólo que había dos testigos, y alegó, a lo que solicitó la Fiscalía para la vinculación a proceso. En consecuencia, al no haber hecho correctamente el ofrecimiento de los medios de prueba, al omitir la referencia a la pertinencia, idoneidad y forma de incorporación, de acuerdo al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue conforme a derecho que no se acordara de conformidad su ofrecimiento. Más aún, es inexistente la base para afirmar que se trata de una deficiente defensa, pues basta imponerse de la videograbación de la aludida audiencia, para advertir que los defensores particulares hicieron manifestaciones a fin de que no se vinculara a proceso a su defendido, refiriendo que había inconsistencia en los datos de prueba aportados por la Fiscalía, contradicción en la forma que ocurrieron los hechos, y entre los testigos de cargo, de la víctima y de su madre, haciendo un relato coherente y explicando de acuerdo a su perspectiva las contradicciones que advirtieron. Finalmente, el quejoso aduce que en la audiencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, las fiscales al individualizarse se identificaron con la credencial expedida por el Fiscal General del Estado y los asesores se identificaron con la credencial que los acredita como asesores jurídicos de la Comisión Estatal de atención a víctimas, sin que hayan aportado la cédula profesional que los acreditara como licenciado en derecho tal como lo exige el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales; argumentos que también resultan infundados ya que dicha obligación contenida en el artículo 116 del ordenamiento legal aludido, sólo es por cuanto hace al defensor, no así por cuanto hace a los Fiscales y Asesores Jurídicos; pues lo que busca la normatividad citada es que el imputado se encuentre representado por Licenciado en Derecho, que acredite ese carácter mediante la exhibición de cédula profesional, con la cual se provee una adecuada defensa. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se le hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria; así como en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Gonzálo Cuautle Paredes, contra el acto y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, la sentencia de nueve del actual, que en sus puntos resolutivos dice: Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria; así como en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Gonzalo Cuautle Paredes, contra el acto y la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando sexto de esta resolución.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, a través del cual, en cumplimiento a lo solicitado mediante acuerdo de veintiséis de noviembre del año en curso (notificado vía oficio 31939) acompaña el disco versátil con número de folio CVC4372021, que contiene la audiencia inicial de catorce de agosto de este año y continuación de audiencia inicial de veinte de agosto hogaño, relativo al proceso penal ********************C-I, de su índice, lo que habrá de considerarse en el momento procesal oportuno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con lo anterior por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. Ahora, a fin de conservar el referido disco, y evitar con ello futuros daños, se ordena su resguardo en la Secretaría de este juzgado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

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