Gonzalo Hernandez Liciaga
Expediente 269/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gonzalo Hernandez Liciaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. ********************En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; y dentro de los noventa días siguientes al haber transcurrido dicho término.********************Sin que en el presente asunto sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. ********************En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.********************Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.********************Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.********************Marisol********************(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)****************************************En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)****************************************La suscrita secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)********************
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 269/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gonzalo Hernández Liciaga; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Gonzalo Hernández Liciaga, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: NÚMERO DE OFICIO AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME PREVIO OF. 92-1 JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 1. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 2. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; 3. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, 4. ROSALBA ELENA ZÁRATE HERRERA, 5. MARIO CORTÉS ALDAMA, 6. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, 7. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, 8. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, 9. ANA ALICIA PONCE FRÍAS, 10. ROSSARIO IVONNE RIVERA CALZADA, 11. KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS Y 12. BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ. - JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 13. KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS Y 14. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. NEGARON OF. 92-15 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NEGÓ CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Además, como se advierte de la audiencia que antecede, no existe la autoridad responsable, que la parte quejosa denominó como: OF. 92-16 DIRECTOR EN JEFE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. Por tanto, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gonzalo Hernández Liciaga, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de primero de abril de dos mil veintidós, en el que se le requirió para que precisara la denominación correcta y completa de la autoridad responsable que señaló como: 16. Director en Jefe de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado acuerdo y se tiene por inexistente a dicha autoridad, ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil veintidós. I. INFORME PREVIO. Visto, con conocimiento de las partes intégrese a los presentes autos el informe previo de ISAÍ RIVAS LÓPEZ, ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO, en representación de las autoridades responsables JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA: 1. ADRIANA DE LOURDES MARTÍNEZ JIMÉNEZ, 2. ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO; 3. AARÓN HERNÁNDEZ CHINO, 4. ROSALBA ELENA ZÁRATE HERRERA, 5. MARIO CORTÉS ALDAMA, 6. ROSA AURORA ESPEJEL PRADO, 7. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ PÉREZ, 8. MAGALLY ESCAMILLA RODRÍGUEZ, 9. ANA ALICIA PONCE FRÍAS, 10. ROSSARIO IVONNE RIVERA CALZADA, 11. KARLA IVONNE MUNGUÍA OLMOS Y 12. BET NIMRA PÉREZ HERNÁNDEZ; y, JUECES DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA: 13. KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS Y 14. JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
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